Titulación de la relatoría 9.738 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTO PROCESAL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Presentó el recurrente un argumento destinado a confrontar los razonamientos del juez de primera instancia (Tribunal Administrativo de Antioquia) que indique las reales razones de inconformidad que ataquen los argumentos del a quo?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala estima necesario analizar las razones que expresó la parte demandada en el recurso de apelación de cara a los motivos que fundaron la decisión reprochada, a fin de identificar si revela reales razones de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para acceder a las pretensiones de la demanda, pues la competencia como juez de segunda instancia no es plena, sino que está limitada por las referencias conceptuales y argumentativas aducidas contra la decisión adoptada en primera instancia. En esta oportunidad, la Subsección reitera que el alcance de la apelación, mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar orientado a repetir el trámite acontecido en primera instancia, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento jurídico. Así las cosas, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos planteados cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico, para lo cual no basta con la simple interposición del recurso ni resulta suficiente reproducir argumentos desprovistos de motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la alzada definen los temas objeto de análisis frente a la decisión judicial que cuestiona (...) Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que, si bien la parte demandada impugnó la decisión del a quo, lo cierto es que materialmente no puede deducir un argumento destinado a confrontar sus razonamientos, en tanto se limitó a insistir en una excepción planteada en la contestación de la demanda, la cual ya había sido resuelta y, en todo caso, no se extrae un ataque directo a los fundamentos del Tribunal Administrativo de Antioquia, lo que indica que debe dejar incólume la providencia recurrida. (...) A juicio de esta Sala, lo expuesto en el recurso de apelación no está encaminado a desvirtuar los fundamentos centrales que tuvo en cuenta el tribunal para acceder a las pretensiones de la demanda y tampoco confronta las conclusiones sobre la excepción de caducidad que reiteró como dicho de paso en su decisión, puesto que no desarrolló ningún análisis que ataque la tesis del juez. Es menester señalar que el legislador previó un mecanismo judicial para rebatir lo definido sobre la excepción de caducidad en la audiencia inicial24; sin embargo, el accionado guardó silencio, lo que indica que estuvo de acuerdo con la decisión respectiva. Así pues, llama la atención que ahora pretenda a través de la alzada contra la sentencia provocar un nuevo debate sobre un punto de derecho que se zanjó, reprochando una falta de estudio previo, cuando el juez sí lo abordó en la etapa procesal pertinente y lo revalidó en el fallo. Un asunto diferente sería si discutiera la forma en que la que el a quo computó la caducidad; empero, eso no sucede. Esa situación no limita la facultad oficiosa del juez de segunda instancia para analizar el cumplimiento de los presupuestos procesales, incluida la verificación de la oportunidad en el ejercicio del medio de control alegado; empero, en este caso, no caben consideraciones adicionales a las esgrimidas por el Tribunal sobre este punto, pues la conclusión de la Sala sería idéntica, dado que salta a la vista que el cómputo se hizo conforme a la ley y no existen elementos de juicio distintos a los valorados que conlleven a otro análisis. Entonces, el inconformismo planteado por el apelante, además de ser ajeno a la realidad procesal, resulta absolutamente insuficiente para refutar las consideraciones del tribunal, dado que no confronta o expone las razones que llevarían a una apreciación diferente a la adoptada en primera instancia, las cuales debían estar dirigidas a debatir fundadamente la ausencia de acreditación de uno de los elementos de la demanda de la referencia. La Sala no está llamada a suplir esta carga que corresponde exclusivamente al recurrente, por lo que resulta forzoso concluir que los fundamentos del fallo impugnado no fueron alterados y, por ende, se impone confirmar la providencia recurrida por carencia de objeto de la alzada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el objeto y el alcance la apelación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Subsección A: sentencia del 11 de mayo de 2022, exp. 54452, sentencia del 20 de mayo de 2022, exp. 53800, y sentencias del 6 de julio de 2022, exp. 44707, 54666 y 56581, sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 46542, sentencia del 14 de mayo de 2014, exp. 31469, sentencia del 4 de marzo de 2022, exp. 53376 y sentencia del 22 de agosto de 2023, exp. 69588. Sentencias: del 17 de marzo de 2010, exp. 36838, del 9 de junio de 2010, exp.19283, y del 14 de mayo de 2014, exp. 31469. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2023, exp. 58301, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2022, exp. 56334, C.P. María Adriana Marín. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2024, exp. 69643, C.P. María Adriana Marín.
CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / SOLDADO CONSCRIPTO / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / EJÉRCITO NACIONAL / VALOR DE LA CONDENA
Problema jurídico:
¿Procede actualizar la condena en repetición al demandado a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
Por lo expuesto en el acápite anterior, la Sala solo actualizará la condena y lo hará a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia (...) Entonces, en los términos que estableció el a quo, el señor [demandado] pagará a favor del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional la suma de $655’982.964. Para tal efecto, se concederá el plazo de 6 meses contados desde la ejecutoria de esta providencia, para que las referidas personas procedan al pago del rubro referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 678 de 2001 y, en atención al criterio pacífico adoptado por esta Subsección
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el plazo para el pago de la condena se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo del 27 de agosto de 2021, exp. 54750, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; fallo del 8 de noviembre de 2021, exp. 66876, C.P. María Adriana Marín y fallo del 22 de octubre de 2021, exp. 55893, C.P. José Roberto Sáchica Méndez
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 15
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / PARTE DEMANDADA
Problema jurídico:
¿Debe actualizarse el monto del capital de condena en costas impuestas por el tribunal de instancia y condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso y a quien se le resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación, en este caso la parte demandada?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sub lite, la presente decisión actualizará el monto del capital que se condenó en concreto por el tribunal de instancia, por ende, en atención a lo previsto en el artículo 365.3 del CGP, se determina que hay lugar a condenar en costas en esta instancia a la parte vencida en el proceso y a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, esto es, a la parte demandada. Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, las mismas deberán ser liquidadas por el juez de primera instancia. Así, las agencias en derecho se fijan al tenor de lo dispuesto en el numeral 3.1.3 del Acuerdo 1887 de 2003, en la suma de $3’249.412, esto es, el equivalente al 0.5% del valor de las pretensiones de la demanda reconocidas en la sentencia, monto que deberá ser pagado a favor de la entidad demandante, porque, aunque no presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, debió atender el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial, que hace parte de su planta de personal.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365