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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente

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Fecha
2023-11-20
Radicado
05001233300020170127201
Número interno
69858
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
ÉDGAR ANDRÉS TORRES HURTADO, ANDRÉS CERVANTES BLANCO, JENRY ALBERTO HERRERA PEREIRA, JOAQUÍN FERNEY HIDALGO HIGUITA, DARÍO BLANDÓN RUÍZ, GILDARDO ANTONIO MONTOYA LÓPEZ, JHON JAIRO POSADA ARROYABE, ROMÁN ALBEIRO GUTIÉRREZ JARAMILLO, HÉCTOR MANOLO PINZÓN GÓMEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

La Sala precisa que la condena objeto del sub lite se profirió en un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984, de ahí que el Ejército Nacional debía cumplirla en los términos de los artículos 176 y 177 de ese cuerpo normativo, según lo ordenado en la parte resolutiva del fallo del 19 de junio de 2013, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia… . De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia mencionada, lo cual ocurrió el 29 de julio de 2013… . por ende, el plazo para cumplir la obligación se extendió hasta el 30 de enero de 2015. Ahora bien, para efectos de contar la caducidad, cabe decir que a la controversia le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, toda vez que el plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad al 2 de julio de 2012… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La entidad estatal que promueve el medio de control de repetición debe acreditar la calidad de agentes o ex agentes del Estado de las personas demandadas, donde, conforme al artículo 123 de la Constitución Política, ostentan la condición de servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas y los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. En materia de caducidad, cuando la condena proviene de un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984, la entidad cuenta con 18 meses desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo para pagar, según los artículos 176 y 177 de ese estatuto; pero si el plazo para demandar empieza a correr después del 2 de julio de 2012, rige la Ley 1437 de 2011, siendo determinante la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo para hacerlo.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configuró caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, ya que la demanda se presentó de forma oportuna?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 176 y 177

También resuelve

  • ¿Debe el juez de segunda instancia analizar si la entidad demandante probó la calidad de exagentes estatales que tenían los demandados para la época de los hechos que dieron lugar a la condena…
  • ¿Se acreditó la calidad de ex agentes del estado de todas las personas o individuos demandados en el caso sub examine, con ocasión del pago de la condena de la acción de reparación directa en la que…
  • ¿En el caso sub examine, la imputación realizada por la entidad demandante solo puede analizarse bajo la conducta de dolo?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EJÉRCITO NACIONAL RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL PAGO DE LA CONDENA PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL PLAZO LEY 1437 DE 2011 VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011 APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN JUEZ ADMINISTRATIVO FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO AGENTE DEL ESTADO CONDENA POR ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONDENA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DOLO SENTENCIA PENAL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DEL CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO CONDENA CONTRA EL ESTADO COPIA DE LA SENTENCIA HOMICIDIO MUERTE DE CIVIL CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO VALORACIÓN DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA CONFLICTO ARMADO CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA CONFLICTO ARMADO INTERNO DELITO EN CONFLICTO ARMADO DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO CULPA GRAVE IMPUTACIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRESUNCIÓN DE DOLO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONFIGURACIÓN DEL DOLO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO PRUEBA DEL DOLO DERECHO DE DEFENSA EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIOS DE PRUEBA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO DISCIPLINARIO JUEZ FACULTADES DEL JUEZ CURADOR AD LITEM REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUNCIÓN LEGAL FALSO POSITIVO CASO FALSO POSITIVO EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA ENTIDAD PÚBLICA PRODUCCIÓN DEL DAÑO EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO GESTIÓN DEL PROCESO

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Medio de control de repetición: Sentencia
Titulación de la relatoría 29.914 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / EJÉRCITO NACIONAL / RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / PLAZO / LEY 1437 DE 2011 / VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011 / APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011 / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Se configuró caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, ya que la demanda se presentó de forma oportuna? Respuesta al problema jurídico: No La Sala precisa que la condena objeto del sub lite se profirió en un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984, de ahí que el Ejército Nacional debía cumplirla en los términos de los artículos 176 y 177 de ese cuerpo normativo, según lo ordenado en la parte resolutiva del fallo del 19 de junio de 2013, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia (…). De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia mencionada, lo cual ocurrió el 29 de julio de 2013 (…). por ende, el plazo para cumplir la obligación se extendió hasta el 30 de enero de 2015. Ahora bien, para efectos de contar la caducidad, cabe decir que a la controversia le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, toda vez que el plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad al 2 de julio de 2012 (…). De lo expuesto, se colige que lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin –18 meses, como ya se vio–, lo que ocurra primero. En el caso examinado, el pago de la condena por la que se repite se realizó el 12 de octubre de 2016 (…) es decir, después de que se completaran los 18 meses previstos en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, por consiguiente, el término de caducidad de 2 años corrió desde el 31 de enero de 2015 hasta el 31 de julio de 2017 y, como la demanda se presentó el 13 de octubre de 2016 (…), se impone concluir que fue oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 5 de abril de 2017, exp. 58762, C.P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 176, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / AGENTE DEL ESTADO / CONDENA POR ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONDENA / MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DOLO / SENTENCIA PENAL / JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DEL CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Debe el juez de segunda instancia analizar si la entidad demandante probó la calidad de exagentes estatales que tenían los demandados para la época de los hechos que dieron lugar a la condena impuesta en su contra, en cuanto dicho argumentó lo propuso el apelante en el recurso de alzada? Respuesta al problema jurídico: Si En la sentencia recurrida, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que la entidad demandante no probó la calidad de exagentes estatales que tenían los demandados para la época de los hechos que dieron lugar a la condena impuesta en su contra. La parte actora en la alzada refirió que la certificación y la sentencia penal obrantes en el plenario demostraban que los demandados sí eran agentes de la fuerza pública y, a su vez, que no se podía obviar que actuaron con dolo. Tomando en consideración que la competencia para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por la parte mencionada, le corresponde a la Subsección determinar (i) si se encuentra o no superado el elemento objetivo que el a quo echó de menos; y (ii) en caso de ser procedente, si la conducta imputada se acreditó, puntos que el apelante propuso en la alzada. Los demás requisitos para la prosperidad de la pretensión de repetición se encontraron acreditados en primera instancia, esto es, la existencia y pago de la condena, y no fueron objeto de discrepancia en el recurso de apelación, por lo que no se revisarán en esta instancia. REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / EJÉRCITO NACIONAL / RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL / CONDENA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDENA POR ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / COPIA DE LA SENTENCIA / HOMICIDIO / MUERTE DE CIVIL / CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / CONFLICTO ARMADO INTERNO / DELITO EN CONFLICTO ARMADO / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Problema jurídico: ¿Se acreditó la calidad de ex agentes del estado de todas las personas o individuos demandados en el caso sub examine, con ocasión del pago de la condena de la acción de reparación directa en la que incurrió el Ejército Nacional por el homicidio de unos civiles por parte de miembros de su institución? Respuesta al problema jurídico: No Condición de ex agentes del Estado de los demandados. Según lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política, ostentan la condición de servidores públicos: los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma indicada por la Constitución, la ley y el reglamento. Descendiendo al caso concreto, conviene aclarar, de entrada, que no es cierto que el Ejército Nacional hubiera aportado con la demanda una certificación en la que informaba que los demandados hicieron parte de sus filas como soldados y participaron en el daño que dio origen a la condena. Sin embargo, la Sala observa que obra copia de los siguientes documentos: (i) sentencias de primera y segunda instancia, expedidas en el proceso de reparación directa 2005-01199-01 acumulado con el 2005-04817-01, proveídos en los que se afirma que los hechos que sirvieron como fundamento a la demanda fueron “causados por miembros del Ejército Nacional, en servicio activo, adscritos a la Brigada Móvil, Grupo Elite de la Afeur de Medellín”; (ii) copia del fallo del 25 de agosto de 2015, proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, mediante el cual se declaró penalmente responsables a los señores (…), quienes se allanaron a los cargos de homicidio de los señores (…) el 14 de septiembre de 2004, en concurso con concierto para delinquir, “agravado por su pertenencia a las fuerzas militares”; y (iii) ficha técnica de muertes en desarrollo de operaciones militares en la que se enlistaron los nombres de las mencionadas personas (demandados), además del señor (…), como “personal de las fuerzas militares vinculado y detenido”. A partir de la valoración conjunta de esas piezas procesales y, atendiendo a un pronunciamiento reciente de la Sala en una controversia con supuestos fácticos semejantes, se infiere la condición de exagentes estatales de los señores (…), quienes eran miembros de la institución para la fecha de los hechos motivo de investigación, con lo cual se encuentra acreditado el requisito objetivo propio de la demanda de repetición. No ocurre lo mismo con los señores (…) pues, en relación con el primero, la única prueba en la que se registra su nombre como miembro del Ejército es la ficha técnica de que la se lee que estaba vinculado y detenido, pero se desconoce por cuáles hechos y desde qué fecha, duda que no puede despejar la Sala a partir de las sentencias de reparación directa y penal. Es decir, se probó que estuvo vinculado a la institución, mas no para la época de los hechos y menos su relación con los sucesos por los que resultó condenada la entidad y, en lo atinente al segundo, de ninguno de los elementos de juicio reseñados es posible derivar su condición. Por ende, a pesar de que no existe tarifa legal para probar este supuesto, sí resultaba necesario que la entidad aportara una certificación frente a aquellos o, en su defecto, sus actos de vinculación a la institución, situación que no ocurrió y, en esa medida, no se adelantará un análisis de su actuar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, exp. 67170, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123 DOLO / CULPA GRAVE / IMPUTACIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿En el caso sub examine, la imputación realizada por la entidad demandante solo puede analizarse bajo la conducta de dolo? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala advierte que, aunque en la demanda se dijo que los demandados incurrieron en “dolo y culpa grave”, lo cierto es que realizar una imputación en la que se aleguen dichos aspectos de manera concomitante no resulta viable, dado que no es posible que el exfuncionario, al mismo tiempo, quiera el resultado ajeno a las finalidades del servicio y, a su turno, no busque desmejorarlo. En ese contexto, se ha sostenido que, si el caso concreto permite una doble atribución de la conducta respecto de cada actuación desplegada o si la conducta amerita varias imputaciones de ese tipo, el interesado deberá plantear sus pretensiones de manera subsidiaria, porque, de esa forma, el demandado podrá ejercer su derecho de defensa debidamente. La Subsección entiende que la imputación realizada por la demandante solo puede analizarse bajo una conducta de dolo muy a pesar de que en el Código Civil se equipare a la culpa grave, puesto que solo se estableció que los demandados quisieron, desde un punto de vista volitivo, el resultado desviado de su servicio, tal y como lo concluyeron los jueces administrativo y penal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 62110, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Puede el juez administrativo analizar en el caso sub examine, el nuevo argumento plasmado por el apelante en su recurso de apelación respecto a la causal del dolo que establece el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: No [E]s menester subrayar que en la apelación se hizo alusión a la causal de dolo de que trata el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, pero no se puede admitir tal exigencia, en vista de que ese medio de impugnación no tiene por objeto que las partes complementen o modifiquen sus demandas y sorprendan a su contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse ni aportar o solicitar pruebas, razón por la cual la Subsección se abstendrá de estudiar esa modificación realizada a la imputación de responsabilidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 54407, C.P. María Adriana Marín. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRESUNCIÓN DE DOLO / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / DERECHO DE DEFENSA / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / EJÉRCITO NACIONAL / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIOS DE PRUEBA / PAGO DE LA CONDENA / SENTENCIA CONDENATORIA / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / HOMICIDIO / MUERTE DE CIVIL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PROCESO DISCIPLINARIO / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / COPIA DE LA SENTENCIA / CURADOR AD LITEM / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO INTERNO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / DELITO EN CONFLICTO ARMADO / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Debe aplicarse la presunción de dolo prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, en cuanto la misma se probó y acreditó, esto, con ocasión del homicidio de unos jóvenes a quienes los demandados quisieron hacer pasar por muertos en un supuesto enfrentamiento militar, configurándose la responsabilidad patrimonial de los ex agentes del Ejército Nacional? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Subsección ha señalado que las presunciones del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 son legales, por lo que admiten prueba en contrario, para garantizar el ejercicio del derecho de defensa, de ahí que, en caso de invocarse alguna de ellas, debe demostrarse el hecho en que se apoya dicha presunción y así, en principio, se deducirá que la conducta del demandado fue dolosa, a menos que, en ejercicio de su derecho de defensa, desvirtúe las mismas. Ahora, el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o exfuncionarios solo surge en la medida en que el daño, por cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse, entre otros, a la conducta dolosa de los mismos; lo anterior, debe entenderse como una garantía a los servidores públicos, toda vez que no cualquier equivocación en la que puedan incurrir, tiene la vocación de derivar en responsabilidad patrimonial. En línea con lo anterior, la parte demandante, para la prosperidad de la repetición, debe aportar pruebas que demuestren, por ejemplo, el dolo del funcionario vinculado al proceso, y que, precisamente, por dicha conducta se causó un daño por el cual la entidad pública debió reconocer una indemnización impuesta en una sentencia judicial condenatoria o en una conciliación, entre otras. Desde esta perspectiva, la Sala, en jurisprudencia reiterada, ha evidenciado tres posibles eventos en los cuales la parte demandante puede imputarle una conducta dolosa al agente estatal, con la finalidad de comprometer su responsabilidad patrimonial: (i) El primer evento, y el más común, se presenta cuando, en el libelo, el Estado estructura la responsabilidad del demandado en uno de los supuestos consagrados en el 5 de la Ley 678 de 2001, en los cuales se presume el actuar doloso que le es imputable al agente público en nexo con el servicio, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. En otros términos, el Estado en el escrito inicial señala que se presentó dolo del agente y enmarca su conducta en uno o varios de los supuestos que consagra el cuerpo normativo en mención. (ii) El segundo supuesto gira en torno a que, si bien en la demanda no se identifica expresamente uno de los supuestos que hace presumir el dolo del demandado, los argumentos esbozados por el extremo activo de la litis son suficientes para que el juez pueda enmarcar su motivación en uno de los mencionados supuestos. Así pues, el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá razonar con suficiencia los móviles y fundamentos en los que se basa la presunción que alega, para que el juez pueda encuadrarla en uno de los supuestos del artículo 5 de la Ley 678 de 2001. Es decir, puede ocurrir que se demande en repetición y no se invoque de manera particular uno o varios de los eventos en los que se presume el dolo, pero con la carga de que la parte actora le suministre al juez una argumentación tal que le permita enmarcar la conducta del agente en uno de los supuestos de esa norma. Lo anterior encuentra respaldo en que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto. (iii) Por último, pueden presentarse muchos más casos en los cuales, pese a que no se encuentran consagrados en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, dan lugar a que el Estado repita contra el agente, dado que las denominadas presunciones son solo algunas de las hipótesis o eventos de responsabilidad del agente público que pueden invocarse y, por tanto, demostrar en las demandas de repetición. En eventos diferentes a los contenidos en las mencionadas normas no opera la presunción del dolo y, como consecuencia, se deberán describir las conductas constitutivas y, desde luego, acreditarse adecuadamente. (…) En vista de lo expuesto, en esta oportunidad, la Sala analizará la conducta de los señores (…) a la luz del segundo evento. Lo anterior, por cuanto, aunque el Ejército Nacional en la demanda no invocó expresamente alguna presunción, no puede ignorarse que tanto de los argumentos de ese escrito como de las intervenciones en primera instancia se puede extraer con claridad la aplicación de la presunción de dolo descrita en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, referida a los eventos en los que el exservidor público ha sido declarado penal o disciplinariamente responsable, a título de dolo, por los mismos hechos que motivaron la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado. (…) Entonces, en este evento, como ya se dijo, se recurrirá a la presunción aludida, de modo que el hecho que le da sustento debe estar completamente probado y no debe dar lugar a duda alguna, para ello podrá acudirse a una valoración integral de las pruebas que obran en el expediente. (…) En atención a las pruebas (…) la Sala estima que se encuentra acreditado el supuesto de hecho que permite la aplicación de la presunción aludida, por las razones que pasa a explicar. Parte por sostener que los proveídos disciplinarios no permiten la superación de la presunción de dolo del numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, porque a través de estos no hubo pronunciamiento particular sobre las actuaciones de los demandados, por el contrario, dan cuenta de que no se adelantó un proceso interno por la muerte de los civiles dados de baja. Igual sucede con la sentencia que terminó el litigio de reparación directa, toda vez que, por sí sola, no edifica el actuar doloso, pues, según la jurisprudencia de esta Sección, en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado, sino sobre el comportamiento del agente. De hecho, no puede replicarse como cierto lo expuesto en la motivación de esta, bajo el entendido de que no sería el juez de la causa a quien le correspondería analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos, sino que estaría limitado a aceptar el razonamiento que sobre los mismos se formó otro juez, asunto que contradice los principios básicos del derecho procesal, ya que las partes en este escenario no podrían contradecir las pruebas ni intervenir en su producción. Así pues, el criterio que tiene el juez contencioso administrativo al resolver su controversia no ata al juez de repetición, por lo que, a lo sumo, podría servir de punto de partida para determinar cuáles fueron los hechos que rodearon el proceso antecedente y los fundamentos de la decisión que tomó el juez en ese caso, pero no tienen el alcance de probar la conducta de los demandados en el proceso de repetición, máxime cuando en sede de reparación directa no se mencionaron las actuaciones de aquellos. En ese sentido, para este caso, la sentencia de reparación directa solo probaría que el 19 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la aquí actora por los perjuicios derivados de la muerte de dos ciudadanos, como consecuencia de una falla del servicio. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la sentencia del 25 de agosto de 2015, expedida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, pues en la parte resolutiva se lee que los demandados fueron condenados penalmente, en la modalidad de dolo, dada la aceptación voluntaria de los cargos por la muerte de las víctimas directas, daño que conllevó a esta jurisdicción a imponer al Ejército Nacional la condena por la que hoy se repite, esto es, la ejecución extrajudicial de dos ciudadanos. De suerte que, para la Sala, se acreditó el hecho base de la presunción legal de dolo prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, en vista de la decisión judicial que declaró penalmente responsables a los demandados como autores materiales de los homicidios de los jóvenes (…), a quienes quisieron hacer pasar por muertos en un enfrentamiento armado que no sucedió, según lo reconocieron aquellos, evento que originó la condena patrimonial que asumió el Ejército Nacional. Al constatarse que la parte actora demostró el aspecto fáctico para aplicar la presunción mencionada, debe indagarse acerca de la defensa de los accionados, ya que tenían la posibilidad de aportar pruebas para desvirtuar la consecuencia por ella prevista, en consideración a que ostenta el carácter de legal y no de derecho. La Sala considera que los argumentos del curador ad litem que asumió la defensa de los accionados no resultan suficientes para desvirtuar la conducta endilgada ni encuentran respaldo probatorio. Así las cosas, dado que se cumplió el requisito subjetivo para la prosperidad de la pretensión de repetición, se revocará la sentencia apelada, a fin de declarar patrimonialmente responsables a los demandados. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 28448, C.P Ruth Stella Correa Palacio; sentencias del 18 de febrero, 4 y 22 de noviembre de 2022, exps. 68336, 67486 y 66590, C.P. María Adriana Marín; sentencias del 11 de febrero de 2009, exp. 33450 y del 22 de julio de 2009, exp. 22779, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 1 de marzo de 2018, exp. 52209, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 56485, C.P. María Adriana Marín, sentencia del 31 de marzo de 2023, exp. 68988, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de junio de 2019, exp. 45647 C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 4 PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / AGENTE DEL ESTADO / EJÉRCITO NACIONAL / ENTIDAD PÚBLICA / PRODUCCIÓN DEL DAÑO / PLAZO / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿En el caso sub examine, el reembolso de la condena debe efectuarse por el 100 %, en cuanto se constató que la conducta desplegada por los demandados fue dolosa? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala reitera que cuando se constata que la conducta desplegada por la parte demandada es dolosa, el reembolso de la condena debe efectuarse por el 100%. En el sub judice se advierte que el 12 de octubre de 2016, la entidad estatal pagó la suma de $393’803.667, pero, en el acto administrativo mediante el cual el Ejército Nacional ordenó dicho pago se encuentran discriminados los valores liquidados, dentro de los cuales se resalta que, por concepto de capital, se fijó la suma de $294’750.000, y lo demás correspondió a intereses de mora (…), rubro que no se le puede imputar a los demandados. En consecuencia, el valor reintegrar será el que resulte de la actualización del capital indicado (…) Esta Subsección considera que la condena debe dividirse, en partes iguales, por cuanto los señores (…) participaron conjuntamente en la producción del daño por el que se repite. Por consiguiente, serán condenados a pagar, cada uno, a favor del Ejército Nacional la suma de $62’033.250. Para tal efecto, se concederá el plazo de 6 meses contados desde la ejecutoria de esta providencia, para que procedan al pago del rubro referido, en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 678 de 2001 y, en atención al criterio adoptado por esta Sala. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo del 27 de agosto de 2021, exp. 54750, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 8 de noviembre de 2021, exp. 66876, C.P. María Adriana Marín y fallo del 22 de octubre de 2021, exp. 55893, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 15 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / EJÉRCITO NACIONAL / GESTIÓN DEL PROCESO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto la parte demandada resultó vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso y el artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”, pero vale aclarar que estás últimas serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el artículo 366.4 de esa misma norma. En el sub lite, la presente decisión modificará el fallo apelado, por ende, en atención a lo previsto en el artículo 365.2 del CGP, se determina que hay lugar a condenar en costas, en esta instancia, a la parte vencida en el proceso, esto es, a la parte demandada. Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, las mismas deberán ser liquidadas por el juez de primera instancia. Así, al tenor de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, se fijan como agencias en derecho el equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, monto que se liquidará y pagará, en partes iguales, por cada una de las personas que aquí resultaron condenadas y a favor del Ejército Nacional, porque, pese a que no presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, debió atender el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial, que hace parte de su planta de personal. (…) FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 2

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201701272011100103