Titulación de la relatoría 21.329 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Puede el ad quem, salvo las excepciones hechas por el legislador, volver sobre temas no discutidos del fallo impugnado que son aceptados por el recurrente, porque omite debatirlos en la sustentación del recurso de apelación o porque expresamente los elimina de la discusión manifestando su asentimiento en relación con ellos?
Respuesta al problema jurídico: No
Como el recurso de alzada tiene por finalidad que el superior jerárquico revise la decisión del a quo, en los aspectos que se acusan de erráticos o de lesionar el ordenamiento jurídico, se impone contrastar los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado atacados por esta vía, como definitorios de la competencia material del juez de segunda instancia . Con esta precisión, al ad quem le está vedado -salvo las excepciones hechas por el legislador - volver sobre temas no discutidos del fallo impugnado que son aceptados por el recurrente (porque omite debatirlos en la sustentación del recurso de apelación o porque expresamente los elimina de la discusión manifestando su asentimiento en relación con ellos), pues éstos quedan cobijados por la presunción de legalidad y acierto que acompaña a las providencias judiciales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia material del juez de segunda instancia, ver: entre otras providencias de la Subsección A, ver la sentencia del 20 de mayo de 2022 exp. 50001-23-31- 000-2005-40044-01 (53.800); y sentencia del 4 de marzo de 2022, exp. 73001-23-33-000-2015-00512- 01 (66.390).
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Puede la Sala pronunciarse de oficio frente a la declaratoria de nulidad del negocio jurídico que originó el proceso, cuando dicha decisión no fue cuestionada en el recurso y cuando no advierte algún vicio invalidante notorio que conlleve la nulidad absoluta?
Respuesta al problema jurídico: No
En este punto se aclara que la sala no incursionará sobre las excepciones relativas a la petición de declaratoria de nulidad del negocio jurídico que originó el sub examine, por cuanto tal decisión no fue cuestionada en la alzada y solo fue mencionada en las alegaciones de segunda instancia presentadas por la accionada, acto procesal que, se itera, no abre paso a un pronunciamiento sobre dicha materia por parte del ad quem; además, porque si bien el artículo 1742 del Código Civil y el inciso primero del artículo 45 de la Ley 80 de 1993 consagran la facultad de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos estatales si se demuestra la concreción palmaria de alguna de las hipótesis reguladas en el derecho común que dan lugar a la nulidad absoluta de los contratos, o si se configura alguno de los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, lo cierto es que en el sub lite la Sala no está llamada a aplicar dicha facultad oficiosa, pues no advierte la configuración de alguno de los vicios invalidantes del negocio jurídico, cuya revelación sea notoria, que conlleven una nulidad absoluta, y que, por tanto, autoricen tal pronunciamiento.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1742, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / FUENTE DEL DAÑO / CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA / CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / OBLIGACIÓN DE MEDIO / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Problema jurídico:
¿Se probó el incumplimiento del convenio de asociación en estudio por parte del Banco Inmobiliario Metropolitano en liquidación, de cara a las obligaciones de resultado, gestión y suscripción de los convenios requeridos para obtener la liberación de las cesantías de los trabajadores del distrito (parte de pago de la cuota inicial) y dicho incumplimiento se constituyó en la fuente del daño que se reclama?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l eje de la decisión se circunscribirá a determinar si hay lugar o no a declarar el incumplimiento del convenio en estudio por parte del Banco Inmobiliario Metropolitano en liquidación, de cara a las obligaciones relativas al fondeo económico, y a la gestión y suscripción de los convenios requeridos para obtener la liberación de las cesantías de los trabajadores del distrito (parte de pago de la cuota inicial) y, en caso de obtener una respuesta afirmativa, constatar la acreditación de los perjuicios que la actora reclama (...) [L]a parte actora fundamentó el incumplimiento del Banco Inmobiliario Metropolitano, en sede de apelación, en que éste no observó las obligaciones a las que se comprometió, porque (i) no pagó la totalidad del fondeo de $300’000.000 al que se sujetó, e (ii) incumplió la tarea de “gestionar y suscribir” los convenios requeridos para conseguir la liberación de las cesantías de los trabajadores distritales, para con ello tramitar los préstamos ante entidades financieras y lograr el pago de la cuota inicial, omisiones que, a su juicio, condujeron al rompimiento de la ecuación contractual. (...) En primer lugar, en relación con el no pago de los $150’000.000 faltantes de los $300’000.000 que el BIM se comprometió en fondear, la Sala encuentra que no hay lugar a su reconocimiento en sede judicial, porque la actora no fijó el litigio en esos términos; en efecto, aunque al formular la pretensión de incumplimiento aludió a la inobservancia del convenio incluidos los otrosíes 1 y 2 y esta obligación de fondeo se plasmó en el otrosí 1, lo cierto es que al establecer las pretensiones condenatorias –ver numeral 2 de esta providencia- no incorporó un pedimento relativo al pago de tal suma que aduce le quedó debiendo el BIM, reproche que sólo desarrolló al sustentar su alzada. De modo que como la controversia no se enmarcó bajo este pedimento, es claro que al tratarse de una condena más allá de lo pedido y debatido en el plenario, no procede su reconocimiento, pues ello resultaría contrario al principio de congruencia, (...) En segundo lugar, previo determinar si se configuró o no la conducta antijurídica reprochada al BIM en liquidación, resulta ineludible recordar que en “los convenios de asociación la colaboración se da para que las entidades públicas desarrollen actividades, en asocio con personas jurídicas privadas, en procura de lograr el cumplimiento de sus cometidos y funciones”, con una característica esencial: se trata de negocios jurídicos que no generan una relación conmutativa en la forma que se entiende bajo el derecho común, ni implican la transferencia de funciones administrativas a los particulares. (...) En efecto, esta tipología de convenio no hace relación con aquellos negocios jurídicos en los cuales la entidad estatal contrata un bien o la prestación de un servicio a cambio de un precio, en la medida que persiguen un fin distinto: la unión de esfuerzos encaminados a lograr un mismo fin que, aunque es compartido por las partes, está determinado principalmente por el cumplimiento de los cometidos y finalidades asignadas por la ley a la entidad pública. No hay, por ello, una relación patrimonial de orden conmutativo, porque el particular no obra con el ánimo de obtener una remuneración sino, estrictamente, con el propósito de juntar sus esfuerzos con los de la Administración para el desarrollo de las actividades que a ella corresponden, que es, como se ha indicado, el lugar donde se explica la ausencia de contraprestación. (...). Lo anterior no es un obstáculo para que los convenios de asociación puedan ser celebrados con personas jurídicas con ánimo de lucro porque la motivación económica de un particular no niega que pueda apoyar a una entidad estatal a lograr los cometidos o funciones asignadas por la ley a esta. Lo que realmente excluye la posibilidad de celebrar convenios de asociación es, como se anotó, que se establezca una relación conmutativa en la que exista un claro intercambio de prestaciones que se miran como equivalentes. Sin embargo, también se aclara, un convenio de asociación no es sinónimo de filantropía: si un contratante quiere apoyar a la entidad en el cumplimiento de sus funciones o cometidos -finalidad determinante del convenio- y, al mismo tiempo, obtener un beneficio con la celebración de un convenio de asociación -por ejemplo, ahondar en su política de responsabilidad corporativa-, no existe un fundamento legal que permita excluir esa posibilidad. Concluir lo contrario sería socavar la eficacia de este tipo de instrumentos que pretenden concitar esfuerzos en beneficio del cumplimiento de la función pública. (...) Por lo anterior, el estudio del sub examine no se encaminará por la ruta del rompimiento de la ecuación contractual, sustentado en una relación conmutativa, sino desde el análisis de cumplimiento de las prestaciones pactadas, bajo el entendimiento de que aunque las mismas pueden tener un componente patrimonial, su prestación no significa una reciprocidad o equivalencia de cara al contenido obligacional de las partes y su finalidad, sino que denotan el beneficio que se buscaba alcanzar con la ejecución del negocio, sin que por esa virtud ostenten la naturaleza de prestaciones conmutativas. (...) En esa medida, al deudor de las obligaciones de medios le corresponde desplegar todos sus esfuerzos y diligencia posibles, para procurar obtener el resultado determinado por su actividad, en donde la prestación a la que se comprometió se enmarca en un comportamiento para alcanzar el propósito perseguido, mientras el deudor de las obligaciones de resultado está obligado a conseguir la realización del objeto pactado. Así, la responsabilidad frente a las obligaciones de resultado no se agota en un actuar diligente -que por supuesto será camino para ello- sino en producir, en definitiva, una prestación determinada. (...) Entonces, en el ámbito de la responsabilidad contractual se ha determinado, como carga de prueba, tratándose de obligaciones de medio, que al deudor le basta demostrar su actuar diligente y cuidadoso para alcanzar el fin pactado, mientras que en las de resultado le corresponde acreditar el logro de la prestación, o que ésta no ocurrió por fuerza mayor, caso fortuito o por culpa de la víctima. Así lo tiene por averiguado la jurisprudencia, incluida la de esta Corporación (...) Explicada esta distinción y visto el contenido obligacional al que se acogieron las partes, la Sala considera que las prestaciones pactadas en los otrosíes 1 y 2 no se enmarcaron en obligaciones de medios, como lo mencionó el a quo, sino en escenarios de obligaciones de resultado en tanto su objeto se ciñe a la realización u obtención de un desenlace o fin definido y concreto y no a “poner los medios que de ordinario conducen a ello”, por cuanto: (i) la prestación de pagar los $300’000.000 es una obligación de dar, respecto de la cual no existe un lineamiento confuso sobre lo que debe efectuar el deudor. (...) Y, (ii) en relación con la obligación de “gestionar y suscribir los convenios necesarios con el Distrito a los fines de obtener las cesantías parciales de los empleados del Distrito que contraten con Urbanicasa las viviendas en el proyecto Maria de los Ángeles”, si bien por el uso de la palabra gestionar podría denotar, en un principio, un compromiso limitado a adelantar de forma diligente y cuidadosa las negociaciones relativas a la consecución de las cesantías, lo cierto es que tal actividad en conjunto con la de suscribir, como fue pactado, determinó una conducta que supera los meros acercamientos ante el distrito y eleva el compromiso a la efectiva celebración de los convenios a los que se obligó el BIM. (...) En adición a lo anterior, también habrá de indicarse que fue el BIM quien en el marco de sus compromisos asumió la obligación de “gestionar y suscribir” tales convenios, de modo que, aunque el a quo señaló que aquella debía entenderse como una obligación de medios en tanto pendía de la voluntad de un tercero -análisis que considera la naturaleza e incidencia de factores externos en su consecución- no puede dejarse de lado que, conforme al inciso final del art. 1604 del C.C., por estipulación de las partes es posible que aquellas se conciban como obligaciones de resultado y, si ello es así, el régimen de responsabilidad es este último. Lo anterior se explica en que es el deudor de la obligación respectiva quien determina si puede y cómo, alcanzar el objeto comprometido -medios o resultados-. (...) Así que, en casos como éste, el análisis no se hace en clave de las externalidades o contingencias que pueden afectar la prestación -circunstancias que están por fuera del pacto- sino que la actividad a la que se obligó, más allá de con quién o cómo debía lograrla, se centra en el logro de un propósito que el deudor debía alcanzar, pues así lo asumió bajo el negocio jurídico. Lo anterior, por cuanto en las obligaciones de resultado el margen de valoración de la contingencia es mínima, y el comportamiento del deudor se erige como suficiente para alcanzar el fin acordado, razón que justifica que sólo pueda liberarse por cumplimiento, fuerza mayor, caso fortuito o por culpa de la víctima. De modo que, ante la constatación del tipo de obligaciones al que se acogió el banco, corresponde examinar entonces si éste alcanzó o no el resultado acordado. (...). Examinado el acervo probatorio aportado al expediente, la Sala se anticipa en afirmar que no obra prueba del cumplimiento de la obligación que el BIM adquirió referente a gestionar y suscribir ante el distrito de Barranquilla los convenios necesarios para obtener las cesantías de los empleados de este ente territorial. (...) la Sala, (i) más allá de cuestionar la negativa de la entidad territorial en el desembolso de las referidas prestaciones sociales, sustentado en un supuesto que daba lugar a su pago a favor de sus titulares -beneficiarios-, como lo es, la adquisición de vivienda propia, aspecto no debatido en este litigio ni se vinculó al distrito, (ii) sí observa que el BIM se obligó de forma clara y concreta a ejecutar una conducta definida que, efectivamente, no alcanzó, dado que no hay pruebas posteriores al otrosí 2 que demuestren dicho resultado, y las que son previas a tal modificación solamente muestran el adelanto de trámites administrativos en pro de obtener el pago de las cesantías – obligación de medios, que ya no se correspondía con el pacto actual; escenario que, se itera, acredita la falta de concreción del resultado que el mismo banco se impuso al estipular una obligación en los términos ya referenciados. (...) Tampoco se demostró la ocurrencia de una causa extraña que exonerara al BIM en el logro del objetivo que se pactó. Al respecto, no se encuentra acreditado que la negativa del distrito en la celebración de los convenios reseñados configurara el hecho de un tercero -causal eximente de responsabilidad-, porque no existe prueba de una conducta en tal sentido por parte de dicho ente y, en todo caso, no se puede tener tal omisión o negativa como un hecho irresistible e imprevisible, requisitos ineludibles para admitir su configuración, comoquiera que la firma del mencionado negocio no resultaba en una acción imposible de ejecutar y la desaprobación del distrito sí pudo ser fácilmente anticipada, no resultando súbita o repentina, pues justamente con el otrosí 2 se incorporó la obligación de suscribir convenios por cuenta del estado anterior e insuficiente de continuar con el limitado alcance de gestionar el trámite de las cesantías. (...) Así pues, resulta evidente que se acreditó que el BIM desconoció la obligación que le compelía respecto de “gestionar y suscribir los convenios necesarios con el Distrito a los fines de obtener las cesantías parciales de los empleados del Distrito que contraten con Urbanicasa las viviendas en el proyecto María de los Ángeles”. (...) En todo caso, la anterior constatación no resulta suficiente para acreditar que el aludido incumplimiento constituyó el factor detonante que frustró el desarrollo del proyecto inmobiliario María de los Ángeles y que, por tanto, condujo al revés en la obtención del provecho pretendido por Urbanicasa S.A.; para el efecto, recuérdese que estos convenios de asociación no se celebran con el fin de obtener una remuneración correspondiente a un intercambio de prestaciones bajo el ámbito de la reciprocidad, sino que su retribución se acompasa con la obtención del beneficio que buscaban alcanzar con la ejecución del negocio. (...) Ahora, más allá de los beneficios que uno y otro aspiraba obtener con el convenio, lo cierto es que la sola demostración del supuesto de incumplimiento tratado -el relativo a la gestión y suscripción de los convenios necesarios con el Distrito a los fines de obtener las cesantías parciales de los empleados del distrito- no acredita el daño invocado, representado en el fracaso del proyecto inmobiliario, dado que la configuración de ese factor no imposibilitó por sí solo la ejecución total del negocio jurídico celebrado. (...) Ciertamente, el expediente carece de las piezas probatorias suficientes para evidenciar en qué momento se frustró el proyecto, puesto que este tipo de negocio está compuesto por distintas fases que dan lugar a su avance, en la medida que, en síntesis, primero se debe adelantar la etapa de diseño y planeación del proyecto, seguido de la obtención de los permisos y licencias requeridos, acompañado de la promoción y publicitación del mismo, en aras de buscar los potenciales compradores; etapa continuada por el afinamiento del interés por parte de éstos, mediante la suscripción de los negocios jurídicos correspondientes (v. gr. promesas de compraventa) y que, en su conjunto, llevarían a determinar en qué momento se lograría el punto de equilibrio financiero del negocio; a partir de allí quedarían sentadas las bases para la obtención del financiamiento requerido, el que, a su vez, daba paso al inicio de la construcción de las viviendas. (...) Así pues, las pruebas aportadas al proceso -detalladas en el numeral 47 de esta providencia, junto con el convenio objeto de estudio y sus dos otrosíes- no revelan en concreto el desarrollo o etapas del proyecto en el apretado plazo estipulado, por lo que no es dable establecer hasta qué momento avanzó efectivamente éste. (...) La Sala no desconoce la importancia que para el proyecto significaba la obtención de las cesantías de los posibles compradores como parte de pago de la cuota inicial de sus viviendas; sin embargo, no es dable reducir el declive del mismo a esa sola verificación, por cuanto dicha frustración no corresponde a ese único factor de causación, (...) En clave del anterior escenario, la Sala no tiene camino distinto a negar los pedimentos solicitados por Urbanicasa S.A., pues aunque se acreditó la inobservancia de la obligación del BIM de gestionar y suscribir con el distrito los convenios necesarios para obtener el pago de las cesantías de los empleados de dicho ente territorial, no se configuraron todos los elementos que dan cabida a la declaratoria de responsabilidad patrimonial en sede contractual, comoquiera que no se demostró que tal incumplimiento constituyera la fuente del daño que se reclama, y menos aún que fuera el motivo que impidió avanzar con el desarrollo del convenio de colaboración entre ellas suscrito.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de congruencia de la sentencia, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15). Sobre la finalidad de los convenios de asociación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 850012331000201110099 01 (48957). Sobre la diferencia entre obligación de medio y obligación de resultado ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 1998, exp. 10530, C. P.: Ricardo Hoyos Duque. Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 31 de mayo de 1938, Gaceta Judicial, tomo XLVI, núm. 1936, pp. 566 – 574. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de octubre de 1990, exp. 5902, C. P. Gustavo de Greiff Restrepo. Sobre la prueba del hecho de un tercero, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2011, exp. 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) C. P.: Mauricio Fajardo Gómez. Sobre los requisitos para declarar la responsabilidad contractual del Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 marzo de 2016, exp. 37726, reiterado por la Subsección C en sentencias del 28 de octubre de 2019, exp. 40992 y del 10 de diciembre de 2021, exp. 54140.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1604