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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no haberse procedido a la celebración del contrato minero definitivo

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Fecha
2023-07-14
Radicado
15001233100020110008101
Número interno
56382
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
PEDRO VICENTE CANO RAMIREZ
Demandado
MINISTERIO DE MINA, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - INGEOMINAS, AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no haberse procedido a la celebración del contrato minero definitivo

Lo que dijo la Sala

El 22 de junio de 1994, la sociedad de economía mixta Mineralco S.A. celebró con el señor Pedro Vicente Cano Ramírez un contrato minero provisional para la exploración y explotación de esmeraldas en una zona delimitada, ubicada en el municipio de Chivor, Boyacá. En el acuerdo de voluntades, las partes se obligaron a suscribir un “contrato minero definitivo” dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de la condición establecida en las mismas cláusulas, lo cual se concretó en el mismo año 1994, pese a lo cual, vencido el plazo indicado, las partes no celebraron el negocio prometido.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Las resoluciones acusadas incurrían en violación de las normas en que debían fundarse, en particular, los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 58 y 83 de la Constitución Política, en cuanto desconocían el deber de obrar conforme a la buena fe y quebrantaban derechos como la igualdad, el trabajo, la propiedad privada y el debido proceso?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia el proceso en consideración a que las pretensiones de la demanda se relacionan con la declaración de incumplimiento de un…
  • ¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las pretensiones relativas a la declaratoria de incumplimiento del contrato provisional por la no suscripción del…
  • ¿Está configurada la caducidad de la acción de controversias contractuales en relación con la pretensión de declaración de inexistencia del contrato…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ASUNTOS MINEROS CONTRATO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PRETENSIONES DE LA DEMANDA INEXISTENCIA DEL CONTRATO CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL FALTA DEL CONTRATO EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN CONTRATO ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA ACTIO IN REM VERSO PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIO IN REM VERSO IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA CONFIGURACIÓN PARCIAL DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA INEPTITUD DE LA DEMANDA PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA PROCEDENCIA PARCIAL DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Prestaciones ejecutadas sin contrato Condena en costas y agencias en derecho

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La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Titulación de la relatoría 25.243 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ASUNTOS MINEROS / CONTRATO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS / CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES Problema jurídico: ¿Las resoluciones acusadas incurrían en violación de las normas en que debían fundarse, en particular, los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 58 y 83 de la Constitución Política, en cuanto desconocían el deber de obrar conforme a la buena fe y quebrantaban derechos como la igualdad, el trabajo, la propiedad privada y el debido proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El 22 de junio de 1994, la sociedad de economía mixta Mineralco S.A. celebró con el señor Pedro Vicente Cano Ramírez un contrato minero provisional para la exploración y explotación de esmeraldas en una zona delimitada, ubicada en el municipio de Chivor, Boyacá. En el acuerdo de voluntades, las partes se obligaron a suscribir un “contrato minero definitivo” dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de la condición establecida en las mismas cláusulas, lo cual se concretó en el mismo año 1994, pese a lo cual, vencido el plazo indicado, las partes no celebraron el negocio prometido. No obstante no haberse procedido a la celebración del contrato minero definitivo, el 12 de diciembre de 2006, Ingeominas declaró la caducidad del “contrato minero” que entendió vigente y suscrito con el señor Pedro Vicente Cano Ramírez, y procedió a liquidar unilateralmente tal concesión, el 25 de mayo de 2010, imponiéndole al supuesto contratista el pago de una suma por concepto de los derechos que no habían sido sufragados por dicho interesado. Se demandó en el presente proceso la nulidad de los actos expedidos por Ingeominas, así como el incumplimiento del contrato provisional suscrito el 22 de junio de 1994, junto con la indemnización que se hizo derivar de tales actos y hechos. El Tribunal de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que la Agencia Nacional de Minería, como sucesora de las entidades involucradas en tal controversia, interpuso el recurso de apelación que en esta instancia deberá resolver la Sala. (...) En línea con lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que la sentencia apelada deberá modificarse, puesto que se procederá a: i) declarar de oficio la caducidad de la acción respecto de las pretensiones primera y quinta de la demanda, ii) mantener incólume la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, al no haber sido impugnada ni refutada dicha decisión por la entidad apelante, y por remitir a pretensiones respecto de las que no operó el fenómeno de la caducidad, y iii), declarar de oficio la excepción de inepta demanda respecto de la pretensión sexta de la misma, por haber sido indebidamente acumulada con las restantes solicitudes del libelo. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia el proceso en consideración a que las pretensiones de la demanda se relacionan con la declaración de incumplimiento de un contrato provisional de exploración y explotación minera y la inexistencia de actos administrativos contractuales que declaración la caducidad del contrato y liquidó el mimo? Respuesta al problema jurídico: Si El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006 –en vigor para la fecha de interposición de la demanda-, estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala las pretensiones de la demanda relativas al incumplimiento del “contrato provisional N° 072-94M” y a la inexistencia del negocio cuya caducidad fue declarada en la Resolución DSM-1380 del 12 de diciembre de 2006, liquidándose posteriormente, en forma unilateral, mediante Resolución SFOM-147 del 25 de mayo de 2010; todo ello por parte de Ingeomina, cuya naturaleza jurídica era la de un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 252 de 2004. Asimismo se tiene que, mediante Decreto 4134 de 2011 fue creada la Agencia Nacional de Minería, la cual se subrogó en los contratos mineros que venía ejecutando Ingeominas y fue reconocida en la causa como sucesora procesal de dicho instituto. Ahora, el asunto que en esta sentencia debe resolverse ostenta vocación de doble instancia, puesto que el valor de los perjuicios reclamados en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. ($267’800.0006 ), establecidos en el artículo 132 – numeral 5 del C.C.A. En efecto, la cuantía del proceso fue fijada por la parte actora en la suma de $400’000.000 como valor de los perjuicios derivados del supuesto incumplimiento contractual de Mineralco S.A. -luego sucedida por las entidades hoy demandadas- y de la expedición de las resoluciones de declaratoria de caducidad del contrato y liquidación unilateral del mismo, por parte de Ingeominas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82 CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las pretensiones relativas a la declaratoria de incumplimiento del contrato provisional por la no suscripción del contrato definitivo de exploración y explotación minero? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, en lo atinente al ejercicio oportuno de la acción, de conformidad con el artículo 136, numeral 10, del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 19987 , en las acciones relativas a contratos, el término de caducidad de dos años allí establecido comienza a correr desde el día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. No obstante, en las controversias atinentes a contratos que requieran liquidación, a la luz del mismo artículo 136, numeral 10, literales c) y d) del C.C.A, el término de caducidad de dos años allí establecido comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral, según el caso; y de no procederse a ello, la caducidad comienza a correr desde la expiración del plazo con el que contaba la administración para liquidar unilateralmente el contrato, bajo la norma sustancial aplicable y las cláusulas que eventualmente hayan pactado las partes sobre este aspecto. En el presente asunto, advierte la Sala que la parte demandante formuló varias pretensiones que, si bien están todas relacionadas con el contrato provisional 072- 94M, se sujetan a distintas reglas de caducidad. Así, en primer lugar, la parte actora solicitó la declaratoria de incumplimiento del contrato provisional celebrado por las partes el 22 de junio de 1994 y, como consecuencia de ello, pidió que se le ordenara a la autoridad minera demandada atender la obligación omitida, esto es, la celebración del contrato definitivo materia de controversia (pretensión quinta del libelo). Por otro lado y, a la par con lo anterior, el demandante solicitó que se declarara inexistente el negocio que se denominó “contrato de concesión N° 072-94M”, y con base en ello, formuló pretensión de nulidad contra las resoluciones en las que Ingeominas declaró la caducidad de dicha concesión y dispuso su liquidación unilateral. En cuanto al incumplimiento contractual cuestionado en la demanda -y cuya declaratoria reprocha en su recurso la Agencia Nacional de Minería- debe aplicarse la regla general de caducidad contenida en el artículo 136, numeral 10 del C.C.A., antes referido, dadas la naturaleza de la obligación echada de menos por el demandante -no sujeta a la expedición posterior de actos administrativos con ocasión del contrato provisional incumplido- y las consecuencias de su inobservancia por parte de los firmantes del negocio jurídico. (...) Pues bien, la norma que dio desarrollo a los artículos 360 y 361 de la Constitución Política fue la Ley 141 de 1994, publicada en el Diario Oficial N° 41.414 del 30 de julio de ese año. En esa medida, la obligación de celebrar el contrato minero definitivo a que se refirió la cláusula décima primera del negocio provisional vencía 30 días después, los cuales, entendiéndose hábiles, expiraban el 12 de septiembre de 1994. (...) Así las cosas, se tiene que la parte actora tenía -a más tardar- hasta el 13 de septiembre de 1996 para demandar en juicio el incumplimiento del contrato provisional y pedir que se ordenara la suscripción del negocio definitivo, no obstante lo cual, sólo formuló tales pretensiones el 28 de febrero de 2011, superando así con amplitud el término de caducidad previsto en el C.C.A. En este punto, la Sala no desconoce que el “contrato provisional” suscrito el 22 de junio de 1994 también previó – en la cláusula cuarta- que su término de duración sería de 16 años; sin embargo, tal como lo reconoció el propio demandante, las partes indicaron expresamente que esa previsión se hacía “sin perjuicio de lo pactado en la cláusula primera”, la cual, naturalmente, no debía quedar sin efectos. Así, bien podía desprenderse de tales estipulaciones que el mencionado plazo de 16 años se estableció para los derechos conferidos al señor Pedro Vicente Cano Ramírez, inicialmente de manera provisional, pero prometidos para ser cobijados con un contrato definitivo bajo las condiciones establecidas en el acuerdo de voluntades que sí fue celebrado; en todo caso, el incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato definitivo se configuró, como máximo, el 12 de septiembre de 1994, razón por la cual, en lo relativo a las pretensiones primera y quinta de la demanda, se reitera que éstas debían formularse a más tardar el 13 de septiembre de 1996, y en esa medida, al haberse incoado el proceso el 28 de febrero de 2011, es palmario que respecto de ese punto de la controversia quedó configurada la caducidad de la acción. (...) Ahora, en lo relativo a la ocurrencia de la caducidad respecto de las pretensiones primera y quinta de la demanda, la misma será declarada de oficio en esta instancia, pues si bien se alegó al impugnarse la sentencia de primer grado, no fue propuesta como excepción por la parte demandada al ejercer su defensa inicial. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 360 Y 361, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 141 DE 1994, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Está configurada la caducidad de la acción de controversias contractuales en relación con la pretensión de declaración de inexistencia del contrato, así como la solicitud de nulidad del acto administrativo que dió terminado unilateralmente y liquidado el contrato suscrito por Ingeominas? Respuesta al problema jurídico: Si Con respecto a la solicitud de calificar como inexistente cualquier “ contrato minero definitivo”, así como el negocio terminado y liquidado por Ingeominas en las resoluciones sometidas a juicio, evidencia la Sala que se trata de una pretensión inescindiblemente ligada a la de nulidad de esas decisiones de la Administración, que en sus consideraciones hizo referencia al contrato celebrado el día “22 de junio de 1994”, es decir, al negocio provisional cuya vigencia había expirado, por pacto entre las partes, al promulgarse la Ley 141 de 1994 -y se trataba de un negocio que, dicho sea de paso, no fue inscrito en el Registro Minero respectivo-. Con todo, como se viene señalando, la pretensión de declarar inexistente ese negocio sancionado por Ingeominas va conexa a la solicitud de nulidad de esa decisión, toda vez que el daño que se aduce en este punto no surgió por la inexistencia per se de contrato minero vigente (pues los perjuicios derivados de la no celebración del negocio definitivo aluden al incumplimiento del contrato provisional, frente a lo cual operó la caducidad, como ya se anotó) sino porque, según se plantea en la demanda, el actor fue sorprendido con las sanciones y cobros que el Ingeominas le impuso a través de los actos acusados, sobre la base de un negocio que para ese momento era inexistente. Dicho lo anterior, se tiene que la Resolución DSM-1380 del 12 de diciembre de 2006, por la cual Ingeominas declaró la caducidad del contrato celebrado el 22 de junio de 1994, que es materia de debate, fue notificada mediante edicto desfijado el 30 de enero de 2007 (fl 181, c.1). Por su parte, la Resolución SFOM-147 del 25 de mayo de 2010, en la que se dispuso la liquidación unilateral del mismo negocio, se notificó por edicto desfijado el 22 de julio de ese año (fl. 205, c.1). Cabe anotar que, al declarar la caducidad del contrato, Ingeominas motivó su decisión en el no pago de las distintas contraprestaciones económicas supuestamente pactadas en el acuerdo de voluntades a cargo del señor Pedro Vicente Cano Ramírez, por lo que también señaló en la parte resolutiva del acto, que el hoy demandante le adeudaba a la entidad, por esos conceptos, la suma de $1.060’971.455. Este monto fue el resultado final de la liquidación unilateral del contrato, efectuada por Ingeominas en su Resolución SFOM-147 del 25 de mayo de 2010, razón por la cual, siendo palmariamente conexos los dos actos administrativos, el término de caducidad que debe aplicarse es el previsto en el artículo 136, numeral 10, literal d) del C.C.A., plazo que corrió en el presente caso a partir del día siguiente al de la notificación de la última resolución, es decir, desde el 23 de julio de 2010 y hasta el 23 de julio de 2012. Dado que la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2011, se tiene que las pretensiones aludidas fueron formuladas en tiempo. (...) A la luz de estas consideraciones, se concluye que fueron formuladas en tiempo las pretensiones relativas a la nulidad de las resoluciones en que se declaró la caducidad y se liquidó unilateralmente el negocio jurídico cuya existencia fue negada en la demanda y en el fallo apelado. La declaratoria de nulidad de tales actos administrativos, proferida por el a quo, no fue cuestionada por la Agencia Nacional de Minería en su recurso de apelación, lo que no obsta para examinar la oportunidad de la acción en este punto, como lo ha hecho la Sala, dada la necesidad de estudiar ese presupuesto procesal respecto de las pretensiones de carácter contractual que sí fueron materia de inconformidad en la alzada. NOTA DE RELATORÍA: en torno a este sub tema de controversia, resulta aplicable el criterio que ha sido fijado por la jurisprudencia, que al respecto ha señalado: "[S]e advierte que Fonade liquidó unilateralmente el contrato sobre el cual versa la presente controversia, de ahí que, para el conteo de la caducidad, resulte aplicable la regla (...) cuyo cómputo inicia a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato (...). Lo anterior, independientemente del debate sobre si Fonade expidió extemporáneamente el acto de liquidación unilateral -es decir, por fuera de los plazos establecidos legalmente- y al margen de la validez de dicha actuación, pues así lo ha considerado esta Subsección: ‘De acuerdo con lo que acaba de expresarse, la caducidad de la acción respecto de esta pretensión debe empezar su conteo, de conformidad con lo dispuesto en literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y (...) a partir de la ejecutoria del acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, independientemente de haberse expedido por fuera de los términos dispuestos legalmente para ello; entender lo contrario sería tanto como eliminar para la parte que con él se considera afectada la posibilidad de atacarlo en vía judicial y, por contera, dejarlo incólume ante cualquier control de este tipo". Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2019, exp. Nº 25000-23-36-000-2016-00861-01(61045). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. INEXISTENCIA DEL CONTRATO / FALTA DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN CONTRATO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN PARCIAL DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA / INEPTITUD DE LA DEMANDA / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA PARCIAL DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Es procedente, mediante la acción de controversias contractuales, la concesión del reconocimiento de perjuicio económico causado por la ejecución de obra con el pleno conocimiento y convicción de la inexistencia del contrato de concesión minera o, al ser una figura de enriquecimiento sin justa causa debe resolverse mediante de la actio in rem verso? Respuesta al problema jurídico: Si Es materia de apelación en el presente asunto la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Boyacá a la ANM, a favor del demandante, por la suma de $400’000.000, bajo el concepto de “perjuicios ocasionados al contratista” por no habérsele reconocido el costo de las actividades adelantadas en el terreno afecto al supuesto contrato minero, ni el de las inversiones realizadas para ese mismo fin. En efecto, con esa decisión reprochada por la impugnante fue acogida la pretensión sexta de la demanda, atinente al pago de $400’000.000, a título de indemnización que el actor adujo como derivada tanto de la no suscripción del contrato definitivo como de la expedición de los actos acusados. Con todo, en el proceso se evidenció que el perjuicio así cuantificado se hizo consistir, por el demandante, en el no pago de los trabajos e inversiones efectuados en la zona que habría de ser intervenida con la concesión que las partes se comprometieron a suscribir, razón por la cual, en realidad, esa pretensión económica no guarda conexidad alguna ni puede asociarse con la de nulidad de las resoluciones acusadas, pues atañe a actividades que el actor ejecutó bajo la plena convicción de que no existía contrato de concesión vigente suscrito con ninguna autoridad minera, de suerte que el eventual daño que pudiera derivarse de las resoluciones enjuiciadas no podía consistir en la realización de trabajos durante los años anteriores a los actos administrativos, ni en el no pago de su valor, menos cuando lo que el demandante pretendió reivindicar fue precisamente la inexistencia del contrato, y no el perfeccionamiento que lo hiciera vinculante para las partes. (...) Se trata entonces de una pretensión que acude a la figura del “enriquecimiento sin justa causa”, aunque no se haya expresado así en el libelo; pues tal solicitud se encaminó únicamente al reconocimiento de unas obras e inversiones realizadas sin contrato, lo que el propio actor reconoció en su demanda y en los alegatos de segunda instancia, al insistir en que ejecutó tales actividades y actos “de buena fe”, esperando que la autoridad minera finalmente celebrara el contrato definitivo de concesión, pero sabiendo que no existía negocio jurídico alguno, ni aun el provisional inicialmente suscrito. Frente a esta circunstancia, la Sala debe recordar que, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, la reclamación del valor de prestaciones ejecutadas sin amparo contractual y bajo el enriquecimiento sin justa causa únicamente procede con el mecanismo de la actio in rem verso, ejercida a través de la acción de reparación directa; pues la demanda de controversias contractuales sólo puede incoarse, precisamente, cuando el origen o fuente de la pretensión judicial es el contrato existente entre las partes, pero no cuando el perjuicio alegado es causado por la ejecución de prestaciones no pactadas en ningún negocio jurídico. (...) En esa medida, no le era dable al actor acudir a la acción de controversias contractuales para solicitar el pago de unas actividades que ejecutó a sabiendas de la inexistencia de un contrato, y si bien formuló esa pretensión y sus fundamentos fácticos de tal manera que ese daño patrimonial también guardara relación con el supuesto “incumplimiento” del contrato provisional, en todo caso lo hizo para recalcar la ausencia de negocio jurídico durante la realización de las labores e inversiones referidas en el libelo, razón por la cual, siendo palmario que la pretensión de pago de $400’000.000 se fundamentó en unas actividades carentes de causa jurídica, el actor incurrió en una acumulación indebida de pretensiones, al plasmar en la misma demanda solicitudes propias de la acción de controversias contractuales con otras que eran materia de la de reparación directa. (...) Habida tal circunstancia se deberá declarar de oficio, respecto de la aludida pretensión sexta, la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, lo cual supone la revocatoria del numeral sexto del fallo apelado para, en su lugar, establecer que la Sala debe inhibirse de resolver de fondo sobre dicha solicitud del actor. Sin perjuicio de lo anterior no está de más señalar que, aún si fuera pasible de examen la procedencia o no de reconocer el monto solicitado por el demandante, se establecería que, por una parte, estaría configurada la caducidad de la acción frente a las actividades realizadas por el actor hasta el 27 de febrero de 2009 -fecha de inicio de los dos años anteriores a la interposición de la demanda18 -, y en lo restante, por tratarse de inversiones y labores que el demandante realizó a sabiendas de la inexistencia de contrato y de título minero habilitante, resulta aplicable el principio que dicta que nadie puede alegar su propia culpa para obtener ventaja o beneficio de ella. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 145, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86 Y 87, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82 IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Se puede derivar simultáneamente un perjuicio de un contrato de la inexistencia del mismo? Respuesta al problema jurídico: Si Así, en el sub judice, la pretensión sexta de la demanda se excluye de las restantes formuladas en ese libelo, dado que ningún perjuicio puede derivarse simultáneamente de un contrato y de la inexistencia del mismo, como tampoco son posibles las pretensiones cuya formulación proceda -en forma principal- tanto en el juicio de controversias contractuales como en el de reparación directa, pese a lo cual, el demandante no solicitó la indemnización de manera subsidiaria sino a la par con el restante petitum central de la demanda. CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena de costas. Toda vez que en el presente caso no se evidencia que alguna de las partes haya actuado temerariamente o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331000201100081011100103