Titulación de la relatoría 18.226 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACUMULACIÓN DE ACCIONES / ACUMULACIÓN DE ACCIONES PROCESALES / ACUMULACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONDUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA / ELECTRIFICADORA / ENERGÍA ELÉCTRICA / INTERCONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA / SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA / CONTRATO DE MANDATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE MANDATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE MANDATO / PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
Problema jurídico:
¿Procede acumular las acciones de reparación directa por causa de la transgresión de un régimen regulatorio atinente a la liquidación y facturación de cargos por uso de redes del Sistema Interconectado Nacional y la de controversias contractuales por incumplimiento de un contrato de mandato, en este caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
A despecho de la expresa manifestación de la accionante de estar incoando la acción de solución de controversias contractuales, advierte la Sala que la relación establecida entre la Electrificadora de Sucre e Interconexión Eléctrica S.A. no gravita únicamente sobre fuente contractual. Para mejor comprensión del asunto se hace necesario advertir que las operaciones que realizó ISA y que reprocha la aquí demandante gravitan sobre dos ámbitos del sector de la energía claramente diferenciables: uno, el concerniente a la liquidación y facturación de cuentas por concepto de transacciones de energía en bolsa, y otro, a la liquidación y facturación de cargos por el uso del sistema de redes de transmisión nacional (uso y remuneración del Sistema Interconectado Nacional). En función de esa dicotomía de ámbitos, debe aclarar la Sala que las pretensiones relacionadas con el incumplimiento de los deberes de ISA como liquidador y facturador de cargos por uso del STN deberían encauzarse, en principio, por la acción de reparación directa. No pasa por alto esta judicatura, que el Reglamento para la Liquidación y Administración de Cuentas por Uso del Sistema de Transmisión Nacional expedido mediante Resolución CREG 012 de 1995 somete el ejercicio de la competencia delegada a ISA conforme al artículo 26 de la Resolución CREG-001 de noviembre 2 de 1994, para la liquidación y administración de cuentas, a las Resoluciones vigentes y a ese reglamento, que prescribía un procedimiento para dar cauce a las desavenencias de los deudores frente a las facturas liquidadas por ISA, según el cual, cuando estas contuvieran errores aritméticos, aplicación de tarifas incorrectas, determinación de fecha de vencimiento incorrecta, cobro de conceptos no autorizados, suministros no recibidos o conceptos incorrectos, el deudor quedaba facultado para glosar la factura por el concepto y/o valor incorrecto, sin que, entre tanto, se enervara el trámite del saldo no glosado, ni se generaran intereses moratorios sobre la parte objeto de glosa, procedimiento que finalizaba con la adscripción de un modo de solución de controversias que comportaba la intervención de la CREG (numeral 3.4.4.7). Empero, entiende la Sala que la pretensión de condena está referida a los perjuicios causados por el abuso que predica la parte demandante, de facultades por parte de ISA, y que, bajo el concepto de perjuicios, el asunto excede el margen de la restitución de lo pagado en exceso. Por tanto, y con ese alcance, la acción de reparación directa, para esos efectos, era procedente. En lo que se refiere al segundo ámbito de la controversia, el contrato de mandato que se dice incumplido por ISA, es un instrumento negocial que fue celebrado en cumplimiento de la Resolución CREG 024 de 1995, dictada por el Ministerio de Minas y Energía el 13 de julio de 1995, que en su artículo 11 literal d), estableció como requisito para el registro de un agente en el mercado mayorista, que éste suscribiera un contrato de mandato con el Administrador del SIC “para efectuar las transacciones comerciales que se efectúan en la Bolsa de Energía y para los servicios complementarios de energía”. Revisado su clausulado, la Sala observa que ninguna relación guarda con la liquidación y facturación de cargos por uso del Sistema Interconectado Nacional, materia sobre la que la Resolución CREG 01 de 1994, en su artículo 29, desarrollado mediante Resolución CREG 12 de 1995, dispuso, con el fin de asegurar el cobro y hacer efectivo el pago de tales cargos, encargar a Interconexión Eléctrica S.A., ISA, su facturación y liquidación, y la administración de las cuentas que por este concepto se causaren a generadores y comercializadores, para lo cual, dispuso, además, que las demás empresas propietarias del sistema de transmisión nacional debían suscribir convenios con ISA, en los cuales se definiera la información que debían suministrarle las empresas para que ésta pudiera cumplir con el encargo anterior, así como las demás obligaciones de cada una de las partes. En línea con lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que la parte demandante ha traído a este contencioso dos tipos de pretensión: una, de reparación directa de perjuicios por causa de la transgresión de un régimen regulatorio atinente a la liquidación y facturación de cargos por uso de redes del Sistema Interconectado Nacional, que se habría de encauzar por la acción de reparación directa, y otra, por motivo del incumplimiento de un contrato de mandato, cuyo cauce reside en la acción de solución de controversias contractuales. Vistas, así las cosas, y no habiendo arrimado la parte actora convenio alguno suscrito con ISA conforme a lo preceptuado por la Resolución CREG 012 de 1995, la Sala no encuentra reparo para la procedencia de esa acumulación por cuanto halla satisfechos los presupuestos para acumular estas pretensiones, en los términos del artículo 82 del CPC, a saber: a) el Tribunal y esta Sala son competentes para conocer de ellas habida consideración de que unas y otras tienen una cuantía superior a los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales que constituían el límite inferior de la cuantía para el efecto; b) las pretensiones no se excluyen entre sí, no se oponen en su contenido; y c) porque el procedimiento judicial para estudiar las pretensiones contractuales y la de reparación es el mismo, esto es, el ordinario para el momento en que fue presentada la demanda, dispuesto en los arts. 206 y ss. CCA. Por tanto, ningún reparo hay en relación con la pertinencia del medio judicial de control siempre que se entienda que la parte demandante ha puesto en ejercicio una concurrencia válida de ellas, a saber, la acción de reparación directa y la acción de solución de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 206
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE MANDATO / FACTURACIÓN EN EL CONTRATO DE MANDATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE MANDATO / INTERCAMBIO COMERCIAL / COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA / RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA / ENERGÍA / COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA / COMERCIALIZADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA / ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE INTERCAMBIOS COMERCIALES / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / FUERA DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / MERCADO MAYORISTA DE ENERGÍA / ELECTRIFICADORA
Problema jurídico:
¿El ejercicio de la acción de controversias contractuales ocurrió dentro del término de dos años previsto en la ley para su ejercicio oportuno, frente al contrato de mandato a título oneroso para la liquidación, facturación, cobro y pago de las transacciones de energía en el mercado mayorista de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, efectuadas por medio del sistema de intercambios comerciales, cuyo término era indefinido y se regía por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
El Código Contencioso Administrativo (“CCA”), aplicable a este proceso, definió en su artículo 136.10 una regla de incoación oportuna de la demanda de controversias contractuales, de acuerdo con la cual esta debe computarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento; regla esta que, a su vez, se concretiza en cinco (5) subreglas, para los asuntos atinentes a contratos de ejecución instantánea, a aquellos en los que se pretenda la declaración de nulidad absoluta del contrato, y a los que requieren liquidación, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y esta se haya producido unilateral o bilateralmente, o no haya tenido lugar. Ahora, el contrato de mandato a título oneroso para la liquidación, facturación, cobro y pago de las transacciones de energía en el mercado mayorista de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, efectuadas por medio del sistema de intercambios comerciales, cuyo incumplimiento atribuye la demandante a la demandada en este contencioso, tenía un término indefinido, razón por la cual su cómputo no puede realizarse de acuerdo con la subregla aplicable para los contratos de ejecución instantánea, ni a partir del momento de su terminación, puesto que, al tratarse de un incumplimiento concreto, que no incidía en las eventuales prestaciones contractuales futuras, no había lugar a dilatar la reclamación judicial. Aparte, dicho negocio jurídico se regía por el derecho privado y en él no se estipuló la facultad de liquidarlo unilateralmente, a modo de corte de cuentas, por alguna de las partes contratantes y, por ende, no puede contarse la caducidad de acuerdo con las subreglas atinentes a los contratos que son objeto de liquidación. Por lo tanto, como las subreglas sobre la incoación oportuna de la acción de controversias contractuales no son aplicables a este asunto, debe aplicarse la regla general, de acuerdo con la cual su conteo debe realizarse a partir del día siguiente a aquel en el que ocurrieron los motivos que sirven como fundamento de las pretensiones, asunto que en este caso se contrae al incumplimiento (...) En este orden de ideas, el plazo para el ejercicio oportuno de la acción inició desde el momento en el que ISA emitió las facturas con una liquidación inválida de los intereses, entre el tres (3) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) y el dos (2) de febrero de mil novecientos noventa y nueva (1999), circunstancia que lleva a concluir que el ejercicio de la acción de controversias contractuales ocurrió después de vencido el término de dos años previsto en la ley para su ejercicio oportuno, porque la demanda fue presentada el veinticinco (25) de junio de dos mil siete (2007), después de que fracasara la conciliación prejudicial solicitada el dieciocho (18) de enero del mismo año, ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
MERCADO MAYORISTA DE ENERGÍA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR OMISIÓN ADMINISTRATIVA / PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LIQUIDADOR / AGENTE LIQUIDADOR / RESPONSABILIDAD DEL LIQUIDADOR / LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD ESTATAL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La acción de reparación directa por la presunta omisión del liquidador de la Empresa Electrificadora de Sucre consistente en no realizar las gestiones encaminadas a rectificar el cobro indebido de intereses por uso del sistema de transmisión nacional, “servicios-CRD”, “servicios-SIC” y “servicios-CND” se presentó de forma oportuna?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a recurrente reprocha el incumplimiento contractual que se habría producido porque la demandada no realizó las gestiones encaminadas a rectificar el cobro indebido, en razón del cual los agentes del mercado mayorista habrían recibido una suma excesiva. Dicho incumplimiento, a diferencia del anterior, no tuvo lugar en un momento específico, pues no se produjo con un acto, como el de facturación indebida, sino con una abstención. Por lo tanto, el plazo de ejercicio oportuno de la acción de controversias contractual debe contarse desde el momento en el que la actora tuvo la posibilidad efectiva de requerir esa corrección. Tal circunstancia se produjo en el momento en que, al expedir la resolución núm. 0131 de 30 de agosto de 1999, el liquidador de la Electrificadora de Sucre resolvió que, al compensar las deudas existentes entre la sociedad en liquidación e ISA, “por concepto de bolsa de energía”, por un lado, y por “la aplicación indebida que hizo ISA a los pagos que efectuaba la Electrificadora de Sucre”, por el otro, ISA debía cancelarle a aquella $911’523.879. De acuerdo con el artículo 295.9 del Decreto 663 de 1993, aplicable por remisión expresa de la Ley 142 de 199431-32, actuaba como representante legal de la firma en liquidación y le correspondía “adelantar durante todo el curso de la liquidación el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la masa de la liquidación”. En consecuencia, al resolver que ISA le adeudaba a la Electrificadora de Sucre la suma correspondiente al saldo por la imputación indebida a intereses de los créditos facturados, y denotar, de esta forma, el incumplimiento del contrato de mandato por parte de ISA, el liquidador debía adelantar las gestiones para su recaudo, por lo que es este el momento a partir del cual debe contarse el término de caducidad por la omisión de las gestiones encaminadas a rectificar el cobro indebido. En este orden de ideas, la acción fue incoada fuera del término bienal previsto en el artículo 134.10 del CCA, pues su conteo debe realizarse a partir del treinta y uno (31) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), por ser el día siguiente a aquel en el que se rebelaron los motivos que sirven de fundamento de las pretensiones, y la demanda fue presentada el veinticinco (25) de junio de dos mil siete (2007), después de que fracasara la conciliación prejudicial solicitada el dieciocho (18) de enero del mismo año (...) No pasa por alto la Sala, finalmente, que se llegaría a la misma conclusión al aplicar la regla de conteo prevista en literal c) del artículo 136.10 del CCA, puesto que, de acuerdo con la cláusula décima del contrato de mandato, el contrato de mandato se terminó el primero (1°) de febrero de dos mil cinco (2005), fecha en la que aparece inscrito en el certificado de existencia y representación la “liquidación” y “cancelación” de la personería jurídica de la Electrificadora de Sucre, pues es claro que, al no tener personalidad jurídica esta no podía formar parte del mercado mayorista de energía eléctrica. Por lo tanto, como la conciliación fue solicitada el dieciocho (18) de enero de dos mil siete (2007), esto es, doce (12) días antes de que venciera el término de dos años, esta fue declarada fallida el dos (2) de febrero de dos mil siete (2007), y la demanda fue presentada el veinticinco (25) de junio del mismo año, el ejercicio de la acción fue extemporáneo. (...) Ahora bien, el objeto del contrato de mandato suscrito entre ISA y la Electrificadora de Sucre se limitaba a la liquidación del precio correspondiente a las transacciones realizadas en la bolsa de energía43. Sin embargo, las facturas con una liquidación errónea de intereses moratorios tuvieron por objeto conceptos adicionales a las transacciones en bolsa de energía, como el uso del sistema de transmisión nacional, “servicios-CRD”, “servicios-SIC”, y “servicios-CND”. Por lo tanto, como la liquidación de los rubros adicionales a las transacciones realizadas en la bolsa de energía no fue efectuada en razón al contrato de mandato suscrito entre ISA y la Electrificadora de Sucre, sino con fundamento en la condición de administradora del SIC que aquella tenía, la eventual responsabilidad por las falencias que hubieran podido presentarse en esa actividad de ISA deben dirimirse a través de la acción de reparación directa. En todo caso, la omisión administrativa que hubiera generado el daño cuya reparación depreca la actora en este contencioso —a partir de la cual debe contarse el plazo de caducidad fijado en el artículo 136.8 del CCA— se produjo en el momento de la facturación incorrecta por conceptos del uso del sistema de transmisión nacional, “servicios-CRD”, “servicios-SIC” y “servicios-CND”, razón por la cual el conteo del plazo de ejercicio oportuno de la acción de reparación directa coincide con el efectuado en el apartado 3.2.1.2 de esta providencia. Si, por otra parte, se reprochara a ISA la omisión de realizar las gestiones encaminadas a rectificar el cobro indebido de intereses por uso del sistema de transmisión nacional, “servicios-CRD”, “servicios-SIC” y “servicios-CND”, el plazo para la incoación oportuna de la acción de controversias contractuales habría acaecido de acuerdo con lo considerado en el apartado 3.2.1.3 de esta sentencia. Por lo tanto, la caducidad de la acción de reparación directa también se configuró.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 134 NUMERAL 10, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Problema jurídico:
¿Procede analizar la legitimación en la causa cuando se configuró la caducidad de las acciones?
Respuesta al problema jurídico: No
Al haberse configurado la caducidad de las acciones contenciosas incoadas por la parte demandada, lo cual impide la formación válida de la relación jurídica procesal, resulta inútil el análisis de la legitimación en la causa (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inutilidad del análisis de legitimación en la causa cuando las acciones han caducado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación de 25 de septiembre de 2013, exp. 20420.