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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición

Sentencia — Sentencia 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 11001032600020150014500 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
En la acción de repetición, la jurisdicción administrativa conoce de los procesos contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, y el Consejo de Estado conoce en única instancia de estas demandas cuando el demandado es un servidor de alto nivel. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 atribuyen el conocimiento de la repetición a la jurisdicción contencioso administrativa. Segunda, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA fija la competencia en única instancia del Consejo de Estado para ese tipo de demandas. En el caso, la providencia concede el recurso y reconoce que la controversia corresponde a esta corporación. En la práctica, la demanda de repetición contra un servidor de alto nivel debe presentarse ante el Consejo de Estado en única instancia, y no ante un tribunal administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el… ¿El término para la presentación de la demanda en el medio de control de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad? ¿El demandado está legitimado en la causa al desempeñarse como director del DAS en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso que derivó en la condena de esa entidad?
CONCEDE
Consejo de Estado Providencia

El Juez se encuentra facultado para decidir sobre las excepciones previas y mixtas

Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas 2024-07-15 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020160000800 LEY 1437 REPETICION
¿De acuerdo con la norma aplicable, el Juez se encuentra facultado para decidir sobre las excepciones previas y mixtas, antes de la audiencia inicial? Sí
Las excepciones previas y mixtas deben decidirse de fondo por el juez o magistrado sustanciador antes de la audiencia inicial, cuando esta aún no se ha iniciado. Esta regla se apoya en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, que hace aplicables sus modificaciones a los trámites no iniciados, y en la finalidad de esa reforma de dotar a la jurisdicción de mayor agilidad para evitar un desgaste innecesario. Por ello el pronunciamiento sobre estas excepciones no se aplaza hasta la audiencia inicial. Esta regla evita que el proceso se prolongue con cuestiones que pueden resolverse de manera anticipada. En el caso concreto las excepciones previas fueron propuestas antes de la audiencia inicial y el despacho las resolvió de fondo, declarándolas no prósperas. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la resolución anticipada de excepciones previas y mixtas es obligatoria antes de la audiencia inicial.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del medio de control de repetición en única instancia, cuando se ejerza contra representantes legales de los órganos y entidades del orden… ¿Se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la Agencia Nacional de defensa jurídica del Estado? ¿Procede la desvinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, a su vez, reconocer al Patrimonio Autónomo "PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica Extinto Departamento…
NO PROSPERA
Consejo de Estado Providencia

Puede el juez prescindir de la audiencia de pruebas

Auto interlocutorio — Auto que prescinde de audiencia de pruebas 2025-06-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020150003800 LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez prescindir de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPACA cuando las pruebas son documentales y ya fueron trasladadas para su contradicción? Sí
En principio, sería del caso fijar fecha y hora para realizar la audiencia de pruebas de la que trata el artículo 181 del CPACA e incorporar las pruebas documentales allegadas, si no fuera porque existe fundamento Constitucional y Legal para prescindir de la aludida audiencia y ordenar la incorporación de la prueba en el presente auto.… Con el fin de agilizar el proceso judicial y cumplir el mandato de la Ley 2213 de 2022, es posible prescindir de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPACA porque: a) las pruebas que deben practicarse son pruebas documentales que reposan en el expediente y fueron objeto de traslado para que se surtiera la contradicción de las mismas, b) por economía procesal y eficacia…
PRESCINDE
Consejo de Estado Providencia

Debe ser atribuido en primera instancia a un tribunal administrativo.

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-05-08 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020250001500 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal Administrativo del Tolima es a quien corresponde la competencia para conocer del presente asunto y proveer sobre su admisibilidad en primera instancia, teniendo en cuenta el lugar donde se ejecutó el convenio interadministrativo, debido a que el objeto de la pretensión de nulidad de la demanda de controversias contractuales versa sobre un otrosí del cual se estima con claridad que el litigio carece de cuantía y, considerando, que en el caso concreto se involucra una entidad del orden nacional? Sí
Las controversias contractuales que carecen de cuantía y en las que interviene una entidad del orden nacional se atribuyen en primera instancia a los tribunales administrativos, por la cláusula residual de competencia del numeral 26 del artículo 152 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, cuando ninguna otra regla especial determina el juez competente. Cuando la pretensión de nulidad recae sobre un otrosí que solo modifica el plazo de un convenio interadministrativo y las garantías que lo amparan, el litigio carece de cuantía. En cuanto a la competencia territorial, esta se define por el lugar donde se ejecutó el convenio, que en el caso concreto fue el municipio demandado. La demanda de nulidad de un otrosí celebrado dentro de un convenio es, por su objeto, una demanda de controversias contractuales conforme al artículo 141 del CPACA. En el caso concreto, el auto declaró la falta de competencia del juzgado y remitió el expediente al tribunal administrativo del departamento donde se ejecutó el convenio. Como consecuencia práctica, la demanda de controversias contractuales sin cuantía que involucre una entidad nacional debe presentarse ante el tribunal del lugar donde se ejecutó el contrato.síntesis automática
REMITE POR COMPETENCIA
Consejo de Estado Providencia

No puede ser ejercida en los términos en los que la regula el Estatuto de Contratación Pública, por entidades que no han sido facultadas, al ser excluidas de sus disposiciones.

Sentencia — Sentencia 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130127402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos excluidos de la Ley 80 de 1993, el tiempo para presentar la demanda debe contarse desde que se finaliza el contrato o desde que termina el plazo pactado para liquidar el contrato -sea bilateral o unilateral- sin que sea posible adicionar los términos regulados en esa ley, por ello en este caso operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales, pues el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación? Sí
En los contratos excluidos del Estatuto General de Contratación, por regirse por el derecho privado, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación, bilateral o unilateral, y que la caducidad, como presupuesto procesal de orden público, debe declararse de oficio cuando se configura. Una razón es que el contrato se celebró para ejecutar recursos de un fondo público con un objeto que correspondía a un proyecto propio de esa entidad, de modo que su régimen es, en esencia, de derecho privado conforme a la Ley 487 de 1998. Otra razón es que en ese régimen no se adicionan los términos de la Ley 80 de 1993, por lo que la oportunidad para demandar no depende de la finalización del contrato sino del vencimiento del plazo de liquidación. En el caso, la demanda se presentó fuera de ese término, y la Sala revocó la decisión de fondo para declarar la caducidad. Su consecuencia práctica es que, en contratos de derecho privado, el plazo para demandar corre desde el vencimiento del término pactado para liquidar.síntesis automática
También resuelve: ¿Al revocarse en su totalidad la sentencia de primera instancia, la parte vencida, en este caso la demandante, debe ser condenada a pagar las costas de ambas instancias?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado alterar el turno estricto de decisión

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020190006300 LEY 1437 REPETICION
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y el Acta n.º 15 del 5 de mayo de 2005, en razón de la naturaleza del asunto y de la prelación temática definida por la Sección? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, basándose en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y la Acta 15 del 5 de mayo de 2005, en virtud de la naturaleza del asunto y la prelación temática definida por la Sección. Esta facultad permite priorizar casos de repetición contra exfuncionarios públicos, contribuyendo a la celeridad procesal y a la descongestión de despachos judiciales, sin desconocer el principio de autonomía judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿Al existir una condena judicial firme impuesta al Estado y acreditar que el exservidor público actuó con dolo o culpa grave en la producción del daño… ¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial personal del demandado en la acción de repetición, cuando se encuentra acreditado que el DAPRE pagó el capital de la condena impuesta en el proceso de… ¿Debe prosperar el medio de control de repetición contra el exdirector del DAPRE, al estar acreditada su calidad de agente estatal para la época de los hechos y configurarse el supuesto de la…
CONCEDE
Consejo de Estado Providencia

El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado

Sentencia — Sentencia 2024-06-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190086702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
La entidad estatal expide el acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo dentro de los términos temporales previstos en la Ley 1150 de 2007 cuando las partes no han pactado un plazo convencional distinto, debiendo verificarse la competencia temporal de la administración en el momento en que se profiere el acto. Los contratos interadministrativos suscritos entre entidades públicas para cumplir finalidades misionales y de interés público se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, debiendo ser objeto de liquidación los contratos de tracto sucesivo y aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, garantizando los elementos de existencia y validez de los actos administrativos contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos… ¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y… ¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El demandado incumplió las obligaciones del convenio de asociación

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 08001233300020180056001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El demandado incumplió las obligaciones del convenio de asociación? Sí
El contratista incumple las obligaciones del convenio de asociación cuando no logra emplear al 60% de las personas capacitadas, no ejecuta el monto reclamado ni presenta los informes financieros requeridos, lo que lleva a la entidad estatal a solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato. La Sala revoca la sentencia de primera instancia porque no se configura la excepción de pleito pendiente, ya que la existencia de un proceso de reorganización empresarial no impide adelantar un proceso declarativo para declarar el incumplimiento del contrato. Además, la Sala establece que la cláusula penal pactada por las partes no puede ser reducida cuando las partes expresamente pactaron que esta se aplicaría incluso por incumplimientos parciales. Asimismo, la entidad contratante no hizo uso de las facultades que tienen las entidades públicas para declarar el incumplimiento, cuantificar los perjuicios, imponer multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Por último, la Sala no puede declarar la prescripción de la póliza de seguro de cumplimiento cuando la aseguradora no alegó la configuración de la prescripción en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de un proceso de reorganización empresarial impide que se adelante un proceso en el que se solicite la declaratoria de incumplimiento de un convenio, es decir, un proceso declarativo? ¿Puede reducirse la cláusula penal cuando las partes pactan que esta es aplicable incluso por incumplimientos parciales de la obligación? ¿La entidad contratante hizo uso de las facultades que tienen las entidades públicas para declarar el incumplimiento, cuantificar los perjuicios…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Auto de medio de control de repetición: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar 2024-05-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020220020300 LEY 1437 REPETICION
¿Las providencias judiciales que allegó la demandante al expediente acreditan el requisito consistente en la existencia de la prueba sumaria del dolo con la que al parecer actuó el demandado? Sí
Cuando se solicitan medidas cautelares en un proceso de repetición, la entidad debe aportar prueba siquiera sumaria del dolo o la culpa grave de la conducta del demandado, aun cuando se apliquen las presunciones de la Ley 678 de 2001, porque esa prueba garantiza la proporcionalidad de la medida y su necesidad para asegurar el eventual fallo condenatorio. La regla se sostiene en tres razones: la finalidad de la medida es proteger el erario y garantizar el cumplimiento de la sentencia, lo que exige un mínimo de apariencia sobre la conducta; las copias de providencias penales que declaran responsable al agente por delitos contra la administración pública y de la sentencia de responsabilidad patrimonial que califica su conducta como dolosa constituyen prueba sumaria suficiente; y la jurisprudencia de la corporación ha reiterado este estándar. En el caso, se decretaron las medidas cautelares porque los documentos aportados acreditaban esa prueba sumaria, sin que la decisión prejuzgue la sentencia de fondo. El documento reitera la jurisprudencia de la corporación sobre medidas cautelares en la repetición; la consecuencia práctica es que la demanda de repetición debe acompañar copia de las providencias que sustentan la conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la solicitud de medida cautelar elevada por la parte demandante consistente en que se ordene el embargo y secuestro de unos bienes inmuebles de propiedad del demandado y la consecuente… ¿Debe la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República prestar caución por la suma equivalente al veinte por ciento 20% del valor de las pretensiones formuladas en la demanda…
DECRETA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Capacidad para comparecer al proceso: el Estado ha acudido a aquel tipo de prestación en variados frentes

11001032600020240008000 de 2025 2025-11-24 Rad. 11001032600020240008000
El contratista no puede demandar la nulidad de un contrato de prestación de servicios basándose en la inconstitucionalidad de decretos legislativos que ya fueron declarados inexequibles, ya que estos decretos no tienen sustento jurídico y su efecto no puede ser derivado para anular contratos celebrados por entidades estatales. La entidad estatal, en este caso la Nación, tiene capacidad para comparecer al proceso y está debidamente representada por el Presidente de la República y sus directores de departamentos administrativos, quienes suscriben los actos administrativos enjuiciados. La Sala reitera la importancia de la representación judicial adecuada de las entidades estatales y la necesidad de que los actos administrativos sean proferidos por las personas de mayor jerarquía competentes, lo que garantiza la legalidad y el debido proceso.síntesis automática
También resuelve: Capacidad para comparecer al proceso: Ley 1437 de 2011 artículo 159 Representacion: jefe de estado, entidades públicas, competencia Representación de carácter judicial: Ley 1437 de 2011 artículo 159, ministro, director del departamento administrativo
Consejo de Estado Providencia

La Sala negará las pretensiones y condenará en costas a la parte actora

Sentencia — Sentencia 2023-12-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020180002700 LEY 1437 REPETICION
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve: ¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley? ¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante? ¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
NIEGA
Consejo de Estado Concepto

¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado?

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2026-10-22 Sala Consulta y Servicio Civil MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA Rad. 11001030600020220010700 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado? Sí
Las sociedades de economía mixta integran la estructura de la Administración Pública y pertenecen al nivel descentralizado, de modo que la creación por parte del Estado de asociaciones o sociedades y su sujeción en ciertos aspectos a las normas de derecho privado no comporta que dejen de ser parte de la organización estatal ni se conviertan en entidades particulares o privadas; por tanto, en la medida en que cumplen actividades industriales y comerciales conforme al derecho privado, participan legalmente de características dentro de las cuales no cabe el ejercicio de función administrativa, conforme al artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, concluyéndose que estas entidades estatales descentralizadas vinculadas a la Rama Ejecutiva no ejercen funciones públicas ni administrativas al desarrollar su objeto social en un marco de competencia regido por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve: ¿La Ley 1821 de 2016 aumentó a 70 años la edad de retiro forzoso y la extendió a los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas no sometidos con anterioridad a esa causal? ¿La edad de retiro forzoso es una causal objetiva de retiro del servicio, cuya aplicación debe atender criterios de razonabilidad? ¿El parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, faculta al empleador para solicitar el reconocimiento de la pensión en nombre del trabajador…
Consejo de Estado Providencia

Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170234401 LEY 1437 REPETICION
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? Sí
La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogación, y que, cuando los hechos son posteriores a esa vigencia, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, los hechos anteriores a la vigencia de la ley continúan regidos por la normativa anterior, mientras que los posteriores quedan sometidos a ella. Segunda, el contrato de compraventa del caso fue suscrito con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, de modo que sus aspectos sustanciales se rigen por esa ley. Tercera, el régimen aplicable determina las presunciones de dolo y de culpa grave, que el juez debe valorar conforme a esa normativa. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho generador, y no la de la demanda, define la ley sustancial que rige la repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿La conducta del demandado en condición de director técnico de predios del IDU, puede ser calificada como gravemente culposa en aplicación del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir… ¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El inciso final del numeral 5 del artículo 24 establece que son “ineficaces de pleno derecho” las estipulaciones de los pliegos de condiciones y de los contratos estatales que contravengan las exigencias que se consagran en este numeral, relativas a las reglas que deben acatarse para la elaboración.

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020210049001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La aplicación de la figura de la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual, estaba subordinada a la declaratoria judicial de nulidad? No
La ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual no se subordina a la declaratoria judicial previa de nulidad, porque opera por ministerio de la ley cuando se constata la causal que la establece, y que solo la ley puede atribuir esa consecuencia. Una razón es que a diferencia de las nulidades de los actos jurídicos, la ineficacia no depende de la invocación de causales ni de una pretensión de nulidad, y el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 declara ineficaces de pleno derecho las estipulaciones que contravienen sus exigencias. Otra razón es que la ineficacia produce el efecto de una sanción in limine, de modo que el juez solo debe pronunciarse cuando exista controversia entre los contratantes sobre su configuración. En el caso, la Sala se apartó del razonamiento del tribunal que exigía una pretensión de nulidad para estudiar la ineficacia de la cláusula, y confirmó la decisión por otros fundamentos. La providencia cita precedente de la Subsección sobre la ineficacia de pleno derecho; su consecuencia práctica es que la cláusula ineficaz puede desconocerse sin necesidad de demandar su nulidad, aunque la controversia sobre su configuración debe resolverla el juez.síntesis automática
También resuelve: ¿Para solicitar o declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, deben invocarse las causales que taxativamente están previstas en la ley contractual? ¿La imprecisión técnica en la que incurrió el demandante al invocar las causales de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato… ¿Resulta posible supeditar el pago del contrato de interventoría al cumplimiento del contrato supervisado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En el recorrido de entrega únicamente se identificó un aspecto pendiente de ser corregido por el contratista de obra

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020190040601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar que entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Ejército Nacional se celebró el convenio interadministrativo No. 8 de 2012, cuyo objeto fue cumplido por parte de dicho Instituto? Sí
El contratista cumple con el objeto del convenio interadministrativo celebrado con la entidad estatal cuando ejecuta la obra civil y entrega el acta de recibo final, acreditando así el cumplimiento de las obligaciones pactadas, independientemente de los aportes económicos realizados por la entidad. En este caso, el IDU y el Ejército Nacional celebraron el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 para la construcción de la Alameda, y el IDU cumplió con sus obligaciones al contratar y supervisar la obra, entregando la Alameda al Ejército Nacional en septiembre de 2015. A pesar de que el Ejército Nacional no aportó el capital completo estipulado en el convenio, el IDU ejecutó la obra y recibió los rendimientos financieros correspondientes, lo que demuestra el cumplimiento del convenio por parte del IDU, reiterando la importancia de la ejecución efectiva de las obras para declarar el cumplimiento del convenio interadministrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó que el Instituto de Desarrollo Urbano incurrió en gastos adicionales para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo No. 8 de 2012… ¿Resulta procedente declarar judicialmente liquidado el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 con un saldo a favor del Instituto de Desarrollo Urbano… ¿Resulta procedente reconocer intereses moratorios sobre el saldo a favor del IDU, a pesar de que dicho valor corresponde al perjuicio material en la modalidad de daño emergente?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-05-11 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020020205501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó el incumplimiento del contratista? ¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato? ¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
Consejo de Estado Providencia

Debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde la fecha en la cual se efectuó el pago

Sentencia — Sentencia 2024-04-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020190003700 ACCION DE REPETICION
¿La demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde la fecha en que efectivamente se realiza el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la entidad para pagarla, según el literal l del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Ese plazo es de diez meses conforme al artículo 192 del mismo código, salvo que la condena haya sido proferida en un proceso tramitado bajo el Código Contencioso Administrativo y se ordenó sufragarla en sus términos, caso en el que se aplica el plazo de dieciocho meses del artículo 177 de ese código. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la codificación aplicable al proceso de origen determina el plazo de pago de la condena. Segundo, la caducidad solo se configura si la demanda se presenta después de vencido el término. La providencia niega la excepción de caducidad y concluye que la demandante ejerció su derecho de acción en tiempo; en la práctica, la entidad que pretenda repetir debe identificar primero la codificación del proceso de origen para fijar el plazo de pago y el término de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales? ¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa al haber proferido la resolución 901 del 8 de agosto de 2007, mediante la cual se declaró la insubsistencia de un subalterno con desviación de… ¿La sentencia judicial que condena al Estado es prueba suficiente de la conducta del agente, es decir, que la misma acredita el dolo o la culpa grave con la que actúo el demandado en el medio de…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La demanda contencioso administrativa debe explicar con claridad el concepto de la violación para evitar la prosperidad de la excepción de inepta demanda.

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020120115101 ACCION CONTRACTUAL
¿La demanda cumple los requisitos formales previstos en los artículos 137 y 138 del CCA y 75 del CPC que permiten el examen de fondo de las pretensiones de nulidad contra las resoluciones que liquidaron el contrato n.º 137 de 2005? Sí
El demandante formula sus pretensiones con precisión y claridad, explicando el concepto de la violación mediante la identificación de las normas y las razones de su infracción conforme a los artículos 137 y 138 del CCA y 75 del CPC. En este proceso de controversias contractuales respecto al contrato n.º 137 de 2005, la excepción de inepta demanda no prospera al cumplirse los requisitos formales. Asimismo, una vez liquidado el contrato, no resulta viable ordenar la reinversión de recursos del espacio público no ejecutados durante su vigencia, pues equivaldría a reanudar el plazo contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Las copias simples tienen valor probatorio dentro del proceso, conforme al precedente de unificación de la Sección Tercera? ¿El DADEP incumplió los deberes propios del proceso de liquidación al omitir el reconocimiento de las indemnizaciones laborales que CORPOCIEN alegó? ¿La orden de restituir a la entidad contratante el saldo resultante de la liquidación, en vez de autorizar su reinversión en la zona…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Licencia ambiental: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020020179402 ACCION CONTRACTUAL
¿Constituía un requisito legal obligatorio la obtención previa de la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación pública para la construcción del horno crematorio en el Cementerio Sur? No
El contratista no está obligado a obtener la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación para la construcción del horno crematorio, ya que esta no era un requisito legal previo según el pliego de condiciones y el Decreto 1753 de 1994. Sin embargo, una vez que el contratista asume la construcción del horno crematorio en su oferta, la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental recae sobre él, conforme a la cláusula del contrato y las reglas de buena fe y equidad natural del derecho privado. Esto implica que el concesionario debe asumir los costos y riesgos asociados a la obtención de la licencia ambiental, en línea con la naturaleza del contrato de concesión y su marco normativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Estaba obligada la UESP a gestionar la licencia ambiental para una obra no exigida en el pliego de condiciones antes de la suscripción del contrato? ¿Recaía en el concesionario la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental para la construcción del horno crematorio, en virtud del contrato y de las reglas supletorias del derecho privado? ¿Corresponde al concesionario, en virtud del contrato de concesión y su marco normativo, asumir la gestión y costos de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del horno…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Constitución política: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-03-20 Sección Primera NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON Rad. 68001233300020230073902 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Obiter dictum No
El candidato que obtuvo la segunda mayor votación en elecciones uninominales para presidente, vicepresidente, gobernador o alcalde tiene el derecho personal de decidir si acepta o no el llamado a ocupar una curul en la corporación pública correspondiente, según dispone el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. Este derecho debe ser manifestado por escrito y sin posibilidad de retracto ante la comisión escrutadora dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección, conforme a la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral. La Sala reitera que este plazo y la prohibición de retracto garantizan el buen funcionamiento de la organización electoral y la seguridad jurídica, y que la falta de posesión del cargo dentro del plazo legal puede acarrear la pérdida de investidura, salvo en caso de fuerza mayor, según el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617.síntesis automática
REVOCA