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Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado carece de competencia funcional para decidir este caso en única instancia
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2024-04-02
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020130016500
LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia funcional para decidir este caso en única instancia? Sí
La carencia de competencia funcional del Consejo de Estado para decidir en única instancia un medio de control de repetición se configura cuando la entidad involucrada no es del orden nacional, como ocurre con las corporaciones autónomas regionales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las corporaciones autónomas regionales no son entidades del orden nacional, conforme a la Ley 99 de 1993 y a la jurisprudencia que el auto cita. Segunda, el artículo 2 del Decreto 1768 de 1994 no atribuye esa calidad, sino que remite a otra norma. Tercera, los principios de celeridad, imparcialidad y eficacia no pueden sobreponerse al juez natural ni a la doble instancia. Por ello el expediente se remite al juez competente, conservando la validez de las actuaciones previas. El auto no desconoce el precedente invocado y confirma la decisión recurrida, concediendo la súplica subsidiaria. La consecuencia práctica es que la competencia en única instancia debe verificarse antes de admitir el trámite, y que el expediente se traslada cuando no existe.síntesis automática
También resuelve:
¿La norma invocada por la recurrente establece que las CAR sean entidades del orden nacional?
NO REPONE
Consejo de Estado
Providencia
En tal circunstancia no se hace uso de facultades excepcionales según el derecho común
Sentencia — Sentencia
2024-03-22
Sección Segunda (Subsección B)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Rad. 11001031500020240075200
ACCIONES DE TUTELA
¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales de La Previsora S.A. Compañía de Seguros con ocasión de la providencia proferida del 14 de julio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, negó las súplicas de la demanda y declaró la responsabilidad de Centurión por el incumplimiento del Contrato (...), concedió a favor de Ecopetrol la pretensión de condena subsidiaria contenida en la demanda de reconvención y declaró responsable a La Previsora S.A. del pago de dichos valores amparados en las pólizas de seguro de cumplimiento 3002464 y 3002465? No
El contratista no puede acudir a la acción de tutela para impugnar una decisión judicial que declara su responsabilidad por el incumplimiento de un contrato estatal y condena al seguro de cumplimiento a pagar la cláusula penal, ya que la Sala determinó que la providencia fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho, sin vulnerar los derechos fundamentales del contratista ni desconocer la jurisprudencia existente. La decisión judicial se basó en un adecuado análisis probatorio y en la interpretación razonable de la cláusula penal del contrato, sin incurrir en defectos fácticos o procedimentales. La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revisar la valoración de pruebas o la interpretación jurídica del juez natural, salvo que se demuestre una vulneración manifiesta de derechos fundamentales.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Se interpusieron el 18 y 19 de abril de 2023 con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2025-06-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020170104501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, al trámite de la segunda instancia le resultan aplicables las disposiciones vigentes al momento de su interposición contenidas en la Ley 1437 de 2011? Sí
El contratista puede interponer un recurso de reposición contra un auto que niega pruebas en segunda instancia, siempre que se presente dentro del término legal y sea oportuno, conforme a lo dispuesto por el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo (CPACA). La Sala establece que las disposiciones vigentes al momento de la interposición del recurso de apelación, en este caso las de la Ley 1437 de 2011 modificadas por la Ley 2080 de 2021, son aplicables al trámite de la segunda instancia. Asimismo, el juez de segunda instancia está facultado para decretar pruebas de oficio si considera que son pertinentes, conducentes y útiles para esclarecer los hechos del caso, siempre que no se hayan solicitado fuera del término legal establecido. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de cumplir con los plazos legales y la necesidad de que el juez evalúe la pertinencia de las pruebas en el contexto del estudio de fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de reposición contra el auto que negó pruebas en segunda instancia es procedente y fue interpuesto y sustentado oportunamente?
¿Debe negarse el recurso de reposición interpuesto contra el auto que negó las pruebas solicitadas en segunda instancia, al acreditarse su extemporaneidad?
¿El juez de segunda instancia está facultado para decretar pruebas de oficio si al resolver de fondo el asunto lo encuentra pertinente, conducente y útil?
NO REPONE
Consejo de Estado
Providencia
Contra el auto que aprueba la liquidación de la condena en costas es procedente el recurso de apelación.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-05-09
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000233600020130201103
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Contra el auto que aprueba la liquidación de la condena en costas es procedente el recurso de apelación? Sí
Contra el auto que aprueba la liquidación de la condena en costas proceden los recursos de reposición y apelación, y solo por esa vía puede controvertirse la liquidación de expensas y el monto de las agencias en derecho. La regla se apoya en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que remite la liquidación y ejecución de costas al Código General del Proceso, y en el numeral 5 del artículo 366 de ese código, que habilita esos recursos contra el auto aprobatorio. Por ello, el recurso de apelación es procedente cuando se dirige a cuestionar el monto de las agencias fijadas en primera y segunda instancia. En el asunto, la unión temporal demandada apeló el auto que aprobó la liquidación de costas para cuestionar las agencias en derecho, y la Sala confirmó la procedencia del recurso. En la práctica, el monto de las agencias en derecho sólo puede discutirse mediante los recursos previstos contra el auto de liquidación de costas.síntesis automática
También resuelve:
¿La fijación de las agencias en derecho realizada por el fallador de primera instancia tuvo en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003?
¿La sentencia aludida por el recurrente constituye una regla jurisprudencial vinculante para la liquidación de la condena en costas en el proceso contencioso administrativo?
¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia en relación con la reclamación del ítem 3
Sentencia — Sentencia
2025-02-21
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 41001233300020170062601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos impugnados vulneraron la normativa superior, por no reconocer mayores cantidades de obra e ítems no previstos que eran necesarios para cumplir con el objeto contractual? No
Las mayores cantidades de obra y los ítems no previstos solo son reconocibles cuando se demuestra la necesidad técnica de su ejecución para cumplir el objeto contractual, y la cantidad pactada en la fase precontractual que nunca fue modificada durante la ejecución no da lugar a su reconocimiento. Esta regla exige que el contratista acredite la necesidad técnica de los elementos adicionales con prueba suficiente, y no basta con que se hayan instalado durante la obra. En el caso concreto, la administración sostuvo que la cantidad del ítem contemplada en los estudios previos y en el pliego de condiciones no se modificó por las partes durante la ejecución, y la providencia coincidió con el tribunal en que no se encontró probada la necesidad técnica de los dispositivos adicionales, ni que el pliego hubiera sido desacertado en ese aspecto. Como consecuencia práctica, el contratista que reclame mayores cantidades o ítems no previstos debe probar que eran técnicamente necesarios, pues la instalación de los elementos no sustituye esa prueba.síntesis automática
También resuelve:
¿El dictamen pericial cumplió con la información mínima del perito que permita determinar la idoneidad, experiencia, profesión y el dictamen pericial fue rendido en debida forma para darle valor…
¿Tienen valor probatorio los testimonios considerados sospechosos?
¿El Tribunal omitió pronunciarse acerca de las pretensiones relacionadas con los pagos pendientes del contrato y los ítems adicionales reclamados por la demandante?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020150247701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera por incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario es nulo por violación del debido proceso? No
La declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera, precedida de requerimientos para cumplir las obligaciones del concesionario, no vulnera el debido proceso cuando el concesionario omite atender esos requerimientos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los requerimientos consistieron en aportar la póliza minero ambiental y pagar el canon superficiario del segundo año de exploración, y el concesionario no los atendió antes de la caducidad. Segunda, el concesionario conocía desde la solicitud que el área presentaba superposición con la reserva forestal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación que motivó la actuación. Tercera, la resolución del ministerio que suspendió trámites de sustracción no suspendió las obligaciones propias del contrato. La providencia confirma la sentencia apelada. La consecuencia práctica es que la suspensión de trámites administrativos ajenos no exime al concesionario de cumplir sus obligaciones contractuales, y la caducidad puede declararse tras el requerimiento previo.síntesis automática
También resuelve:
¿La expedición de la resolución conducía a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones por la demandante en virtud del contrato de concesión?
¿El acto administrativo con el que fue declarada la caducidad del contrato de concesión minera por el incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario, es nulo, debido a que…
¿Los contratos de concesión se entienden perfeccionados a partir de su inscripción en el registro minero nacional?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación.
Sentencia — Sentencia
2025-07-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 11001032600020230016500
LEY 1437 REPETICION
¿El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación, ya que analizar otros aspectos no contemplados en el recurso vulnera la fijación del litigio y los principios de economía procesal y seguridad jurídica. La Sala reitera que para configurar el medio de control de repetición es necesario acreditar la condena contra el Estado, el pago de dicha condena y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, tal como establecen los artículos 90 de la Constitución Política, el Decreto-ley 01 de 1984 y la Ley 678 de 2001. Asimismo, considera que una sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo y ordene el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir constituye una condena judicial, y que el pago de la condena puede ser demostrado mediante documentos públicos con presunción de autenticidad, sin necesidad de que la constancia provenga del acreedor.síntesis automática
También resuelve:
¿Para la configuración del medio de control de repetición se debe acreditar la condena contra el Estado o el acuerdo conciliatorio…
¿Constituye una condena judicial la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo y ordena el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir?
¿Se acreditó el pago efectivo de la condena judicial impuesta contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial?
CONCEDE
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-03-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 68001233300020150034101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La demanda que originó el presente proceso y se dirigió a obtener la declaratoria de incumplimiento del Contrato, fue presentada en tiempo con lo cual no operó la caducidad del medio de control? Sí
El contratista presenta la demanda de controversias contractuales en tiempo, lo que implica que no opera la caducidad del medio de control, siempre y cuando la acción se interrumpa con una solicitud de conciliación prejudicial antes de que expire el término originalmente establecido. En este caso, la liquidación del contrato se realizó el 22 de enero de 2013, y el término de caducidad original era de dos años, por lo que la demanda debía presentarse a más tardar el 23 de enero de 2015. Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial presentada el 7 de enero de 2015 interrumpió el término, y la demanda fue presentada el 26 de marzo de 2015, dentro del nuevo plazo restablecido. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la interrupción del término de caducidad por la solicitud de conciliación prejudicial, lo que permite a los contratistas presentar sus demandas en tiempo y evita la pérdida del derecho a acceder a la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:
¿El haberse presentado una deficiente sustentación del recurso de apelación impide que la Sala analice el punto central de la inconformidad manifestada por el recurrente…
¿El hecho de que en el presente caso el a-quo no haya dado aplicación al criterio jurisprudencial vigente en ese momento en torno a la obligatoriedad de las salvedades en los acuerdos de voluntades…
¿Procede condenar en costas a la parte demandada, Municipio de San Gil, cuyo recurso de apelación le resultó desfavorable…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El derecho vigente al momento de su expedición es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad del acto administrativo.
Sentencia — Sentencia
2022-06-17
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020110048201
ACCION CONTRACTUAL
¿El derecho vigente al momento de la expedición del acto administrativo es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad, por ello el precedente señalado por el juez a quo, referente a que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como parámetro de concreción del contenido y alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 era el vigente al momento en que la administración resolvió declarar la caducidad del contrato? Sí
El contratista puede cuestionar la legalidad de un acto administrativo que declare la caducidad de un contrato estatal si este se expidió bajo una interpretación del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 que ya había sido superada por la jurisprudencia vigente al momento de su expedición. La Sala establece que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se extiende durante toda la vigencia del contrato, incluida la etapa de liquidación, y no se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como sostuvo un precedente judicial citado por la administración. Este precedente no constituye un parámetro adecuado para evaluar la legalidad del acto administrativo en cuestión, ya que su ratio decidendi no abordó el límite temporal de la competencia para declarar la caducidad. La regla reitera la jurisprudencia pacífica de la Sala, garantizando el derecho de igualdad y los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.síntesis automática
También resuelve:
¿En garantía del derecho de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima…
¿El límite temporal para hacer uso de la facultad de declarar la caducidad del contrato, viene dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su ejercicio, en tanto…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: las reglas jurisprudenciales tienen fuerza vinculante para los jueces
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020210012300
RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Las reglas jurisprudenciales tienen fuerza vinculante para los jueces, incluyendo los árbitros? Sí
Conforme con las disposiciones legales del CPACA, el Consejo de Estado tiene competencia de adoptar providencias de unificación, las cuales tienen por objeto interpretar las disposiciones legales lo que implica también establecer la regla que permita resolver el caso concreto cuando existan lagunas normativas.… Y la aplicación de estas reglas jurisprudenciales no solo puede exigirse mediante el recurso de apelación sino mediante el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el cual procede “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
También resuelve:
¿Los árbitros están obligados a aplicar las disposiciones legales y a respetar la fuerza vinculante de las reglas jurisprudenciales?
¿El tribunal de arbitramento podía apartarse de la regla jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado respecto de la caducidad de las pretensiones en la reforma de la demanda?
Consejo de Estado
Providencia
Debe computarse el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del acta de terminación unilateral cuando no se suscribió acta de inicio del contrato.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2026-05-22
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 68001233300020210000201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿No se podía obviar que no se celebró el acta de inicio del contrato, para llevar a cabo el conteo de la caducidad del medio de control? Sí
El juez contencioso administrativo debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la fecha del acta de terminación unilateral cuando las partes omitieron suscribir el acta de inicio del contrato. El magistrado disidente expone en su salvamento de voto que la mayoría erró al aplicar un plazo presunto de suscripción del acta inicial, desatendiendo la realidad contractual y la sentencia SU-16 de 2026 de la Corte Constitucional. Considera que la providencia exigía una argumentación jurídica más rigurosa y sólida para resolver adecuadamente los aspectos de caducidad y las controversias relativas al los actos de terminación y liquidación del vínculo negocial.síntesis automática
También resuelve:
¿La Sala tomó una decisión respecto a la caducidad del medio de control, sin llevar a cabo una argumentación que demuestre la correcta aplicabilidad de los motivos de hecho y de derecho que debían…