REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diez (10) de junio dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 08001-23-33-000-2018-00289-01 (67755)
Demandante: CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Demandado: AMALFI MARIA GAVIRIA RAMOS
Medio de control: REPETICIÓN
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD
Síntesis del caso: se dirige la acción de repetición contra la Contralora Distrital de Barranquilla
(encargada) por haber expedido actos administrativos de reconocimiento de cesantías
definitivas a unos empleados, no obstante, por el pago tardío de esas prestaciones la entidad
demandante fue condenada a pagar la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 cuyo
pago pretende recuperar.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría Distrital de
Barranquilla (fls. 191 a 195 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 23 de junio
de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: NIÉGASE las súplicas de la demanda.
SEGUNDO: Sin costas (Artículo 188 de la Ley 1437 de 2011).
TERCERO: Notifíquese esta sentencia, en los términos del artículo 203 de
la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.
QUINTO: Téngase como nueva apoderada de la CONTROLARÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA, a la Dra. ROSIRIS BUENO MANGA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.587.447 y portadora de la
T.P. No. 174.694 del C.S. de la J., en los términos y para los fines del poder
a ella conferido.
SEXTO: Cualquier actuación procesal y/o comunicación relacionada con el
proceso de la referencia, deberá remitirse vía correo electrónico a la
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Actor: Contraloría Distrital de Barranquilla
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siguiente dirección e lectrónica:
[email protected],
buzón institucional que ha sido destinado para dicho fin esta dependencia
judicial (sic) . (fl. 158 a 172 , cdno. apelación, negrillas y mayúsculas
sostenidas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
A través de escrito presentado el 22 de noviembre de 2017, la Contraloría Distrital de
Barranquilla presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición previsto
en el artículo 142 del CPACA (fls. 1 a 8 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:
“1. Que se declare a la Doctora Amalfi María Gaviria Ramos responsable
patrimonial por la omisión inexcusable y conducta gravemente culposa en
que incurrió por incumplir el plazo indicado en artículo 2 de la Ley 244 de
1995, respecto al pago de las cesantía (sic) definitiva reconocida a través de
Resolución No. 0767 de 9 de octubre de 2003, a favor de IVAN TAIBEL
SARMIENTO identificado con la céd ula de ciudadanía No. 72.123.321;
Resolución No. 0730 de 9 de octubre de 2003, a favor de FREDDY DE
JESUS PACHECO ARRIETA identificado con la cédula de ciudadanía No.
8.711.535, y mediante Resolución No. 0765 de 9 de octubre de 2003, a favor
de RICARDO ANT ONIO ANGULO SANTRICH, como resultado de ello,
ocasionó un daño patrimonial generando una condena por sanción
moratoria derivada del no pago oportuno de las cesantías definitivas de los
anteriores ex trabajadores, por la suma total de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($. 481.986.333).
2. Que como resultado de la omisión inexcusable y conducta gravemente
culposa de la doctora AMALFI MARIA GAVIRIA RAMOS , se le condene a
reintegrar o reemb olsar a la CONTRALORÍA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA, la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS M/L ($. 481.986.333), que fue pagada por la
CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA a favor de IVAN TAIBEL
SARMIENTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.123.321;
Resolución No. 0730 de 9 de octubre de 2003, a favor de FREDDY DE
JESUS PACHECO ARRIETA identificado con la cédula de ciudadanía No.
8.711.535, y mediante Resolución No. 0765 de 9 de octubre de 2003, a favor
de RICARDO ANTONIO ANGULO SANTRICH.
3. Que se declare que la sentencia que ponga fin al proceso, sea de aquellas
que reúne los requisitos exigidos por la Ley para prestar mérito ejecutivo, en
la que conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
4. Que el monto de la condena que se profiera contra el demandado, se
actualice hasta el momento del pago efectivo, conforme las reglas del
CPACA.
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5. Que se ordene al demandado al pago de los intereses moratorios desde
la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
6. Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado. (fls. 1
a 8 cdno. ppal., mayúsculas sostenidas del texto original).
2. Hechos
1) La doctora Amalfi María Gaviria Ramos se desempeñó como Contralora Distrital
de Barranquilla (encargada) mediante resolución no. 630 de 1 de octubre de 2003
y expidió las resoluciones: i) 767 de 9 de octubre de 2003 que reconoce a Iván
Taibel Sarmiento cesantías definitivas por $ 2.690.924, prima de navidad por $
1.571.393 y vacaciones por $ 2741.700; ii) 730 de 9 de octubre de 2003 que
reconoce a Freddy de Jesús Pacheco Arrieta cesantías definitivas por $ 1.105.005
y primas de navidad por $ 863.455 y, iii) 765 de 9 de octubre de 2003 que reconoce
a Ricardo Antonio Angulo Santrich cesantías definitivas por $. 722.283.
2) Los beneficiarios presentaron proceso ejecutivo ante el Juzgado Octavo Laboral
de Barranquilla para obtener el pago de las cesantías porque este no se efectuó
dentro del plazo de 45 días previsto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 , razón
por la cual la Contraloría Distrital de Barranquilla pagó a Iván Taibel Sarmiento $
213.272.000, a Freddy Pacheco Arrieta $ 224.653.333 y a Ricardo Angulo Santrich
$ 44.061.000, por sanción moratoria a través de los comprobantes de egresos
1700001081 y 1700001082 de 2017-01-12.
3) El pago de esas sanciones causó un detrimento patrimonial al erario que
constituye una omisión inexcusable y una conducta gravemente culposa de la
demandada.
3. Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de
falta de dolo o culpa grave. Sostiene, básicamente, que si bien la entidad demandada
fue condenada por la jurisdicción laboral ordinaria a pagar sanción por mora en el pago
de las cesantías defini tivas de Iván Taibel Sarmiento, Freddy Pacheco Arrieta y
Ricardo Angulo Santrich, no se demostró en el proceso la conducta dolosa o
gravemente culposa de la señora Amalfi María Gaviria Ramos en los supuestos
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previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001; para predicar la responsabilidad
de la demandada no es suficiente la condena judicial que ordenó dicho pago en contra
de la Contraloría Distrital de Barranquilla , sino que , debe acreditarse la calidad y
circunstancias particulares de su conducta; por lo tanto, estima que deben denegarse
las súplicas de la demanda (fls. 110 a 113 cdno. ppal.).
4. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
1) La Contraloría Distrital de Barranquilla insistió en los argumentos expuestos en la
demanda y estim ó que concurren los presupuestos legales para condenar a la
demandada a reintegrarle los dineros que pagó por sanción moratoria en virtud del
proceso ejecutivo adelantado en su contra (fls. 154 a 157).
2) Por su parte, l a demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda en cuanto no se probó que incurrió en dolo o culpa grave por el pago
de las cesantías definitivas de los reclamantes (fls. 128 a 130).
3) En su concepto el Ministerio Público solicita no acceder a las pretensiones de la
demanda porque no se demostró el supuesto fáctico de la presunción de culpa grave
de violación inexcusable de las normas derecho prevista en el numeral 1 del artículo 6
de la Ley 678 de 2001 para establecer la responsabilidad de la demandada, por cuanto,
si bien profirió las resoluciones números 0767, 0730 y 0765 de 9 de octubre de 2003
de pago de cesantías definitivas en favor de Iván Taibel Sarmiento, Freddy Pacheco
Arrieta y Ricardo Angulo Santrich , respectivamente, la demandada no pudo haber
incurrido en la conducta endilgada porque la entidad tenía 45 días a partir de la firmeza
de los actos de reconocimiento (art ículo 2 de la Ley 244 d e 1995) para efectuar los
pagos correspondientes y la demandada se desempeñó como contralora encargada
por apenas 7 días , esto es, entre el 06 y el13 de octubre de 2003 , con lo cual no es
posible establecer que generó la sanción moratoria (fls. 132 a 147).
5. La sentencia de primera instancia
El 23 de junio de 20 21, el Tribunal Administrativo de l Atlántico, Sala A negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costa (fls. 158 a 171 cdno.
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apelación). En síntesis, consideró que se encuentran reunidos los elementos objetivos
de calidad del agente estatal, existencia de la condena y pago pero, no encontró
acreditado el dolo o culpa grave de la demandada para predicar su responsabilidad; si
bien la señora Gaviria Ramos como Contralora Distrital de Barranquilla (encargada)
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