Síntesis de la providencia
Medida cautelar: Auto interlocutorio
Regla de decisión
En línea con lo planteado en la impugnación, un contrato estatal no puede asimilarse a un procedimiento o a una actuación administrativa.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional estipulada en el numeral 2 del artículo 230 del CPACA para evitar la exigibilidad de un débito contenido en un contrato estatal, ya que esta medida solo aplica a procedimientos o actuaciones administrativas y no a contratos en sí, cuyo objeto y finalidad es impedir transitoriamente el adelantamiento de la actuación administrativa hasta que el juez contencioso administrativo adopte una decisión. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre el alcance de la suspensión provisional, limitándola a situaciones que involucren procedimientos o actuaciones administrativas, no contratos, lo que implica que los contratistas no podrán usar esta medida para suspender efectos contractuales.
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Problema jurídico
¿La medida cautelar de suspensión provisional estipulada en el numeral 2 del artículo 230 del CPACA puede ser aplicada frente a la exigibilidad de un débito contenido en un contrato estatal, como lo expone la recurrente?
Respuesta: No
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, art. 230 núm. 2
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Lo que dijo la Sala
La Ley 1437 de 2011 amplió el catálogo de medidas cautelares a todas aquellas que el juez considere necesarias para “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.… El artículo 230 de la mencionada disposición normativa prevé que las medidas cautelares podrán ser: i) preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no se pueda consolidar una afectación a un derecho, ii) conservativas, que buscan mantener o salvaguardar un statu quo ante, iii) anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una determinación que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica en que, de no adoptarse, se incurriría en un perjuicio irremediable para el actor; y, iv) de suspensión…
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Titulación de la relatoría 8.373 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIDA CAUTELAR / NORMATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR / SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ALCANCE EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / NEGACIÓN DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES / CONTRATO ESTATAL / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / SUSPENSIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CONFIRMACIÓN DEL AUTO
Problema jurídico:
¿La medida cautelar de suspensión provisional estipulada en el numeral 2 del artículo 230 del CPACA puede ser aplicada frente a la exigibilidad de un débito contenido en un contrato estatal, como lo expone la recurrente?
Respuesta al problema jurídico: No
La Ley 1437 de 2011 amplió el catálogo de medidas cautelares a todas aquellas que el juez considere necesarias para “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”. (...) El artículo 230 de la mencionada disposición normativa prevé que las medidas cautelares podrán ser: i) preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no se pueda consolidar una afectación a un derecho, ii) conservativas, que buscan mantener o salvaguardar un statu quo ante, iii) anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una determinación que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica en que, de no adoptarse, se incurriría en un perjuicio irremediable para el actor; y, iv) de suspensión, que corresponde a la privación temporal de los efectos de una decisión administrativa y de procedimientos o actuaciones administrativas, aún las de carácter contractual. (...) Es importante destacar que el legislador no pretendió con esta enunciación de modalidades, la constitución de un numerus clausus. Por el contrario, se propuso instaurar un sistema innominado, abierto y extensivo de medidas cautelares que permitan asegurar una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades que demande cada situación particular.(...) Como medida cautelar, la parte demandante solicitó lo que denominó la suspensión provisional de la ejecución de las obligaciones y de los efectos del contrato de transacción 002-2024 del 26 de marzo de 2024, en el que se estipuló que la E.S.E. Hospital Regional de la Orinoquia efectuaría el pago de la suma de dinero adeudada y derivada de las actas de liquidación de los contratos CD/22-1494 del 15 de diciembre de 2022, CD/23-949 del 16 de febrero de 2023, y CD/23-1250 del 10 de julio de 2023, esto es, $16.776’451.128, a favor de sus acreedores UT2, UT3 y UT4, así como de sus integrantes individualmente considerados. (...) La suspensión a que se refiere el numeral 2° del artículo 230 del CPACA, constituye un instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que procedimientos o actuaciones administrativas que se estén surtiendo puedan continuarse hasta tanto no se adopte una decisión por parte del juez contencioso administrativo respecto del asunto materia del conflicto. Su finalidad no puede ser otra que la de impedir transitoriamente, el adelantamiento de la actuación administrativa en virtud de un juzgamiento provisional del objeto del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho. (...) De esta manera, por su objeto y propósito, la figura de la suspensión de procedimientos o actuaciones administrativas, incluidas las contractuales, no está concebida como mecanismo para privar a un contrato de sus efectos, menos aun cuando de éste se pretenda derivar la realización de un derecho por la vía judicial, caso en el cual, será en tal escenario en el que se deban proponer las medidas exculpatorias correspondientes. (...) Aunque el legislador previó que el sistema de medidas cautelares fuera abierto con el ánimo de brindar a los usuarios la posibilidad de conjurar la situación apremiante o lograr la efectividad del fallo de instancia, y con tal propósito la posibilidad de solicitar la medida cautelar a que se refiere el numeral 2 del artículo 230 del CPACA, lo cierto es que tal medida no comprende la “suspensión provisional de los efectos del contrato”, porque dicha figura aplica únicamente a los actos administrativos, procedimientos y actuaciones administrativas -esto último cuando no exista otra posibilidad de superar la situación que dé lugar a su adopción. En línea con lo planteado en la impugnación, un contrato estatal no puede asimilarse a un procedimiento o a una actuación administrativa. El procedimiento administrativo corresponde a un conjunto de actos y formalidades que deben seguir las entidades públicas para emitir una decisión, y la actuación administrativa a una actividad de la administración -adelantada en cumplimiento de un deber legal o por petición en interés general o particular-, que puede ser previa a la expedición de un acto administrativo -o de un contrato-, o posterior a tal momento, como cuando la administración pretende hacer efectiva una potestad excepcional o una prerrogativa que involucre la adopción de un acto administrativo (...) Las anteriores precisiones resultan suficientes para considerar que la medida cautelar de suspensión provisional que se ha solicitado con base en el numeral 2 del artículo 230 del CPACA, no participa de la naturaleza, objeto y fines que puedan ser aplicados frente a la exigibilidad de un débito contenido en un contrato estatal como lo expone la recurrente, pues bajo tal hipótesis normativa, no se trata de suspender una actuación administrativa en la que esté involucrada la potencialidad de suscribir un contrato o adoptar una determinación contenida en un acto administrativo que por su propia naturaleza resulte oponible al contratista o a quienes tengan interés en la ejecución de un contrato (vg. Compañía aseguradora), asunto que dista del objeto y fin que con la solicitud que ahora se decide, pretende la ESE demandante. (...) Como consecuencia, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Casanare.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las medidas cautelares, consultar, entre otras, las siguientes providencias proferidas por el Consejo de Estado: Sección Segunda, 10 de noviembre de 2016, exp. 2016-01029-00(4657-16), C.P. Gabriel Valbuena Harnández, Sección Tercera, del 9 de febrero de 2017, exp. 52149, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y del 23 de septiembre de 2021, exp. 66.793, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230 NUMERAL 2
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte demandante cuyo recurso de apelación le fue desfavorable?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación y, además, que cuando el superior confirme la decisión de primera instancia, se condenará al recurrente en las costas de la segunda instancia. (...) En ese sentido, se condenará en costas a la parte demandante, dado que se le resolvió desfavorablemente el recurso y se encuentra acreditada la gestión del apoderado de las demandadas, quien ha adelantado las actuaciones correspondientes como representante judicial. (...) Así, se fijan las agencias en derecho a favor de las Uniones Temporales RM Suministros UT2, UT3 y UT4, en partes iguales, en la suma equivalente a medio (0,5) SMLMV, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366