CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 54001-23-31-000-2000-01826-01 (59.684)
Actor: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Demandado: Marco Evelio González Peña
Referencia: Acción de repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD – El término de caducidad se
contabiliza a partir del día siguiente de aquél en que se efectúe el pago o desde el
vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el Código Contencioso
Administrativo, lo que ocurra primero.
Procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través
de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, en la que la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional pretende que se condene a Marco Evelio
González Peña a reintegrar el valor que esa entidad debió pagar por virtud de una
sentencia judicial en la que se le ordenó indemnizar los perjuicios causados al señor
Heliel Caballero Bolívar con un arma de dotación oficial.
I. SENTENCIA CONSULTADA
1. Como se ha indicado, corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander el 29 de octubre de 2015, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
2. La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 15 de septiembre
del 2000 1, a través de apoderado judicial, por el Ministerio de Defensa – Policía
Nacional en contra del señor Marco Evelio González Peña, cuyas pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
1 Folios 2-7 c. 1.
Radicación: 54001-23-31-000-2000-01826-01 (59.684)
Actor: Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Demandado: Marco Evelio González Peña
Referencia: Acción de repetición
2
3. Se solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Marco Evelio
González Peña, por su actuación gravemente culposa el día 17 de septiembre de
1987, frente a los hechos que dieron lugar a la condena de la Nación - Ministerio de
Defensa – Policía Nacional en el proceso de reparación directa seguido ante el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander por las lesiones causadas al señor
Heliel Caballero Bolívar con un arma de dotación oficial. Como consecuencia de la
anterior declaración, solicitó que se le condenara a reembolsar la suma de dinero
que la institución debió pagar en cumplimiento de la referida condena.
Hechos y fundamentos de derecho
4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor Heliel
Caballero Bolívar promovió acción de reparación directa en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declarara su
responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados con ocasión de una lesión
que sufrió como consecuencia de un disparo de arma de fuego, en medio de un
operativo policial ocurrido el 17 de septiembre de 1987.
5. En el marco de dicho proceso judicial, el 31 de mayo de 1996 el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia en la que declaró responsable
administrativamente a la demandada y la condenó al pago del valor correspondiente
a mil (1.000) gramos oro, por concepto de perjuicios morales. En esa decis ión, el
Tribunal sostuvo que se encontraba acreditada la falla del servicio, dado que se
demostró que el causante de las heridas al demandante fue el oficial activo de la
Policía Nacional TE. Marco Evelio González Peña, quien utilizó su arma de dotación
oficial de manera arbitraria en acto de servicio.
6. En cumplimiento a lo ordenado por la sentencia judicial reseñada, el Ministerio
de Defensa profirió la Resolución 02594 del 15 de septiembre de 1998, en la que
dispuso el pago de veintidós millones ciento cuarenta y siete mil trescientos setenta
y siete pesos con veinticuatro centavos m/cte. ($22’147.377,24), el cual fue
realizado el 23 de septiembre de 1998.
7. Como fundamento de derecho, alegó la aplicación del inciso 2º del artículo 90 de
la Constitución Política, que consagra la ampliación de la responsabilidad estatal
hacia su agente, con el fin de recuperar para el Estado el monto de los perjuicios
imputables al autor del hecho que generó la condena, en este caso, el agente Marco
Evelio González Peña, quien con su obrar gravemente culposo dio lugar al pago de
una indemnización a cargo de la entidad demandante.
La defensa
Radicación: 54001-23-31-000-2000-01826-01 (59.684)
Actor: Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Demandado: Marco Evelio González Peña
Referencia: Acción de repetición
3
8. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander 2
y se ordenó el emplazamiento al demandado de conformidad con el artículo 318 del
C.P.C.3, sin que se hiciera presente dentro del término establecido, razón por la cual
le fue designado un curador ad litem, a quien se le notificó debidamente la demanda4
y se pronunció con los siguientes argumentos:
9. Sostuvo que en el expediente no obra prueba de la condena en el proceso penal
o disciplinario contra el señor González Peña, ni ningún otro elemento de convicción
que acreditara que ocasionó, con dolo o culpa grave, el daño que sirvió de
fundamento para la declaración de responsabilidad del Estado en el proceso de
reparación directa. A lo cual agregó que, como los hechos ocurrieron con
anterioridad a la Ley 678, no es posible aplicar las presunciones esta blecidas en
dicha normatividad5.
10. El Tribunal abrió a pruebas el proceso6 y, vencida dicha etapa, corrió traslado
a las partes para que alegaran de conclusión7, quienes se pronunciaron, así:
11. La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional transcribió apartes de
la decisión adoptada por el Tribunal en el proceso de reparación directa para insistir
en que se había demostrado el actuar gravemente culposo del demandado, quien
además fue condenado penalmente por la justicia penal militar. Alegó que el señor
González Peña incumplió el decálogo sobre el manejo de armas de fuego de
dotación oficial, pues obró de manera imprudente y negligente al disparar su arma
sin que fuera necesario ni proporcional8.
12. El curador ad litem del demandado guardó silencio9.
La sentencia de primera instancia
13. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, pues consideró que
se demostró el actuar gravemente culposo del agente de Policía Marco Evelio
González Peña, al accionar su arma de dotación y ocasionarle lesiones personales
al señor Heliel Caballero Bolívar, sin encontrarse en situación de legítima defensa,
en una clara inobservancia a los deberes de cuidado, proporcionalidad y prudencia
en el uso de armas de fuego que debe observar un oficial de la institución castrense.
14. Sostuvo que el agente pudo haber remediado en ese mismo momento el
daño que provocó con su actuar desproporcionado; sin embargo, una vez lo produjo,
2 Auto del 30 de marzo de 2001(folios 35-36 c. 1).
3 Folios 61-64 c. 1.
4 Folios 101-105 c. 1.
5 Folios 106-108 c. 1.
6 Auto de 8 de octubre de 2014 (folio 111 c. 1).
7 Auto del 13 de abril de 2015 (folio 125 c. 1).
8 Folios 126-138 c. 1.
9 Folio 139 c. 1.
Radicación: 54001-23-31-000-2000-01826-01 (59.684)
Actor: Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Demandado: Marco Evelio González Peña
Referencia: Acción de repetición
4
no procedió a socorrer a las personas a las que había lesionado, todo lo cual
constituyó una actuación reprochable y ajena a los fines de la institución.
15. Como consecuencia, lo condenó a reembolsar la totalidad de la suma que la
Policía Nacional debió pagar a título de indemnización al señor Heliel Caballero
Bolívar10.
II. TRÁMITE DE LA CONSULTA
16. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander remitió el proceso a esta
Corporación para que surtiera el grado jurisdiccional de consulta previsto en el
artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, dado que ninguna de las partes
apeló la decisión proferida en primera instancia y el demandado fue representado
por curador ad litem en el proceso11.
17. Esta Corporación mediante auto del 9 de agosto de 2017 avocó el
conocimiento del grado jurisdiccional de consulta y dio traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto12.
18. El Ministerio Público solicitó que se revocara el fallo recurrido, por considerar
que no se acreditó que el pago fuera efectivamente recibido por el beneficiario, ni
se probó la conducta dolosa o gravemente culposa endilgada al demandado;
asimismo, indicó que el a quo falló basándose únicamente en la decisión de la
justicia penal militar en la que se condenó al agente demandado –la cual ni siquiera
se aportó al proceso- y en la sentencia de reparación directa, medios de prueba que
son insuficientes para acreditar el elemento subjetivo de la acción de repetición13.
19. Las partes guardaron silencio14.
III. CONSIDERACIONES
20. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación ya indicado, con base en las
siguientes consideraciones.
Oportunidad de la acción impetrada
21. Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los
presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad, aspecto que no
puede ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se
hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 164
10 Folios 140-148 c. del Consejo de Estado.
11 Auto del 22 de mayo de 2017 (folios 164-165 c. del Consejo de Estado).
12 Auto del 9 de agosto de 2017 (folio 169 c. del Consejo de Estado).
13 Folios 172-181 c. del Consejo de Estado.
14 Folio 182
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.