Titulación de la relatoría 14.726 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD ASEGURADORA / DEMANDANTE / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / SINIESTRO / CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿En asuntos que son iniciados por las aseguradoras garantes del cumplimiento de los contratos estatales y donde se demandan los actos administrativos contractuales declarativos del siniestro, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse a partir de la ejecutoria del acto, por ello en este caso la demanda se interpuso en tiempo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el encabezado del artículo 136, numeral 10, del CCA, el término para demandar en ejercicio de la acción de controversias contractuales “será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. En asuntos que son iniciados por las aseguradoras garantes del cumplimiento de los contratos estatales y fueron demandan los actos administrativos contractuales declarativos del siniestro, la jurisprudencia ha sentado que el término mencionado debe computarse a partir de la ejecutoria del acto. Tomando en cuenta que la Resolución 3511 de 2010 quedó ejecutoriada el trece (13) de septiembre de ese año, al haber sido presentada el dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), la acción fue formulada oportunamente. Esta conclusión se refuerza considerando la suspensión del término que tuvo lugar entre el treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010) y el nueve (9) de febrero de dos mil once (2011), con ocasión del trámite de conciliación extrajudicial
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el término que tiene la aseguradora para demandar el acto que declara el siniestro, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,. Sección Tercera, Auto del 18 de julio de 2007, exp, 19001-23-31-000-2006-01050-01(33476), C.P. Enrique Gil Botero
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / INVÍAS / RESPONSABILIDAD DE INVÍAS / DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Al declarar el siniestro de manejo del anticipo, en ejercicio de la prerrogativa que le asiste, el INVÍAS violó el debido proceso porque, pese a que le hizo saber a la aseguradora la existencia de incumplimientos de la contratista, no le comunicó que se adelantaba el trámite de declaración del siniestro por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, e intentó vincularla a un trámite de declaración de un siniestro distinto?
Respuesta al problema jurídico: No
En su recurso de apelación, el INVÍAS insistió en que el anticipo no fue amortizado, y acusó la sentencia de no haber valorado otros medios de prueba que, a su juicio, demuestran ese “incumplimiento”. Empero, en lo que refiere al núcleo de la decisión, que es la violación del debido proceso por omitir la citación a la aseguradora antes de adoptar la decisión administrativa unilateral, la entidad limitó su defensa a afirmar la legalidad de su actuación y a invocar las comunicaciones con las que se habría vinculado a la aseguradora en la etapa de formación de los actos demandados (...) Cabe recordar que la limitación legal de la competencia del superior se contrae a los argumentos concretamente formulados por el recurrente para impugnar la decisión; límite competencial que supone la exigencia de que haya congruencia entre los motivos de la providencia impugnada y las inconformidades expresadas en el recurso de alzada, toda vez que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo”. De esta forma, el apelante soporta la carga primordial de atacar los argumentos centrales de la sentencia de primera instancia, sin que, en principio, resulten pertinentes otras consideraciones que no estén relacionadas con las razones empleadas por el fallo para decidir en sentido desfavorable a la parte demandada. Ello se deriva de la competencia del ad quem, que únicamente se circunscribe a los argumentos que propone el apelante, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 320 del Código General del Proceso, sin perjuicio de la competencia que, en materia contencioso-administrativa, tiene el juez de segunda instancia para que —pese al silencio del inferior— pueda, en caso de que sea pertinente, analizar las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la “no reformatio in pejus”, en los términos del inciso final del artículo 164 del CCA. En consecuencia, la decisión de segunda instancia, en este asunto, debe concentrarse básicamente en establecer si hubo una vulneración del debido proceso por las razones referidas por el Tribunal, o si este órgano erró en su decisión por causa de una equivocada apreciación fáctica y/o jurídica de los argumentos expuestos por las partes impugnantes. (...) Dicho esto, la Sala debe señalar que, el demandante negó que en sede administrativa se le hubiese permitido el ejercicio de su derecho a la defensa, y configuró con esta protesta una negación indefinida, esto es, una circunstancia imposible de ubicar en el espacio y en el tiempo, circunstancia que trasladaba al INVÍAS la carga de probar el hecho positivo contrario, a saber, que sí cumplió con ese deber a su cargo y comunicó a la actora del procedimiento adelantado antes de adoptar la decisión unilateral. (...) Ahora, en esta segunda instancia, la demandada se limitó a la enunciación de los supuestos oficios en los que dijo haber convocado a la aseguradora al trámite administrativo (...) sin arrimar prueba de los mismos para dar cuenta de su contenido, y sin traer prueba alguna del enteramiento de tales oficios por su contraparte. Es decir, reprodujo sin más las motivaciones contenidas en la Resolución (...), demandada dentro del asunto. (...) Sin embargo, este déficit de la defensa de la legalidad del procedimiento en sede administrativa no basta para fundamentar la pretensión de nulidad del acto acusado. Como lo ha precisado esta Subsección, en línea con la jurisprudencia administrativa, el artículo 68, numerales 4 y 5, del Código Contencioso Administrativo (“CCA”) —cuyo equivalente actual es el artículo 297.3 del CPACA— facultaba a la Administración para declarar el siniestro a través de acto administrativo impugnable en vía gubernativa o contencioso-administrativa; y, una vez el acto declaratorio cobrara ejecutoria, prestaba mérito ejecutivo contra la aseguradora, junto con la póliza correspondiente. Por otra parte, en el régimen común, la póliza presta mérito ejecutivo, transcurridos treinta (30) días contados a partir de aquel en que el asegurado o beneficiario haya entregado al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077 del Código de Comercio, sin que dicha reclamación sea objetada por la aseguradora (artículo 1053, Código de Comercio). En consonancia con la regla general establecida en el artículo 1757 del Código Civil, en dicha reclamación, al asegurado le corresponde demostrar la ocurrencia del siniestro, mientras la aseguradora soporta la carga de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad (artículo 1077, Código de Comercio). Así, por la contraposición de estos dos extremos, se determina la configuración de la condición suspensiva que el siniestro envuelve en el contrato de seguros, a partir del evento en sí mismo que, en sentido amplio, constituye el siniestro, y las circunstancias excluyentes de responsabilidad de la aseguradora, que confluyen para la configuración de la condición suspensiva, con la que surge la obligación del asegurador. En caso de que el asegurador objete la reclamación, dentro del plazo legal de sesenta (60) días, la configuración de la condición suspensiva se ventilará en vía jurisdiccional. De esta forma, por la singularidad que ostenta frente al régimen común, la prerrogativa de la Administración en la declaración del siniestro radica, concretamente, en la constitución unilateral de un título ejecutivo para exigir el pago de la obligación condicional de la aseguradora, sin depender, para ello, de que esta última no objete la configuración de la condición suspensiva. En todo caso, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa, con la expedición de la Ley 80 de 1993, se suprimió el privilegio adicional que suponía el cobro a la aseguradora por vía coactiva, para que tal ejecución sea practicada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en proceso ejecutivo. La prerrogativa que la Administración ejerce mediante acto administrativo —capaz de producir efectos jurídicos heterónomos de forma unilateral— se limita, pues, a la configuración del título ejecutivo, con independencia de la posición de la aseguradora, sin que su ejecución por vía coactiva sea procedente. (...) para ejercer el derecho de defensa contra la decisión adoptada, el acto declarativo del siniestro debe motivarse, expresando los fundamentos jurídicos, fácticos, probatorios y la cuantificación del siniestro. De esta forma, mediante la interposición de recursos administrativos, la aseguradora tiene la oportunidad de presentar sus puntos de vista y allegar los elementos probatorios que estime necesarios (artículo 52, CCA), con lo que ejerce su derecho de defensa, como en efecto procedió la aseguradora demandante en este asunto (...) Adicionalmente, nota la Sala que la actora no trajo al proceso elementos de juicio que permitan inferir que, el hecho de no haber sido convocada al procedimiento administrativo declarativo del siniestro desde la etapa previa a la expedición de la Resolución (...) hubiera tenido trascendencia en la decisión adoptada por el INVÍAS, es decir, que su intervención en esta fase habría variado el sentido de la decisión, de forma tal que no habría lugar a la declaración del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Concretamente, no hay prueba de que las argumentaciones del recurso de reposición que CMS79 interpuso en contra de la Resolución 7384 de 2009, o las que fueron empleadas en este proceso judicial80, de haber sido formuladas y probadas antes de que la administración declarara el siniestro, debieran traducirse en un pronunciamiento con sentido favorable a los intereses de la aseguradora. (...) Por todo lo anterior, el primer problema jurídico se contesta en sentido negativo, lo que conduce a la revocación de la sentencia de primera instancia. Con ello, el cargo por violación del debido proceso, que constituye a su vez el marco de competencia de esta Corporación como juzgadora en segunda instancia, no está llamada a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060), C.P. Mauricio Fajardo Gomez. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencias SU-327 del 27 de julio de 1995, y C-583 del 13 de noviembre de 1997. Sobre las garantías contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 24 de agosto de 2000, exp. 11318, Jesús María Carrillo Ballesteros; del 24 de mayo de 2001, exp. 13598, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 23 de febrero de 2012, exp. 20810; Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2013, exp. 25742, C.P. Mauricio Fajardo Gomez; y Subsección C, sentencia del 31 de agosto de 2015, exp. 48459, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de octubre 2021, exp. 50623, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1053, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68 NUMERAL 4, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68 NUMERAL 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1057
ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Al anular parcialmente el acto que declaró la efectividad de la garantía única de cumplimiento, el Tribunal profirió un fallo incongruente, porque, en este proceso, fue demandada la decisión de declarar unilateralmente el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo?
Respuesta al problema jurídico: No
Por último, encuentra la Sala que, para dar respuesta al segundo problema jurídico, atinente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, basta con referir que, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el contratista debía presentar una garantía única del cumplimiento de sus obligaciones, una de las cuales es la debida inversión del anticipo, como forma de restituir lo recibido por la entidad; riesgo este que, por demás, estaba cubierto con la póliza única de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales (...), con la que CMS se obligó a asegurar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo del contrato núm. (...), ampliado sucesivamente con las convenciones mediante las cuales fue modificado dicho negocio jurídico
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la garantía única de cumplimiento, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2014, exp. 29906; Subsección C, sentencia de 14 de octubre de 2021, exp. 50623, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19