Radicado: 25000-23-36-000-2013-01253-01 (59787)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Radicación: 25000-23-36-000-2013-01253-01 (59787)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
Demandados: Agencia Nacional de Minería y otro
Tema: Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad
del contrato de concesión minera y , en su lugar , se desestiman
las pretensiones de la demanda porque la declaratoria de Reserva
Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado se realizó con
posterioridad al perfeccionamiento del contrato.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación presentado por la Agencia Nacional de Minería
contra la sentencia proferida el 30 de marzo de 2017 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las
pretensiones de la demanda. La parte resolutiva de la sentencia es del siguiente
tenor:
<<PRIMERO: Declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato de
concesión No. 1915 A celebrado entre la EMPRESA NACIONAL MINERAL LTDA
– MINERCOL posteriormente INGEOMINAS hoy Agencia N acional de Minería y
JORGE ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ, por las razones expuestas en las
consideraciones que anteceden.
SEGUNDO: Declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la inscripción del
contrato de concesión No. 1915 A en el Registro Nacional Minero.
TERCERO: Ordenar la inscripción de la presente providencia en el Registro
Nacional Minero en el folio correspondiente al contrato No. 1915 A.
CUARTO: Ordenar a JORGE ENRIQUE TORRES entregar a la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA el área concedida, sin derecho a reconocimiento
económico alguno.
QUINTO: NOTIFÍQUESE esta providencia conforme al Artículo 203 del CPACA.
SEXTO: Ejecutoriada la sentencia, liquídense por la Secretaría de la Sección los
gastos procesales realizados y si hubiere excedente a favor de las partes,
devuélvaseles. Además, archívese por Secretaría el expediente, previas las
constancias del caso>>.
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Esta Subsección es competente para con ocer el recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el proceso en
primera instancia en razón de la cuantía, de acuerdo con el artículo 293 del
Código de Minas y el numeral 24 del artículo 152 del CPACA.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 29 de agosto de 20171.
En el auto del 6 de diciembre de 20172 se dio traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto ,
respectivamente. La demandante 3 presentó alegatos de conclusión dentro del
término legal. Los demandados y el Ministerio Público guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- El 9 de julio de 2013 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR (en adelante, CAR) presentó demanda de controversias contractuales
contra la Agencia Nacional de Minería (en adelante, ANM) para que se hicieran
las siguientes declaraciones y condenas4:
<<1. Que se declare la nulidad absoluta del Contrato de Concesión No. HEBK-01
de fecha 26/01/2004, para la exploración y explotación de un yacimiento de carbón,
celebrado entre Ingeominas y Jorge Enrique Torres González.
2. Que como consecuencia de la nulidad absoluta del contrato aludido, se declare
la nulidad de la inscripción del Contrato de Concesión No. HEBK -01 del Registro
Minero Nacional.
3. Que se ordene la desanotación de la inscripción del Contrato de Concesión No.
HEBK-01 del Registro Minero Nacional.>>
2.- La CAR basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:
2.1.- Mediante contrato de concesión No. HEBK -01 del 26 de enero de 2004, la
Empresa Nacional Minera Ltda – Minercol, hoy ANM, otorgó al señor Jorge
Enrique Torres González un título minero para la exploración y explotación de un
yacimiento de carbón ubicado en el municipio de Cogua, departamento de
Cundinamarca.
2.2.- El Acuerdo 22 del 18 de agosto de 2009, proferido por la CAR, declaró como
<<Zona de Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al Páramo
de Guargua y Laguna Verde>>.
1 Cuaderno principal, folio 168.
2 Cuaderno principal, folio 180.
3 Cuaderno principal, folios 181 – 189.
4 Cuaderno No 1, folios 30 – 51.
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2.3.- El área otorgada mediante el contrato de concesión se superpone con la
<<Zona de Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al Páramo
de Guargua y Laguna Verde>>.
2.4.- El contrato adolece de objeto ilícito porque comprende un área donde no se
pueden adelantar actividades de minería : el negocio jurídico desconoce los
artículos 8º y 79 de la Constitución Política, el artículo 1º del Decreto 2811 de
1974, el numeral 4 del artículo 1º de la Ley 99 de 1993 y el artículo 34 de la Ley
685 de 2001.
B.- Posición de la parte demandada
3.- La ANM5 se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso los siguientes
argumentos:
3.1.- El contrato de concesión cuya nulidad pretendía la CAR estaba identificado
con el número 1915A y no con el código HEBK-01, como lo planteó en su
demanda.
3.2.- El área del contrato de concesión presentaba superposición con el Distrito
de Manejo Integrado del Páramo de Guargua y Laguna Verde y no con la zona
de Reserva Forestal Protectora.
3.3.- El Acuerdo 22 del 1 8 de agosto de 2009 , en el que la CAR declaró como
<<Zona de Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al Páramo
de Guargua y Laguna Verde >>, fue proferido con posterioridad al
perfeccionamiento del contrato de concesión. Por lo anterior , este gozaba de
plena validez jurídica.
3.4.- A pesar de que el área otorgada por medio del contrato de concesión se
encontraba superpuesta con el Distrito de Manejo Integrado del Páramo de
Guargua y Laguna Verde, lo cierto era que esa situación por sí sola no impedía
la posibilidad de desarrollar actividades mineras , pues los Distritos de Manejo
Integrado no constituían áreas <<(…) excluídas para la minería, de conformidad
con la normatividad vigente>>.
3.4.1.- El Decreto 1974 de 1989, que reglamentó la creación de los Distritos de
Manejo Integral , establecía que con posterioridad a su delimitación debía
elaborarse el plan integral de manejo que en el que era obligatorio determinar,
entre otros, el ordenamiento territorial y su zon ificación, las restricciones para el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, los programas y proyectos a
desarrollar y la forma de realizar su seguimiento. La CAR no elaboró el plan
integral de manejo luego de la declaratoria de Distrito de Manejo Integrado del
Páramo de Guargua y Laguna Verde, lo cual era indispensable << (…) para
5 Cuaderno No. 1, folios 71 – 89.
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aplicación del citado Distrito de Manejo Integrado, de acuerdo con la norma de
su creación>>.
3.5.- Del contrato de concesión derivaba para el titular minero un derecho
adquirido que no podía ser desconocido por leyes o actos administrativos
posteriores.
4.- El señor Jorge Enrique Torres González6 no compareció al proceso, razón por
la cual fue nombrado un curador ad litem que se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso la excepción que denominó << inexistencia del contrato
motivo de declaratoria de nulidad>>. Fundamentó esta excepción en que la CAR
solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesi ón No. HEBK-
01 a pesar de que el contrato celebrado por su representado en realidad estaba
identificado con el número 1915A.
C.- Sentencia recurrida
5.- En sentencia del 30 de marzo de 20177 la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad absoluta por
objeto ilícito del contrato de concesión No. 1915A. En síntesis, consideró que:
5.1.- Estaba demostrado que el área objeto del contrato de concesión se
superponía totalmente con el Distrito de Manejo Integrado del Páramo de
Guargua y Laguna Verde.
5.2.- Aun cuando el Distrito de Manejo Integrado permitía el desarrollo de
actividades mineras, lo cierto era que ello estaba condicionado a la elaboración
del Plan de Manejo Ambiental y a la expedición de la Licencia Ambiental.
5.3.- Como quiera que ni la ANM ni el señor Jorge Enrique Torres Gonzále z
demostraron que se cumplieron los requisitos exigidos para el desarrollo de
actividades mineras en el Distrito de Manejo Integrado, concluyó que el contrato
estaba viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito.
5.4.- En relación con la afectación de los derechos adquiridos por el titular minero
alegada por la ANM, advirtió que el artículo 58 de la Constitución Política
establecía que cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social resultara en conflicto con los derechos de los particulares,
el interés privado debía ceder ante el interés público o social.
D.- Recurso de apelación de la ANM
6 Mediante auto del 15 de septiembre de 2014 (Cuaderno No. 1, folios 114 – 115) el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca vinculó al proceso en calidad de litisconsor
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