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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto

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Fecha
2024-10-08
Radicado
25000233600020170236102
Número interno
71413
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA S.A.S.
Demandado
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., SEGUREXPO DE COLOMBIA S. A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto

Lo que dijo la Sala

El artículo 150 del CPACA establece que el Consejo de Estado conocerá las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales administrativos susceptibles de este medio de impugnación.… A su vez, el artículo 125, numeral 2, literal g ibidem, dispone que la Sala dictará la providencia que resuelva el recurso de apelación contra las decisiones previstas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 ibidem, sin embargo, como la decisión denegatoria del decreto de pruebas está enlistada en el numeral 7 del referido artículo, quien debe resolver será el Magistrado Ponente.… El recurso de apelación interpuesto por el IDU contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la audiencia del 29 de mayo de 2024 es procedente, de conformidad con el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, por tratarse de una decisión dictada en primera instancia que negó el decreto de una prueba.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El magistrado ponente, y no la sala, es quien resuelve la apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia, porque ese auto está enlistado en el numeral 7 del artículo 243 del CPACA y el numeral 2, literal g), del artículo 125 solo atribuye a la sala las decisiones de los numerales 1 a 3 y 6 del mismo artículo. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que establece que el Consejo de Estado conoce de las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales susceptibles de ese recurso. La procedencia del recurso también se verifica con el numeral 7 del artículo 243, pues se trata de una decisión dictada en primera instancia que negó el decreto de pruebas. Por ello la competencia para decidir el recurso corresponde al despacho del ponente. En el caso concreto la negativa probatoria adoptada en la audiencia se mantuvo en la providencia que resolvió la apelación. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la impugnación de la negativa de pruebas se tramita ante el ponente, no ante la sala.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto de pruebas?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 125 núm. 2, 150 y 243 núm. 7

También resuelve

  • ¿Resulta procedente el decreto de la prueba documental a oficiar requerida por el IDU, para que se allegue copia de unas actuaciones penales…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-02-18 Sección Tercera (Subsección A)
Contratación estatal: Auto interlocutorio
Consejo de Estado 2024-01-15 Sección Tercera (Subsección C)
Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio
Consejo de Estado 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C)
En consonancia, el numeral 1 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el recurso de apelación procede contra el auto que rechace la demanda o su reforma y será decidido en Sala numeral 2 del artículo 125 CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021.
Consejo de Estado 2024-12-19 Sección Tercera (Subsección A)
El decreto de pruebas de oficio sólo procederá por iniciativa del juez y no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley.
Consejo de Estado 2023-02-06 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra el auto
Consejo de Estado 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido
Titulación de la relatoría 7.775 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO / AUTO INTERLOCUTORIO DE PONENTE / COMPETENCIA DEL MAGISTRADO PONENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE AUTO / APELACIÓN DE AUTO INTERLOCUTORIO / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DEL AUTO / PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DEL AUTO QUE NIEGA PRUEBAS / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE PRUEBA / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿El consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto de pruebas? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 150 del CPACA establece que el Consejo de Estado conocerá las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales administrativos susceptibles de este medio de impugnación. (...) A su vez, el artículo 125, numeral 2, literal g ibidem, dispone que la Sala dictará la providencia que resuelva el recurso de apelación contra las decisiones previstas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 ibidem, sin embargo, como la decisión denegatoria del decreto de pruebas está enlistada en el numeral 7 del referido artículo, quien debe resolver será el Magistrado Ponente. (...) El recurso de apelación interpuesto por el IDU contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la audiencia del 29 de mayo de 2024 es procedente, de conformidad con el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, por tratarse de una decisión dictada en primera instancia que negó el decreto de una prueba. Por otro lado, la decisión recurrida se notificó en estrados el mismo día de la celebración de la audiencia inicial y, como el IDU interpuso el recurso de alzada en el curso de la diligencia, lo hizo dentro del término legal. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 2 LITERAL G, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243 NUMERAL 7 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE NIEGA PRUEBAS / SOLICITUD DE PRUEBA / AUTO QUE DECIDE SOBRE PRUEBAS SOLICITADAS / PRUEBA DOCUMENTAL / DOCUMENTO / EXPEDIENTE JUDICIAL / EXPEDIENTE DE PENAL / COPIA DEL EXPEDIENTE / SOLICITUD DE PRUEBA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN / DOCUMENTO RESERVADO / DERECHO DE ACCESO A DOCUMENTO RESERVADO / RESERVA LEGAL DE DOCUMENTO / RESERVA PENAL / PROCESO PENAL / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / IMPROCEDENCIA DEL DECRETO DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / CARGA PROCESAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / OMISIÓN DE CARGA PROCESAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Resulta procedente el decreto de la prueba documental a oficiar requerida por el IDU, para que se allegue copia de unas actuaciones penales, considerando que el interesado podía solicitarlo directamente al despacho judicial mediante un derecho de petición, situación que no aconteció? Respuesta al problema jurídico: No El IDU requirió una prueba a oficiar, en la contestación de la demanda (...). El Tribunal de primera instancia denegó la prueba requerida, en razón a la aplicación de la disposición contenida en el artículo 173 del CGP, pues se abstuvo de ordenar la práctica de este medio probatorio porque el interesado podía solicitarlo directamente al despacho judicial mediante un derecho de petición, situación que no aconteció. (...) En relación con este aspecto de la litis, si bien es cierto que en el expediente no obra documento alguno en el que conste que el IDU haya requerido del Juzgado 35 Penal de Conocimiento la expedición de las copias de lo allí actuado, y que, por ende, tampoco hay constancia de la reserva que ampara a esa documentación (...), también lo es que el inciso segundo del artículo 173 del CGP, establece una excepción a la consecución de la prueba requerida por medio de vía del derecho de petición, excepción que se configura cuando esté demostrado que la documentación no se pudo conseguir directamente o que la petición no fuera atendida, “lo que deberá acreditarse sumariamente”. Por supuesto, la petición prejudicial debe cumplir con las disposiciones legales bajo los términos de la Ley 1755 de 2015, que desarrolla el contenido normativo del artículo 23 de la Constitución Política, y ello implica que la petición esté ajustada a que el sujeto a quien esté dirigida pueda ser destinatario de esa solicitud y que la información solicitada no esté sometida a reserva, pues el juez no podrá exigir que la carga procesal hubiese sido cumplida cuando la parte no podía efectuarla bajo las razones anteriormente expuestas, pues aquello constituiría un detrimento del debido proceso. (...) En este orden de ideas, el apoderado del IDU indicó que el proceso judicial contenía reserva y no le era posible solicitar, mediante derecho de petición y ante el Juzgado 35 Penal de Conocimiento de Bogotá, copias de aquél o la remisión del expediente penal. No obstante, la información aducida por el recurrente no obra en el proceso, es decir, el Juzgado Penal no manifestó que tuviera reserva, situación que depende del estado en que se halle el proceso penal, y que debía estar acreditada sumariamente, en los términos del artículo 173 del CGP. Al respecto, la Sala tiene presente, además, que la reserva de la actuación penal, está conminada a la fase de indagación, tal y como lo expresa el artículo 212B de la Ley 906 de 2004 (...). De manera que, el Código de Procedimiento Penal permite que las actuaciones penales sean públicas (...). Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso judicial tramitado por el Juzgado 35 Penal de Conocimiento de Bogotá llevado a cabo en contra del representante legal de la sociedad demandante, no estaba siendo tramitado por la Fiscalía General de la Nación, es decir, ya no estaba en etapa de indagación y por ende no contaba con la reserva legal dispuesta legalmente en el artículo 212B del Código de Procedimiento Penal; y si contaba con reserva de alguna índole, esa información debía proporcionarla el director del proceso penal siempre y cuando el interesado la hubiera requerido. La reserva de un proceso penal no es de carácter absoluto y sí alguno de los documentos que lo integran posee el carácter de reservado, así lo debe certificar el competente, y no asumirlo como en este caso lo hizo el recurrente. Por lo anterior, teniendo en cuenta que la disposición legal es clara y que la jurisprudencia así lo sostiene, la parte interesada debía cumplir con la carga procesal de solicitar ante el despacho competente la expedición de las piezas que requería antes de solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que oficiara su remisión, pues el sujeto procesal tenía la responsabilidad de agotar el trámite y su incumplimiento acarrea una consecuencia desfavorable a sus intereses. (...) Entonces, bajo el principio de imparcialidad que le asiste al director del proceso y de lealtad procesal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acertó en la negativa a decretar la prueba documental a través de oficio, que solicito el IDU. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las cargas procesales de las partes, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-099 de 2022. Acerca del alcance de la reserva en las actuaciones penales consultar providencia de la Corte Constitucional, C-559 de 2019. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 23, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 173, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 78 NUMERAL 10, LEY 1755 DE 2015 - ARTÍCULO 24, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 212B

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201702361021100103