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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición se presentó por fuera del término

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Fecha
2022-02-04
Radicado
54001233100020000182601
Número interno
59684
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICIA NACIONAL
Demandado
MARCO EVELIO GONZALEZ PEÑA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición se presentó por fuera del término

Lo que dijo la Sala

Dado que el hecho que ocurrió primero en el tiempo fue el vencimiento del plazo de los 18 meses contemplados en el artículo 177 del C.C.A., será este hecho el que determinará el momento a partir del cual se deben contabilizar los dos años del término de caducidad. Así las cosas, el plazo debe contarse desde el día siguiente al vencimiento de los 18 meses referidos, es decir, a partir del 9 de septiembre de 1998, de manera que, la acción caducaría el 9 de septiembre del 2000, término que, por tratarse de un día inhábil, se extendió hasta el 11 de abril del 2000. En el sub examine, como la demanda se presentó el 15 de septiembre del 2000, se impone concluir que la acción de repetición se presentó por fuera del término establecido en la ley.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Si el vencimiento del plazo de dieciocho meses para pagar la condena ocurre antes del pago, el término de caducidad de la acción de repetición de dos años se cuenta desde el día siguiente a ese vencimiento, y el juez de segunda instancia puede declarar de oficio la caducidad. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el hecho que ocurre primero en el tiempo, el vencimiento del plazo, determina el momento a partir del cual se cuentan los dos años. La segunda es que, en el caso concreto, la acción caducaba el 9 de septiembre de 2000 y la demanda se presentó el 15 de septiembre de 2000, por fuera del término legal. La tercera es que la caducidad es un presupuesto procesal que no se entiende saneado por las omisiones del proceso, de modo que el juez de segunda instancia puede pronunciarse oficiosamente sobre ella. En consecuencia, la Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio probada la excepción de caducidad. La nota de relatoría remite a una sentencia de unificación de 8 de abril de 2018, y el documento no indica que modifique un precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La acción de repetición se presentó por fuera del término previsto en la ley y por ello se debe declarar probada la excepción de caducidad de la acción de manera oficiosa?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 177

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente

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No se acreditaron los requisitos de procedencia de la acción de repetición
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Se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y la sentencia recurrida será confirmada.
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La acción de repetición se presentó por fuera del término
Titulación de la relatoría 4.675 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La acción de repetición se presentó por fuera del término previsto en la ley y por ello se debe declarar probada la excepción de caducidad de la acción de manera oficiosa? Respuesta al problema jurídico: Si Dado que el hecho que ocurrió primero en el tiempo fue el vencimiento del plazo de los 18 meses contemplados en el artículo 177 del C.C.A., será este hecho el que determinará el momento a partir del cual se deben contabilizar los dos años del término de caducidad. Así las cosas, el plazo debe contarse desde el día siguiente al vencimiento de los 18 meses referidos, es decir, a partir del 9 de septiembre de 1998, de manera que, la acción caducaría el 9 de septiembre del 2000, término que, por tratarse de un día inhábil, se extendió hasta el 11 de abril del 2000. En el sub examine, como la demanda se presentó el 15 de septiembre del 2000, se impone concluir que la acción de repetición se presentó por fuera del término establecido en la ley. Por todas las razones expuestas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, se declarará probada de oficio la excepción de caducidad de la acción impetrada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el término de caducidad de la acción de repetición, ver: Corte Constitucional, sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil, que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 9 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984; y Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis, que declaró exequible el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN OBITER DICTUM Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad, aspecto que no puede ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.). En este sentido se ha entendido que el juzgador de segunda instancia tiene la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de fondo, como en este caso la de la oportunidad de la presentación de la acción de repetición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la potestad oficiosa del juez de segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 8 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OBITER DICTUM En relación con el término de caducidad para demandar en repetición, el Código Contencioso Administrativo, norma vigente para la época en que acontecieron los hechos que precedieron a la demanda, dispone en el numeral noveno del artículo 136 que “La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”. Dicha disposición fue estudiada por la Corte Constitucional en sentencia C832 de 2001 en la que la declaró exequible de forma condicionada, en el entendido que el término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago total o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, plazo que empezaría a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago. Vale la pena precisar que la normativa dispuesta en el C.C.A. que establece el plazo de los 18 meses para el pago de la condena, es aplicable a este asunto, porque el proceso de reparación directa que dio origen a la condena que pagó la entidad demandante, se tramitó durante su vigencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la forma de computar el término de caducidad de la acción de repetición, ver: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177
Texto extraído del PDF oficial 23.633 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022) Radicación: 54001-23-31-000-2000-01826-01 (59.684) Actor: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional Demandado: Marco Evelio González Peña Referencia: Acción de repetición Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD – El término de caducidad se contabiliza a partir del día siguiente de aquél en que se efectúe el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el Código Contencioso Administrativo, lo que ocurra primero. Procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, en la que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional pretende que se condene a Marco Evelio González Peña a reintegrar el valor que esa entidad debió pagar por virtud de una sentencia judicial en la que se le ordenó indemnizar los perjuicios causados al señor Heliel Caballero Bolívar con un arma de dotación oficial. I. SENTENCIA CONSULTADA 1. Como se ha indicado, corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 29 de octubre de 2015, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. 2. La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 15 de septiembre del 2000 1, a través de apoderado judicial, por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra del señor Marco Evelio González Peña, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho son, los siguientes: Pretensiones 1 Folios 2-7 c. 1. Radicación: 54001-23-31-000-2000-01826-01 (59.684) Actor: Ministerio de Defensa - Policía Nacional Demandado: Marco Evelio González Peña Referencia: Acción de repetición 2 3. Se solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Marco Evelio González Peña, por su actuación gravemente culposa el día 17 de septiembre de 1987, frente a los hechos que dieron lugar a la condena de la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional en el proceso de reparación directa seguido ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander por las lesiones causadas al señor Heliel Caballero Bolívar con un arma de dotación oficial. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se le condenara a reembolsar la suma de dinero que la institución debió pagar en cumplimiento de la referida condena. Hechos y fundamentos de derecho 4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor Heliel Caballero Bolívar promovió acción de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declarara su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados con ocasión de una lesión que sufrió como consecuencia de un disparo de arma de fuego, en medio de un operativo policial ocurrido el 17 de septiembre de 1987. 5. En el marco de dicho proceso judicial, el 31 de mayo de 1996 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia en la que declaró responsable administrativamente a la demandada y la condenó al pago del valor correspondiente a mil (1.000) gramos oro, por concepto de perjuicios morales. En esa decis ión, el Tribunal sostuvo que se encontraba acreditada la falla del servicio, dado que se demostró que el causante de las heridas al demandante fue el oficial activo de la Policía Nacional TE. Marco Evelio González Peña, quien utilizó su arma de dotación oficial de manera arbitraria en acto de servicio. 6. En cumplimiento a lo ordenado por la sentencia judicial reseñada, el Ministerio de Defensa profirió la Resolución 02594 del 15 de septiembre de 1998, en la que dispuso el pago de veintidós millones ciento cuarenta y siete mil trescientos setenta y siete pesos con veinticuatro centavos m/cte. ($22’147.377,24), el cual fue realizado el 23 de septiembre de 1998. 7. Como fundamento de derecho, alegó la aplicación del inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política, que consagra la ampliación de la responsabilidad estatal hacia su agente, con el fin de recuperar para el Estado el monto de los perjuicios imputables al autor del hecho que generó la condena, en este caso, el agente Marco Evelio González Peña, quien con su obrar gravemente culposo dio lugar al pago de una indemnización a cargo de la entidad demandante. La defensa Radicación: 54001-23-31-000-2000-01826-01 (59.684) Actor: Ministerio de Defensa - Policía Nacional Demandado: Marco Evelio González Peña Referencia: Acción de repetición 3 8. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander 2 y se ordenó el emplazamiento al demandado de conformidad con el artículo 318 del C.P.C.3, sin que se hiciera presente dentro del término establecido, razón por la cual le fue designado un curador ad litem, a quien se le notificó debidamente la demanda4 y se pronunció con los siguientes argumentos: 9. Sostuvo que en el expediente no obra prueba de la condena en el proceso penal o disciplinario contra el señor González Peña, ni ningún otro elemento de convicción que acreditara que ocasionó, con dolo o culpa grave, el daño que sirvió de fundamento para la declaración de responsabilidad del Estado en el proceso de reparación directa. A lo cual agregó que, como los hechos ocurrieron con anterioridad a la Ley 678, no es posible aplicar las presunciones esta blecidas en dicha normatividad5. 10. El Tribunal abrió a pruebas el proceso6 y, vencida dicha etapa, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión7, quienes se pronunciaron, así: 11. La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional transcribió apartes de la decisión adoptada por el Tribunal en el proceso de reparación directa para insistir en que se había demostrado el actuar gravemente culposo del demandado, quien además fue condenado penalmente por la justicia penal militar. Alegó que el señor González Peña incumplió el decálogo sobre el manejo de armas de fuego de dotación oficial, pues obró de manera imprudente y negligente al disparar su arma sin que fuera necesario ni proporcional8. 12. El curador ad litem del demandado guardó silencio9. La sentencia de primera instancia 13. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, pues consideró que se demostró el actuar gravemente culposo del agente de Policía Marco Evelio González Peña, al accionar su arma de dotación y ocasionarle lesiones personales al señor Heliel Caballero Bolívar, sin encontrarse en situación de legítima defensa, en una clara inobservancia a los deberes de cuidado, proporcionalidad y prudencia en el uso de armas de fuego que debe observar un oficial de la institución castrense. 14. Sostuvo que el agente pudo haber remediado en ese mismo momento el daño que provocó con su actuar desproporcionado; sin embargo, una vez lo produjo, 2 Auto del 30 de marzo de 2001(folios 35-36 c. 1). 3 Folios 61-64 c. 1. 4 Folios 101-105 c. 1. 5 Folios 106-108 c. 1. 6 Auto de 8 de octubre de 2014 (folio 111 c. 1). 7 Auto del 13 de abril de 2015 (folio 125 c. 1). 8 Folios 126-138 c. 1. 9 Folio 139 c. 1. Radicación: 54001-23-31-000-2000-01826-01 (59.684) Actor: Ministerio de Defensa - Policía Nacional Demandado: Marco Evelio González Peña Referencia: Acción de repetición 4 no procedió a socorrer a las personas a las que había lesionado, todo lo cual constituyó una actuación reprochable y ajena a los fines de la institución. 15. Como consecuencia, lo condenó a reembolsar la totalidad de la suma que la Policía Nacional debió pagar a título de indemnización al señor Heliel Caballero Bolívar10. II. TRÁMITE DE LA CONSULTA 16. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander remitió el proceso a esta Corporación para que surtiera el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, dado que ninguna de las partes apeló la decisión proferida en primera instancia y el demandado fue representado por curador ad litem en el proceso11. 17. Esta Corporación mediante auto del 9 de agosto de 2017 avocó el conocimiento del grado jurisdiccional de consulta y dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto12. 18. El Ministerio Público solicitó que se revocara el fallo recurrido, por considerar que no se acreditó que el pago fuera efectivamente recibido por el beneficiario, ni se probó la conducta dolosa o gravemente culposa endilgada al demandado; asimismo, indicó que el a quo falló basándose únicamente en la decisión de la justicia penal militar en la que se condenó al agente demandado –la cual ni siquiera se aportó al proceso- y en la sentencia de reparación directa, medios de prueba que son insuficientes para acreditar el elemento subjetivo de la acción de repetición13. 19. Las partes guardaron silencio14. III. CONSIDERACIONES 20. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación ya indicado, con base en las siguientes consideraciones. Oportunidad de la acción impetrada 21. Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad, aspecto que no puede ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 164 10 Folios 140-148 c. del Consejo de Estado. 11 Auto del 22 de mayo de 2017 (folios 164-165 c. del Consejo de Estado). 12 Auto del 9 de agosto de 2017 (folio 169 c. del Consejo de Estado). 13 Folios 172-181 c. del Consejo de Estado. 14 Folio 182

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012331000200001826011100103