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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la legitimación en la causa, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial

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Fecha
2022-08-30
Radicado
68001233100020030164401
Número interno
40173
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
UNION TEMPORAL FUC
Demandado
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la legitimación en la causa, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

La legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial. Es decir, que tanto quien ejerció el derecho de acción mediante la presentación de la demanda, como aquella persona contra quien se dirigió la misma, hacen parte de la situación de hecho que la motivó.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista está legitimado para demandar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal cuando participa en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia, y la entidad estatal está legitimada para ser demandada en la medida en que emitió el acto de adjudicación y celebró el contrato. La legitimación en la causa es un presupuesto procesal que requiere que tanto el demandante como el demandado estén involucrados en la situación de hecho que motivó la acción. En el caso en cuestión, la entidad estatal comunicó la adjudicación al contratista el mismo día en que se produjo, y aunque la demanda fue presentada dentro del plazo de dos años para la acción de controversias contractuales, las pretensiones indemnizatorias por perjuicios derivados del acto administrativo ilegal son extemporáneas, ya que debieron haberse impugnado dentro de los 30 días siguientes a su notificación. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales y la importancia de cumplir con los plazos legales para impugnar actos administrativos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial, por ellos en este caso tanto la parte demandante como la demandada se encuentran legitimadas?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Si la demanda en ejercicio de la acción contractual, se presenta por fuera de los 30 días que la ley le daba al administrado para impugnar el acto precontractual…
  • ¿El planteamiento del problema jurídico, se funda en el ámbito de actuación del juez ad quem, el cual, a su vez, es determinado por el impugnante en su recurso de apelación…
  • ¿Aunque en el punto de infraestructura operativa el adjudicatario del contrato debía obtener menor puntaje, por adjuntar como prueba de dicha infraestructura un contrato de promesa de compraventa…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PRESUPUESTO PROCESAL PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL ACTO PRECONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS CONTRATACIÓN DIRECTA MEJOR PROPUESTA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PROMESA CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA INEXISTENCIA DEL CONTRATO CONDICIÓN ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES EVALUACIÓN DE LA OFERTA EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Contratación directa Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia
Titulación de la relatoría 25.964 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial, por ellos en este caso tanto la parte demandante como la demandada se encuentran legitimadas? Respuesta al problema jurídico: Si La legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial. Es decir, que tanto quien ejerció el derecho de acción mediante la presentación de la demanda, como aquella persona contra quien se dirigió la misma, hacen parte de la situación de hecho que la motivó. En el presente caso, las demandantes, sociedades Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores de Santander Ltda. -Coomultrasan-, Droguería La Fuente Ltda. y Unión de Droguistas de los Santanderes Unidrogas S.A., están legitimadas por activa toda vez que, como miembros de la Unión Temporal FUC participaron, en calidad de proponentes, en el procedimiento de selección por contratación directa RSO-11302-CD 003-02 adelantado por ECOPETROL, en el que se profirió el acto administrativo de adjudicación demandado en el sub-lite y se celebró el contrato adjudicado. Por su parte, la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL está legitimada por pasiva, toda vez que fue la entidad que efectuó la adjudicación demandada y celebró el contrato respecto del cual se pidió que se declarara su nulidad absoluta. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de legitimación en la causa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, expediente 28386, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la legitimación de quien emitió el acto de adjudicación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia del 13 de junio de 2011, expediente 19.936, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA Problema jurídico: ¿Si la demanda en ejercicio de la acción contractual, se presenta por fuera de los 30 días que la ley le daba al administrado para impugnar el acto precontractual, si bien podrá analizarse la validez del contrato, con fundamento en el estudio de legalidad del respectivo acto precontractual, no habrá lugar a pronunciamiento alguno en relación con los posibles perjuicios que alegue haber sufrido el demandante, como consecuencia de tal decisión administrativa, por resultar extemporáneas tales pretensiones ? Respuesta al problema jurídico: Si La demanda presentada en el sub-lite, está dirigida a que se declare la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del procedimiento de selección de contratación directa (...) adelantado por ECOPETROL y, en consecuencia, que se declare también la nulidad absoluta del contrato (...), suscrito entre ECOPETROL y DROSAN LTDA. el 28 de noviembre de 2002, como resultado de aquella decisión. (...) En el presente caso se observa que, mediante oficio (...) del 27 de noviembre de 2002, el Gerente de Servicios de Salud de ECOPETROL le informó al representante legal de DROSAN LTDA. que esta empresa fue seleccionada para ejecutar el objeto de la Contratación Directa (...) y el contrato entre ECOPETROL -Gerencia de Servicios de Salud- y la referida firma fue suscrito el 28 de noviembre de 2002 (...) Ahora bien, en este punto resulta necesario destacar cómo, a pesar de tratarse de un procedimiento de selección de contratación directa y no de una licitación pública, el mismo efectivamente culminó con una decisión administrativa de adjudicación, que si bien no está contenida en una resolución, no por ello carece de la naturaleza de acto administrativo, susceptible de ser impugnado judicialmente, como en efecto lo ha reconocido la jurisprudencia, por lo que, en el presente caso, al estar contenida la decisión en el referido oficio del 27 de noviembre de 2002, será esta la fecha que se tenga en cuenta como la de adjudicación del contrato. Es así como se observa que, en aplicación de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 87 del C.C.A, habiendo sido adjudicado el contrato el 27 de noviembre de 2002 -hecho que fue comunicado a los demás oferentes, entre ellos a las demandantes, en la misma fecha (...)-, y haberse celebrado al día siguiente, la legalidad del acto de adjudicación, para cuya impugnación judicial la ley contempló, en primer lugar, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a su -en este caso- comunicación, ya sólo podía controvertirse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato celebrado, a través del ejercicio de la acción de controversias contractuales, tal y como se hizo en el sub-lite, acción para la cual, respecto de la pretensión anulatoria del negocio jurídico, el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., dispuso un término de 2 años, contados a partir de su perfeccionamiento. Dado que la demanda fue presentada el 3 de julio de 2003, es evidente que la misma fue oportuna. No obstante, resulta necesario advertir que no es posible estudiar las pretensiones indemnizatorias de la demanda, toda vez que ellas se derivan del acto administrativo ilegal, que debió ser impugnado dentro de los 30 días siguientes a su notificación, comunicación o publicación, bien sea a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la que procede en contra de tales actos, o mediante la acción contractual, en caso de que el contrato hubiera sido suscrito antes del transcurso de esos 30 días. Pero, como reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia, si la demanda en ejercicio de la acción contractual, se presenta por fuera de los 30 días que la ley le daba al administrado para impugnar el acto precontractual, si bien podrá analizarse la validez del contrato, con fundamento en el estudio de legalidad del respectivo acto precontractual, no habrá lugar a pronunciamiento alguno en relación con los posibles perjuicios que alegue haber sufrido el demandante, como consecuencia de tal decisión administrativa, por resultar extemporáneas tales pretensiones (...)En el presente caso, se reitera que el acto de adjudicación se produjo el 27 de noviembre de 2002 y el contrato resultante se celebró con la sociedad DROSAN LTDA. al día siguiente, 28 de noviembre, es decir que no habían transcurrido los 30 días –hábiles- a los que se refiere el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, como término para impugnar el acto precontractual a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Ello significa que el interesado, tal y como lo estableció la norma, ya sólo podría cuestionar la validez del acto de adjudicación como causal de nulidad del contrato celebrado, en ejercicio de la acción contractual. (...) En consecuencia, procederá la Sala a estudiar la legalidad del acto de adjudicación con base en los cargos efectuados en la demanda, como fundamento de la impugnación de la validez del contrato estatal demandado, pero en caso de que se concluya la existencia de la nulidad pretendida, se abstendrá de analizar, por las razones expuestas, las pretensiones indemnizatorias de la parte actora. NOTA DE RELATORÍA: Un caso parecido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 14941, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sobre las diversas hipótesis temporales que se pueden presentar en aplicación del artículo 87 del C.C.A. ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019, expediente 39945. Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, 29 de enero de 2014, expediente: 30.250, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Citada y reiterada en sentencia del 14 de septiembre de 2016, expediente 48905, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 INCISO 2 ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿El planteamiento del problema jurídico, se funda en el ámbito de actuación del juez ad quem, el cual, a su vez, es determinado por el impugnante en su recurso de apelación, y se encuentra limitado a los aspectos alegados y señalados de manera puntual en dicha impugnación, como motivo de su inconformidad para con el fallo cuestionado, razón por la cual, en la segunda instancia, el estudio del recurso de alzada se contrae a los motivos de inconformidad expresados por el recurrente? Respuesta al problema jurídico: Si Teniendo en cuenta los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le corresponde a la Sala decidir si el acto administrativo de adjudicación impugnado en el sub-lite, está viciado o no de nulidad y, como consecuencia de ello, el contrato se encuentra viciado de nulidad absoluta. Para tal fin, deberá establecer si, efectivamente, como lo sostuvo el recurrente, la adjudicación recayó en una propuesta que no debió ser considerada y calificada por cuanto incumplió los requisitos exigidos en los términos de referencia, relativos a i) la experiencia mínima exigida en contratos de suministro a beneficiarios, pues le fue validada experiencia al por mayor, y ii) la red de distribución para el específico objeto de la contratación, pues se le validaron dos establecimientos de comercio ajenos. La delimitación del problema jurídico en la forma expuesta, obedece al hecho de que, en el recurso de apelación, sólo se cuestionó la decisión del a-quo en cuanto a estos dos aspectos, sin incluir el tercero que había sido expuesto en la demanda, relativo al personal ofrecido por el proponente favorecido, razón por la cual la Sala no se referirá a ese punto. El anterior planteamiento del problema jurídico, se funda en el ámbito de actuación del juez ad quem, el cual, a su vez, es determinado por el impugnante en su recurso de apelación, y se encuentra limitado a los aspectos alegados y señalados de manera puntual en dicha impugnación, como motivo de su inconformidad para con el fallo cuestionado, razón por la cual, en la segunda instancia, el estudio del recurso de alzada se contrae a los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia (...) Es así como la parte actora, al interponer y sustentar su recurso, delimitó con sus argumentaciones en contra de la sentencia impugnada, el ámbito de competencia del juez de segunda instancia, quien en virtud del principio de congruencia se debe limitar a las razones de inconformidad que el recurrente haya planteado en contra del fallo objeto del recurso de alzada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 21862, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CONTRATACIÓN DIRECTA / MEJOR PROPUESTA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE PROMESA / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / CONDICIÓN Problema jurídico: ¿Aunque en el punto de infraestructura operativa el adjudicatario del contrato debía obtener menor puntaje, por adjuntar como prueba de dicha infraestructura un contrato de promesa de compraventa invalido por no contar con un plazo o condición para celebrar la compraventa, este adjudicatario permanecía en el primer lugar en el orden de elegibilidad, por lo que frente a este argumento el acto de adjudicación permanece incólume? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos de referencia que rigieron el procedimiento de selección, se anunció que ECOPETROL, por intermedio de la Regional de Salud Oriental, estaba interesada en recibir propuestas técnico económicas “(…) para contratar el suministro, en la ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana, de los medicamentos que formulen los médicos y odontólogos de planta o adscritos a ECOPETROL, a los Beneficiarios (trabajadores, jubilados y familiares inscritos de unos y otros), debidamente identificados” (...) En relación con los factores de evaluación de las ofertas, el numeral 7.3 de los términos de referencia estableció que el puntaje máximo que se podría asignar sería de 1000 puntos y se tendrían en cuenta 4 factores: 1) oferta económica (430 puntos), 2) capacidad técnica y experiencia (160 puntos), 3) infraestructura operativa (210 puntos) y capacidad financiera (200 puntos). (...) Al respecto se observa que, para efectos de dar cumplimiento a lo exigido en los numerales 2.2.3.3 y 2.6 de los términos de referencia, la firma DROSAN LTDA. anunció en su oferta [que contaba con 3 puntos de atención para lo cual anexó un documento que denominó promesa de compraventa] (...) Al respecto, observa la Sala que, a pesar de haber denominado el anterior acuerdo de voluntades como “Promesa de Compraventa”, el mismo no reúne los requisitos legales que se exigen para esta clase de negocio jurídico. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1611 del Código Civil, la promesa de contrato -que envuelve una obligación de hacer: celebrar otro negocio jurídico-, debe cumplir, entre otros, con un requisito: fijar la época en que ha de celebrarse el contrato prometido, mediante la fijación de una fecha o la forma de establecerla, o una condición de la que penda dicha celebración, para que la promesa sea válida. (...) El contrato de promesa es, por lo tanto, un acto preparatorio y precedente de un futuro negocio jurídico diferente y autónomo, que entraña obligaciones propias y distintas a las del contrato prometido. Mediante aquel acuerdo de voluntades, las partes adquieren obligaciones de hacer: celebrar el contrato prometido, en el tiempo y forma previstos en la promesa y con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ese nuevo acuerdo de voluntades. (...) Del contenido del artículo 1611 del C.C., resulta claro que un elemento de la promesa de contrato es el plazo o condición a la que se sujeta la celebración del contrato prometido. (...) Volviendo al presente caso se advierte que, en el acuerdo de voluntades suscrito por el propietario de los establecimientos de comercio y el representante legal de DROSAN, no se fijó una fecha determinada para la suscripción de la escritura pública o documento privado de compraventa de los establecimientos de comercio22, ni se establecieron pautas o condición alguna de la que pendiera su celebración, pues contrario a lo sostenido en el informe de evaluación de propuestas efectuado por la entidad y lo afirmado en la sentencia de primera instancia, en dicho documento no se sujetó la celebración del contrato prometido a la adjudicación que pudiera favorecer a DROSAN LTDA. dentro del proceso de selección adelantado por ECOPETROL, ni a ninguna otra circunstancia. De acuerdo con lo anterior, es claro que la promesa de contrato suscrita entre DROSAN y el propietario de los establecimientos de comercio en cuestión carecía de un requisito de validez -numeral 3 del artículo 1611 del C.C.-, en tanto no se fijó el momento en el cual debía darse cumplimiento a la obligación de hacer -suscribir el contrato de compraventa- que ella representaba para las partes y, por lo tanto, a la obligación de pago consignada a cargo del promitente comprador una vez perfeccionada la compraventa. (...) o, como en el presente caso, inexistente. (...) Ahora bien, tal y como se estableció en los términos de referencia, no era obligación que el proponente fuera propietario de los establecimientos de comercio que ofreciera en su propuesta, pero sí debía contar con ellos al momento de su presentación, en tanto así se exigió expresamente en el numeral 2.2.3.3, al establecer que debía presentar en su oferta la relación de los establecimientos o sucursales “con que cuenta para la red de distribución”, es decir que debía tenerlos a su disposición para el momento de presentación de la oferta o al menos asegurar su tenencia en caso de adjudicación, lo cual debía acreditar “por cualquier medio documental”, indicando, según la disposición, “a qué título tiene la disponibilidad sobre los establecimientos de la red de distribución (…) (propiedad, arrendamiento, leasing, comodato, etc.)”. Obsérvese cómo, al enunciar los títulos a los cuales podría tener el proponente la disponibilidad de los establecimientos de comercio, se refirió a aquellos que implicaban propiamente la tenencia de los mismos para el momento de presentación de la oferta. (...) No obstante, el proponente DROSAN LTDA. ofreció y la entidad aceptó como prueba del cumplimiento de este requisito, una promesa de compraventa de establecimientos de comercio viciada de nulidad, por carecer de un elemento exigido por la ley para la validez de ese tipo de negocio jurídico cuya ausencia lo privaba de toda obligatoriedad y que, además, no daba cuenta de la disposición por parte del proponente, ni al momento de presentar la oferta ni una vez adjudicado el contrato, de la infraestructura de distribución ofrecida (...) Como ya se advirtió anteriormente, en la promesa de compraventa aportada por DROSAN LTDA. nada se dijo sobre su sometimiento a la condición de que el contrato objeto del procedimiento de selección adelantado por ECOPETROL le fuera adjudicado a dicha firma y tampoco se incluyó un plazo u otra condición de la que dependiera el perfeccionamiento del contrato prometido, por lo que, a juicio de la Sala, no podía darse por acreditado este requisito en cuanto a los dos establecimientos de comercio que fueron objeto de la referida promesa. (...) De acuerdo con los puntajes enunciados y teniendo en cuenta la inadmisibilidad de los dos establecimientos de comercio “droguerías Rosetal 1 y 2”, por este concepto dicho proponente habría podido obtener, máximo, una calificación de 10 puntos de 90 posibles, pues sólo contaría con un establecimiento: el punto de entrega en el centro, y no los 60 que le fueron atribuidos (...), es decir que obtuvo 50 puntos más de los que ameritaba. (...) En las condiciones expuestas, si se tiene en cuenta que, en la evaluación total de las ofertas DROSAN LTDA. obtuvo 900 puntos del total de 1000 posibles, mientras que la oferta de la parte actora fue calificada con 779.3 puntos y el tercer proponente -Copideal- obtuvo 776.3 puntos (f. 50, sobre anexo), es claro que, aún restando esos 50 puntos de más que obtuvo la primera, seguiría ocupando el primer lugar en el orden de elegibilidad -con 850 puntos-, que permitió que el Comité Asesor de Contratación y Compras, recomendara la contratación a su favor, según consta en el Acta No. 12 del 26 de noviembre de 2002 (f. 50, sobre anexo), la cual fue acogida y dio lugar a la adjudicación que se produjo mediante oficio del 27 de noviembre de 2002, en el que el gerente de Servicios de Salud de la entidad demandada le notificó al representante legal de DROSAN LTDA., que había sido favorecido en la selección y lo citó para la correspondiente suscripción del contrato (...). En las condiciones expuestas, los argumentos de la apelante en torno al incumplimiento del requisito de infraestructura operativa por parte del beneficiario de la adjudicación, resultan insuficientes para derruir los razonamientos del tribunal de primera instancia y, por ende, para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado que, por lo tanto, permanece incólume. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el contrato de promesa, ver: Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de septiembre de 2000, expediente 5397, M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de abril de 2016, expediente 34648, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en Subsección B, sentencia del 10 de mayo de 2017, expediente 37725, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1611 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿En el proceso de contratación del caso concreto, la experiencia requerida era únicamente la que se tuviera en el suministro de medicamentos directamente a las personas naturales, beneficiarios de Ecopetrol, y no de ventas al por mayor? Respuesta al problema jurídico: No Se observa (...), que el objeto del contrato fue el suministro, a favor de ECOPETROL, Regional de Salud Oriental, de los medicamentos que los profesionales de la salud enunciados formularan a los beneficiarios de dicha entidad en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. (...) las obligaciones a cargo del contratista iban mucho más allá de la sola dispensación de los medicamentos en los puntos de entrega, y la entidad requería el cumplimiento de otras múltiples tareas relacionadas con ese suministro. Y contrario a lo afirmado por el apelante, ECOPETROL dejó en claro que el contratista debía garantizar la prestación de ese servicio en salud en el área de medicamentos “bajo una concepción integral”, ejecutando el objeto contractual como parte de la cadena de dispensación de medicamentos “(…) y no únicamente como despachador de medicamentos según fórmula médica presentada por el usuario”. Luego no es cierto, como lo indicó el demandante y reiteró en su recurso de apelación, que la entidad hubiera adelantado la selección de contratistas únicamente sobre la consideración de la atención directa al usuario final, que lo serían, según la apelante, los beneficiarios de ECOPETROL (trabajadores, jubilados y familiares inscritos de unos y otros) a quienes sus médicos y odontólogos adscritos les prescribieran los medicamentos a suministrar, lo que se corrobora también con lo dispuesto en los términos de referencia sobre la capacidad técnica y experiencia del proponente que allí se exigió (...) Como se puede advertir, la calificación se fundó en el suministro de medicamentos a entidades del sector salud, en general, por lo que, si bien era necesario que el proponente contara con capacidad para despachar las fórmulas presentadas por los pacientes beneficiarios de Ecopetrol, puesto que ese era uno de los elementos de juicio a tener en cuenta en la evaluación de las ofertas, ello no conllevaba descartar aquellas que hubieran acreditado el suministro de medicamentos en el tiempo y cuantías exigidas por los términos de referencia. (...) El apelante cuestionó la lectura que el a-quo efectuó del requisito de experiencia, pues consideró que en los términos de referencia se había exigido una experiencia específica en la atención a usuarios finales y no una relacionada, de venta de medicamentos al por mayor. La Sala no comparte dicho cuestionamiento, por cuanto tal y como ya se expuso, el análisis conjunto de las disposiciones de los términos de referencia no conduce a concluir que, efectivamente, la experiencia que se exigió acreditar a los proponentes fuera exclusivamente en el despacho de medicamentos directamente a los usuarios o beneficiarios. De otro lado, la certificación de la que se dio cuenta dentro del proceso de selección, expedida por Droguerías Rosetal, era indicativa de la experiencia de la firma DROSAN en el suministro de medicamentos a una entidad del sector de la salud, en la cuantía y términos exigidos por los términos de referencia. En consecuencia, mal haría la entidad, que fue la destinataria final de dichos suministros, tal y como allí se lee, en descartar una oferta que se ajustó a los requerimientos de experiencia dispuestos por ella misma. Es claro entonces, que los argumentos expuestos por el apelante sobre este punto específico resultan insuficientes para desvirtuar los razonamientos adelantados por el a-quo en torno al mismo y, por lo tanto, para modificar la decisión tomada en primera instancia. (...) De conformidad con lo expuesto se concluye que, en el sub-lite, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto de adjudicación objeto de la demanda, toda vez que no se acreditó que el proponente DROSAN LTDA., favorecido con la decisión, había incumplido los requisitos de experiencia e infraestructura operativa por lo que debió ser descartado o al menos calificado con un menor puntaje y que por ello, la selección debió recaer sobre la oferta de la demandante por haber sido la más favorable; por lo tanto, tampoco se acreditó la nulidad absoluta del contrato cuestionado y, en consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada.
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación: 680012331000200301644 01 (40173) Actor: Unión Temporal FUC Demandado: Ecopetrol Referencia: Acción contractual Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 18 de junio de 2010, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO En el año 2002 Ecopetrol adelantó un proceso de selección de contratistas para celebrar contrato de suministro de medicamentos formulados a los beneficiarios de la Regional de Salud Oriente de la entidad, el cual fue adjudicado a la firma DROSAN LTDA., de quien la parte actora sostuvo que no cumplió con los requisitos exigidos en los términos de referencia respecto de i) experiencia, pues sólo acreditó tenerla en el suministro de medicamentos al por mayor, cuando lo exigido era probarla en el suministro directo a los usuarios o beneficiarios del servicio de salud y de ii) infraestructura operativa, pues propuso dos establecimientos de comercio que no eran de su propiedad y para acreditar su disponibilidad, aportó una promesa de contrato de compraventa sobre los mismos, que no cumplía los requisitos legales ni probaba que el oferente disponía de tales establecimientos, por lo que la adjudicación debió favorecer a la Unión Temporal FUC, por haber presentado la oferta más favorable. ANTECEDENTES La demanda El 3 de julio de 2003 y en ejercicio de la acción de controversias contractuales, las sociedades Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores de Santander Ltda. - 2 Radicación: 680012331000200301644 01 (40173) Actor: Unión Temporal FUC. Demandado: ECOPETROL Referencia: Acción de controversias contractuales Coomultrasan-, Droguería La Fuente Ltda. y Unión de Droguistas de los Santanderes Unidrogas S.A., actuando como miembros de la Unión Temporal FUC, presentaron demanda en contra de la Empresa Colombiana de Petróle os ECOPETROL, en la cual elevaron las siguientes pretensiones (f. 153, c. 1): Primera: Se DECLARE LA ILEGALIDAD de la adjudicación por ECOPETROL del contrato RSO-105-2002, cuyo objeto es “la entrega de medicamentos a los beneficiarios de ECOPETROL en la Regional de Salud Oriente”, a la firma DROSAN LTDA. Segunda: SE DECLARE, como consecuencia de dicha ilegalidad, LA NULIDAD ABSOLUTA del CONTRATO RSO-105-2002, suscrito entre ECOPETROL y DROSAN LTDA., fechado el 28 de noviembre de 2002, cuyo objeto es “Entrega de medicamentos a los beneficiarios de ECOPETROL en la Regional de Salud Oriente”, el cual fue adjudicado a DROSAN LTDA. en el proceso de contratación directa RSO-11302-CD 003-02 iniciado el 11 de septiembre de 2002. Tercera: Si aún estuviere en ejecución a la fecha de la sentencia, SE ORDENE LA LIQUIDACIÓN del contrato en el estado en que se encuentre y se disponga COMPULSAR COPIA a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que cada órgano de control se ocupe de las responsabilidades personales de su competencia que hallare configuradas. Cuarta: SE DECLARE que las empresas demandantes tenían derecho a la adjudicación del contrato objeto del proceso de selección RSO-11302-CD 003- 02, conforme a lo previsto en los términos de referencia; la participación de cada sociedad demandante en el interés del proceso es la señalada en el documento privado de constitución de la unión temporal proponente. Quinta: SE CONDENE a la demandada a indemnizar los perjuicios causados a las demandantes en virtud de la irregular adjudicación y celebración del contrato; para tal efecto se la CONDENE al pago de los beneficios económicos que habrían podido derivar del contrato, que se establezcan en el proceso, los cuales serán cuando menos equivalentes al monto de la garantía de seriedad de la propuesta, esto es, la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (…). Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora dio cuenta del proceso de selección por contratación directa RSO-11302-CD 003-02 adelantado por Ecopetrol a partir del 11 de septiembre de 2002 -fecha de la convocatoria-, cuyo objeto fue la entrega de medicamentos a los beneficiarios de Ecopetrol en la Regional Salud Oriente, en el cual participaron los proponentes DROSAN LTDA., la Cooperativa Médica de Colombia Copideal y FUC Unión Temporal, esta última integrada por las sociedades demandantes. Adujo la demandante que la adjudicación favoreció a DROSAN LTDA., a pesar de que debió quedar excluido en la evaluación, por no haber cumplido tres requerimientos esenciales para la comparación objetiva de las ofertas y previstos como factores de evaluación calificables, pues no acreditó i) la experiencia mínima exigida en contratos de suministro a beneficiarios, pues le fue validada experiencia al por mayor; ii) la red de distribución para el específico objeto de la contratación, pues se exigía acreditar aquella con la que contaba el proponente y, en su 3 Radicación: 680012331000200301644 01 (40173) Actor: Unión Temporal FUC. Demandado: ECOPETROL Referencia: Acción de controversias contractuales propuesta, DROSAN incluyó dos establecimientos de propiedad de un tercero, prometidos en venta bajo la condición suspensiva de que le fuera adjudicado el contrato y además, un establecimiento farmacéutico m ayorista, que tampoco correspondía a la especificación de los términos de referencia: entrega de medicamentos a beneficiarios del servicio médico asistencial; ni cumplió con iii) los regentes de farmacia o personal autorizado para el despacho de los medicamentos, pues la entidad demandada le aceptó como tal a personal vinculado laboralmente con un tercero ajeno al proceso de selección. Y agregó que, en caso de que hubiera sido descalificada la propuesta de DROSAN, y aún si la referida firma hubiera sido calificada en debida forma con el puntaje que verdaderamente le correspondía, la proponente FUC Unión Temporal habría obtenido la mayor calificación y con ello la adjudicación del contrato, con lo que habrían podido obtener los beneficios económicos previstos. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora adujo como violados los artículos 1, 2, 4, 6, 58, 83, 90 y 209 de la Constitución Política, pues se desconocieron los principios de las actuaciones administrativas y en particular el deber de obrar conforme a los dictados de la buena fe y el núcleo esencial de la responsabilidad del estado; y los artículos 1, 3, 23, 24- 5, 25-1, 25-2, 25-6, 25-7, 25-12, 25-18, 26-3 y 29 de la Ley 80 de 1993, así como los artículos 3 y 36 del C.C.A y los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 855 de 1994, pues la entidad desconoció los principios básicos de la contratación estatal y las normas que regulaban la contratación directa, porque habilitó a un proponente que no cumplía con las condiciones mínimas de participación en el procedimiento y le otorgó una calificación que objetivamente no le correspondía, según los factores de evaluación previstos en los términos de referencia, los cuales también fueron desconocidos, en especial los numerales 2.4, 2.5, 2.6 y 7 (integral), en consonancia con el objeto específico de la contratación (3.1) y con las causales de eliminación de los proponentes (7.1.5). Con base en las anteriores normas, afirmó que el contrato demandado estaba incurso en las causales de anulación de violación directa de las normas superiores a las que debía sujetarse, falsa motivación de la decisión de adjudicar y desviación de poder que, si bien se predican de los actos administrativos, también afectaron al contrato, pues fue indebidamente seleccionado el contratista en un procedimiento reglado por normas de derecho público, por lo que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 44 numeral 2 de la Ley 80 de 1993y el artículo 1741 del Código Civil, el contrato estaba viciado de nulidad absoluta. 4 Radicación: 680012331000200301644 01 (40173) Actor: Unión Temporal FUC. Demandado: ECOPETROL Referencia: Acción de controversias contractuales El trámite de la primera instancia La demanda fue admitida mediante auto del 31 de octubre de 2003, el cual se notificó a los representantes legales de ECOPETROL y de la firma DROSAN LTDA. y al agente del Ministerio Público (f. 170 vto., 172 y 174, c. 1). Contestación de la demanda ECOPETROL1 contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones; aceptó algunos hechos y negó otros, y propuso como excepción la inexistencia de nulidad absoluta del contrato, pues no se configuró ninguna causal que lo viciara. Sostuvo que el demandante no explicó por qué se dio la violación de normas superiores a las que debía sujetarse el contrato, la falsa motivación y la desviación de poder, pues no precisó con la diligencia debida y claridad suficiente por qué la interpretación de los pliegos, efectuada por la entidad, generaba la nulidad absoluta por esas causales. Ni por qué se dio una desviación de poder o violación normativa al considerar que DROSAN cumplió los requisitos de participación y que los acreditó respecto de la experiencia del personal ofrecido que no trabajaba en ese momento para dicha empresa. Agregó que las entidades tenían la posibilidad de interpretar las reglas contractuales como cualquier norma legal, en forma razonable y dentro del marco de las reglas de juego establecidas en los términos de referencia o pliegos de condiciones y que eso fue lo que hizo ECOPETROL al considerar, en su propósito de lograr una selección objetiva y con un criterio teleológico, que DROSAN había acreditado los requisitos de participación en relación con la forma como acreditó su experi

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012331000200301644011100103