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determinar si se demostró o no la conducta gravemente culposa de la demandada. En caso afirmativo, determinar si hay lugar a que la demandada reintegre a la parte actora, la suma que la entidad demandante tuvo que asumir por concepto de sanción moratoria. No
Determinar si se demostró o no la conducta gravemente culposa de la demandada. En caso afirmativo, determinar si hay lugar a que la demandada reintegre a la parte actora, la suma que la entidad demandante tuvo que asumir por concepto de sanción moratoria. que la Dirección de Talento Humano tenia como funciones esenciales, entre otras, revisar los proyectos de actos administrativos y respuestas a requerimientos elaborados por el equipo de trabajo del FOMAG Regional, tramitar y resolver las solicitudes de prestaciones sociales a cargo del FOMAG, remitir a la entidad fiduciaria soportes documentales de los actos administrativos en firme para que se procediera a su respectivo pago, por lo que es claro que la demandada Celmira Martín Lizarazo se encontraba supeditada a la gestión adelantada por el equipo de trabajo de FOMAG (estudio, liquidación, elaboración, revisión y pago de las cesantías).
¿La actuación desplegada por la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional y, en particular, por las empresas que la componen, dentro del proceso penal por el supuesto delito de acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones, en contra del actor, le ocasionó un daño a la parte actora que pueda catalogarse como antijurídico? No
El contratista no puede obtener reparación directa por daños antijurídicos derivados de la actuación de la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional en un proceso penal, ya que no acredita el daño cierto, presente o futuro, ni su relación causal con la acción de la entidad, además de no probar adecuadamente la afectación de garantías procesales o la pérdida de oportunidades comerciales. La Sala confirma la sentencia que rechaza la demanda por falta de pruebas, lo que implica que el contratista debe demostrar con claridad y certeza el daño y su origen para obtener indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en…¿El término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años?¿Los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica?
Auto Interlocutorio - Notifíquese — AUTO QUE CONFIRMA AUTO APELADO2024-06-26SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 11001334306120230037101ACCION DE REPETICION
Determinar si se configuró la caducidad en el asunto sub examine, y para ello, definir si el cómputo de la caducidad de la demanda de repetición hecha por el a quo fue correcta o, por el contrario, si el cálculo de dicho fenómeno jurídico realizado por el apoderado de la parte accionante en el recurso de apelación resulta acertado, teniendo en cuenta que el juez contabilizó la caducidad desde el 9 de noviembre del 2021, siendo aquella la fecha en que se dejó a disposición de la docente el pago de la sanción por mora por valor de $14.923.080,oo,oo, y omitió que únicamente hasta el 22 de noviembre del 2021 tal suma fue cobrada efectivamente por ella. De manera previa, la Sala deberá ocuparse de definir si el presente asunto es susceptible de control judicial, por cuanto el fundamento de la demanda por vía de repetición no sería el daño antijurídico causado por la acción u omisión de agentes del Estado, sino el pago de una multa prevista como sanción en la Ley por la mora en el pago de cesantías de los docentes oficiales porque, de ser así, deberá rechazarse la demanda. No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición cuando la entidad pública le ha pagado una sanción legal por mora en el pago de cesantías, ya que este no constituye un daño antijurídico causado por la acción u omisión de agentes del Estado, sino una consecuencia directa del incumplimiento de una obligación legal. La entidad estatal está en la obligación de pagar la multa por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, por lo que el pago no genera un derecho a la repetición. Por tanto, la Sala rechaza la demanda por considerar que el asunto no es susceptible de control judicial, evitando así el análisis de la caducidad. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la improcedencia del medio de control de repetición en casos similares, lo que implica que los docentes no podrán reclamar sumas pagadas como consecuencia de sanciones legales por mora en cesantías.síntesis automática
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico, que debe ser cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas? Sí
El contratista no puede obtener la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado sin acreditar un daño antijurídico cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación a la acción u omisión de autoridades públicas, según establece el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. La Sala reitera que para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario demostrar un daño antijurídico que no esté amparado por la ley o el derecho y que no tenga una causa justificativa, y que este daño debe ser cierto y real, no eventual o hipotético. En el caso particular, la Sala confirma la falta de pruebas que acrediten el detrimento patrimonial y los daños morales y a la honra del demandante, derivados de la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación al proceso penal por delitos de peculado y falsedad ideológica, lo que impide la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad…¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad…¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la producción del daño ocasionado por la denuncia penal presentada en contra de la demandante por el punible de abuso de confianza calificado? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la producción del daño ocasionado por la denuncia penal, siempre que la denuncia penal haya sido resuelta con firmeza dentro del término legal y la demanda se interponga dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del daño o al conocimiento del mismo. En este caso, la denuncia penal fue resuelta con firmeza el 16 de agosto de 2013, y la demanda se presentó el 21 de octubre de 2015, dentro del plazo legal. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de la reparación directa, asegurando que el ejercicio oportuno del derecho de acción es fundamental para evitar la pérdida del derecho a demandar.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Se acreditó un daño antijurídico susceptible de ser reparado e indemnizado como consecuencia de la denuncia penal presentada por la Previsora S.A. en contra de la demandante…¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Se demostró que la liquidación unilateral del contrato afectó patrimonialmente a la contratista demandante? No
El acta de liquidación unilateral que la entidad expide sin que el contratista acredite un daño patrimonial derivado de ella no puede ser anulada, pues sin perjuicio no se examina si el acto adolece de algún vicio. La regla se apoya en que el contrato condicionaba la liquidación unilateral a una previa declaratoria de caducidad, potestad que la entidad no ejerció, y en que el contratista no probó que hubiera efectuado pago alguno derivado del balance de cuentas. Por ello, el incumplimiento de las condiciones pactadas para la liquidación unilateral no se traduce, por sí solo, en un perjuicio indemnizable ni en la nulidad del acta. En el asunto, la Sala concluyó que el acta no afectó patrimonialmente a la contratista y revocó la sentencia en cuanto había anulado el acta de liquidación. En la práctica, la contratista que impugna el acta de liquidación debe demostrar el daño patrimonial que le causó para obtener su nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿El que los pantalones azules no se ajustaran a los requerimientos técnicos constituyó un incumplimiento contractual?¿No existe mérito para acoger las pretensiones porque de la liquidación hecha por Electranta no se derivaron perjuicios patrimoniales para la demandante?¿Habiendo sido el contrato de suministro de una sola prestación, resultó incumplido cuando al vencimiento de su plazo no se entregó la totalidad de los ítems contratados?
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría?¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta?¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas? Sí
Por el fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce en un mismo proceso de la controversia contra particulares o entidades privadas demandadas de forma concurrente con una entidad pública, siempre que la imputación a esta última sea seria y razonada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la competencia se funda en el factor de conexión y no es provisional ni condicionada, de modo que se conserva aun si la entidad pública resulta no responsable. Segunda, en el caso la demanda imputó de forma seria y razonada omisiones a la entidad pública, como no informar la existencia de un contrato de prenda y no pedir autorización para enajenar el bien, y al particular, lo que justifica el fuero. Tercera, la demanda fue dirigida de forma concurrente contra ambos, por lo que la Sala es competente para decidir la controversia respecto de los dos. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la línea sobre imputación seria y razonada que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una…¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso?¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos…
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía, siempre que la demanda se interponga dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. En este caso, la víctima falleció el 16 de octubre de 2009, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de junio de 2010, y la demanda se interpuso el 4 de febrero de 2011, dentro del plazo legal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior sobre la caducidad de la acción, otorgando mayor seguridad jurídica y protegiendo el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que los plazos para presentar la demanda deben ser estrictamente respetados para evitar la pérdida del derecho de accionar.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito…¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco…¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control, lo cual garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad en las situaciones controvertidas, al tiempo que protege el interés general y racionaliza el uso del aparato judicial. La caducidad es una limitación irrenunciable y de orden público que el juez debe declarar de oficio si el plazo legal ha vencido, lo que implica la pérdida del derecho de acción. Sin embargo, la entidad estatal no puede alegar caducidad si el afectado no conoce del hecho dañoso, como en el caso de una desaparición forzada, y la demanda se presenta mientras la víctima sigue desaparecida y sin pronunciamiento de la justicia penal. Esta regla reitera la importancia de la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos, matizando la aplicación de la caducidad en casos excepcionales donde el conocimiento del hecho dañoso es imposible.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad del medio de control, en atención a la desaparición de la víctima y la fecha de presentación de la conciliación extrajudicial y de la demanda?¿La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política?¿La desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales y convencionales?
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que definió los medios de controles de nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales por razón de la cuantía? Sí
La Corporación es competente en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia que decide, de manera acumulada, pretensiones de nulidad y restablecimiento y de controversias contractuales, cuando la cuantía supera los 300 salarios mínimos para la primera y los 500 para la segunda al presentarse la demanda, según los numerales 3 y 5 del artículo 152 y el artículo 150 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el acto de adjudicación de un contrato, expedido antes de su celebración, se cuestiona mediante nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al inciso segundo del artículo 141 del CPACA. La segunda es que el medio de controversias contractuales es el idóneo para obtener una decisión de fondo sobre las controversias del negocio estatal, incluida la nulidad del contrato y la legalidad de los actos de su ejecución y liquidación. En el caso concreto la cuantía de 2016 supera esos umbrales, por lo que la Sala es competente. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es el medio de control procedente para cuestionar la legalidad del acto de adjudicación de un contrato estatal?¿Cuál es el medio de control procedente para obtener una decisión de fondo frente a las controversias contractuales?¿Cuáles son los presupuestos de procedencia para la acumulación de pretensiones?
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve:¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha?¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño?¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar por la falla del servicio médico que ocasionó la muerte de un paciente luego de una intervención quirúrgica de bypass gástrico por obesidad mórbida, por no haber firmado el consentimiento informado ni habérsele comunicado todos los riesgos que implicaban realizarse el procedimiento médico, y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida de haber recibido un diagnóstico y tratamiento adecuados? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido ni alegado, el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, porque los plazos legales son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público. Su vencimiento sin que el interesado presente la demanda extingue el derecho de accionar, por lo que el juez debe verificar la fecha de los hechos y de la presentación de la demanda para establecer si se ejerció en tiempo. Este examen es necesario aun cuando la sentencia de primera instancia no haya estimado que la caducidad se produjo. En el caso concreto, la demanda por la muerte del paciente tras una intervención quirúrgica y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida se presentó dentro del término legal, y la sala revocó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, en las demandas de responsabilidad médica por reparación directa el juez debe examinar de oficio la oportunidad de la demanda, aunque las partes no hayan debatido la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación tanto fáctica como jurídica?¿La responsabilidad médica derivada de daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias, impone al demandante, bajo el régimen de la falla probada del servicio…¿Cuentan con valor probatorio las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal, cuando decretadas en el plenario y allegadas al proceso…
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede interponer una acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que establece esta como el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La caducidad de la acción de reparación directa es un límite al derecho de acción y una garantía del principio de seguridad jurídica, operando por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, consolidando los derechos de los actores jurídicos y limitando el ejercicio del derecho de acción. En casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la acción debe ejercerse en tiempo, dentro del término de dos años, de lo contrario, el juez puede declarar de oficio la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine…¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?