Titulación de la relatoría 24.876 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / ACCIÓN CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN FORMA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿La demanda cumple los requisitos formales previstos en los artículos 137 y 138 del CCA y 75 del CPC que permiten el examen de fondo de las pretensiones de nulidad contra las resoluciones que liquidaron el contrato n.º 137 de 2005?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme al artículo 97.7 del CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA, la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones es una excepción previa. En armonía con esa disposición, los artículos 137 y 138 del CCA y 75 del CPC disponen que la demanda que se promueva debe contener lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las pretensiones se deben formular por separado, con observancia de lo dispuesto en el artículo 82 del CPC. La excepción de inepta demanda se configura –entre otros– cuando se omite el requisito previsto en el artículo 137.4 del CCA, relativo al deber de explicar el concepto de la violación. De conformidad con el criterio de la Sala, se entiende satisfecho este requisito cuando la demanda identifica al menos las normas que sirven de fundamento a las pretensiones, expone las razones de la infracción y señala la manera en que se habría configurado el vicio que da lugar a la nulidad. (...) En la demanda se pidió –como pretensiones declarativas– que se declarara la nulidad de las Resoluciones n°. 060 y 174 de 2010, mediante las cuales el DADEP liquidó unilateralmente el contrato n°. 137 de 2005 y determinó un saldo a su favor. En la demanda quedaron consignadas las razones en las que se fundamenta la solicitud de nulidad, según se pasa a explicar: De los hechos y fundamentos de derecho se desprende que la nulidad de los actos que liquidaron el contrato se fundamenta en que estos no reconocieron las indemnizaciones asumidas por CORPOCIEN con ocasión de la terminación de los contratos laborales. (...) De la lectura de la demanda se observan con claridad las normas que se considera fueron transgredidas por los actos acusados. En efecto, según la demanda, las resoluciones demandadas «carecen de los requisitos contractuales y legales para su validez», puesto que infringieron los artículos 1, 4-9, 5-3, 13, 14, 23 y 25 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 4.10 del contrato n°. 137 (...) Lo anterior, porque en el cruce final de cuentas no se reconocieron las indemnizaciones laborales que debían ser pagadas con el saldo resultante de la liquidación. Precisado lo anterior, la Sala considera que procede el estudio de fondo de las pretensiones de la demanda, ya que en este caso el concepto de la violación resulta comprensible y se enunciaron las normas que se estima fueron transgredidas. Por ello, la Sala revocará la decisión de primera instancia y se pronunciará de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 75, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 97 NUMERAL 7, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO LEY 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Las copias simples tienen valor probatorio dentro del proceso, conforme al precedente de unificación de la Sección Tercera?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.
ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIONES LABORALES / INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / ESPACIO PÚBLICO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALDOS A FAVOR / IMPROCEDENCIA DE SALDOS A FAVOR / FALTA DE PRUEBA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL / RECLAMACIÓN DE DERECHOS LABORALES / RECLAMACIÓN LABORAL / INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El DADEP incumplió los deberes propios del proceso de liquidación al omitir el reconocimiento de las indemnizaciones laborales que CORPOCIEN alegó?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a pretensión tercera consiste en que se autorice a CORPOCIEN a pagar, del saldo resultante de la liquidación del contrato n°. 137 de 2005, las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato, las cuales, según los fundamentos y hechos de la demanda, corresponden a las indemnizaciones laborales a cargo de CORPOCIEN con los trabajadores vinculados para la ejecución del contrato. En este caso no se pretende declarar o establecer la parte responsable del pago, puesto que desde la formulación de la demanda CORPOCIEN reconoció que el pago de las indemnizaciones laborales era una obligación a su cargo, sino lo que busca es cubrir dichas acreencias con el saldo resultante de la liquidación unilateral del contrato n°. 137 de 2005. (...) Finalmente, es importante precisar que, si bien en la demanda se reprochó la conducta de la entidad consistente en retirar «los muebles y enseres que se encontraban en las oficinas de Corpocien, bienes adquiridos con el dinero proveniente del aprovechamiento contratado» (...) y la «permisividad» del interventor del contrato –(...)– en las omisiones del director del proyecto –(...)–, lo cierto es que ninguna pretensión se dirige a una declaratoria de condena en este sentido, por lo que no es posible interpretar oficiosamente los mencionados reproches como una pretensión de responsabilidad contractual. Precisado lo anterior, lo que corresponde es definir –a partir de las pruebas que obran en el expediente– si las indemnizaciones laborales a cargo de CORPOCIEN debían ser reconocidas en el acto de liquidación unilateral del contrato. (...) El 2 de diciembre de 2005, la Corporación Cívica Calle Cien-CORPOCIEN y Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP celebraron el contrato nº. 137 para la administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio público en la localidad de Chapinero. Como Bogotá D.C.- DADEP fue parte del contrato, a sus contratos se aplica, además del derecho privado (artículo 13 de la Ley 80 de 1993), la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. (...) La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública se configura como el corte de cuentas destinado a verificar las acreencias pendientes en favor o en contra de cada parte y evaluar el estado de ejecución de las obligaciones correspondientes. Este proceso, comúnmente llevado a cabo al término del contrato, implica una operación con el propósito de: i) determinar la existencia de obligaciones pendientes, ii) analizar los saldos a favor y en contra, y iii) alcanzar un acuerdo que asegure la conformidad y liberación de las partes involucradas. En esencia, la liquidación representa un ajuste de cuentas que posibilita a las partes del acuerdo jurídico resolver las cuestiones relacionadas con las deudas y créditos mutuos. En la liquidación constarán acuerdos, conciliaciones y transacciones que ponen fin a discrepancias, permitiendo a las partes declararse en paz y salvo. La obligación de llevar a cabo la liquidación recae en contratos de ejecución sucesiva, aquellos en los cuales el objeto se realiza en etapas, así como en otros casos que lo requieran (art. 60 de la Ley 80 de 1993). La liquidación puede ser de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), unilateral por parte de la Administración, o incluso judicial. Ante el fracaso en la liquidación bilateral, la Administración tiene la facultad de realizar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto al recurso de reposición y control judicial. En ausencia de ambas modalidades, ya sea por inexistencia total o parcial, o por la pérdida de efectos vinculantes debido a la nulidad, corresponde al juez del contrato proceder a la liquidación. Así las cosas, la Sala pasa a determinar, con sujeción a las pruebas que obran en el expediente, si existen saldos pendientes entre las partes como consecuencia de unas presuntas indemnizaciones laborales y, en caso afirmativo, si procede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral por esta razón. (...) A partir de lo expuesto, se observa que CORPOCIEN estaba habilitada contractualmente para explotar económicamente los parqueaderos entregados en administración, y que los recursos obtenidos por dicho aprovechamiento debían ser reinvertidos en la zona, conforme los porcentajes establecidos en la cláusula cuarta del contrato: un 75% destinado al mantenimiento del área, hasta un 10% para gastos administrativos y hasta un 5% para imprevistos. En el contrato se estableció, expresamente, que no existiría relación laboral alguna entre el DADEP y los trabajadores vinculados a CORPOCIEN [cláusula séptima]. Las partes previeron la constitución de una póliza de cumplimiento con el amparo por falta de pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales [cláusula décima], cuyo alcance, además, fue reiterado en el acto de liquidación unilateral. Al vencimiento del plazo inicial de ejecución, ambas partes expresaron su voluntad de no prorrogar el contrato –según dan cuenta las comunicaciones del 31 de octubre y 18 de noviembre de 2008 (...), decisión que dio lugar al trámite de liquidación conforme a lo dispuesto en la cláusula décima quinta. Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo sobre el contenido de dicha liquidación, el DADEP procedió a efectuarla de manera unilateral mediante la Resolución nº. 060 de 2010 (...). Del contenido del acto de liquidación, se aprecia que la entidad efectuó el ejercicio contable correspondiente. Así, se estableció que existía un saldo sin ejecutar de $636’325.202, del cual se autorizaron gastos al contratista por $84’850.001 durante la etapa de liquidación, arrojando un saldo final a favor del DADEP por $551’475.201, que debía ser reintegrado por el contratista. Aun cuando en el acto de liquidación se hizo alusión a la existencia de «reclamaciones laborales» y el «inicio de demandas laborales» en contra de CORPOCIEN y el DADEP, lo cierto es que dicha mención no permite a la Sala tener por acreditada la efectiva existencia de tales reclamaciones. En efecto, la redacción de dicho aparte del acto de liquidación deja ver el carácter incierto de dichas reclamaciones, al señalar que los demandantes «supuestamente» fueron contratados por CORPOCIEN para atender la ejecución del contrato y mencionar la posibilidad de «eventuales» condenas por este concepto. Es claro que la entidad no verificó la procedencia de tales reclamaciones y, por ello, la Sala no puede inferir de esa única mención la existencia de obligaciones laborales derivadas del contrato nº. 137 de 2005. (...) referencia en el acto de liquidación a las posibles reclamaciones laborales tuvo como propósito dejar constancia de que, en caso de que se produjera una condena judicial contra el DADEP por algún concepto laboral, tal situación estaría cubierta por la póliza de cumplimiento constituida por CORPOCIEN. Ahora bien, como es sobre este punto, la existencia de indemnizaciones laborales, que recaen las pretensiones de la demanda, la Sala pasa a determinar si tales obligaciones se encuentran debidamente acreditadas en el proceso. (...) Se observa que CORPOCIEN reconoció expresamente en sus propias comunicaciones que, una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato nº. 137 de 2005, le correspondía adelantar los trámites necesarios para la terminación de los contratos laborales a término fijo. Tales gestiones incluían la notificación oportuna a los trabajadores y la obtención de autorizaciones, según el caso. De estos mismos documentos se desprende que dichas obligaciones fueron omitidas por el director del proyecto –vinculado laboralmente a CORPOCIEN–, lo que demuestra una conducta negligente que –como la propia demandante reconoció expresamente– habría dado origen a las indemnizaciones laborales cuyo pago pretende sea reconocido. A pesar de lo anterior, de los documentos antes analizados no se desprende que dichas omisiones hubieren generado efectivamente algún tipo de indemnización laboral que se encuentre pendiente. En efecto, aun cuando en sus comunicaciones CORPOCIEN hizo referencia a errores en la «política laboral del proyecto» a cargo del entonces director, (...) lo cierto es que no acompañó prueba alguna que acredite la existencia de reclamaciones concretas, condenas judiciales o conciliaciones que determinen el monto o procedencia de indemnizaciones laborales a su cargo. (...) Así las cosas, las comunicaciones antes relacionadas dan cuenta de una preocupación del contratista por los eventuales efectos de una deficiente gestión administrativa, pero no acreditan la existencia de las indemnizaciones laborales que se afirma están pendientes de pago. Por lo tanto, a partir de estos documentos no es posible acreditar la existencia, monto y mucho menos fundamento de las indemnizaciones laborales que se pide sean pagadas, razón por la cual no puede reconocerse –a partir de estos únicos documentos– un saldo a favor del contratista. Aunado al hecho de que no se encuentra acreditada la existencia de las indemnizaciones reclamadas, los documentos analizados también muestran una falta de diligencia por parte de CORPOCIEN, sin que sea posible trasladar las consecuencias de esa falta de gestión a la entidad contratante. En tal sentido, al omitir un efectivo control sobre la actuación del director del proyecto –quien dependía y estaba vinculado directamente a la corporación, como esta misma lo reconoció en la demanda–, CORPOCIEN asumió los eventuales resultados de su falta de diligencia, motivo adicional para negar el reconocimiento de los valores reclamados. (...) El segundo grupo está compuesto por i) el informe de auditoría del 10 de febrero de 2009 y ii) el documento denominado «gastos autorizados por el DADEP durante el periodo de liquidación contrato 137 de 2005» (...) Estos documentos tampoco dan cuenta de la existencia de algún saldo pendiente, y mucho menos de las presuntas indemnizaciones laborales que la demandante considera debieron ser reconocidas en la liquidación del contrato. Se reitera que en el expediente no obran reclamaciones ni demandas laborales presentadas por empleados de CORPOCIEN, ni tampoco existe prueba de una condena judicial o administrativa que acredite tales indemnizaciones.(...) Adicionalmente, la Sala observa que el valor autorizado por concepto de obligaciones laborales ($84’850.001) fue superior al registrado en la auditoría practicada por el DADEP a la gestión contractual de CORPOCIEN, donde dichas obligaciones ascendieron a $27’412.369. Esto demuestra, entonces, que cualquier obligación laboral pendiente al término del contrato fue cubierta con los pagos autorizados, sin que haya evidencia de acreencias laborales adicionales. (...) En definitiva, sobre la existencia de saldos pendientes a favor del contratista, consistentes, se reitera, en indemnizaciones laborales por la terminación de contratos, la Sala concluye que no quedaron acreditados, dado que no hay prueba alguna que ofrezca certeza sobre la efectiva formulación de las demandas laborales, y mucho menos sobre el resultado de estos presuntos procesos judiciales. Se observa que la demandante limitó su actividad probatoria a simples referencias y menciones a posibles reclamaciones laborales sin soporte alguno y en el expediente no obra ningún documento que respalde las pretensiones económicas de la demandante, en tanto no demuestran la existencia de algún saldo pendiente derivado de indemnizaciones laborales que deban ser reconocidas. Bajo este panorama, la demandante no logró acreditar la existencia de saldos pendientes a su favor y, por ello, no procede declarar la nulidad del acto de liquidación para reconocer alguna suma adicional. Es claro que a partir de las pruebas que obran en el proceso no es posible concluir que la demandante haya demostrado algún perjuicio o suma a su favor que deba ser reconocida como le correspondía, conforme a los artículos 1757 del CC y 177 del CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 del CCA, normas que rigieron el trámite del proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la finalidad del acto de liquidación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, exp. 12660, C.P. María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 15239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 18.971, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 14.287, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DISCUSIÓN DE SALDOS A FAVOR / IMPROCEDENCIA DE SALDOS A FAVOR / CONTRATANTE / PARQUEADERO PÚBLICO / SERVICIO PÚBLICO DE PARQUEADERO / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN SUCESIVA / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / ESPACIO PÚBLICO / USO DEL ESPACIO PÚBLICO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL EN DEBIDA FORMA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La orden de restituir a la entidad contratante el saldo resultante de la liquidación, en vez de autorizar su reinversión en la zona, vulnera las obligaciones surgidas del contrato y desconoce la extinción del vínculo contractual al momento de la liquidación?
Respuesta al problema jurídico: No
Finalmente, la demandante fundamentó también la nulidad del acto de liquidación en que este ordenó restituir el saldo a la entidad contratante, en vez de autorizar su reinversión en la zona. La demanda explicó que lo procedente era reinvertir en la zona el saldo que arrojó el acto de liquidación, por cuanto dichos recursos tenían una destinación específica según los términos del contrato. Sobre este punto es necesario precisar que la demandante no puede pretender seguir con la ejecución del contrato una vez extinto el vínculo contractual. Es decir, finalizado el plazo de ejecución y en firme la liquidación del contrato, no es posible pretender el cumplimiento contractual, puesto que para ese momento el vínculo se ha extinguido. Es importante señalar que en los contratos estatales de ejecución sucesiva el vínculo contractual no finaliza con el vencimiento del plazo de ejecución, sino que se extingue con la liquidación del contrato. (...) Así, lo normal y deseable es que la ejecución del objeto contractual se desarrolle dentro de la etapa correspondiente, es decir, dentro del plazo de ejecución convenido. Esa es la regla general. Por el contrario, pretender satisfacer las prestaciones contractuales o ejecutar recursos en la etapa de liquidación constituye una situación anormal y contraria a la finalidad misma de dicha fase, que no es continuar con la ejecución del contrato, sino realizar el respectivo cruce de cuentas y extinguir adecuadamente el vínculo contractual. Por ello, este proceso normalmente se lleva a cabo al término de ejecución del contrato. Ahora bien, es importante diferenciar de la situación anterior que la ejecución de los recursos puede depender de la forma de desembolso pactada por las partes. Por ello, es importante remitirse a la forma en la que se estructuró el negocio y, en particular, a la manera en cómo se pactaron los desembolsos para determinar en qué momento debían ejecutarse los recursos. En efecto, como sucede en el presente contrato, las partes acordaron que los recursos debían invertirse durante el plazo de ejecución, (...) Es importante reiterar que el objeto del contrato consistió en la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los parqueaderos autorizados. En desarrollo del contrato, CORPOCIEN asumió la obligación de llevar a cabo las actividades de gestión, mantenimiento y aprovechamiento contempladas en los reglamentos de uso y en el proyecto aprobado por la comunidad. Esta actividad incluía, entre otros aspectos, la operación diaria de los parqueaderos y la prestación de los servicios asociados a su uso. De la estructuración del contrato se desprende que el flujo de recursos para el contratista era constante, puesto que provenía directamente del cobro que realizaba el contratista por la utilización de los parqueaderos. Es decir, los recursos del contrato no dependían de desembolsos realizados por la entidad, sino de la propia explotación económica que el contratista realizaba sobre los parqueaderos. Por lo mismo, cada día el contratista recibía los pagos de los usuarios de los parqueaderos, lo que constituía los recursos que luego debían ser reinvertidos en la zona. Las partes pactaron que dichos recursos tenían una destinación específica. En efecto, debían ser reinvertidos en el espacio público según los porcentajes pactados: 75% al mantenimiento de las áreas administradas; hasta un 10% para gastos administrativos y hasta un 5% para gastos no previstos. Esto supone, entonces, que la ejecución de los recursos debía ser simultánea a la generación de los ingresos, sin que la ejecución de estos dependiera de los desembolsos que realizara la entidad. La ejecución de los recursos dependía de la formulación de los proyectos que el contratista, CORPOCIEN, debía presentar y que debían ser aprobados por el DADEP. De tal modo que la estructuración del contrato suponía una gestión de recursos permanente por parte del contratista. Así las cosas, los recursos que debían ser ejecutados dependían de la operación diaria de los parqueaderos. Las partes pactaron un plazo de ejecución de tres años, de conformidad con la cláusula segunda del contrato. Esto supone que la inversión de los recursos debía desarrollarse dentro de ese término, y no en etapas posteriores. Así lo confirma la obligación del contratista de rendir un informe mensual al DADEP, con los ingresos percibidos, los egresos efectuados y las actividades realizadas en la zona. La exigencia de informes mensuales demuestra que para las partes la ejecución de los recursos debía ser continua y verificable durante el plazo de ejecución. En este orden de ideas, no existía motivo alguno para que los recursos fueran ejecutados durante la etapa de liquidación del contrato, y mucho menos con posterioridad a ella. La estructura del contrato, el origen de los recursos a reinvertir y la obligación de rendir informes mensuales sobre la ejecución de estos recursos demuestran que la intención de las partes siempre fue que la reinversión se efectuara de manera permanente durante el plazo de ejecución, sin extenderse a fases posteriores. En ese sentido, si los recursos obtenidos por el aprovechamiento económico del espacio público no fueron ejecutados durante la vigencia del contrato, no resulta viable pretender su reinversión en la zona una vez liquidado. Ello equivaldría a reanudar el plazo de ejecución contractual y a desconocer los efectos del acto de liquidación unilateral del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la extinción de los contratos de ejecución sucesiva, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.