Síntesis de la providencia
Acción de repetición: Aclaración voto
Lo que dijo la Sala
Estimo pertinente aclarar mi posición sobre la prueba de la causalidad en los procesos de repetición. La razón de mi aclaración se deriva de la forma como se abordó el estudio de dicho requisito en el presente asunto, por cuanto considero que el requisito de que el agente o exagente demandado hubiese cometido el daño antijurídico por el cual resultó condenado el Estado no se desprende únicamente de medios de prueba directos, como se sostiene en la aludida providencia, sino que dicha circunstancia también se puede acreditar indiciariamente -medio de prueba indirecto-, partiendo de la existencia de los hechos debidamente acreditados en el proceso y de los cuales, con apoyo en la lógica y las reglas de la experiencia, se deducen determinadas consecuencias.
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Problema jurídico
¿En eventos de daños graves dentro del marco del conflicto armado son procedentes las pruebas indirectas y las pruebas indiciarias para acreditar la responsabilidad?
Respuesta: Si
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Titulación de la relatoría 2.489 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA INDIRECTA / APRECIACIÓN DEL INDICIO / INDICIO / PRUEBA INDICIARIA / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA / CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO INTERNO
Problema jurídico:
¿En eventos de daños graves dentro del marco del conflicto armado son procedentes las pruebas indirectas y las pruebas indiciarias para acreditar la responsabilidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]stimo pertinente aclarar mi posición sobre la prueba de la causalidad en los procesos de repetición. La razón de mi aclaración se deriva de la forma como se abordó el estudio de dicho requisito en el presente asunto, por cuanto considero que el requisito de que el agente o exagente demandado hubiese cometido el daño antijurídico por el cual resultó condenado el Estado no se desprende únicamente de medios de prueba directos, como se sostiene en la aludida providencia, sino que dicha circunstancia también se puede acreditar indiciariamente -medio de prueba indirecto-, partiendo de la existencia de los hechos debidamente acreditados en el proceso y de los cuales, con apoyo en la lógica y las reglas de la experiencia, se deducen determinadas consecuencias. No se trata de presumir la responsabilidad del funcionario o de relevar a la entidad de probar la gravedad de la conducta del demandado -a título de culpa grave o de dolo-, pues, como lo ha sostenido la Sección Tercera de esta Corporación, en casos como el aquí analizado -relacionados con el conflicto armado-, en los que se advierten serias dificultades para identificar a los autores materiales del daño, la prueba indiciaria resulta idónea para determinar si hubo algún grado de participación de los funcionarios del Estado. (…) Así, pese a que en este asunto existe prueba directa de que la muerte del joven (…) se produjo por el disparo del señor (…), lo cierto es que no es la única forma de acreditar el nexo de causalidad entre el actuar del demandado y el daño antijurídico ocasionado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prueba indirecta ver sentencia del 8 de febrero de 2012, Exp. 21521, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 18 de febrero de 2022, Exp. 67486. C.P. María Adriana Marín.
Texto extraído del PDF oficial 5.100 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 85001-23-33-000-2013-00204 01 (54314)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
Demandado: JUAN CARLOS NIUESTES DÍAZ Y OTROS
Referencia: REPETICIÓN
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Subsección, me permito
señalar que, aunque comparto lo resuelto en la sentencia que puso fin a la instancia
en el proceso de la referencia, estimo pertinente aclarar mi posición sobre la prueba
de la causalidad en los procesos de repetición. La razón de mi aclaración se deriva
de la forma como se abordó el estudio de dicho requisito en el presente asunto, por
cuanto considero que el requisito de que el agente o exagente demandado hubiese
cometido el daño antijurídico por el cual resultó condenado el Estado no se
desprende únicamente de medios de prueba directos, como se sostiene en la
aludida providencia, sino que dicha circunstancia también se puede acreditar
indiciariamente -medio de prueba indirecto-, partiendo de la existencia de los hechos
debidamente acreditados en el proceso y de los cuales, con apoyo en la lógica y las
reglas de la experiencia, se deducen determinadas consecuencias.
No se trata de presumir la responsabilidad del funcionario o de relevar a la entidad
de probar la gravedad de la conducta del demandado -a título de culpa grave o de
dolo1-, pues, como lo ha sostenido la Sección Tercera de esta Corporación, en
casos como el aquí analizado -relacionados con el conflicto armado-, en los que se
1 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU -354 de 2020, advirtió que la
entidad demandante debía probar plenamente y, al margen del análisis efectuado en la providencia
que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño
antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave” o, en otras palabras, que el daño antijurídico
tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado y que dicho comportamiento se
puede catalogar como doloso o gravemente culposo.
Radicación: 85001-23-33-000-2013-00204 01(54314)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Juan Carlos Niustes Díaz y otros
Referencia: Repetición
2
advierten serias dificultades para identificar a los autores materiales del daño, la
prueba indiciaria resulta idónea para determinar si hubo algún grado de participación
de los funcionarios del Estado:
… en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a sus autores
materiales, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar la
responsabilidad, pues aquélla compagina elementos debidamente
comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros y así mismo endilgar
responsabilidad a los inculpados.
Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del
hecho indicador, para así tener como probado el inferido. En este escenario, la
existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios
probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito,
conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad. Los indicios
se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho
conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en
las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho
desconocido2.
Así, pese a que en este asunto existe prueba directa de que la muerte del joven
William James Mojica se produjo por el disparo del señor Juan Carlos Niustes Díaz,
lo cierto es que no es la única forma de acreditar el nexo de causalidad entre el
actuar del demandado y el daño antijurídico ocasionado. De allí que, en mi criterio,
sean esas las consideraciones que faltaron en relación con la acreditación de ese
requisito y que me obliga a aclarar el sentido del voto emitido para acompañar dicha
decisión.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente docume nto en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, exp. 21.521. C.P. Ruth
Stella Correa Palacio; reiterada por esta Subsección, entre otras, en: sentencia del 18 de febrero de
2022, exp. 67486. C.P. María Adriana Marín y sentencia del 18 de marzo de 2022, exp. 58045.