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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022
Radicación: 20001-23-33-000-2013-00276-01 (53498)
Actor: Municipio de la Jagua de Ibirico
Demandados: José Gregorio Márquez Cadena
Referencia: Repetición -Ley 1437 de 2011-
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN-recurso único de apelación-falta de acreditación de la culpa grave o dolo
Síntesis del caso: acción de repetición contra alcalde encargado por no asistir a la audiencia de conciliación
prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho del cual era demandante.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 2 de diciembre de 2014, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cesar, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un
Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la
Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de
la Ley 446 de 1998.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera
instancia; 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de septiembre de 20131, el Municipio de Jagua de Ibirico (Cesar)
interpuso acción de repetición2 contra el señor José Gregorio Márquez
Cadena, con fundamento en las siguientes pretensiones (se trascribe):
“1) Que se declare responsable a JOSÉ GREGORIO MÁRQUEZ CADENA, de haber
asumido una conducta dolosa y/o gravemente culposa, al no asistir en su
condición de Alcalde y Representante Legal del Municipio de la Jagua de
Ibirico Cesar, a la audiencia de conciliación que trata el artículo 70 de la ley
1395 de 2010, en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de esta
Ciudad, dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
Radicación 2010-00508-00, demandantes: José Gregorio Márquez Cadena,
Gildardo Vásquez Romero y Otros; Sentencia del 24 de noviembre de 2010 en
la que se declara la nulidad del oficio sin número del 08 de abril del mismo año
y se ordena al Municipio a pagar a los demandantes (Ex Concejales)
Reliquidación de Honorarios del período 2004 -2006, fallo que fue
oportunamente apelado y sustentado, pero ante la ausencia del
Representante Legal del ente demandado quien también era demandante
1 Folio 160 del cuaderno 1.
2 Folios 144-160 del cuaderno 1.
Radicación: 20001-23-33-000-2013-00276-01 (53498)
Actor: Municipio de la Jagua de Ibirico
Demandados: José Gregorio Márquez Cadena
Referencia: Repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: confirma sentencia que negó las pretensiones
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dentro de ese proceso el recurso de apelación contra la sentencia
condenatoria, fue declarado DESIERTO, razón por la cual el Municipio de la
Jagua de Ibirico Cesar tuvo que cancelar la suma de CUATROCIENTOS SESENTA
Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS (468.890.832).
2) Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al señor
JOSE GREGORIO MARQUEZ CADENA, al pago de la suma de CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVETA MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS ($468.890.832), valor que fuera cancelado por parte del Municipio
de la Jagua de Ibirico Cesar en cuotas, siendo cancelada la última el cuatro
(04) de octubre de dos mil trece (2013), tal y como se relata en la presente
demanda”.
2. Como hechos relevantes que fundamentan las pretensiones expuso, en
síntesis:
3. 1) El Juzgado 2 Administrativo de Valledupar, a través de Sentencia de 24
de noviembre de 2010, condenó al municipio de la Jagua de Ibirico a pagar
la reliquidación de los honorarios de varios concejales, entre ellos, el aquí
demandado José Gregorio Márquez Cadena, porque se debían tener en
cuenta los factores salariales recibidos por el alcalde para efectos de
liquidar los honorarios.
4. 2) Contra la anterior providencia, el municipio de la Jagua de Ibirico,
interpuso recurso de apelación de forma oportuna el 9 de diciembre de
2010. En cumplimiento del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Juzgado
señaló como fecha para realizar la audiencia de conciliación el 21 de enero
de 2011; esta decisión se comunicó al Municipio el 21 de diciembre de 2010.
5. 3) El 21 de enero de 2011, se realizó la audiencia de conciliación a la que
asistió Carol Paola Rodríguez Pérez como apoderada del Municipio, con un
poder que no contenía la facultad expresa de conciliar. El Juzgado ordenó
que se remitiera el proceso al Tribunal para que determinara sobre la
admisión del recurso de apelación, teniendo en cuenta que, “ el
representante legal de la entidad no se hizo presente”.
6. 4) El Tribunal Administrativo de Cesar, mediante Auto de 17 de marzo de
2011, ordenó que se devolviera el expediente al Juzgado, ya que el artículo
67 de la Ley 1395 de 2010 señalaba que el juez de primera instancia era
quien decidía sobre la posibilidad de conceder el recurso o no.
7. 5) El 5 de abril de 2011, el Juzgado declaró desierto el recurso de
apelación presentado por el municipio por dos razones: por la inasistencia
de José Gregorio Márquez Cadena (aquí demandado), quien para la fecha
de la realización de la audiencia se encontraba encargado como alcalde
del Municipio, y porque la apoderada Carol Paola Rodríguez Pérez se
presentó a la audiencia de conciliación con un poder que no tenía la
facultad de conciliar. Lo anterior, con fundamento en el artículo 70 de la Ley
1395 de 2010 que indicaba que si el apelante no asist[ía] al audiencia, se
declara[ba] desierto el recurso.
Radicación: 20001-23-33-000-2013-00276-01 (53498)
Actor: Municipio de la Jagua de Ibirico
Demandados: José Gregorio Márquez Cadena
Referencia: Repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: confirma sentencia que negó las pretensiones
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8. 6) Aunque en el anterior Auto se indicó que, contra aquella decisión, no
procedía ningún recurso, Carol Paola Rodríguez Pérez, en calidad de
apoderada del Municipio, presentó recurso de reposición en subsidio de
queja porque se le declaró desierto el recurso, donde argumentó que asistió
a la audiencia con un poder que le permitía actuar en cualquier trámite del
proceso. Resaltó que no tenía la facultad de conciliar porque esa no era la
intención del Municipio.
9. 7) El Juzgado confirmó el Auto objeto de reposición por los mismos
argumentos antes expuestos y remitió el expediente para que se resolviera
el recurso de queja.
10. 8) El ponente del Tribunal estimó que la apelación del Auto que no
concedió el recurso estuvo mal negada por ser una providencia que ponía
fin el proceso; sin embargo, señaló que, de acuerdo con la Ley 1395 de 2010
era obligatoria la asistencia del representante legal de la entidad territorial
pues tenía la función de ordenar del gasto y para suplir tal competencia, a
través de apoderado judicial, debía aportarse un poder conferido con la
facultad expresa de conciliar, cosa que no ocurrió.
11. 9) Carol Paola Rodríguez Pérez, como apoderada del Municipio,
presentó recurso de súplica contra la anterior decisión, el cual fue negado
por la Sala del Tribunal, a través de Auto de 24 de noviembre de 2011 por
idénticas razones.
12. Para la entidad demandante, el señor Márquez Cadena, en su
calidad de representante legal del municipio, actuó con culpa grave, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, pues a pesar
de que tenía la obligación legal de asistir a la audiencia de conciliación no
lo hizo.
13. Además, afirmó que se configuró la presunción del artículo 5 numeral
1 de la Ley 678 de 2001, esto es, obrar con desviación de poder porque
vulneró el régimen de conflicto de intereses al abstenerse a asistir a la
audiencia de conciliación del proceso en el que él tenía sentencia
favorable, pese a que fue comunicado y tenía conocimientos sobre la
consecuencia jurídica de la inasistencia dado que era abogado. Frente a
este punto, expuso que, incluso debía manifestar impedimento en el asunto,
en razón a que, además de ser el representante legal de la entidad territorial
era demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en cuestión, lo que adicionalmente constituía una falta disciplinaria
gravísima, según el artículo 48 numeral 17 de la Ley 732 de 2002.
14. Concluyó que el actuar reprochable del demandado consistía en
que, debido a su conducta dolosa, impidió que se surtiera la segunda
instancia en el proceso, donde, de acuerdo con la jurisprudencia de la
época, se debían negar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Para el efecto, aportó una Sentencia del
Radicación: 20001-23-33-000-2013-00276-01 (53498)
Actor: Municipio de la Jagua de Ibirico
Demandados: José Gregorio Márquez Cadena
Referencia: Repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: confirma sentencia que negó las pretensiones
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Tribunal Administrativo de Cesar donde se negaron las pretensiones en un
caso con fundamentos fácticos similares3.
1.2 . Posición de la parte demandada
15. El señor José Gregorio
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