Titulación de la relatoría 12.276 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / SUPRESIÓN DE CARGO DEL TRABAJADOR / PERSONERÍA MUNICIPAL / FUNCIONES DEL ALCALDE / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La entidad demandante logró demostrar la conducta dolosa del demandado, como uno de los presupuestos para que prospere la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
Para la Sala resulta evidente que el municipio de Campoalegre no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, pues se limitó a pedir la declaratoria de responsabilidad del señor […], a título de culpa grave, con fundamento en la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora […], la cual, como arriba se explicó, no constituye, per se, prueba del actuar irregular de los servidores públicos. Se advierte que con la figura de la repetición el legislador no pretendió imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, razón por la cual su procedencia está condicionada a que, además de los requisitos objetivos, se acredite con suficiencia la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos; además de que su comportamiento fue “premeditado, negligente o manifiestamente imprudente”. Así las cosas, dado que el municipio de Campoalegre no realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la atribución de responsabilidad del demandado y que, por el contrario, el escaso material probatorio allegado a este proceso da cuenta de que el alcalde sí podía pedir el otorgamiento de facultades propias del concejo municipal y este, a su vez, autorizarlo pro tempore para modificar la planta de la personería municipal, se negarán las súplicas de la demanda.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Al tenor de lo dispuesto en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, las demandas de repetición deben instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para pagar las condenas, “de conformidad con lo previsto en este Código”. En línea con lo anterior, esta Subsección ha precisado que, en virtud del régimen de transición adoptado en el artículo 308 ejusdem, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior” contenido en el CCA, lo que implica que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen procesal existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción, el término y la contabilización, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 6 de agosto de 2009, rad. 36834, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 26 de febrero de 2014, rad. 27588, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; auto de 12 de mayo de 2016, rad. 56601, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 30 de agosto de 2017, rad. 39435, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); auto de 9 de abril de 2021, rad. 66610, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de 23 de abril de 2021, rad. 66724, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 27 de agosto de 2021, rad. 53703, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el régimen de transición y vigencia de la Ley 1437 de 2011, 2 de julio del año 2012, cita: Sección Tercera, auto de 5 de abril de 2017, rad. 58762, C. P. Hernán Andrade Rincón; auto de 11 de julio de 2019, rad. 63743, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de 20 de agosto de 2019, rad. 63911, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de 8 de mayo de 2020, rad. 64702, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 13 de agosto de 2020, rad. 65831, C. P. José Roberto Sáchica; auto de 9 de abril de 2021, rad. 66610, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de 23 de abril de 2021, rad. 66724, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / EXCEPCIÓN DE EJECUTORIA / SUSPENSIÓN DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / ACLARACIÓN DE LA PROVIDENCIA / INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA / SENTENCIA EN FIRME
OBITER DICTUM
Sobre la ejecutoria de las decisiones judiciales, el artículo 331 del C.P.C. -aplicable a ese asunto por expresa remisión del artículo 267 del CCA- […] [indica] que las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, a menos de que se presenten los recursos procedentes o que respecto de ellas se solicite su aclaración o complementación, caso en el cual su firmeza se extiende hasta que quede ejecutoriada la providencia que las resuelve. Como puede verse, las únicas figuras que -además de los recursos- inciden en la firmeza de las decisiones judiciales son las de aclaración y complementación, establecidas en los artículos 309 y 311 del CPC, no así la de corrección, prevista en el artículo 310 del CPC, cuya finalidad es corregir errores puramente aritméticos o yerros netamente formales por omisión o cambio de palabras que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia, de ahí que proceda en cualquier tiempo, bien sea de oficio o a petición de parte, sin que, en virtud de la facultad de corregir, el juez pueda modificar el fallo, en razón de la salvaguarda del principio de inmutabilidad de las sentencias. […] Con fundamento en lo anterior, considera la Sala que, aunque en el proveído del 22 de abril de 2015 se resolvió la solicitud de aclaración formulada contra la sentencia del 26 de noviembre de 2014 y, en auto del 30 de julio de ese año, se corrigió de oficio el ordinal octavo de la parte resolutiva de esa providencia, la única situación que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del CPC, incidió en la ejecutoria de la referida sentencia fue la solicitud de aclaración, de ahí que, como lo sostuvo el Tribunal Administrativo del Huila, su firmeza se produjo cuando cobró ejecutoria el auto del 22 de abril de 2015, lo cual ocurrió el 8 de mayo siguiente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la ejecutoria de las decisiones judiciales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 19 de noviembre de 2015, rad. 38912, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de 21 de mayo de 2021, rad. 57047, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 309, 310, 311, 331
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
Como se desprende de las pruebas relacionadas de manera precedente, la sentencia del 26 de noviembre de 2014 se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado en vigencia del CCA, cuyo cumplimiento, de acuerdo con lo señalado expresamente en el ordinal séptimo de la parte resolutiva de esa providencia, debía realizarse en el plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA. Para el Tribunal a quo, los 18 meses se cumplieron el 8 de noviembre de 2015; sin embargo, dicha conclusión no es correcta, porque la sentencia cobró ejecutoria el 8 de mayo de 2015 y, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 177 ibidem, el plazo para pagar la condena se cuenta “después” de que queda en firme la providencia, no el mismo día. Así las cosas, toda vez que el plazo de 18 meses se cumplió el 9 de noviembre de 2016, sin que ninguno de los pagos realizados en favor de la señora […] se efectuara antes de esa fecha, el término de caducidad corrió desde el 10 de noviembre de 2016 hasta el 10 de noviembre de 2018; no obstante, como ese último día fue feriado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913, se corrió hasta el siguiente día hábil, 13 de noviembre de 2018 y, dado la demanda se presentó ese día, se impone concluir que su presentación fue oportuna. […] Así las cosas, toda vez que en este caso no operó la caducidad, presupuesto procesal que debe ser verificado por los jueces al momento de dictar sentencia, incluso de oficio, se revocará en este aspecto el fallo de primera instancia y, como consecuencia, se procederá a estudiar la atribución de responsabilidad formulada contra el señor […].
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 4 DE 1913 - ARTÍCULO 62
NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
[L]a Sala estima pertinente señalar que, como los hechos por los cuales resultó condenado el municipio de Campoalegre ocurrieron el 30 de septiembre de 2004, después de la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, el examen de la conducta del señor […], calificada por la entidad demandante como gravemente culposa, se realizará con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de dicha disposición normativa […]. Lo anterior, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción, se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios, siempre y cuando no resulte incompatible con la Ley 678 de 2001 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). Se trata de una responsabilidad subjetiva “cualificada” en la que el análisis del comportamiento del sujeto pasivo de la litis resulta determinante, de ahí que, como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite atribuirle responsabilidad, sino que se requiere de la comprobación de la gravedad de su conducta.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 90, 121, 122, 124, LEY 678 DE 2001
PERSONERÍA MUNICIPAL / AUTONOMÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL / FUNCIONES DEL ALCALDE / SUPRESIÓN DE CARGO DEL TRABAJADOR / MIEMBROS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL
OBITER DICTUM
[A]unque las personerías son entidades que gozan de autonomía e independencia para ejercer la función de Ministerio Público, por disposición del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, los concejos municipales son los encargados de su organización o, en otras palabras, de crear, modificar o suprimir empleos en su planta de personal. Como puede verse, se trata de una función asignada por disposición legal a los concejos municipales, cuyo ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política -transcrito con antelación-, puede entregarse pro tempore a los alcaldes, previa iniciativa suya, en atención a lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 71 de la Ley 136 de 1994 […].
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 3, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 32, 71
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO
Problema jurídico:
¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: No
Así las cosas, dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público y que la Sala no advierte que la demanda se haya interpuesto con manifiesta carencia de fundamento legal, se abstendrá de condenar en costas al municipio de Campoalegre.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 83.657 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00352-01 (68.413)
Actor: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
Demandado: ANTONIO GUTIÉRREZ
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Temas: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – dos años
contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realizó el pago o, a más
tardar, desde el vencimiento de los 18 meses que la entidad tenía para pagar /
FIRMEZA DE LAS DECISIONES JUDICI ALES – cuando se pide aclaración o
complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez
ejecutoriada la que la resuelva / FIJACIÓN DEL LITIGIO – facultades de las partes
del proceso / DEMANDA DE REPETICIÓN - presupuestos - juicio de
responsabilidad civil patrimonial / Ley 678 de 2001 – la entidad demandante tiene
que alegar y acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la
ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente
imprudente – CULPA GRAVE – no se acreditó.
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 16 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, mediante la cual se declaró probada de oficio la excepción
de caducidad del medio de control.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se demandó en repetición al señor Antonio Gutiérrez, quien, en su condición de
alcalde del municipio de Campoalegre, solicitó autorización al concejo para
reestructurar la planta de personal de la personería municipal y, como
consecuencia, suprimió el cargo de secretaria grado 8 que ocupaba la señora
María del Carmen Vega Ruiz en dicha entidad. Según la parte actora, el
demandado no tenía competencia para ello.
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00352 01 (68.413)
Actor: Municipio de Campoalegre
Demandado: Antonio Gutiérrez
Referencia: Medio de control de repetición
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II. ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 13 de noviembre de 20181, el municipio de Campoalegre,
a través de apoderado judicial, demandó en repetición al señor Antonio Gutiérrez,
con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable po r la condena
impuesta a dicha entidad en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado n.° 2005 -00075, promovido por la señora María del Carmen Vega
Ruiz. En concreto, solicitó lo siguiente (se transcribe de forma literal, con posibles
errores incluidos):
PRIMERA: Declarar administrativamente responsable al señor Antonio
Gutiérrez, en condición de exalcalde del municipio de Campoalegre – Huila, por
los perjuicios ocasionados al municipio ante la condena impuesta por el
Tribunal Contenci oso Administrativo del Huila, en sentencia de segunda
instancia de fecha 26 de noviembre de 2014, por haber suprimido el cargo de
secretaria de la personería municipal de Campoalegre, que venía
desempeñando la señora María del Carmen Vega Ruiz, por falta d e
competencia para hacerlo.
SEGUNDA: Condenar a Antonio Gutiérrez a pagar al municipio de
Campoalegre – Huila la suma de quinientos noventa y tres millones setecientos
ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos con trescientos treinta y un
centavos ($593’785.541,331) trasladados por el municipio a la sección
personería y cancelados a la señora María del Carmen Vega Ruiz por la
condena impuesta en los montos y fechas indicadas en la cláusula décima
primera de esta acción.
TERCERA: Que a la suma anterior se deberá liquidar intereses que se hayan
causado desde la fecha en que se hicieron efectivos los pagos de la condena,
hasta cuando se verifique el pago total por parte del demandado (negrilla por
fuera del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:
En 2004, el alcalde de Campoalegre presentó ante el concejo municipal un
proyecto de acuerdo para «adelantar un proceso de reestructuración de la planta
de personal».
Mediante el Acuerdo 2 del 2 de marzo de 2004, el concejo del municipio de
Campoalegre facultó al alcalde para que «la realizara en el sector central y en la
personería».
1 Folio 8 del cuaderno de primera instancia.
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00352 01 (68.413)
Actor: Municipio de Campoalegre
Demandado: Antonio Gutiérrez
Referencia: Medio de control de repetición
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En virtud de lo anterior, el señor Antonio Gutiérrez, en su condición de alcalde de
Campoalegre, expidió el Decreto 78 del 30 de septiembre de 2004, por medio del
cual se adoptó la nueva planta de personal y se determinó, entre otras cosas, la
supresión del cargo de secretaria grado 8 de la personería municipal, el cual era
ocupado por la señora María del Carmen Vega Ruiz, quien había sido inscrita en
carrera administrativa.
Por esta razón, la señora Vega Ruiz promovió un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se anulara el Decreto 78 del 30 de
septiembre de 2004 y se ordenara su reintegro a la personería municipal.
El proceso fue asignado con el radicado n.° 2005 -00075 y su conocimiento le
correspondió, en primera instancia, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Neiva, autoridad judicial que en s entencia del 28 de abril de 2009 negó las
súplicas de la demanda.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 26 de noviembre de
2014, revocó la sentencia del 28 de abril de 2009 y, en su lugar, anuló parcialmente
el Decreto 78 del 30 de septiembre de 2004, por considerar que el alcalde no tenía
competencia para modificar la planta de personal de la personería y, como
restablecimiento del derecho, ordenó la reincorporación de la señora Vega Ruiz al
cargo que ocupaba en la personería munici pal y el pago de los salarios y
prestaciones que dejó de recibir desde su desvinculación hasta la fecha de su
reintegro efectivo.
El 19 de septiembre de 2016, la señora María del Carmen Vega Ruiz presentó
demanda ejecutiva para que se librara mandamiento de pago en contra del
municipio de Campoalegre por «las condenas impuestas».
Por lo anterior, el municipio de Campoalegre le pagó a la señora Vega Ruiz las
siguientes sumas de dinero: i) 26 de enero de 2017, la suma de $200’000.000; ii)
16 de enero de 2018, la suma de $36’326.956,54 y iii) 2 de agosto de 2018, la
suma de $357’458.584,79.
De acuerdo con la parte actora, el exalcalde del municipio de Campoalegre se
extralimitó en sus funciones, pues le solicitó al concejo municipal el oto rgamiento
de facultades para «adelantar la reestructuración administrativa» de la personería
de Campoalegre, la cual no hacía parte de la «administración central o local, por
ser aquella según el artículo 118 de la Constitución el órgano de vigilancia
encargado de la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00352 01 (68.413)
Actor: Municipio de Campoalegre
Demandado: Antonio Gutiérrez
Referencia: Medio de control de repetición
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interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan
funciones públicas en el municipio».
Indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de l a Ley 136 de
1994, la iniciativa de proyectos para la creación, supresión y fusión de empleos de
las personerías municipales recae en los personeros y no en los alcaldes.
En su criterio, el señor Gutiérrez debía ser declarado responsable a título de culpa
grave, por lo siguiente (se transcribe de forma literal, con posibles errores
incluidos):
En el presente asunto el daño se causó por la lesión al patrimonio público
representado en el pago de la indemnización como consecuencia de la
sentencia, por la conducta gravemente culposa del autor quien debía conocer
las normas que regulan la competencia para adelantar un proceso de
reestructuración al interior de la administración, sin incluir a la personería
municipal, debiendo cargar con las consecuencias der ivadas de su actuación
irregular, porque fue él quien presentó el proyecto de acuerdo al concejo para
obtener la autorización o facultades pro tempore para adelantar proceso de
reestructuración administrativa del municipio, donde incluyó a la personería sin
estar autorizado legalmente para hacerlo, asunto que se ejecutó mediante
Decreto 78 de 20042.
Por último, señaló que se aportaban «los actos administrativos de que tratan los
hechos de la acción y las sentencias de primera y segunda instancia con la
constancia de ejecutoria» como prueba de la imputación de responsabilidad.
3. Trámite de primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto
del 15 de agosto de 20193, providencia debidamente notificada al demandado4 y al
Ministerio Público5.
El apoderado judicial señor Antonio Gutiérrez contestó la demanda y se opuso a
sus pretensiones:
Señaló que la reorganización de la planta de personal del municipio no surgió de
su iniciativa, sino del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y de una
llamada telefónica del Ministerio de Hacienda en la que se le advirtió que, en caso
de no llevarla a cabo, el municipio de Campoalegre se exponía a convertirse en un
corregimiento de los municipios de Algeciras o de Rivera, Huila, de ahí que no
hubiera prueba del dolo o la culpa grave en su actuar.
2 Folios 101 a 112 del cuaderno de primera instancia.
3 Folio 144 del cuaderno de primera instancia.
4 Folio 158 del cuaderno de primera instancia.
5 Folio 156 del cuaderno de primera instancia.
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00352 01 (68.413)
Ac
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