Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda es presentada
Regla de decisión
Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda es presentada por fuera del término legal, pese a la suspensión general de términos ordenada por la emergencia sanitaria del año 2020.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término legal, incluso durante la emergencia sanitaria del año 2020, ya que el Decreto 564 de 2020 solo suspendió la contabilización de términos que ya estaban en curso, no amplió plazos legales específicos como el de caducidad. En este caso, el término de caducidad para la demanda comenzó a correr el 1° de julio de 2020, luego de la suspensión de términos judiciales, y la presentación de la demanda el 22 de septiembre de 2022, fuera del plazo legal, no permite aplicar los principios pro actione y pro damato. La entidad demandada no decretó la suspensión de plazos para la liquidación de contratos, por lo que el término de caducidad no se alteró. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir rigurosamente con los plazos legales, incluso en situaciones de emergencia, y subraya la importancia de la autonomía de las entidades para determinar cómo operan las suspensiones de términos en sus procedimientos.
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Problema jurídico
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda es presentada por fuera del término legal, pese a la suspensión general de términos ordenada por la emergencia sanitaria del año 2020?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto 564 de 2020
- Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Lo que dijo la Sala
El Decreto 564 de 2020 señaló que la contabilización de los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal se suspendería de forma general para todos los casos desde el 16 de marzo de 2020, y se reanudaría a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cesara la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura -1° de julio de 2020-. Sumado a ello, previó una única ampliación del término a 1 mes completo contado a partir del 1° de julio de 2020, para los casos en que, al 16 de marzo de ese año, faltaran menos de 30 días para que se configurara la caducidad del medio de control, lo cual constituye una garantía adicional para esos eventos específicos.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Titulación de la relatoría 4.371 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
RECHAZO DE LA DEMANDA / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / COVID 19 / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS
Problema jurídico:
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda es presentada por fuera del término legal, pese a la suspensión general de términos ordenada por la emergencia sanitaria del año 2020?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Decreto 564 de 2020 señaló que la contabilización de los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal se suspendería de forma general para todos los casos desde el 16 de marzo de 2020, y se reanudaría a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cesara la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura -1° de julio de 2020-. Sumado a ello, previó una única ampliación del término a 1 mes completo contado a partir del 1° de julio de 2020, para los casos en que, al 16 de marzo de ese año, faltaran menos de 30 días para que se configurara la caducidad del medio de control, lo cual constituye una garantía adicional para esos eventos específicos. La mencionada disposición no amplió o adicionó de forma integral un plazo establecido en la ley, como lo es el de la caducidad -salvo, como se indicó en el párrafo precedente, en el evento que expresamente se estipuló-, sino que simplemente suspendió la contabilización de los términos que, previo a la medida dispuesta en atención a la emergencia sanitaria, hubiesen iniciado a correr. Establecido lo anterior, se tiene que el contrato de prestación de servicios 056 de 2018 finalizó el 10 de diciembre de 2019; por tanto, el plazo de 4 y 2 meses, respectivamente, para proceder a su liquidación bilateral y unilateral, fenecía el 12 de junio de 2020. De modo que el término de caducidad de 2 años para comparecer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en el numeral 2, literal j, apartado v, del artículo 164 del CPACA, empezó a correr el 13 de junio de 2020. No obstante, como para esta fecha los términos judiciales ya estaban suspendidos en razón de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, el término de caducidad debía iniciar a partir del 1° de julio de 2020 -día en que se reanudaron los referidos términos-. Por ende, la demanda tenía que formularse el 1° de julio de 2022, pero ello ocurrió el 22 de septiembre de ese mismo año, es decir, por fuera del término previsto en la ley. Bajo ningún escenario es posible acudir a los principios pro actione y pro damato, en la medida en que éstos sugieren que, ante la dubitación respecto de la caducidad del medio de control, es necesario decantarse por la posición que procure el acceso a la administración de justicia y garantice la tutela judicial efectiva de quien acude a la judicatura, sin afectar el derecho a la seguridad jurídica de quien es demandado. En este asunto, no existen dudas frente a la configuración de dicho fenómeno jurídico. (…) La Corte Constitucional declaró exequible dicha disposición normativa y advirtió que la suspensión de términos de las actuaciones administrativas no aplica de plano, sino que debe respetarse la autonomía de cada autoridad, quien debía definir cómo operaría, siempre con el objetivo de garantizar el derecho al debido proceso de los ciudadanos. Consultado el enlace de normatividad en la página web del Ipse, sólo se encuentra que la entidad expidió la Resolución 20201300000635 del 17 de marzo de 2020, por medio de la cual suspendió los términos en las actuaciones disciplinarias como consecuencia de la emergencia sanitaria por el covid 19. Por lo anterior, dado que la entidad demandante no decretó la suspensión de los plazos en relación con la liquidación de sus contratos -y en este proceso no se acreditó lo contrario-, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales no resultó alterado en sentido alguno por esa circunstancia específica.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 564 DE 2020, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J