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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la nulidad es una consecuencia legal que, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece

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Fecha
2022-01-26
Radicado
25000233600020130125801
Número interno
55926
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL -CAR
Demandado
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, SOCIEDAD AGREGADOS EL TRIANGULO SAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la nulidad es una consecuencia legal que, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece

Lo que dijo la Sala

La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración. Esto exige que en el juicio de validez se deban estudiar las limitaciones de orden legal existentes al momento de la celebración del contrato. Y conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede fundamentar la nulidad de un contrato de concesión minera en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, ya que estos principios no constituyen disposiciones legales que prohíban la celebración de contratos en determinados casos, sino que buscan orientar las políticas ambientales basadas en investigaciones científicas. La nulidad del contrato estatal se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, y no es viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez del negocio jurídico. Esto implica que los jueces no pueden ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear nuevas causales que no hayan sido previstas por el legislador.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, lo que conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Si con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, ello conlleva su nulidad por objeto ilícito?
  • ¿Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio…
  • ¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Titulación de la relatoría 8.707 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

INVALIDEZ DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / ALCANCE DE LA NULIDAD / HECHO SOBREVINIENTE / SOBREVIVIENTE / NULIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD Problema jurídico: ¿La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, lo que conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa? Respuesta al problema jurídico: Si La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración. Esto exige que en el juicio de validez se deban estudiar las limitaciones de orden legal existentes al momento de la celebración del contrato. Y conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa (...). NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la improcedencia de la nulidad sobreviniente en los contratos, consultar providencia de 10 de febrero de 2016, Exp. 44196, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO ILÍCITO / DECLARACIÓN DE RESERVA FORESTAL / ZONA DE RESERVA FORESTAL / USO DE ZONA DE RESERVA FORESTAL / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / HECHO SOBREVINIENTE / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / VALIDEZ DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Si con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, ello conlleva su nulidad por objeto ilícito? Respuesta al problema jurídico: No [S]i con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del contrato, ello no conlleva su nulidad. Esto justamente ocurre en el presente caso, pues al momento de celebrarlo no existía prohibición de adelantar actividad minera en el área prevista en el Contrato. (...) [C]onforme al Decreto 2655 de 1988, que era el código de minas vigente al momento de la celebración del contrato, no se podían adelantar actividades en las zonas de reserva ecológica que estuvieran previamente declaradas como tales. De hecho, el artículo 9º del mismo decreto reitera una regla general sobre la validez del negocio jurídico: la declaratoria de nuevas zonas no afectaba los títulos mineros porque estos conservaban su validez. (...) En el presente caso, la nulidad que de acuerdo con la demanda se generó con la expedición del Acuerdo 22 del 18 de agosto de 2009, que declaró Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al Páramo de Guargua y Laguna Verde, debería haberse sustentado en la norma anterior, y no en la Ley 685 de 2001. Sin embargo, al margen de si se declaró un distrito de manejo especial o una reserva forestal, lo cierto es que el Acuerdo 22 de 2009 es posterior a la celebración del contrato. Así las cosas, el contrato de concesión no adolece objeto ilícito porque esa zona no estaba restringida de actividades mineras al momento de perfeccionamiento del negocio jurídico. FUENTE FORMAL: DECRETO 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 9 NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL Problema jurídico: ¿Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a nulidad sólo opera si se violan normas imperativas vigentes al momento de su celebración, [c]omo lo establece el inciso segundo del artículo 6º del Código Civil (...). En el mismo sentido, los artículos 1519 y 1741 del Código Civil indican que un negocio adolece de objeto ilícito por contrariar las normas imperativas vigentes al momento de su celebración (...). La norma mencionada exige que el desconocimiento se refiera a irregularidades expresamente previstas por el legislador, como causal de nulidad. Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tiene reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio jurídico y no le está dado a los jueces ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear causales que no han sido previstas por el legislador. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la reserva de ley de las causales de nulidad de los contratos, consultar providencias de 22 de marzo de 2007, Exp. 28010, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 6 INCISO: 2 PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN / LICENCIA AMBIENTAL / EXIGIBILIDAD DE LICENCIA AMBIENTAL / OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / SOLICITUD DE NULIDAD / NULIDAD DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993? Respuesta al problema jurídico: No [L]a petición de anular el contrato se sustentó en el desconocimiento de los principios de prevención y precaución, previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993, que era norma vigente antes de su celebración (...). La anulación de un contrato no puede fundamentarse en la violación del principio de precaución consagrado en la disposición anterior como un principio general de la política ambiental colombiana. Esta disposición tiene el propósito de declarar que las políticas ambientales deben sustentarse en investigaciones científicas que determinen cuáles son las consecuencias de las actividades que se regulen al formular tales políticas, pero excepcionalmente permite adoptarlas (estableciendo prohibiciones, limitaciones o medidas de mitigación) en eventos en los que no exista certeza científica, pero exista peligro de daños graves e irreversibles al medio ambiente. No es una disposición legal que prohíba la celebración un contrato en determinados casos o bajo determinadas circunstancias y, que, por ende, pueda servir de fundamento para anularlo. La validez de los contratos no puede estar sujeta al alcance que un juez le otorgue posteriormente a un principio, para determinar que en virtud de su aplicación el contrato no debió celebrarse y por ende debe ser anulado. (...) Así entonces, los principios de la Ley 99 de 1993 no pueden servir de base para que los jueces anulen los contratos prohibidos por leyes posteriores, salvo que el legislador haya determinado tal consecuencia y haya previsto la forma como serán compensados los derechos adquiridos por los particulares. Si la autoridad ambiental autorizó la celebración de un contrato porque la regulación vigente lo permitía y posteriormente se estimó que la protección del medio ambiente aconseja no ejecutar ese tipo de actividades en la zona donde se celebró el contrato, las nuevas disposiciones solo tendrán el efecto de terminar anticipadamente los contratos que autorizan tales actividades, si el legislador así lo dispone expresamente. (...) En materia del contrato de concesión minera se conocían los riesgos asociados. Por esto, la celebración del contrato requería de la licencia de la autoridad ambiental: en ese momento se conocía que la ejecución de la actividad comportaba afectaciones al medio ambiente; y la licencia tiene por objeto establecer la forma como se logrará minimizar tal afectación, cómo se mitigará o cómo se compensará. No se trata de que exista falta de certeza sobre los riesgos; las afectaciones se conocen y la licencia tiene el objeto indicado anteriormente en aplicación del principio de prevención. (...) Cabe aclarar que lo anterior no significa que la sentencia respalde sin límites el desarrollo de actividades mineras en esa zona. Como se indicó previamente, simplemente se indica que la sanción de nulidad del contrato, que es la pretensión impetrada en la demanda, no procede en este caso. FUENTE FORMAL: LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 1
Texto extraído del PDF oficial 39.875 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022) Referencia: Medio de control de controversias contractuales Radicación 25000233600020130125801 (55926) Demandante: Corporación Autónoma Regional - CAR Demandado: Agencia Nacional de Minería y Agregados El Triángulo S.A.S. Tema: Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del contrato de concesión minera, y en su lugar se desestiman las pretensiones, porque la declaratoria de Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado se realizó posterioridad al perfeccionamiento del contrato. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por Agregados El Triángulo S.A.S. contra la sentencia del 30 de julio de 2015, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso lo siguiente: <<PRIMERO: Declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula tercera del contrato de concesión No. 18254 con registro Minero Nacional GEGO-02 del 3 de agosto de 1998, desde el 19 de agosto de 2009, parcialmente, respecto del área de la concesión que se superpone con la zona de Reserva Forestal del Páramo de Guargua y Laguna Verde, declarada mediante Acuerdo 022 del 18 de agosto de 2009 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. SEGUNDO: Declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la inscripción de la cláusula tercera del contrato de concesión No. 18254 co n número de registro Minero Nacional GEGO-02 en el Registro Nacional Minero, desde el 19 de agosto de 2009, bajo las mismas precisiones del numeral anterior. TERCERO: Ordenar la inscripción de la presente providencia en el registro nacional minero en el folio correspondiente al contrato. CUARTO: Ordenar a la Agencia Nacional de Minería adoptar las medidas necesarias para terminar la ejecución del contrato de concesión minera No. 1854 cuyo cesionario (sic) actual y legitimo es la sociedad Agregados El Triángulo SAS en el área que se superpone parcialmente con la zona de Reserva Forestal del Páramo de Guargua y Laguna Verde, declarada mediante Acuerdo 022 de 2009 de la Corporación Autónoma Regional CAR. Medidas que comprenderán la exclusión de las áreas afectadas del contrato de concesión minera, delimitando de manera técnica y objetiva la zona excluida. 2 Radicado: 25000233600020130125801 (55926) Demandante: Corporación Autónoma Regional - CAR QUINTO: Ordenar a Agregados El Triángulo SAS entregar a la Agencia Nacional de Minería el área afectada, sin derecho a reconocimiento económico alguno.>> La Sala es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con lo establecido en los artículos 150 del CPACA. El tribunal era competente para conocer el proceso en primera instancia de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 152 del CPACA, el cual establece que conocerá << de los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios>>. El recurso de apelación de la parte demandada fue admitido mediante providencia del 12 de enero de 2016, y mediante auto del 4 de febrero de 2016 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión. La Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional se pronunciaron. El Ministerio Público y Agregados El Triángulo S.A.S. guardaron silencio. Después de interpuesto y concedido el recurso de apelación, el 22 de octubre de 2015 el apoderado de la ANM in terpuso incidente de nulidad contra la sentencia de primera instancia porque <<no contenía pronunciamiento frente a los argumentos expuestos por la entidad en la contestación de la demanda1>>. La posible nulidad se entendió saneada porque el citado apoderado no recurrió el auto que otorgó traslado para alegar, y luego presentó alegatos de conclusión en los cuales planteó los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda para oponerse a las pretensiones. I. ANTECEDENTES A.- La posición de la parte demandante 1.- El 9 de julio de 2013 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante, la “CAR”) presentó demanda contra la Agencia Nacional de Minería (en adelante, la “ANM”) y la sociedad Agregados El Triángulo S.A.S. con las siguient es pretensiones: <<Pretensiones 1- Que se declare la nulidad absoluta del Contrato de Concesión No. GECO-02 de fecha 11/04/1995, para l a exploración y explotación de un yacimiento de gravas, arena, celebrado entre Ingeominas y la sociedad Agregados El Triángulo. 2- Que, como consecuencia de la nulidad absoluta del contrato aludido, se declare la nulidad de la inscripción del Contrato de Concesión No. GECO -02 del Registro Minero Nacional. 3- Que se ordene la desanotación de la inscripción del contrato de Concesión No. GECO- 02 del Registro Minero Nacional.>> 2.- La parte demandante fundamentó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones: 1Fl. 335 del cuaderno principal. 3 Radicado: 25000233600020130125801 (55926) Demandante: Corporación Autónoma Regional - CAR 2.1.- El artículo 289 de la Ley 685 de 2001 permite que quien acredite un interés directo pueda solicitar que se declare la nulidad de un contrato de concesión minera. La CAR es la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. En cumplimiento de sus funciones, previstas en la Ley 99 de 1993, tiene interés jurídico en impedir el desarrollo de actividades que impacten y pongan en riesgo los recursos naturales y, en consecuencia, para solicitar que se declare la nulidad de un contrato de concesión minera. 2.2.- Mediante el contrato de concesión GECO-02 del 11 de abril de 1995, registrado bajo el número 18254 del 3 de agosto de 1998 (en adelante, el Contrato) , el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) —hoy ANM— otorgó a Agregados El Triángulo S.A.S. un título minero para la exploración y explotación de grava y arena en el municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca. El contrato terminará el 31 de agosto de 2028. 2.3.- El Acuerdo 22 del 18 de agosto de 2009, proferido por la CAR, declaró como <<Zona de Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al Páramo de Guargua y Laguna Verde>>. El Contrato adolece de objeto ilícito porque comprende un área donde no se puede n adelantar actividades de minería : el negocio jurídico desconoce los artículos 8º y 79 de la Constitución Política, el artículo 1º del Decreto 2811 de 1974, el numeral 4 del artículo 1º de la Ley 99 de 1993 y el artículo 34 de la Ley 685 de 2001. B.- Posición de la parte demandada 3.- La Sociedad Agregados El Triángulo S.A.S. contestó la demanda el 13 de octubre de 2013 y se opuso a las pretensiones con base en la siguiente argumentación: 3.1.- Afirmó que el Contrato fue celebrado inicialmente entre Marco Alejandro Montero Granados y el Ministerio de Minas y Energía. Posteriormente , la posición del señor Montero fue cedida a la sociedad Agregados El Triángulo S .A.S., cesión que fue autorizada por la Empresa Nacional Minera Ltda . (Minercol) en la Resolución No. RUD.0196 del 29 de noviembre de 2001. 3.2.- El Contrato se adelantó en cumplimiento de la normativa procedimental y ambiental vigente para la época de su celebración, cuando aún no existía la Reserva Foresta Protectora y Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua y Laguna Verde . La declaratoria de realizó once años después de la suscripción del contrato, por medio del Acuerdo 22 del 18 de agosto de 2009. 3.3.- El Acuerdo 22 del 18 de agosto de 2009 , por medio del cual se declaró Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al Páramo de Guargua y Laguna Verde, establece el respeto de los derechos adquiridos en su artículo 8. 3.3.1.- Además, el artículo 4 del Acuerdo 22 estableció que el manejo y aplicabilidad de la declaratoria de reserva está supeditada a la reglamentación del distrito de manejo 4 Radicado: 25000233600020130125801 (55926) Demandante: Corporación Autónoma Regional - CAR integrado, por medio de un plan de manejo integrado que debe ser expedido por parte de la CAR. Esta entidad no lo había formulado, ni adoptado al momento de contestar la demanda. 3.4.- Por medio de la Resolución 3493 de 2006 , la CAR permitió actividad minera en la zona donde se encuentra la explotación que adelanta la sociedad Agregados El Triángulo S.A.S. La misma CAR otorgó la licencia única para adelantar explotación de materiales de construcción a través de la Resolución No. 1421 del 5 de septiembre de 1997, la cual se encuentra vigente, conforme con la cesión autorizada por medio de la Resolución No. 600 de 2002. 4.- La ANM contestó la demanda el 11 de enero de 2014 y se opuso a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos: 4.1.- El Contrato se inscribió aproximadamente once años antes de la constitución de reserva forestal prevista en el Acuerdo 22 de 2009 expedido por la propia CAR, y la restricción contenida en su artículo 9º no es aplicable a los títulos expedidos con anterioridad. Así las cosas, la declaratoria de la reserva forestal no podía afectar el título minero. 4.2.- En el Acuerdo 22 de 2009 la CAR se limitó a mencionar cinco (5) títulos mineros y veintiún (21) solicitudes en materia minera, sin aclara r si respecto de estos estaba prohibida tal actividad. 4.3.- El artículo 9º del Decreto 2655 de 1988 , norma vigente al momento de celebrar el Contrato, establecía que la exclu

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201301258011100103