Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: la Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 constituyó un acto definitivo en el procedimiento administrativo sancionatorio
Regla de decisión
Las que, como parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso constituyen la “garantía de referencia con que cuentan las personas para determinar en qué momentos la conducta de los jueces o de la administración, se sale ilegítimamente de los cauces de la legalidad”.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La administración pública profiere actos administrativos definitivos en el procedimiento administrativo sancionatorio y contractual regulado por el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, debiendo observar estrictamente el principio de observancia de las formas propias de cada juicio y el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política al resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos que deciden sobre la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, impidiendo formalmente que la autoridad administrativa modifique de manera arbitraria decisiones definitivas previamente adoptadas dentro de la actuación administrativa y garantizando plenamente el ejercicio oportuno del derecho de defensa de los administrados de cara a las potestades públicas conferidas por el ordenamiento jurídico nacional.
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Problema jurídico
¿La Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 constituyó un acto definitivo en el procedimiento administrativo sancionatorio?
Respuesta: Si
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Lo que dijo la Sala
La Sala revocará la sentencia impugnada, pues advierte que el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado bajo la Resolución 475 del 7 de mayo de 2010, fue decidido a través de la Resolución 1658 de diciembre de 2011 la que, como se pasa a demostrar, sí constituyó una decisión de fondo. A tal conclusión se arriba, al considerar: (i) Que el procedimiento administrativo concluye cuando se resuelven los recursos interpuestos. (ii) Que verificada la secuencia razonada y coherente de análisis del procedimiento administrativo adelantado, la Resolución 1658 de diciembre de 2011 resolvió el recurso de reposición contra la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión, la que, por su alcance y contenido exhibe que se trató de una decisión definitiva de tal actuación.
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Titulación de la relatoría 4.977 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACTO ADMINISTRATIVO / FORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCESO CONTRACTUAL / TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / CARACTERÍSTICAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / CONSTITUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿La Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 constituyó un acto definitivo en el procedimiento administrativo sancionatorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala revocará la sentencia impugnada, pues advierte que el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado bajo la Resolución 475 del 7 de mayo de 2010, fue decidido a través de la Resolución 1658 de diciembre de 2011 la que, como se pasa a demostrar, sí constituyó una decisión de fondo. A tal conclusión se arriba, al considerar: (i) Que el procedimiento administrativo concluye cuando se resuelven los recursos interpuestos. (ii) Que verificada la secuencia razonada y coherente de análisis del procedimiento administrativo adelantado, la Resolución 1658 de diciembre de 2011 resolvió el recurso de reposición contra la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión, la que, por su alcance y contenido exhibe que se trató de una decisión definitiva de tal actuación. (iii) Si bien la Administración debe sanear la actuación de posibles vicios de nulidad, una vez resuelva los recursos de reposición no puede luego interpretar que la decisión emitida no lo fue, con el fin de volver a decidir. (iv) En particular, el procedimiento que se inicia para determinar si hay lugar a declarar la caducidad del contrato estatal (art. 18 de la Ley 80 de 1993) autoriza que “en caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptarálas medidas de control e intervención necesarias”; y ésta última también será una decisión de fondo en dicha actuación. (v) Lo anterior, no afecta la competencia administrativa en materia sancionatoria, pudiendo la entidad pública iniciar un nuevo procedimiento administrativo cuando haya mérito para ello; pero no continuar uno finalizado, so pena de afectar el debido proceso. (vi) Todo lo anterior es expresión de una de las garantías fundamentales asociadas al debido proceso, “las formas propias de cada juicio” y desarrolla el concepto de cosa juzgada administrativa. (...) De suerte que no existe fundamento para que el a quo hubiese anclado la naturaleza de la Resolución 1658 de 2011 en un acto de trámite, cuando sus elementos sustanciales y adjetivos no dejan lugar a duda de que se trató del acto conclusivo del procedimiento administrativo sancionatorio que inició con la Resolución No. 475 de mayo de 2010. Ahora, no pierde de vista la Sala que si el contenido de aquel acto, en verdad, se hubiese contraído a los aspectos asociados a irregularidades que afectaban el debido proceso, tal conclusión, en principio, gozaría de respaldo; pero como la Administración, además de ello, incursionó en análisis relativos al incumplimiento contractual y desestimó la idoneidad misma de la plataforma probatoria de la actuación, su pronunciamiento fue, en el marco de dicho procedimiento, definitivo.
PRINCIPIO DE OBSERVANCIA DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE OBSERVANCIA DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO / DEBIDO PROCESO / NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Aquí se subraya la relevancia ius fundamental de las denominadas “formas propias de cada juicio” (art. 29 de la Constitución Política) las que, como parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso constituyen la “garantía de referencia con que cuentan las personas para determinar en qué momentos la conducta de los jueces o de la administración, se sale ilegítimamente de los cauces de la legalidad”. Se trata de reglas preestablecidas a las que no puede darse escaso valor, pues más que un parámetro formal, la previa definición de los procedimientos y sus etapas se revela como la base de realización del derecho de defensa de los administrados de cara a las potestades que ejercen las autoridades públicas; por consecuencia, sus reglas de ninguna manera pueden ser reemplazadas al arbitrio de la Administración, de modo que habiendo definido la actuación, no podrá volver sobre ella, para nuevamente decidir.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al principio de observancia de las formas propias de cada juicio, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Exp. SU-429 de 19 de agosto de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29