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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la declaratoria de nulidad de un contrato de compraventa da lugar a las restituciones mutuas, pero para eso es necesario

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Fecha
2023-07-04
Radicado
13001233100020080071201
Número interno
56537
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Demandado
FUNDACION TRABAJAR POR COLOMBIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la declaratoria de nulidad de un contrato de compraventa da lugar a las restituciones mutuas, pero para eso es necesario

Lo que dijo la Sala

El 19 de diciembre de 2008, el Departamento de Bolívar presentó demanda… , en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra de la Fundación Trabajar por Colombia, con la pretensión de que se declarara la nulidad absoluta del contrato 380 del 24 de diciembre de 2007, que tenía por objeto la adquisición de medicamentos e insumos médicos, y que, como consecuencia, se ordenara la restitución de los dineros efectivamente pagados, los cuales debían indexarse o actualizarse.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La nulidad absoluta de un contrato de compraventa estatal da lugar a restituciones mutuas, pero estas solo proceden si se acredita la entrega de los bienes y el pago del precio, pues esos son los requisitos previos para ordenar la devolución de cada prestación. La regla se complementa con el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, que permite reconocer las prestaciones ejecutadas cuando se demuestra que beneficiaron a la entidad. Estos elementos deben probarse, de modo que la mera pretensión de restitución de los dineros pagados no basta para ordenarla. En el asunto, la entidad demandó la nulidad absoluta de un contrato para la adquisición de medicamentos e insumos médicos y pidió la devolución de lo pagado, indexado, y subsidiariamente el incumplimiento y los perjuicios. La Sala examinó si procedía ordenar la restitución de los dineros supuestamente pagados y confirmó la decisión desfavorable a esa pretensión. En la práctica, la entidad que pide restituciones mutuas debe demostrar la entrega y el pago antes de obtener la devolución.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿[L]a declaratoria de nulidad de un contrato de compraventa da lugar a las restituciones mutuas, pero para eso es necesario que se acredite la entrega de los bienes y el pago del precio, es decir, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 permite el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas, siempre que se demuestre que beneficiaron a la entidad?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, art. 177

También resuelve

  • ¿La simple declaración de un funcionario público, así sea la supervisor de contrato, no es suficiente para acreditar el pago del contrato, ya que…
  • ¿Para que las prestaciones ejecutadas del contrato sean reconocidas al momento de declarar la nulidad absoluta del contrato "restituciones mutuas", deben acreditarse dos aspectos…
  • ¿Hay situaciones en las que no será procedente ordenar las restituciones mutuas?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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Sin prueba de su prestación no puede haber lugar a las restituciones.
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La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo.
Consejo de Estado 2023-07-12 Sección Tercera (Subsección C)
No se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento
Titulación de la relatoría 20.318 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE COMPRAVENTA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESTITUCIONES MUTUAS / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿[L]a declaratoria de nulidad de un contrato de compraventa da lugar a las restituciones mutuas, pero para eso es necesario que se acredite la entrega de los bienes y el pago del precio, es decir, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 permite el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas, siempre que se demuestre que beneficiaron a la entidad? Respuesta al problema jurídico: Si El 19 de diciembre de 2008, el Departamento de Bolívar presentó demanda (...), en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra de la Fundación Trabajar por Colombia, con la pretensión de que se declarara la nulidad absoluta del contrato 380 del 24 de diciembre de 2007, que tenía por objeto la adquisición de medicamentos e insumos médicos, y que, como consecuencia, se ordenara la restitución de los dineros efectivamente pagados, los cuales debían indexarse o actualizarse. Subsidiariamente, solicitó que se declarara el incumplimiento del contrato y el pago de los perjuicios derivados del mismo. (...) Le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar la restitución de los dineros supuestamente pagados por el Departamento de Bolívar a la fundación demandada, en el marco del contrato 380 de 2007. (...) Las restituciones mutuas en un contrato de compraventa implican que el comprador -en este caso, el Departamento de Bolívar- devuelva los bienes recibidos, y que el vendedor -Fundación Trabajar por Colombia- devuelva los dineros pagados. Por lo mismo, estos serían los dos primeros requisitos para que se ordenen las restituciones: la entrega de los bienes, por un lado, y el pago del precio, por el otro. Sin embargo, en aplicación del inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, si se demuestra que, a pesar de la ilicitud del objeto, los bienes fueron entregados, y estos resultaron óptimos para satisfacer la necesidad pública que se pretendía conjurar a través del contrato, no podría ordenarse la restitución del precio, por cuanto el contratista tendría derecho a que se le reconozca lo efectivamente ejecutado. En todo caso, cualquier análisis relacionado con la restitución del valor, exige que se pruebe el pago, puesto que, como lo ha dicho esta Corporación, “[…] cuando nada se ha dado o pagado en razón del contrato nulo, no hay lugar a considerar y a resolver sobre las eventuales restituciones mutuas”. (...) En cuanto a la entrega de los medicamentos, la Sala estima que no existe un elemento material probatorio que permita concluir que la Fundación Trabajar por Colombia entregó los insumos contratados por el demandante. Si bien la coordinadora del Programa de Emergencias y Desastres, en su calidad de supervisora del contrato, certificó el recibo a satisfacción de los productos (...), y la almacenista de la Secretaría de Salud dio fe del ingreso de los mismos (...), estas pruebas resultan contradictorias, al tiempo que existen elementos de juicio para suponer que su información es falsa. (...) ante las irregularidades evidenciadas frente a la etapa de ejecución, la Sala no puede dar por acreditado el cumplimiento por parte de la contratista, y máxime cuando la única prueba de la entrega de los bienes son dos certificados falsos. Aunque pareciera que, en efecto, existieron mercados y kits de aseo (objeto de los contratos 384 y 386), al igual que complementos nutricionales (contrato 381) y medicamentos (contrato 380), no es posible colegir que estos se entregaron en debida forma o que entraron bajo la órbita de influencia del departamento. (...) La Subsección tampoco encuentra acreditado que el contratante pagara el valor del contrato, dado que no reposa en el expediente la constancia o el comprobante de los pagos realizados por el departamento. Aunque el recurrente pretende acreditar el pago del contrato con base en un supuesto informe realizado por la supervisora en presencia de la Contraloría Departamental y del Ministerio Público, en el que ella afirmó que el porcentaje de la inversión ejecutada era del 100%, la simple declaración de una funcionaria, así sea la supervisora, no es suficiente para acreditar el pago, ya que, se reitera, eso demanda la correspondiente constancia de pagos. (...) como no hay prueba del pago del contrato, debido a que, por el contrario, existe manifestación expresa de los funcionarios que ejercieron los cargos de gobernador y de tesorero al momento de los hechos de que no se cancelaron las cuentas de cobro o las facturas, y en vista de que, pese al decreto de la prueba de oficio, el departamento no suministró ningún soporte, la Sala, al igual que lo hizo el a quo, debe abstenerse de emitir pronunciamiento alguno en relación con las restituciones mutuas. -En este caso, la parte actora no solo incumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, sino que, además, decidió no colaborar en el curso de esta segunda instancia para atender los requerimientos probatorios que se le imponían29 . Una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administración de justicia, en general, y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en particular, es la concerniente a la prueba de los hechos que se alegan. La carga de la prueba es un elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva, conocido como principio “onus probandi”, el cual indica que, por regla general, corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda, como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumirse las consecuencias negativas en caso de no hacerlo. Por tanto, el que no se lograran probar los presupuestos necesarios para ordenar las restituciones, impide que así sea declarado en esta instancia. -Por otro lado, cabe mencionar que, diferente a lo señalado en la apelación, el que la curadora ad litem de la demandada no excepcionara la estimación de la cuantía, no hace que, por eso, dicho valor deba tenerse por cierto, o que deba ser efectivamente pagado, en tanto la norma del Código General del Proceso en la que se apoya tal argumento no resulta aplicable al caso sub-examine, porque este proceso y, por lo mismo, la determinación de la cuantía que se fijó en la demanda, así como la defensa que se podía oponer en su contra, se hicieron bajo el amparo de una normativa anterior, la cual no preveía que, si no se objetaba la estimación razonada de la cuantía juramentada, esta era prueba de su monto. Además, ese medio de prueba hace relación al monto del perjuicio, mas no a la prueba del pago. -Para terminar, se recuerda que el juez está atado a lo que se demuestre en el proceso. Sin embargo, como, en apariencia, en este caso aconteció un acto de corrupción, la decisión que la Sala adoptará no impedirá que en otro tipo de juicios se pruebe el pago y se hagan las declaraciones y determinaciones a que haya lugar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la exigencia de probar el pago para que procedan las restituciones mutuas, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de diciembre de 2017, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad.: 76001-23-31-000-2007-01419-01 (55102). FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / PAGO DEL CONTRATO / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La simple declaración de un funcionario público, así sea la supervisor de contrato, no es suficiente para acreditar el pago del contrato, ya que, eso demanda la correspondiente constancia de pagos realizados? Respuesta al problema jurídico: Si Aunque el recurrente pretende acreditar el pago del contrato con base en un supuesto informe realizado por la supervisora en presencia de la Contraloría Departamental y del Ministerio Público, en el que ella afirmó que el porcentaje de la inversión ejecutada era del 100%, la simple declaración de una funcionaria, así sea la supervisora, no es suficiente para acreditar el pago, ya que, se reitera, eso demanda la correspondiente constancia de pagos25 . Lo anterior, por cuanto los contratos estatales, al implicar la ejecución de recursos públicos, exigen una serie de trámites y requisitos, los cuales deben obrar por escrito. Así, por ejemplo, el pago requiere la orden de pago expedida por el ordenador del gasto, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal y al registro presupuestal del contrato. También deben existir las pruebas de la consignación, el comprobante de egreso o, en general, cualquier soporte que permita acreditar el trámite contable y presupuestal. RESTITUCIONES MUTUAS / CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD PARCIAL / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Para que las prestaciones ejecutadas del contrato sean reconocidas al momento de declarar la nulidad absoluta del contrato "restituciones mutuas", deben acreditarse dos aspectos: (i) uno cualitativo, vale decir, que haya significado un beneficio representado en la satisfacción de un interés público, y (ii) uno cuantitativo, en tanto el reconocimiento de lo ejecutado debe ir hasta el monto de lo efectivamente demostrado y esto aplica también para los contratos de ejecución instantánea? Respuesta al problema jurídico: Si Según el numeral 8º del artículo 1625 del Código Civil, las obligaciones se extinguen en todo o en parte por la declaratoria de nulidad del contrato; de otro lado, el artículo 1746 del mismo estatuto dispone que la nulidad pronunciada en sentencia da a las partes el derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el contrato nulo. Así, la declaratoria parcial o total de nulidad del contrato tiene un doble efecto: le pone fin hacia futuro a la eficacia del negocio jurídico y hace desaparecer del tráfico, con efectos retroactivos, el contrato o la cláusula viciada de nulidad. (...) A esta disposición se le suma la regla establecida en el inciso segundo del artículo 1746 del Código Civil, según el cual, en las restituciones que deban hacer los contratantes, cada uno será responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena fe o mala fe de las partes. En este orden de ideas, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se declare la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita, el ejecutante o prestador del objeto contractual tendrá derecho al reconocimiento del valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad se ha beneficiado para la satisfacción de un interés público. En otros términos, para que las prestaciones ejecutadas sean reconocidas al momento de declarar la nulidad absoluta, deben acreditarse dos aspectos: (i) uno cualitativo, vale decir, que haya significado un beneficio representado en la satisfacción de un interés público, y (ii) uno cuantitativo, en tanto el reconocimiento de lo ejecutado debe ir hasta el monto de lo efectivamente demostrado18 . En este punto, la Sala debe clarificar lo siguiente: si bien el inciso primero del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 únicamente se refiere a los contratos de ejecución sucesiva, no ocurre lo mismo con el inciso segundo, que habla, en general, del “contrato nulo por objeto o causa ilícita”, esto es, sin distinguir si es de ejecución sucesiva o de ejecución instantánea. Por tal motivo, lo prescrito en el inciso segundo del artículo 48 produce efectos, incluso, en los contratos de ejecución instantánea. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Rad.: 05001-23-31-000-2010-01744-01 (49483) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de marzo de 2021, C.P.: Nicolás Yepes Corrales. Rad.: 76001-23-31-000-2012-00171-01 (62250). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / LÍMITES DE RESTITUCIONES MUTUAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Hay situaciones en las que no será procedente ordenar las restituciones mutuas? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, y como también lo ha puesto de presente esta Corporación, hay situaciones en las que no será procedente ordenar las restituciones mutuas, pues será jurídica o materialmente imposible efectuarlas. Por supuesto, vale aclarar, en todos los procesos en los que se declare la nulidad, el juez tendrá la obligación de analizar lo relativo a dichas restituciones. No obstante, se itera, existen supuestos en los que el resultado de ese análisis conlleva a concluir que es improcedente ordenarlas. Al respecto, la Sección Tercera explicó: Y en cuanto a la posibilidad de volver las cosas al estado en que se hallaban antes del acto o contrato declarado nulo, se observa que ello se produce a través de la restituciones que surgen a partir de la declaratoria de nulidad, y que resultan admisibles sin ningún cuestionamiento en aquellos eventos en los que las obligaciones fueron de ejecución instantánea, como las de dar, en contratos de compraventa, permuta, etc., puesto que podrán restituirse las cosas recibidas, por un lado, y los dineros pagados, por el otro, sin perjuicio de lo que corresponda por concepto de frutos, mejoras, corrección monetaria, etc., según el caso; pero es evidente que existen eventos en los cuales ello no es posible, no se pueden volver las cosas al estado anterior, como sucede por ejemplo, cuando no se puede deshacer lo ejecutado por una de las partes, que es el caso de los contratos de tracto sucesivo, tales como los de suministro de bienes de consumo, prestación de servicios, obra pública, concesión, etc. etc., en los cuales las prestaciones se han cumplido y no pueden restituirse […]. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de volver las cosas al estado en que se hallaban antes del acto o contrato declarado nulo o restituciones mutuas, la Sala ha precisado: “Toda vez que este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, en principio, le resultaría aplicable el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, según el cual, aunque el contrato se encuentre viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito, el ejecutor o prestador del objeto contractual tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, en cuanto la entidad se hubiere beneficiado con éstas, en virtud de que le hubiesen servido para la satisfacción de un interés o intereses públicos. […] Por otra parte, como ha sido reconocido por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, hay situaciones en las cuales no resulta posible efectuar restituciones mutuas desde el punto de vista fáctico, por ejemplo en contratos de ejecución sucesiva” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2019, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Rad.: 08001-23-31-000-2008-00248-01 (61.720)). Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 16 de febrero de 2006, C.P.: Ramiro Saavedra Becerra. Exp.: 13414 (R-7186). ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el asunto contractual por razón a la cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si Como la demanda se instauró ante esta jurisdicción en el año 2008, se rige por lo prescrito en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por cuanto la Ley 1437 de 2011, según su artículo 308, entró a regir el día 2 de julio de 2012. Debe recordarse que, en virtud del inciso tercero de la precitada disposición, “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. De ese modo, el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgaría las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta la entidad territorial demandante. También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales con vocación de doble instancia en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor (numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil) excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESTITUCIONES MUTUAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La demanda presentada mediante la acción de controversias contractuales se interpuso dentro del término legal? Respuesta al problema jurídico: Si La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. El numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece que la acción de controversias contractuales caducará en el término de 2 años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. En relación con la pretensión de nulidad absoluta del contrato, el literal e) del precitado numeral prescribe “La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento […]”. Pero si la vigencia del contrato fuera superior a los dos años, el término para acudir a la jurisdicción será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco años, contados a partir de su perfeccionamiento. El contrato 380 fue suscrito el 24 de diciembre de 2007, con un plazo de un mes, por lo que el término de caducidad se extendió hasta el 24 de diciembre de 2009. Como la demanda se interpuso el 19 de diciembre de 2008, se colige que se presentó de manera oportuna. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012331000200800712011100103