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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles

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Fecha
2023-11-20
Radicado
25000233600020130127402
Número interno
63998
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
PROESA CONSULTORES S.A.S.
Demandado
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles

Regla de decisión

No puede ser ejercida en los términos en los que la regula el Estatuto de Contratación Pública, por entidades que no han sido facultadas, al ser excluidas de sus disposiciones.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

En los contratos excluidos del Estatuto General de Contratación, por regirse por el derecho privado, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación, bilateral o unilateral, y que la caducidad, como presupuesto procesal de orden público, debe declararse de oficio cuando se configura. Una razón es que el contrato se celebró para ejecutar recursos de un fondo público con un objeto que correspondía a un proyecto propio de esa entidad, de modo que su régimen es, en esencia, de derecho privado conforme a la Ley 487 de 1998. Otra razón es que en ese régimen no se adicionan los términos de la Ley 80 de 1993, por lo que la oportunidad para demandar no depende de la finalización del contrato sino del vencimiento del plazo de liquidación. En el caso, la demanda se presentó fuera de ese término, y la Sala revocó la decisión de fondo para declarar la caducidad. Su consecuencia práctica es que, en contratos de derecho privado, el plazo para demandar corre desde el vencimiento del término pactado para liquidar.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En los contratos excluidos de la Ley 80 de 1993, el tiempo para presentar la demanda debe contarse desde que se finaliza el contrato o desde que termina el plazo pactado para liquidar el contrato -sea bilateral o unilateral- sin que sea posible adicionar los términos regulados en esa ley, por ello en este caso operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales, pues el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 2467 de 2005, art. 31
  • Decreto Ley 01 de 1984, art. 136 núm. 10
  • Ley 1150 de 2007, art. 11

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

Previo a pronunciarse sobre el objeto de la apelación, la Sala se detiene en el análisis de la oportunidad de la demanda, toda vez que, además de ser un presupuesto procesal de la acción, la caducidad es una institución de orden público y, por tanto, indisponible e irrenunciable que, de haberse configurado, debe ser declarada por el juez, incluso de oficio.… En este caso, a la luz de las pruebas arrimadas al expediente, la Sala encuentra que la demanda se presentó por fuera del término establecido por la ley procesal y, por ende, se encuentra afectada por la ocurrencia del fenómeno de caducidad lo que impide su estudio y decisión de fondo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULA AMBIGUA INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA REQUISITOS DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PRESUPUESTO PROCESAL PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA DE ORDEN PÚBLICO APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA SENTENCIA APELADA

Guías del tema

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CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL / FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ / FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULA AMBIGUA / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO Problema jurídico: ¿En los contratos excluidos de la Ley 80 de 1993, el tiempo para presentar la demanda debe contarse desde que se finaliza el contrato o desde que termina el plazo pactado para liquidar el contrato -sea bilateral o unilateral- sin que sea posible adicionar los términos regulados en esa ley, por ello en este caso operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales, pues el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si Previo a pronunciarse sobre el objeto de la apelación, la Sala se detiene en el análisis de la oportunidad de la demanda, toda vez que, además de ser un presupuesto procesal de la acción, la caducidad es una institución de orden público y, por tanto, indisponible e irrenunciable que, de haberse configurado, debe ser declarada por el juez, incluso de oficio. (...) En este caso, a la luz de las pruebas arrimadas al expediente, la Sala encuentra que la demanda se presentó por fuera del término establecido por la ley procesal y, por ende, se encuentra afectada por la ocurrencia del fenómeno de caducidad lo que impide su estudio y decisión de fondo. Lo anterior con fundamento en las razones de hecho y de derecho que pasan a exponerse. (...) el contrato n°. 276 de 2009, en el que se sustentan las pretensiones de la demanda, se celebró para ejecutar los recursos del Fondo de Inversión para la Paz y su objeto consistió en la realización de un proyecto a cargo de dicho Fondo. En este sentido, la Sala considera que se enmarca dentro del supuesto del artículo 8 de la Ley 487 de 1998 en concordancia con el artículo 31 del Decreto 2467 de 2005 –vigente al momento de celebración del contrato– y, por tal motivo, su régimen corresponde, en esencia, al derecho privado. Valga precisar que esta Corporación ha sostenido que los contratos que celebra el Departamento para la Prosperidad Social, en su condición de administrador del Fondo de Inversión para la Paz, se rigen por el derecho privado (...) Precisado lo anterior, se aprecia que el negocio jurídico materia de examen contiene los acuerdos a los que llegaron las partes para efectos de llevar a cabo su liquidación. (...) Del sentido literal de la cláusula, por sus contradicciones, no es posible determinar de manera clara e inequívoca cuál sería la modalidad –bilateral o unilateral– en la que se adelantaría la liquidación del contrato de consultoría n°. 276 de 2009. Por el contrario, los términos en los que fue redactada son confusos, en la medida en que, si bien la primera parte parecería indicar que la contratante podía liquidar unilateralmente el contrato dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, a reglón seguido refiere a la necesidad de la firma del acta de liquidación por parte del consultor. Asimismo, la cláusula se refiere a un contrato de obra que no guarda relación con el objeto del contrato que se examina - consultoría para la elaboración y entrega de estudios y diseños para proyectos de acueducto y saneamiento básico-. En esa medida, la Sala debe interpretar dicha cláusula (...) Con los elementos referidos, la Sala tiene certeza de que las partes acordaron y entendieron que concurrirían a la liquidación del contrato, lo cual, como acaba de verse, no se cumplió en este caso. (...) En línea con lo expuesto, como el contrato de consultoría n°. 276 de 2009 no se rige por la Ley 80 de 1993, no hay lugar a aplicar las disposiciones de ese estatuto frente a los plazos de la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad. En efecto, la Sala ha sostenido, en criterio que ahora se reitera, que el término de caducidad para estos negocios jurídicos, deberá contarse desde el vencimiento del plazo de ejecución o del término para liquidarlo pactado en el contrato, sin que pueda adicionarse el plazo de dos meses para la liquidación unilateral regulada en ese estatuto. (...). La Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades sometidas a sus disposiciones se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley (art. 13). De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles y se inspira en el postulado de la autonomía de la voluntad, salvo lo regulado por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones. Esas normas se elevan a la categoría de orden público y tienen por fin garantizar que se cumplan los fines del Estado, pues tiene por fin la conservación y prevalencia del interés general, así como la satisfacción de las necesidades de la comunidad, conforme al artículo 3 de la Ley 80 de 1993. (...). Una de esas prerrogativas es la liquidación unilateral del contrato (artículo 11 de la Ley 1150 de 2007) pues ella refleja el poder de imperio del Estado, la cual se inspira en la necesidad de proteger de manera efectiva el patrimonio público y, por lo mismo, el interés general. Se trata, pues, de una competencia sometida al principio de legalidad, mediante la cual se faculta a la entidad contratante a liquidar unilateralmente el contrato, con efectos de dejar a paz y salvo a las partes en todo aquello que se deriva de su relación. Por ello, no puede ser ejercida en los términos en los que la regula el Estatuto de Contratación Pública, por entidades que no han sido facultadas, al ser excluidas de sus disposiciones. (...) En tal sentido, el plazo de 2 meses para la liquidación unilateral del contrato previsto en la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones no puede tenerse en cuenta para determinar la oportunidad de la demanda en los contratos que se rigen exclusivamente por el derecho privado, pues la entidad no tiene esa prerrogativa dado el régimen jurídico del contrato. En los contratos excluidos de la Ley 80 de 1993, el tiempo para presentar la demanda debe contarse desde que se finaliza el contrato o desde que termina el plazo pactado para liquidar el contrato -sea bilateral o unilateral- sin que sea posible adicionar los términos regulados en esa ley. (...) la Sala precisa que, aunque la demanda se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que el término de caducidad inició antes de la entrada en vigencia de esta ley, pues empezó a correr el 1 de marzo de 2011 y el CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012, por lo cual, según lo establecido en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para determinar la oportunidad de la demanda se debe acudir al artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. (...) Entonces, para determinar el momento a partir del cual debió empezar a contarse el plazo de caducidad, la Sala debe acudir a lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 10 del artículo 136 del CCA –subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998–, por lo cual se debe realizar el cómputo a partir del día siguiente a aquél en el que feneció el plazo para liquidar bilateralmente el contrato según lo pactado, en la medida en que la entidad no estaba habilitada legal ni contractualmente para liquidarlo unilateralmente y porque a partir de ese momento se concretó el daño reclamado en la demanda por sobre costos e incumplimiento en el pago de los saldos reclamados en la demanda. (...) En consecuencia, de conformidad con lo expresado previamente, el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación, es decir, a partir del 1 de marzo de 2011, por lo cual feneció el 1 de marzo de 2013; como la demanda se presentó el 11 de julio de ese año, fuerza concluir que fue extemporánea. Se reitera que el término de caducidad no se empieza a contar dos (2) meses después de vencido el plazo convenido para la liquidación bilateral del contrato de consultoría n°. 276 de 2009, pues la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social– en su condición de administrador del Fondo de Inversión Para la Paz no estaba facultado ni legal ni contractualmente para liquidar unilateralmente el negocio jurídico. (...) Se advierte en este punto que, si bien Proeza Consultores S.A.S. presentó solicitud de conciliación prejudicial, ésta no tuvo la virtualidad de suspender el término de caducidad, en la medida que se radicó el 12 de abril de 2013 y el acta en la que consta como fallida la diligencia se expidió el 9 de julio de esa misma anualidad, es decir, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad, por lo cual no tuvo la virtualidad de afectarlo. (...) Aún en la hipótesis en que se tomara como fecha para el conteo de la caducidad el plazo que el interventor acordó con el contratista para la entrega de los productos pendientes, esto es, el 20 de noviembre de 2010, también habría operado el fenómeno preclusivo de la caducidad. (...) Como corolario, al encontrar acreditada la caducidad de la acción, la Sala se ve compelida a declararla aun cuando no hubiere sido alegada por la contraparte, pues, se reitera, se trata de un presupuesto procesal y de una norma de orden público que no puede ser desatendida. Esta determinación impone, a su vez, revocar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el pronunciamiento de oficio sobre la cauducidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación, del 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre el régimen privado de los contratos que celebra el Departamento para la Prosperidad Social, en su condición de administrador del Fondo de Inversión para la Paz, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2017, Rad. 2299. Sobre la interpretación del contrato conforme con la intención de las partes, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 3 de junio de 1946, en Gaceta Judicial, Tomo LX, nº. 2034, 2035 y 2036, p. 656 a 666. Sobre la liquidación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 65978, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 21 de noviembre de 2022, exp. 68616, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 2467 DE 2005 - ARTÍCULO 31, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 487 DE 1998 - ARTÍCULO 8, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1621, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA APELADA Problema jurídico: ¿Al revocarse en su totalidad la sentencia de primera instancia, la parte vencida, en este caso la demandante, debe ser condenada a pagar las costas de ambas instancias? Respuesta al problema jurídico: Si Por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, resulta aplicable al presente asunto el artículo 365 del CGP, el cual, en su numeral 4, dispone que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias, por lo que se condenará así a Proeza Consultores S.A.S. (...) En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. (...) Para la primera instancia, se debe tener en cuenta que en los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las agencias deben fijarse hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, conforme dispone el artículo 6 ibídem. Así las cosas, como la labor procesal del mandatario judicial de la parte demandada fue continuada y consistente en el transcurso de la primera instancia, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán teniendo en cuenta la relación porcentual de 3% del valor de las pretensiones económicas planteadas en la demanda –$468.308.343– y que serán negadas; por ende, se fijarán en la suma de catorce millones cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos ($14.049.250). (...) En lo que concierne a las agencias en derecho en segunda instancia, deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas de la sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo. En consideración a que la entidad demandada tuvo apoderado, pero éste no hizo pronunciamiento en esta instancia, se fija las agencias en derecho a cargo de Proeza Consultores S.A.S y a favor de la Nación-Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en dos millones trescientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y un pesos ($2.341.541), teniendo en cuenta la relación porcentual del 0.5% del valor de las pretensiones económicas de la demanda. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201301274021100103