Lo que dijo la Sala
Se empieza por señalar que el alcance del recurso de apelación, como mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se dirige a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, ni puede estar orientado a repetir el trámite acontecido en la primera instancia. Tal recurso, fundamentalmente busca garantizar el principio de la doble instancia para controvertir las decisiones judiciales que se estimen contrarias al ordenamiento jurídico… Bajo esta orientación, si la aspiración de justicia que subyace al recurso de apelación tiene por finalidad que el superior jerárquico revise la decisión de primer grado, por ser errática o por lesionar el ordenamiento jurídico, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos planteados, los asuntos que deben ser resueltos ante el superior.
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Titulación de la relatoría 10.262 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / DOBLE INSTANCIA / APLICACIÓN DE LA DOBLE INSTANCIA / FINALIDAD DE LA DOBLE INSTANCIA / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / RATIO DECIDENDI / CONCEPTO DE RATIO DECIDENDI / APELANTE / DEBER DE IMPARCIALIDAD / DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / AMPLIACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia decidir de fondo si la apelación no plantea reparos concretos contra la ratio decidendi del fallo?
Respuesta al problema jurídico: No
Se empieza por señalar que el alcance del recurso de apelación, como mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se dirige a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, ni puede estar orientado a repetir el trámite acontecido en la primera instancia. Tal recurso, fundamentalmente busca garantizar el principio de la doble instancia para controvertir las decisiones judiciales que se estimen contrarias al ordenamiento jurídico (...) Bajo esta orientación, si la aspiración de justicia que subyace al recurso de apelación tiene por finalidad que el superior jerárquico revise la decisión de primer grado, por ser errática o por lesionar el ordenamiento jurídico, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos planteados, los asuntos que deben ser resueltos ante el superior. De aquí que no basta con la simple interposición del recurso, ni resulta suficiente repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control, de cara a los ejes centrales de la decisión judicial que es rebatida. (...) El Código General del Proceso -artículo 320-, norma aplicable de manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo - artículo 306 del CPACA-, prevé que el superior puede examinar “la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante”, de modo que la competencia del ad quem se circunscribe a los argumentos expuestos en la apelación en tanto confronten la ratio decidendi del fallo cuestionado. Por consiguiente, corresponde al apelante la formulación de una tesis diversa frente a éste, exigencia que se cumple a través de la carga de sustentación, siendo “suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia” (se destaca), como dispone el artículo 322 ibidem, pues, aunque sucintas, deben ser suficientes por sí mismas para evidenciar las razones o motivos que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia resultó desacertado. (...) Así, al juez de la segunda instancia le está vedado construir motivos de disenso, pues si así lo hiciera vulneraría el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la contraparte. En este punto, se recuerda que la tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta vía es la que determina la competencia material del juez de segunda instancia, pues precisamente el tema de decisión a cargo de éste queda delimitado -excepto las determinaciones que deban adoptarse de oficio- al examen de dos tesis opuestas cuyo enfrentamiento debe ser desatado. (...) Con fundamento en las anteriores premisas, esta Sección ha precisado que ante la falta de sustentación suficiente o material del recurso de apelación, el superior jerárquico deberá confirmar el fallo apelado sin evaluar el fondo del asunto, en razón a que los raciocinios del apelante resultan insuficientes o deficientes de cara a la confrontación de la decisión cuestionada. (...) Precisado lo anterior, y revisado el recurso interpuesto por la parte demandada, materialmente no puede deducirse un argumento que esté destinado a debatir o cuestionar las razones que el a quo expuso como sustento de su decisión, en tanto que la razón medular del fallo apelado se fundamentó en que la conducta de los demandados fue gravemente culposa. (...) En el análisis del caso, el a quo manifestó que, de una lectura integral de la demanda, podía inferirse que la presunción aplicable es la contenida en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, esto es, “una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”. (...) En su escrito de apelación, el curador ad-litem manifestó oponerse a la decisión, para lo cual indicó que: (i) las pruebas aportadas al proceso no eran suficientes para demostrar el elemento del dolo y, (ii) las sentencias proferidas en el proceso de reparación directa no eran prueba suficiente para determinar el dolo en la conducta de los demandados -con lo cual replicó el escrito de alegatos de conclusión de primera instancia y de contestación de la demanda-. En estos términos la Sala constata que no se incluyó ningún argumento encaminado a desvirtuar el sustento de la decisión del Tribunal, esto es, el atinente a la acreditación de la conducta gravemente culposa de los exmilitares en los hechos que dieron lugar a la condena por la que ahora se repite, bajo la presunción establecida en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, que fue el supuesto de responsabilidad abordado por el juzgador a quo. (...) En ese sentido, la Sala no cuenta con ningún argumento que deba ser objeto de estudio o sobre el que deba pronunciarse en lo que respecta a la decisión “apelada”, en cuanto al elemento subjetivo en la conducta de los demandados, lo que hace imposible que se realice un pronunciamiento de fondo a fin de revocar o modificar la sentencia de primera instancia. (...) Por consiguiente, se impone confirmar la decisión impugnada que accedió a las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la necesidad de sustentación material de los reparos del recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, Exp. 2009-00045 (36838), C.P. Myriam Guerrero de Escobar; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 1997-08775-01 (19283), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2014, Exp. 31469, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; En ese sentido, también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, providencia del 30 de agosto de 1984. M.P. Humberto Murcia Ballén. Frente al deber de sustentar el recurso de apelación de manera clara y precisa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2024, Exp. 69925, sentencia de 2 de junio de 2023, Exp. 60273, sentencia de 23 de mayo de 2023, Exp. 68708, sentencia de 20 de mayo de 2022, Exp. 53800 y sentencia de 6 de diciembre de 2024, Exp. 70073, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 322, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
SEGUNDA INSTANCIA / GARANTÍA PROCESAL / DEBIDO PROCESO / REFORMATIO IN PEJUS / JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DE LA PARTE RECURRENTE / GARANTÍAS DE LA PARTE RECURRENTE / PRINCIPIO DISPOSITIVO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INDEXACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia indexar la condena cuando hay apelante único, sin violar la prohibición de reformatio in pejus, al tratarse solo de una actualización del valor reconocido en primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Chocó se mantiene incólume, la Sala procede a indexar su valor, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA (...) Se advierte que la indexación efectuada tiene por finalidad traer a valor presente la suma líquida reconocida en el fallo de primera instancia, como un instrumento que permite equilibrar el fenómeno de la depreciación que sufre la moneda por efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, en esa medida, no se concibe como un desmejoramiento de la posición del apelante único al no modificar la condena impuesta por el a quo, por cuanto se trata únicamente de una actualización de la misma con el objetivo de que esta posea un valor igual -o similar- al que tuvo en el momento en que fue impuesta por la decisión recurrida.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / LEY DE COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FINALIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / PATRIMONIO PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL ERARIO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Puede imponerse condena en costas en el proceso de repetición, cuando el artículo 188 del CPACA excluye las costas en procesos donde se ventila un interés público y la acción de repetición tiene como finalidad la protección del patrimonio público?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que la condena en costas procederá de manera objetiva, excepto en los procesos en los que se ventila un interés público. (...) El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Así, no hay lugar a condenar en costas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza del proceso de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188