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Radicado: 73001-23-31-000-2010-00659-01 (59857)
Demandante: Instituto Nacional de Vías – Invías
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Freddy Ibarra Martínez
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 73001-23-31-000-2010-00659-01 (59857)
Demandante: Instituto Nacional de Vías – Invías
Demandados: Infracol Ltda. y otros
Referencia: Controversias contractuales
Tema: Se debía descontar de la liquidación del contrato la suma pagada
por la aseguradora a título de cláusula penal, por tratarse de un
hecho aceptado al contestar la demanda, que por ende no formaba
parte del objeto del litigio.
Salvamento parcial de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz
No comparto la decisión de liquidar el contrato sin tener en cuenta la suma de mil
ciento quince millones seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y
nueve pesos ($1.115.686.449) pagada por la aseguradora Compañía de Seguros
Cóndor S.A. a la entidad demandante por concepto de la cláusula penal, monto
que debió ser descontado a favor del contratista em la liquidación del contrato.
1.- En su demanda, el Invías afirmó que en la comunicación No. OAJ-AJC-46182
del 5 de agosto de 2010 la Compañía de Seguros Condor S.A. informó al Invías
sobre la consignación de mil ciento quince millones seiscientos ochenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($1.115.686.449) por concepto de la
cláusula penal impuesta en la resolución que declaró la caducidad del contrato.
2.- En la sentencia no se tuvo en cuenta esta afirmación y se dijo:
<<(…) si bien la parte demandante, esto es, el Invías, en el relato de los hechos
de la demanda manifestó que la Compañía de Seguros Cóndor SA consignó a
órdenes del Invías la suma de $1.115´686.449 (numeral 9 del capítulo de hechos
de la demanda), también sostuvo que ello sucedió en cumplimiento de la decisión
de hacer efectiva la cláusula pen al pecuniaria garantizada por la Compañía de
Seguros Cóndor SA con la póliza de cumplimiento no. 300001143 contentiva de
las Resoluciones números 1972 de 29 de abril de 2008 y 4542 de 25 de agosto
de 2008, amparo este que en modo alguno corresponde al cubr imiento de la
obligación consistente en el buen manejo y correcta inversión del anticipo; en
otros términos el referido desembolso económico que la compañía aseguradora
hizo en favor del Invías no fue por concepto de cubrimiento del riesgo de debido
manejo del anticipo sino, otro muy distinto, el correspondiente a la cláusula penal
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pecuniaria, sin perjuicio adicionalmente de que tampoco al expediente fue
aportada la respectiva prueba del pago o reporte de pago del dinero que la
entidad demandante, esto es e l Invías sostiene haber recibido de parte de
la Compañía de Seguros Cóndor SA en cumplimiento de la cláusula penal
pecuniaria declarada, razón suficiente para denegar la petición de
descuento que de esa precisa cifra económica eleva la parte demandada de
este proceso y apelante en esta actuación>>.
3.- No tiene relevancia alguna que el amparo que se haya afectado con el pago
de la cláusula penal sea el de cumplimiento y no el de buen manejo y correcta
inversión del anticipo : se trata de una suma pagada por la aseguradora , por
cuenta del contratista, respecto de la cual la aseguradora se subroga para
cobrarle al mismo contratista.
4.- Al tratarse de una afirmación realizada por la demandante que no fue
controvertida por Compañía de Segu ros Condor S.A. en su contestación,
estamos ante un hecho aceptado, que no forma parte del objeto del litigio y que
no requiere prueba. Por lo tanto, en la liquidación del contrato efectuada en la
sentencia debía descontarse dicha suma a favor del contratista.
5.- Si la entidad contratante formula una demanda en la que afirma que le fue
pagada una suma de dinero y solicita la liquidación del contrato, creo
absolutamente irrazonable que la Sala no tenga en cuenta esa suma, porque no
fue probada documentalmente su cancelación.
7.- La definición del objeto del litigio también forma parte del principio de
CONGRUENCIA de la sentencia y el objeto queda definido a partir de los hechos
discutidos por las partes : si en la sentencia se excede ese objeto al poner en
duda los hechos aceptados y se le afecta de este modo un derecho al contratista
demandado, se está vulnerando su derecho fundamental al debido proceso. Se
está tomando una decisión poniendo en duda u n hecho sobre el cual las partes
están de acuerdo. El proceso tiene como objeto resolver los litigios que las partes
planteen; no tiene por objeto averiguar la verdad incluso más allá del litigio que
ellas quieren resolver.
8.- Es cierto que tanto el CGP como el CPC —que serían aplicables por la
remisión del 267 del CCA— indican que no valdrá la confesión de las entidades
públicas1. Pero esta disposición también indica que: <<podrá pedirse que el
representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento,
sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud>>.
8.1.- De acuerdo con esta disposición es claro que con el interrogatorio de parte
del representante legal de la entidad demandada no puede lograrse la prueba por
1El ponente destaca que, a diferencia del CGP, el CPC expresamente excluía la confesión
espontánea y provocada.
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confesión de las afirmaciones de la demanda. Pero lo anterior no quiere decir que
las declaraciones de dicho representante, o de su apoderado judicial, no puedan
servir como medio de prueba en el expediente. Tampoco descarta que la
conducta de las entidades públicas en el proceso (no contestar la demanda, no
pedir prueb as, no recurrir las providencias) esté exenta de consecuencias
adversas en su contra.
8.2.- Nótese que la norma indica que el informe escrito bajo juramento sólo se
refiere a << los hechos debatidos >> que conciernan a la entidad. Y si la norma
que incluye la prohibición de confesión expresamente hace referencia a que el
informe verse sobre los hechos debatidos, es forzoso deducir que las entidades
públicas pueden admitir hechos. Así, para efectos de la fijación del objeto del
litigio, la prohibición de conf esión de las entidades no aplica: en estricto sentido
dicho acto no es una confesión, sino la determinación conjunta por las partes de
los hechos no debatidos sobre los que no versa el litigio.
8.3.- Además, el informe escrito de las entidades debe ser <<explícito>>. Por
ende, si les preguntan sobre un hecho que les sea adverso, los funcionarios no
pueden ser renuentes o faltar a la verdad. En estos casos, el informe contendrá
la indicación de un hecho que puede generar << consecuencias jurídicas
adversas (a la entidad) o favorecer la parte contraria>>. En este escenario el juez
no puede ignorar la declaración: deberá valorarla.
8.4.- El doctor Carlos Betancur Jaramillo indicaba que si el informe contenía una
confesión, no podía ser valorado. Frente a esto, es importante tener en cuenta la
respuesta de Devis Echandía:
<<Muy respetable la tesis del ilustre jurista, tratadista y magistrado del Consejo
de Estado, de que la parte no puede ser testigo; pero a mí me parece que desde
el momento en que el Código de Procedimiento Civil introdujo el informe de esos
representantes administrativos, muy a sabiendas el legislador de que se trataba
de rendir un informe narrativo, que es en lo que consiste el testimonio en su
aspecto genérico (…), tuvo el legislador la expresa e inequívoca intención de
darle mérito de testimonio (porque) si se eliminara el mérito de testimonio no
servirían de nada, y me parece que no puede concebirse en un legislador
que obligue llevar basura probatoria a un expediente. Lo que pasa es que es
un testimonio de terceros sui generis por mandato del legislador>>2.
8.5.- Así, al margen de que se comparta cómo se valora n los informes escritos
rendidos bajo juramento, lo cierto es que cuando contenga n relatos de hechos
que conlleven consecuencias jurídicas adveras a la entidad, el juez no puede
ignorarlos. Lo contrario implicaría aceptar que esas declaraciones son <<basura
probatoria en un expediente>>.
2Devis Echandía, Hernando. La prueba en el procedimiento contencioso -administrativo en
Colombia. En: González Pérez, Jesús et al. Derecho Procesal Administrativo. Bogotá: Ediciones
Rosaristas, 1980, pp. 190 y 191.
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9.- Menos puede considerarse que la actividad procesal de la entidad
demandante no pueda tenerse como indicio para acreditar los hechos de la
demanda. La no co ntestación de la demanda, la respuesta ambigua de los
hechos que en ella se afirman, el no aporte de las pruebas que le corresponde
suministrar, la limitación del objeto del litigio y de los reparos a la sentencia de
primera instancia en el recurso de apelación y los <<silencios inexplicables>> en
el proceso forman parte de conductas procesales que generan consecuencias o
que deben ser valoradas por el juez y que pueden ser tenidas legítimamente
como indicio en su contra.
10.- Adicionalmente, la prohibición de la confesión busca no permitir que se creen
obligaciones patrimoniales a cargo de la entidad demandada a partir de la simple
confesión del representante legal de la entidad. Si dicho representante no puede
reconocer hechos cumplidos y crear obligaciones patrimoniales sin autorización
previa tampoco puede hacerlo mediant
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