Titulación de la relatoría 26.286 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIDA CAUTELAR / PERJUICIO DERIVADO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PERJUICIO DE LA MORA / REQUISITOS DEL PERJUICIO DE LA MORA / NULIDAD
Problema jurídico:
¿Procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo cuando la demanda invoca normas superiores y del cotejo inicial con el acto acusado surge violación clara, además el demandante acredita sumariamente perjuicio dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 231 del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que concierne a la facultad del juez administrativo para suspender los efectos de los actos administrativos, cabe recordar que se trata de una potestad de rango constitucional, consagrada en el artículo 238 de la Constitución Política, que fue concebida con el propósito de proteger el «ordenamiento superior cuando los actos administrativos incurren en violación de las normas en las que deben fundarse, [comoquiera que], con la adopción de esta medida cautelar se detienen temporalmente los efectos de los actos administrativos y, por lo mismo, se suspende su fuerza obligatoria», mientras se resuelve de fondo sobre su legalidad. Bajo este contexto, el artículo 231 del CPACA previó condiciones especiales para la procedencia de las medidas cautelares. En lo que respecta a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo cuando se pretenda su nulidad —que son las que interesan en el presente asunto—, la norma citada establece que su procedencia está supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que se presente una violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado; (ii) que dicha violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o con las pruebas allegadas; y (iii) que, en caso de que el medio de control ejercido sea el de nulidad y restablecimiento del derecho, se acredite, al menos sumariamente, el perjuicio que el acto demandado cause o podría causar al demandante. Al respecto, resulta oportuno destacar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado precisó que, a diferencia de las demás medidas cautelares previstas en el artículo 230 del CPACA, en el caso de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos no se requiere la acreditación de los requisitos de apariencia de buen derecho —fumus boni iuris—, perjuicio de la mora —periculum in mora— ni ponderación de intereses, dado que el análisis que corresponde es un examen preliminar de legalidad Aunado a lo anterior, esta Corporación ha señalado que el examen de procedencia de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos implica una «valoración inicial» del acto acusado, consistente en una confrontación de legalidad de este con las normas superiores invocadas o con las pruebas allegadas con la solicitud. Esta valoración se caracteriza por ser sumaria y preliminar, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho de defensa. En ese sentido, el estudio que corresponde efectuar en esta etapa, si bien puede comprender interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no puede suponer un examen de fondo propio de la fase final del juicio. Lo anterior guarda estrecha relación con la previsión expresa del inciso 2° del artículo 229 del CPACA, según la cual la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Así, entonces, el referido artículo actúa como «un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa» En ese orden de ideas, cuando la complejidad jurídica o fáctica de un cargo excede lo que puede resolverse mediante esa aprehensión sumaria, el cargo no está llamado a prosperar en esta sede, pues ha de ser analizado en el marco del proceso ordinario al momento de dictar la correspondiente sentencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad del juez administrativo para suspender los efectos de los actos administrativos como potestad de rango constitucional, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 28 de octubre de 2024, exp. 11001-03-26-000-2022-00033-00 (68.018), C. P. Adriana Polidura Castillo. Sobre el examen preliminar de legalidad y su alcance en la revisión judicial de actuaciones contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, exp. 08001-23-31-000-2009-00038-01 (37.990), C. P. Enrique de Jesús Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 238, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231
MEDIDA CAUTELAR / DEBIDO PROCESO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INFRAESTRUCTURA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Problema jurídico:
¿Desconoce la ANI el debido proceso con la liquidación unilateral sin agotamiento de la reversión prevista en la cláusula 129, pese a su regulación para la liquidación bilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
El a quo, al negar la solicitud de medida cautelar, consideró que la liquidación unilateral no implica un juzgamiento en sede administrativa que exija una ritualidad especial, sino un cruce de cuentas finales del contrato, habilitado por el artículo 61 de la Ley 80 de 1993. Con fundamento en ello, concluyó que la ANI cumplió con el único requisito exigible, que era citar al concesionario para procurar la liquidación bilateral, lo que efectivamente ocurrió, quedando así habilitada para proceder unilateralmente ante la negativa de FDP de suscribir la correspondiente acta. (...) Adicionalmente, señaló que el análisis de la reversión como medida previa no corresponde a una vulneración del debido proceso, sino un incumplimiento contractual que, por su complejidad, debía examinarse en la sentencia. En contraste, FDP sostuvo que las resoluciones fueron expedidas con desconocimiento del derecho fundamental del debido proceso, dado que la ANI liquidó unilateralmente el contrato sin agotar el procedimiento de reversión de la infraestructura objeto de reversión, fijado en la cláusula 129 del contrato, y que, por lo mismo, no se había logrado una correcta cuantificación en la liquidación unilateral. En aras de analizar este punto, resulta pertinente hacer referencia a la cláusula 129 del contrato de concesión, en la cual se pactó lo relativo a la liquidación (...) Se evidencia, prima facie, que la cláusula 129 regula, únicamente, lo relativo a la liquidación bilateral del contrato de concesión. (...) Precisamente, en la referida cláusula, se establece que la liquidación «se producirá mediante la suscripción de un acta por parte de los contratantes». Entonces, cuando tal estipulación señala que el contrato debe ser liquidado en un plazo máximo de seis (6) meses, después de su terminación, «una vez se haya llevado a cabo la reversión de la infraestructura revertible», ha de entenderse que los sujetos contratantes establecieron la reversión como una condición previa a la liquidación que llegue a efectuarse bilateralmente. (...) En este sentido, de la lectura general y preliminar de la cláusula no puede inferirse exactamente que esta consagre las condiciones bajo las cuales procede la liquidación unilateral, de ahí que no sea posible concluir en esta instancia procesal prematura que la ANI desconoció lo acordado en el contrato al proceder de manera unilateral con la liquidación, toda vez que la reversión se pactó como condición previa para la liquidación de común acuerdo o bilateral. Con todo, determinar si la condición de la reversión previa se extiende también a la liquidación unilateral —o si, por el contrario, es exclusiva de la liquidación bilateral— es un debate de interpretación contractual, análisis que, por supuesto, desborda el examen preliminar y sumario propio de la etapa cautelar. Así las cosas, teniendo en cuenta el análisis que corresponde realizar en el trámite de la medida cautelar, prima facie no es posible advertir, por este cargo, un desconocimiento del debido proceso por parte de la ANI.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
DEBIDO PROCESO / MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA NUEVA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / SENTENCIA / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Desconoce la ANI el debido proceso cuando ejerce la liquidación unilateral del contrato sin sometimiento previo a la cláusula compromisoria pactada, pese al carácter de potestad pública irrenunciable prevista en el artículo 61 de la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con el argumento relativo a la cláusula compromisoria, el Tribunal consideró que ese punto carecía de virtualidad para lograr la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, razón por la cual indicó que debía ser analizado en una etapa procesal posterior. (...) Ante esto, en la apelación FDP sostuvo que, dada la negativa del liquidador a suscribir el acta de liquidación bilateral, la ANI tenía la obligación contractual de someter la controversia al tribunal de arbitraje pactado en la cláusula 132 del Contrato de Concesión, y que, al omitir ese trámite, actuó como juez y parte, vulnerando el debido proceso. (...) Para empezar, ha de señalarse que la facultad de liquidar unilateralmente los contratos estatales es una prerrogativa pública consagrada en el artículo 61 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento de celebración del contrato en cuestión. (...) Esta Corporación, al analizar la liquidación unilateral contenida en dicha norma, precisó que tal facultad es una potestad pública otorgada por la ley a las entidades. Por lo mismo, estas facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico no pueden ser suprimidas, limitadas ni condicionadas contractualmente, pues ello implicaría que la voluntad de las partes se impusiera sobre una norma de orden público. Por su parte, la cláusula compromisoria se conoce como un pacto previo de arbitraje, en virtud del cual las partes, previendo futuras diferencias que puedan surgir entre ellas, disponen de un arbitraje para dirimirlas. Precisamente, esa fue la voluntad de las partes, la cual quedó plasmada en la cláusula 132 del contrato, en el sentido de que «cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este contrato, que no sea posible solucionar amigablemente, será dirimida por un tribunal de arbitramento». Definida la naturaleza y la finalidad tanto de la liquidación unilateral como de la cláusula compromisoria, la Sala advierte que el mecanismo de resolución de conflictos del arbitraje no tiene la virtualidad jurídica de erigirse en un requisito de procedibilidad o una condición previa para el ejercicio de una potestad pública que la ley confiere directamente a la entidad estatal con carácter irrenunciable. Entender lo contrario significaría subordinar el ejercicio de una prerrogativa legal al consentimiento de la contraparte contractual, lo que resulta incompatible con la naturaleza misma de las facultades unilaterales del Estado. Así las cosas, el hecho de que en el contrato de concesión se hubiese pactado una cláusula compromisoria no despojaba a la ANI de su facultad legal de liquidar unilateralmente tal negocio jurídico, ni convertía el agotamiento de esa vía en condición necesaria para el ejercicio de dicha potestad. Por consiguiente, la Sala advierte que este cargo de la apelación tampoco tiene vocación de prosperidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las decisiones interlocutorias en controversias contractuales y su control en sede de apelación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 7 de diciembre de 2021, exp. 88001-23-33-000-2020-00012-01 (67.558), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
DEBIDO PROCESO / MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / DERECHOS FUNDAMENTALES / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / CONTRATO DE CONCESIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Desconoce la ANI el debido proceso al liquidar unilateralmente el contrato sin agotamiento de la reversión prevista en la cláusula 129, pese a que dicha estipulación circunscribe la reversión a la liquidación bilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
El a quo, al negar la solicitud de medida cautelar, consideró que la liquidación unilateral no implica un juzgamiento en sede administrativa que exija una ritualidad especial, sino un cruce de cuentas finales del contrato, habilitado por el artículo 61 de la Ley 80 de 1993. Con fundamento en ello, concluyó que la ANI cumplió con el único requisito exigible, que era citar al concesionario para procurar la liquidación bilateral, lo que efectivamente ocurrió, quedando así habilitada para proceder unilateralmente ante la negativa de FDP de suscribir la correspondiente acta. (...) el análisis de la reversión como medida previa no corresponde a una vulneración del debido proceso, sino un incumplimiento contractual que, por su complejidad, debía examinarse en la sentencia. En contraste, FDP sostuvo que las resoluciones fueron expedidas con desconocimiento del derecho fundamental del debido proceso, dado que la ANI liquidó unilateralmente el contrato sin agotar el procedimiento de reversión de la infraestructura objeto de reversión, fijado en la cláusula 129 del contrato, y que, por lo mismo, no se había logrado una correcta cuantificación en la liquidación unilateral. En aras de analizar este punto, resulta pertinente hacer referencia a la cláusula 129 del contrato de concesión, en la cual se pactó lo relativo a la liquidación, (...) Se evidencia, prima facie, que la cláusula 129 regula, únicamente, lo relativo a la liquidación bilateral del contrato de concesión. (...) Precisamente, en la referida cláusula, se establece que la liquidación «se producirá mediante la suscripción de un acta por parte de los contratantes». Entonces, cuando tal estipulación señala que el contrato debe ser liquidado en un plazo máximo de seis (6) meses, después de su terminación, «una vez se haya llevado a cabo la reversión de la infraestructura revertible», ha de entenderse que los sujetos contratantes establecieron la reversión como una condición previa a la liquidación que llegue a efectuarse bilateralmente. En este sentido, de la lectura general y preliminar de la cláusula no puede inferirse exactamente que esta consagre las condiciones bajo las cuales procede la liquidación unilateral, de ahí que no sea posible concluir en esta instancia procesal prematura que la ANI desconoció lo acordado en el contrato al proceder de manera unilateral con la liquidación, toda vez que la reversión se pactó como condición previa para la liquidación de común acuerdo o bilateral. Con todo, determinar si la condición de la reversión previa se extiende también a la liquidación unilateral —o si, por el contrario, es exclusiva de la liquidación bilateral— es un debate de interpretación contractual, análisis que, por supuesto, desborda el examen preliminar y sumario propio de la etapa cautelar. Así las cosas, teniendo en cuenta el análisis que corresponde realizar en el trámite de la medida cautelar, prima facie no es posible advertir, por este cargo, un desconocimiento del debido proceso por parte de la ANI.
CLÁUSULA COMPROMISORIA / SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONTRATO DE CONCESIÓN / DEBIDO PROCESO / CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / RÉGIMEN LEGAL DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Vulnera la ANI el debido proceso por omisión del sometimiento de la controversia al tribunal de arbitramento previsto en la cláusula 132 del contrato, pese al ejercicio de la facultad de liquidación unilateral como potestad pública irrenunciable consagrada en el artículo 61 de la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con el argumento relativo a la cláusula compromisoria, el Tribunal consideró que ese punto carecía de virtualidad para lograr la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, razón por la cual indicó que debía ser analizado en una etapa procesal posterior. Ante esto, en la apelación FDP sostuvo que, dada la negativa del liquidador a suscribir el acta de liquidación bilateral, la ANI tenía la obligación contractual de someter la controversia al tribunal de arbitraje pactado en la cláusula 132 del Contrato de Concesión, y que, al omitir ese trámite, actuó como juez y parte, vulnerando el debido proceso. Para empezar, ha de señalarse que la facultad de liquidar unilateralmente los contratos estatales es una prerrogativa pública consagrada en el artículo 61 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento de celebración del contrato en cuestión. Esta Corporación, al analizar la liquidación unilateral contenida en dicha norma, precisó que tal facultad es una potestad pública otorgada por la ley a las entidades. Por lo mismo, estas facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico no pueden ser suprimidas, limitadas ni condicionadas contractualmente, pues ello implicaría que la voluntad de las partes se impusiera sobre una norma de orden público. Por su parte, la cláusula compromisoria se conoce como un pacto previo de arbitraje, en virtud del cual las partes, previendo futuras diferencias que puedan surgir entre ellas, disponen de un arbitraje para dirimirlas. Precisamente, esa fue la voluntad de las partes, la cual quedó plasmada en la cláusula 132 del contrato, en el sentido de que «cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este contrato, que no sea posible solucionar amigablemente, será dirimida por un tribunal de arbitramento». Definida la naturaleza y la finalidad tanto de la liquidación unilateral como de la cláusula compromisoria, la Sala advierte que el mecanismo de resolución de conflictos del arbitraje no tiene la virtualidad jurídica de erigirse en un requisito de procedibilidad o una condición previa para el ejercicio de una potestad pública que la ley confiere directamente a la entidad estatal con carácter irrenunciable. Entender lo contrario significaría subordinar el ejercicio de una prerrogativa legal al consentimiento de la contraparte contractual, lo que resulta incompatible con la naturaleza misma de las facultades unilaterales del Estado. Así las cosas, el hecho de que en el contrato de concesión se hubiese pactado una cláusula compromisoria no despojaba a la ANI de su facultad legal de liquidar unilateralmente tal negocio jurídico, ni convertía el agotamiento de esa vía en condición necesaria para el ejercicio de dicha potestad. Por consiguiente, la Sala advierte que este cargo de la apelación tampoco tiene vocación de prosperidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos formales de la demanda y las consecuencias de su incumplimiento en el proceso contencioso administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 17 de febrero de 2005, exp. 25000-23-26-000-1990-06387-01 (10.875), C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NEGOCIO JURÍDICO / PERJUICIO IRREMEDIABLE / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / MEDIDA CAUTELAR / OPOSICIÓN A MEDIDA CAUTELAR / LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR / DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Puede el ad quem, en apelación, analizar el cargo con el cual FDP pretende derivar la ilegalidad de las resoluciones demandadas a partir de la supuesta ilegalidad de la Resolución 1685 de 2019, cuando dicho alegato no integró la demanda ni la solicitud inicial de medida cautelar ni fue sometido al a quo?
Respuesta al problema jurídico: No
En consecuencia, persiste la inquietud sobre el momento en que debía empezar a contarse el plazo para la liquidación bilateral y, por consiguiente, el de la liquidación unilateral. Esto, a partir de un análisis preliminar, no es posible dilucidarlo en esta oportunidad, en tanto no se tiene certeza de cuál era el plazo para adelantar la reversión. Sin resolver este punto, difícilmente se puede establecer si la entidad demandada, cuando expidió el acto administrativo de liquidación unilateral, se encontraba en oportunidad para hacerlo, pues el inicio del plazo de dos (2) meses para la liquidación unilateral estaba atado al vencimiento del plazo bilateral. Sin duda, las anteriores son asuntos propios que no pueden agotarse en el examen sumario de la etapa cautelar y que deberán ser abordados al momento de decidirse de fondo. A lo anterior se agrega que la ANI remitió a FDP un proyecto de acta de liquidación bilateral, que fue rechazado por parte de la concesionaria. Según lo ha destacado el apelante, en su consideración este proyecto no era válido, toda vez que incumplía la condición de proceder previamente con la reversión. Determinar si ese intento de liquidación bilateral era viable en ausencia de la reversión previa —y si, por tanto, activó el cómputo del plazo de dos (2) meses para la unilateral— es un análisis propio del fondo de la controversia que no puede adelantarse en el marco del examen en la etapa cautelar, pues implica resolver el alcance de la cláusula 129 y la validez de las actuaciones de la ANI en el trámite de liquidación, aspectos sobre los cuales se deberá pronunciarse esta Corporación al decidir de fondo. Así las cosas, la Sala advierte que esta oportunidad procesal no es posible establecer si la ANI actuó dentro o fuera del término habilitante. En consecuencia, sin que ello implique prejuzgamiento alguno sobre el fondo del asunto, la Sala no encuentra acreditada, de manera sumaria y preliminar, la violación que sustenta este cargo, por lo que el mismo no prospera en sede de medida cautelar.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN / CARÁCTER DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO LIQUIDATORIO / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente en segunda instancia emitir decisión sobre la suspensión de la actuación contractual posterior a la ejecutoria de la liquidación unilateral del contrato de concesión, cuando la solicitud de medida cautelar no fue sustentada, no guardó correspondencia con las actuaciones invocadas en la demanda ni fue objeto de pronunciamiento por el a quo?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala observa que la parte demandante, además de la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, en ese mismo escrito pidió «la suspensión de la actuación de carácter contractual siguiente a la ejecutoria de la liquidación unilateral del contrato de concesión…», pero esta última, hay que advertirlo, no fue sustentada por FDI, ya que todos sus argumentos se perfilaron en fundamentar la primera, esto es, la atinente a la suspensión de los efectos de las resoluciones demandadas (...) Lo anterior, por supuesto, impide un pronunciamiento por parte de la Sala sobre la segunda solicitud de medida cautelar. (...), el a quo tampoco lo hizo cuando negó la medida cautelar de suspensión provisional de los actos acusados, pero lo cierto es que en el recurso de apelación contra esa decisión se señaló que, de no suspenderse cualquier actuación contractual posterior a la liquidación unilateral, los efectos de la sentencia serían nugatorios, indicando que la reversión que se estaba adelantando —a su juicio, de manera «intempestiva»— impediría calcular e incorporar en la liquidación las indemnizaciones reconocidas al concesionario en las cláusulas 120 a 123 del contrato de concesión —créditos no amortizados y capitalizaciones invertidas en la infraestructura revertible—. En cualquier caso, la Sala de Subsección considera que la segunda solicitud de cautela tampoco estaría llamada a prosperar, la cual tendría relación con la reversión de la infraestructura entregada en concesión —que se adelantó con posterioridad a la ejecutoria de los actos de liquidación unilateral—. En efecto, una eventual irregularidad en la reversión, que es una actuación contractual con fuente propia en el contrato y en la Ley 80 de 1993, perfectamente puede ser demandada en sede judicial, y en este caso lo cierto es que las pretensiones de la demanda se dirigieron exclusivamente a obtener la nulidad de las resoluciones mediante las cuales la ANI liquidó unilateralmente el contrato de concesión. Entonces, como lo ha precisado esta Corporación, de decretarse la segunda medida cautelar pedida «se estaría emitiendo un juicio de valor sobre una actuación y un acto administrativo que no han sido demandados ante esta Jurisdicción, lo que desbordaría el actuar del juez en el sub lite, por lo que el a quo ni siquiera debía hacer revisión de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar, ya que bastaba rechazarla con argumento en que no hizo alusión a actuaciones invocadas en la demanda»