Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: toda liquidación unilateral de un contrato por parte de una entidad estatal es acto administrativo
Lo que dijo la Sala
Como se ha insistido, de acuerdo con la noción que tradicionalmente han fijado la doctrina y la jurisprudencia, es acto administrativo toda decisión o declaración unilateral de voluntad dictada por una entidad pública, que produzca efectos jurídicos, especialmente la generación de derechos, obligaciones y cargas. Tales instrumentos constituyen actos administrativos, al margen del régimen o del marco normativo que regule el hecho en ellos resuelto, por lo que toda liquidación unilateral de un contrato por parte de una entidad estatal es acto administrativo, sea que el negocio se sujete a la Ley 80 o sólo al derecho privado, porque el acto declara la existencia de unas obligaciones dinerarias derivadas de un contrato, o bien, las tiene por extintas, todo lo cual necesariamente genera un efecto jurídico para ambas partes.
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Problema jurídico
¿Toda liquidación unilateral de un contrato por parte de una entidad estatal es acto administrativo, sea que el negocio se sujete a la Ley 80 o sólo al derecho privado?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿El análisis de todas las pretensiones de la demanda dependía de que en el proceso se hubiera demandado la nulidad del acta de liquidación unilateral expedida por Ecopetrol?
- ¿Resulta procedente el restablecimiento del equilibrio financiero de los contratos estatales no sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
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Titulación de la relatoría 5.913 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / ACTO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / RÉGIMEN LEGAL DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿Toda liquidación unilateral de un contrato por parte de una entidad estatal es acto administrativo, sea que el negocio se sujete a la Ley 80 o sólo al derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como se ha insistido, de acuerdo con la noción que tradicionalmente han fijado la doctrina y la jurisprudencia, es acto administrativo toda decisión o declaración unilateral de voluntad dictada por una entidad pública, que produzca efectos jurídicos, especialmente la generación de derechos, obligaciones y cargas. Tales instrumentos constituyen actos administrativos, al margen del régimen o del marco normativo que regule el hecho en ellos resuelto, por lo que toda liquidación unilateral de un contrato por parte de una entidad estatal es acto administrativo, sea que el negocio se sujete a la Ley 80 o sólo al derecho privado, porque el acto declara la existencia de unas obligaciones dinerarias derivadas de un contrato, o bien, las tiene por extintas, todo lo cual necesariamente genera un efecto jurídico para ambas partes.
SALVAMENTO DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El análisis de todas las pretensiones de la demanda dependía de que en el proceso se hubiera demandado la nulidad del acta de liquidación unilateral expedida por Ecopetrol?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]artiendo de la premisa de que la indicada liquidación unilateral sí era un acto administrativo, resultaba claro que debía demandarse su nulidad en el presente caso y efectuarse sobre tal instrumento un juicio de legalidad que abriera paso al análisis del resto de la controversia, pues los reproches e imputaciones hechos en el libelo fueron objeto de decisión por parte de Ecopetrol al liquidar el contrato, o al menos tenían incidencia directa en ese balance final de cuentas del acuerdo de voluntades.
SALVAMENTO DE VOTO / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el restablecimiento del equilibrio financiero de los contratos estatales no sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
Debo manifestar mi discrepancia con estos planteamientos, puesto que con ellos se desconocen de manera injustificada las fuentes jurídicas que no sólo permiten, sino que incluso hacen imperativo el restablecimiento de la ecuación económica en los contratos que, siendo estatales, están excluidos de la Ley 80 de 1993, restringiendo de paso y en forma indebida la revisión de tales negocios jurídicos cuando éstos ya han finalizado. Entre las aludidas fuentes jurídicas que, en mi criterio, desconoció la sentencia, bastaría con mencionar el principio referente al enriquecimiento sin justa causa, que además se fija como regla en el artículo 831 del Código de Comercio, a cuyo tenor, en efecto, “nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”. En ese sentido, pactándose el acuerdo de voluntades bajo determinadas condiciones previstas y/o previsibles para las partes, un cambio anormal de éstas, que afecte el equilibrio de las cargas inicialmente asumidas por los contratantes, altera la causa que dio lugar a la celebración del contrato y torna injusta la pérdida que sufre quien cumple con sus compromisos bajo el nuevo panorama, enriqueciendo a su contraparte sin recibir el beneficio que esperaba con el negocio jurídico, cuestión que reviste mayor gravedad si el sujeto injustamente enriquecido es una entidad del Estado. (...) la figura del restablecimiento del equilibrio contractual no tiene su origen en la previsión normativa contenida en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, sino que surge como desarrollo del principio de conmutatividad de los contratos (...) De esta manera se ha reconocido que la obligación de restablecer el equilibrio económico de los contratos no surge por consagración de una simple regla normativa -por lo que no depende de que se halle o no en la Ley 80 de 1993 o en otras codificaciones- sino que se erige como principio, especialmente en los contratos en que es parte una entidad pública; y no se aprecia que la nueva interpretación incorporada en la sentencia de la Sala se ajuste de mejor manera a los presupuestos que el ordenamiento prevé para el debido desarrollo de las relaciones contractuales en general, y las del Estado. (...) Por más que se rijan por normas de derecho privado, esos contratos siguen siendo estatales, informados por los principios de la función administrativa y en ellos está comprometido el interés general, de suerte que en estos se hace imperativo mantener la equivalencia prestacional y restablecer el equilibrio económico cada vez que éste resulte fracturado por circunstancias externas e imprevistas ya tratadas por la ley, la doctrina y la jurisprudencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al reconocimiento de perjuicios por desequilibrio económico en un contrato estatal regido por el derecho privado, consultar sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 25000-23-26-000-1998-01474-01(22756). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 831, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27