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¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿En qué casos se puede suscribir un contrato estatal bajo la figura de "sin situación de fondos"?
Una apropiación sin situación de fondos se trata de aquella apropiación que no requiere para su ejecución desembolso directo por parte de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, particularmente por dos situaciones: i) porque la entidad ejecutora recauda directamente los recursos, o ii) porque para la ejecución de un contrato, la DTN gira directamente los recursos al proveedor, sin tener que ingresar a la entidad contratante.
También resuelve:Régimen presupuestal y régimen contractual: conexidadApropiación: con situación de fondo, sin situación de fondoEjecución de recursos: contratación estatal, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal
18001234000020180014501 de 20252025-03-10Rad. 18001234000020180014501
La Sala confirmará la Sentencia de primera instanci a porque los argumentos expuestos por la parte demandante no están llamados a prosperar. En primer lugar, el Ministerio alegó que como las pretensiones prosperaron parcialmente, el juez no podía condenar en costas. Al respecto…
También resuelve:Medio de control de controversias contractuales: contratación estatal, convenios interadministrativos, improcedencia de la condena en costas, facultades del juezControversias contra entidad territorialAgencias en derecho
¿Procede actualizar la suma por concepto de la cláusula penal que se reconoció en primera instancia por el incumplimiento del convenio y que no fue cuestionado por MADR? Sí
Cuando el contratista ejecuta solo una parte de las actividades pactadas, la cláusula penal se reduce de manera proporcional al cumplimiento parcial, aunque la entidad no haya cuestionado esa reducción en la apelación. Esta regla se apoya en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, que permiten ajustar la pena a la obligación efectivamente incumplida. Por ello, el monto de la pena se calcula sobre el porcentaje no ejecutado del convenio y no sobre su valor total. En el caso concreto el tribunal estableció que se ejecutó el noventa por ciento de las actividades del plan operativo, y la penalidad proporcional fue fijada en una suma que luego se actualizó desde la fecha de terminación del convenio hasta la fecha de la sentencia. La sala modificó la condena en ese sentido. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cláusula penal se liquida proporcionalmente al incumplimiento parcial y se actualiza desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente realizar el reintegro por parte de Asogras y a favor del Tesoro Nacional de los recursos que le fueron desembolsados y no ejecutó en el desarrollo del convenio?¿Procede el reconocimiento del interés moratorio causado sobre los dineros a ser reintegrados por Asogras?¿Es procedente practicar la liquidación judicial del convenio de asociación y adicionar la sentencia en este sentido?
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
¿Si las pretensiones prosperan parcialmente, el juez tiene la facultad de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente expresando los fundamentos de su decisión? Sí
El juez tiene la facultad, no el deber, de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente cuando las pretensiones prosperan parcialmente, siempre que exprese los fundamentos de su decisión, según el artículo 365 del Código General del Proceso. La Sala confirmó que el hecho de que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte automáticamente el asunto en de “interés público”, aclarando que este concepto es muy genérico y no puede aplicarse a todos los procesos judiciales que involucran al Estado. Además, la representación de la parte demandada por apoderado judicial durante el proceso permitió la acreditación de las agencias en derecho, cuyo valor fue fijado dentro del rango establecido por el Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia, se aplicará a la parte demandante conforme a los artículos 188 del Código Procesal Administrativo y 365 numeral 3 y 366 del Código General del Proceso, siendo competencia del tribunal de primera instancia la tasación y liquidación de estas.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte el asunto de “interés público”?¿Cómo la parte demandada estuvo representada por apoderado judicial durante el proceso, las agencias en derecho se acreditaron?¿Se condenará en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante?
¿Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas no acreditadas dentro del plazo de ejecución contractual? Sí
El contratista no puede exigir válidamente el cumplimiento de desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estas obligaciones están sujetas a condiciones suspensivas no cumplidas dentro del plazo de ejecución contractual, según establece la Sala. La entidad estatal puede negarse a realizar estos desembolsos si las condiciones suspensivas no se han acreditado, ya que la exigibilidad de dichas obligaciones depende de la ocurrencia de dichos eventos futuros. La Sala reitera que la realización de los desembolsos debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el convenio, y que la falta de cumplimiento de estas condiciones dentro del plazo contractual impide que la obligación se haga exigible. Esto implica que la entidad estatal no incumple el convenio al no efectuar los desembolsos cuando las condiciones no se han cumplido, y que la Sala revoca la decisión de declarar probada la excepción de contrato no cumplido en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió el convenio de asociación al no efectuar el segundo y tercer desembolsos pactados…¿Vulnera el principio de congruencia y el debido proceso que el juez declare probada una excepción no propuesta expresamente por la parte demandada, si está debidamente acreditada en el expediente?¿Puede declararse la responsabilidad contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por el supuesto incumplimiento de su obligación de liquidar bilateralmente un convenio…
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
¿La ausencia de salvedades en los actos modificatorios suscritos para prorrogar el plazo de ejecución contractual, revela una plena conformidad de las partes, que enerva los vicios de la omisión en la planeación inicial? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden subsanar vicios de planeación inicial mediante acuerdos modificatorios que adicionen tiempo y valor al contrato, siempre y cuando estos ajustes estén respaldados por justificaciones técnicas y sean aceptados libremente por ambas partes sin reproches en el momento de la firma. La ausencia de salvedades en estos actos modificatorios revela una plena conformidad entre las partes, mitigando así las consecuencias negativas del incumplimiento original y permitiendo el cumplimiento efectivo del objeto contractual. La Sala reitera que la carga de la prueba para acreditar daños por falta de planeación recae sobre el contratista, quien debe demostrar con certeza el tiempo y costo adicionales generados, lo que no ocurrió en este caso. Esta regla fortalece la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y permite una mayor flexibilidad en la ejecución de contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplieron los presupuestos procesales de competencia, oportunidad y legitimación para estudiar de fondo el asunto?¿La sustentación del recurso de apelación estuvo dirigida a enjuiciar el incumplimiento del deber de planeación, en el marco de la teoría de la responsabilidad contractual y no en virtud de la figura…¿De acuerdo con el principio de planeación, la Administración debe adelantar las gestiones necesarias para conseguir que el objetivo de la contratación se cumpla diligente y oportunamente…
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del…¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero…¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo…¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por activa para promover un medio de control de controversias contractuales cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a su existencia como persona jurídica. La entidad estatal, en este caso el municipio, y los particulares que suscribieron el acto constitutivo de la sociedad de economía mixta, sí ostentan dicha legitimación. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones, siempre y cuando éstas excedan los 500 SMLMV. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en este tipo de casos, ampliando su alcance en controversias contractuales de mayor cuantía.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales cuando se pretende la declaratoria de incumplimiento de un ente territorial derivado de la suscripción de un acto constitutivo…¿Carece de legitimación en la causa por activa una sociedad de economía mixta cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a…¿Es requisito esencial para la constitución válida de una sociedad de economía mixta en Colombia contar con una autorización legal o reglamentaria previa…
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles?¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial?¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…
¿Se cumplieron los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente al fallo de primera instancia en la que se condenó a la entidad territorial por incumplimiento del contrato interadministrativo? Sí
El contratista cumple con los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente a una condena por incumplimiento de contrato interadministrativo, siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia, la cuantía de la condena supere los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el fallo no haya sido apelado. En este caso, la demanda se presentó en 2011, por lo que se rige por el Código Contencioso Administrativo de 1984, y la Sala es competente para conocer del asunto debido a la procedencia del grado jurisdiccional de consulta. La entidad territorial fue condenada por incumplimiento del convenio interadministrativo, y dado que el fallo no fue apelado y cumplía con los requisitos de cuantía y doble instancia, la Sala confirmó la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, lo que implica que el proceso puede continuar en esta instancia sin necesidad de un recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional está legitimada en la causa por activa y el Municipio por pasiva…¿El convenio interadministrativo celebrado entre las partes tuvo por objeto la ejecución de obras viales con recursos aportados por Acción Social…¿Para el cómputo del término de caducidad de la acción contractual es necesario determinar en qué momento se realizó la liquidación unilateral del convenio interadministrativo y si previamente…
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
¿Se aportó al proceso el clausulado de la póliza que permitiera determinar cuáles fueron los amparos otorgados por la aseguradora? No
Aclaro que la imposibilidad de determinar si el no reintegro de los recursos entregados a [la asociación indígena] estaba cubierto por la garantía del convenio derivó del hecho consistente en que no se aportó al proceso el clausulado de la póliza que permitiera determinar en forma inequívoca cuáles fueron los amparos otorgados por [la aseguradora] en este específico asunto, por lo cual acompañé la decisión de hacer efectivo el amparo de cumplimiento únicamente hasta el monto del valor de la cláusula penal reducida en proporción al porcentaje de cumplimiento, aspecto que la aseguradora no discutió.