Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: el Consejero ponente es competente para resolver la solicitud de pruebas en segunda instancia
Lo que dijo la Sala
El Despacho es competente para conocer este recurso, en virtud de lo dispuesto en los artículos 150 y 125, numeral 3 del CPACA, que respectivamente, establecen que el Consejo de Estado conocerá las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales administrativos susceptibles de este medio de impugnación y el ponente dictará las demás providencias interlocutorias que no se encuentren enunciadas en el numeral 2, como el auto que resuelve el recurso de apelación contra la providencia que niega el decreto de una prueba.
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Síntesis síntesis automática
La competencia para resolver la apelación contra el auto que niega el decreto de una prueba corresponde al magistrado ponente y no a la sala. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de las apelaciones de los autos de los tribunales susceptibles de ese recurso, y en el numeral 3 del artículo 125 del mismo código, que deja en cabeza del ponente las providencias interlocutorias no enunciadas en el numeral 2. Por eso el auto que resuelve el recurso contra la negativa de decretar una prueba es una providencia del ponente. En el caso concreto el despacho del ponente se declaró competente para resolver el recurso de apelación contra el auto de audiencia inicial que negó la prueba, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso contra la negativa probatoria en primera instancia se resuelve por el ponente y no por la sala.
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Problema jurídico
¿El Consejero ponente es competente para resolver la solicitud de pruebas en segunda instancia?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, arts. 125 núm. 2, 125 núm. 3 y 150
También resuelve
- ¿Los recursos contra la decisión en audiencia inicial fueron interpuestos y sustentados oportunamente?
- ¿Resulta procedente el decreto de los exhortos a la Universidad de Medellín y a COPNIA para obtener unos documentos a pesar de que la parte no los solicitó directamente a aquellas entidades?
- ¿La EDU expresó debidamente el objeto de la prueba testimonial que solicitó en la contestación de la demanda?
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Titulación de la relatoría 7.439 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
APELACIÓN DEL AUTO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO / PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DEL AUTO / PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DEL AUTO QUE NIEGA PRUEBAS / AUTO DE PONENTE / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿El Consejero ponente es competente para resolver la solicitud de pruebas en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Despacho es competente para conocer este recurso, en virtud de lo dispuesto en los artículos 150 y 125, numeral 3 del CPACA, que respectivamente, establecen que el Consejo de Estado conocerá las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales administrativos susceptibles de este medio de impugnación y el ponente dictará las demás providencias interlocutorias que no se encuentren enunciadas en el numeral 2, como el auto que resuelve el recurso de apelación contra la providencia que niega el decreto de una prueba.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150
AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE PRUEBA / APELACIÓN DEL AUTO EN AUDIENCIA INICIAL / AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Los recursos contra la decisión en audiencia inicial fueron interpuestos y sustentados oportunamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los recursos de apelación que Gisaico S.A. y la EDU interpusieron, en la audiencia inicial del once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024), proceden de conformidad con el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, que prescribe que el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba es apelable. Por otro lado, comoquiera que el Tribunal profirió la decisión recurrida en el curso de la audiencia inicial, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 244 ibídem, las partes debían interponer y sustentar la apelación, oralmente, a continuación de la notificación en estrado, como lo hicieron las entidades demandadas, de ahí que estas presentaron oportunamente las impugnaciones que esta Corporación procede a resolver.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243 NUMERAL 7, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 244 NUMERAL 2
CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDAD PÚBLICA / OMISIÓN DE CARGA PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / NEGACIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el decreto de los exhortos a la Universidad de Medellín y a COPNIA para obtener unos documentos a pesar de que la parte no los solicitó directamente a aquellas entidades?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en que, con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial o la naturaleza del medio de control, no es procedente acceder a la solicitud de pruebas para obtener documentos que la parte ha debido solicitar directamente a través de derecho de petición a la entidad que los custodia (...). Así las cosas, esta corporación, reiteradamente, ha negado el decreto de pruebas cuando la parte que las solicita no acredita que cumplió con el deber de solicitar directamente los documentos que requiere a la entidad en la que se encuentran. (…) En consecuencia, como Gisaico S.A. no acreditó haber realizado una solicitud o derecho de petición a la Universidad de Medellín y a COPNIA para obtener los documentos que pretende que estas alleguen al proceso en virtud de los exhortos que solicitó que se decreten, esta segunda instancia encuentra válido el proceder del Tribunal, en cuanto se ajustó a la referida normativa y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación en cuanto han advertido que, cuando no se decreta una prueba en el proceso por el incumplimiento de esa carga procesal no se configura una afectación desproporcionada del derecho a la prueba y tampoco se sacrifica el derecho sustancial por privilegiar el formal, y que, por el contrario, esta acceder a decretar la prueba a pesar de que no se cumplió con la gestión previa del recaudo del medio de convicción vulnera el debido proceso puesto que rompe la igualdad de las partes del proceso., Por consiguiente, se confirmará esa decisión.
NOTA DE RELATORÍA:
En cuanto a la carga procesal de las partes para conseguir las pruebas documentales, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 20 de enero de 2023, rad. 11001-03-24-000-2019-00527-00, C. P. Oswaldo Giraldo López; auto de 6 de junio de 2024, rad. 11001-03-24-000-2021-00253-00, C. P. Oswaldo Giraldo López; auto de 22 de marzo de 2024, rad. 25000-23-41-0002015-02303-02, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón; auto de 14 de diciembre de 2022, rad. 11001-03-24-000-2018-00197-00, C. P. Oswaldo Giraldo López; y auto de 9 de julio de 2021, rad. 11001-03-24-000-2019-00527-00, C. P. Oswaldo Giraldo López. En cuanto al deber de las partes para solicitar por vía de derecho de petición a entidades públicas los documentos que pretendan incorporar como pruebas, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 17 de mayo de 2024, rad. 25000-23-41-000-2022-00357-02, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón; auto de 26 de julio de 2024, rad. 25000-23-41-000-2021-01087-01, C. P. Oswaldo Giraldo López; Sección Tercera, auto de 18 de abril de 2022, rad. 67830, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; auto de 8 de junio de 2021, rad. 52923, C. P. Alberto Montaña Plata; Sección Cuarta, auto de 18 de marzo de 2021, rad. 27001-23-31-000-2019-00062-01, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, STC14026-2022, sentencia de 20 de octubre de 2022.
OBJETO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / NEGACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / IMPROCEDENCIA DEL DECRETO DE PRUEBA TESTIMONIAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / REQUISITOS DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿La EDU expresó debidamente el objeto de la prueba testimonial que solicitó en la contestación de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
En la contestación de la demanda, la (…) accionada expuso que el señor [RTAR] declararía “desde el punto de vista técnico sobre los hechos de la demanda y la contestación”. El Despacho encuentra que esa manifestación resulta vaga y, en vista de que, conforme a la jurisprudencia de esta Sección, esa enunciación general no permite llevar a cabo la finalidad del requisito prescrito en el artículo 212 del CGP, esto es, que la contraparte pueda ejercer debidamente el derecho de contradicción y que el juez analice la pertinencia, utilidad y eficacia de esa prueba. Además, la EDU indicó que el señor [RTAR] declararía como testigo técnico, sin embargo, la entidad accionada no acreditó que este cumpliera con las características propias de esa figura, es decir, que, por un lado, el declarante tenga conocimiento científico, técnico o artístico relacionado con la controversia y, por otro, que este haya presenciado los hechos, que en este caso se traduce en que [RTAR] haya estado involucrado en la ejecución de alguno de los dos contratos objetos del presente medio de control. Por consiguiente, el Despacho se encuentra conforme con la decisión del tribunal de primera instancia de negar el testimonio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 212