Titulación de la relatoría 25.964 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial, por ellos en este caso tanto la parte demandante como la demandada se encuentran legitimadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial. Es decir, que tanto quien ejerció el derecho de acción mediante la presentación de la demanda, como aquella persona contra quien se dirigió la misma, hacen parte de la situación de hecho que la motivó. En el presente caso, las demandantes, sociedades Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores de Santander Ltda. -Coomultrasan-, Droguería La Fuente Ltda. y Unión de Droguistas de los Santanderes Unidrogas S.A., están legitimadas por activa toda vez que, como miembros de la Unión Temporal FUC participaron, en calidad de proponentes, en el procedimiento de selección por contratación directa RSO-11302-CD 003-02 adelantado por ECOPETROL, en el que se profirió el acto administrativo de adjudicación demandado en el sub-lite y se celebró el contrato adjudicado. Por su parte, la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL está legitimada por pasiva, toda vez que fue la entidad que efectuó la adjudicación demandada y celebró el contrato respecto del cual se pidió que se declarara su nulidad absoluta.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de legitimación en la causa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, expediente 28386, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la legitimación de quien emitió el acto de adjudicación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia del 13 de junio de 2011, expediente 19.936, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA
Problema jurídico:
¿Si la demanda en ejercicio de la acción contractual, se presenta por fuera de los 30 días que la ley le daba al administrado para impugnar el acto precontractual, si bien podrá analizarse la validez del contrato, con fundamento en el estudio de legalidad del respectivo acto precontractual, no habrá lugar a pronunciamiento alguno en relación con los posibles perjuicios que alegue haber sufrido el demandante, como consecuencia de tal decisión administrativa, por resultar extemporáneas tales pretensiones ?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda presentada en el sub-lite, está dirigida a que se declare la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del procedimiento de selección de contratación directa (...) adelantado por ECOPETROL y, en consecuencia, que se declare también la nulidad absoluta del contrato (...), suscrito entre ECOPETROL y DROSAN LTDA. el 28 de noviembre de 2002, como resultado de aquella decisión. (...) En el presente caso se observa que, mediante oficio (...) del 27 de noviembre de 2002, el Gerente de Servicios de Salud de ECOPETROL le informó al representante legal de DROSAN LTDA. que esta empresa fue seleccionada para ejecutar el objeto de la Contratación Directa (...) y el contrato entre ECOPETROL -Gerencia de Servicios de Salud- y la referida firma fue suscrito el 28 de noviembre de 2002 (...) Ahora bien, en este punto resulta necesario destacar cómo, a pesar de tratarse de un procedimiento de selección de contratación directa y no de una licitación pública, el mismo efectivamente culminó con una decisión administrativa de adjudicación, que si bien no está contenida en una resolución, no por ello carece de la naturaleza de acto administrativo, susceptible de ser impugnado judicialmente, como en efecto lo ha reconocido la jurisprudencia, por lo que, en el presente caso, al estar contenida la decisión en el referido oficio del 27 de noviembre de 2002, será esta la fecha que se tenga en cuenta como la de adjudicación del contrato. Es así como se observa que, en aplicación de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 87 del C.C.A, habiendo sido adjudicado el contrato el 27 de noviembre de 2002 -hecho que fue comunicado a los demás oferentes, entre ellos a las demandantes, en la misma fecha (...)-, y haberse celebrado al día siguiente, la legalidad del acto de adjudicación, para cuya impugnación judicial la ley contempló, en primer lugar, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a su -en este caso- comunicación, ya sólo podía controvertirse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato celebrado, a través del ejercicio de la acción de controversias contractuales, tal y como se hizo en el sub-lite, acción para la cual, respecto de la pretensión anulatoria del negocio jurídico, el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., dispuso un término de 2 años, contados a partir de su perfeccionamiento. Dado que la demanda fue presentada el 3 de julio de 2003, es evidente que la misma fue oportuna. No obstante, resulta necesario advertir que no es posible estudiar las pretensiones indemnizatorias de la demanda, toda vez que ellas se derivan del acto administrativo ilegal, que debió ser impugnado dentro de los 30 días siguientes a su notificación, comunicación o publicación, bien sea a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la que procede en contra de tales actos, o mediante la acción contractual, en caso de que el contrato hubiera sido suscrito antes del transcurso de esos 30 días. Pero, como reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia, si la demanda en ejercicio de la acción contractual, se presenta por fuera de los 30 días que la ley le daba al administrado para impugnar el acto precontractual, si bien podrá analizarse la validez del contrato, con fundamento en el estudio de legalidad del respectivo acto precontractual, no habrá lugar a pronunciamiento alguno en relación con los posibles perjuicios que alegue haber sufrido el demandante, como consecuencia de tal decisión administrativa, por resultar extemporáneas tales pretensiones (...)En el presente caso, se reitera que el acto de adjudicación se produjo el 27 de noviembre de 2002 y el contrato resultante se celebró con la sociedad DROSAN LTDA. al día siguiente, 28 de noviembre, es decir que no habían transcurrido los 30 días –hábiles- a los que se refiere el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, como término para impugnar el acto precontractual a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Ello significa que el interesado, tal y como lo estableció la norma, ya sólo podría cuestionar la validez del acto de adjudicación como causal de nulidad del contrato celebrado, en ejercicio de la acción contractual. (...) En consecuencia, procederá la Sala a estudiar la legalidad del acto de adjudicación con base en los cargos efectuados en la demanda, como fundamento de la impugnación de la validez del contrato estatal demandado, pero en caso de que se concluya la existencia de la nulidad pretendida, se abstendrá de analizar, por las razones expuestas, las pretensiones indemnizatorias de la parte actora.
NOTA DE RELATORÍA:
Un caso parecido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 14941, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sobre las diversas hipótesis temporales que se pueden presentar en aplicación del artículo 87 del C.C.A. ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019, expediente 39945. Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, 29 de enero de 2014, expediente: 30.250, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Citada y reiterada en sentencia del 14 de septiembre de 2016, expediente 48905, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 INCISO 2
ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El planteamiento del problema jurídico, se funda en el ámbito de actuación del juez ad quem, el cual, a su vez, es determinado por el impugnante en su recurso de apelación, y se encuentra limitado a los aspectos alegados y señalados de manera puntual en dicha impugnación, como motivo de su inconformidad para con el fallo cuestionado, razón por la cual, en la segunda instancia, el estudio del recurso de alzada se contrae a los motivos de inconformidad expresados por el recurrente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Teniendo en cuenta los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le corresponde a la Sala decidir si el acto administrativo de adjudicación impugnado en el sub-lite, está viciado o no de nulidad y, como consecuencia de ello, el contrato se encuentra viciado de nulidad absoluta. Para tal fin, deberá establecer si, efectivamente, como lo sostuvo el recurrente, la adjudicación recayó en una propuesta que no debió ser considerada y calificada por cuanto incumplió los requisitos exigidos en los términos de referencia, relativos a i) la experiencia mínima exigida en contratos de suministro a beneficiarios, pues le fue validada experiencia al por mayor, y ii) la red de distribución para el específico objeto de la contratación, pues se le validaron dos establecimientos de comercio ajenos. La delimitación del problema jurídico en la forma expuesta, obedece al hecho de que, en el recurso de apelación, sólo se cuestionó la decisión del a-quo en cuanto a estos dos aspectos, sin incluir el tercero que había sido expuesto en la demanda, relativo al personal ofrecido por el proponente favorecido, razón por la cual la Sala no se referirá a ese punto. El anterior planteamiento del problema jurídico, se funda en el ámbito de actuación del juez ad quem, el cual, a su vez, es determinado por el impugnante en su recurso de apelación, y se encuentra limitado a los aspectos alegados y señalados de manera puntual en dicha impugnación, como motivo de su inconformidad para con el fallo cuestionado, razón por la cual, en la segunda instancia, el estudio del recurso de alzada se contrae a los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia (...) Es así como la parte actora, al interponer y sustentar su recurso, delimitó con sus argumentaciones en contra de la sentencia impugnada, el ámbito de competencia del juez de segunda instancia, quien en virtud del principio de congruencia se debe limitar a las razones de inconformidad que el recurrente haya planteado en contra del fallo objeto del recurso de alzada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los límites del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 21862, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CONTRATACIÓN DIRECTA / MEJOR PROPUESTA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE PROMESA / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / CONDICIÓN
Problema jurídico:
¿Aunque en el punto de infraestructura operativa el adjudicatario del contrato debía obtener menor puntaje, por adjuntar como prueba de dicha infraestructura un contrato de promesa de compraventa invalido por no contar con un plazo o condición para celebrar la compraventa, este adjudicatario permanecía en el primer lugar en el orden de elegibilidad, por lo que frente a este argumento el acto de adjudicación permanece incólume?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos de referencia que rigieron el procedimiento de selección, se anunció que ECOPETROL, por intermedio de la Regional de Salud Oriental, estaba interesada en recibir propuestas técnico económicas “(…) para contratar el suministro, en la ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana, de los medicamentos que formulen los médicos y odontólogos de planta o adscritos a ECOPETROL, a los Beneficiarios (trabajadores, jubilados y familiares inscritos de unos y otros), debidamente identificados” (...) En relación con los factores de evaluación de las ofertas, el numeral 7.3 de los términos de referencia estableció que el puntaje máximo que se podría asignar sería de 1000 puntos y se tendrían en cuenta 4 factores: 1) oferta económica (430 puntos), 2) capacidad técnica y experiencia (160 puntos), 3) infraestructura operativa (210 puntos) y capacidad financiera (200 puntos). (...) Al respecto se observa que, para efectos de dar cumplimiento a lo exigido en los numerales 2.2.3.3 y 2.6 de los términos de referencia, la firma DROSAN LTDA. anunció en su oferta [que contaba con 3 puntos de atención para lo cual anexó un documento que denominó promesa de compraventa] (...) Al respecto, observa la Sala que, a pesar de haber denominado el anterior acuerdo de voluntades como “Promesa de Compraventa”, el mismo no reúne los requisitos legales que se exigen para esta clase de negocio jurídico. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1611 del Código Civil, la promesa de contrato -que envuelve una obligación de hacer: celebrar otro negocio jurídico-, debe cumplir, entre otros, con un requisito: fijar la época en que ha de celebrarse el contrato prometido, mediante la fijación de una fecha o la forma de establecerla, o una condición de la que penda dicha celebración, para que la promesa sea válida. (...) El contrato de promesa es, por lo tanto, un acto preparatorio y precedente de un futuro negocio jurídico diferente y autónomo, que entraña obligaciones propias y distintas a las del contrato prometido. Mediante aquel acuerdo de voluntades, las partes adquieren obligaciones de hacer: celebrar el contrato prometido, en el tiempo y forma previstos en la promesa y con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ese nuevo acuerdo de voluntades. (...) Del contenido del artículo 1611 del C.C., resulta claro que un elemento de la promesa de contrato es el plazo o condición a la que se sujeta la celebración del contrato prometido. (...) Volviendo al presente caso se advierte que, en el acuerdo de voluntades suscrito por el propietario de los establecimientos de comercio y el representante legal de DROSAN, no se fijó una fecha determinada para la suscripción de la escritura pública o documento privado de compraventa de los establecimientos de comercio22, ni se establecieron pautas o condición alguna de la que pendiera su celebración, pues contrario a lo sostenido en el informe de evaluación de propuestas efectuado por la entidad y lo afirmado en la sentencia de primera instancia, en dicho documento no se sujetó la celebración del contrato prometido a la adjudicación que pudiera favorecer a DROSAN LTDA. dentro del proceso de selección adelantado por ECOPETROL, ni a ninguna otra circunstancia. De acuerdo con lo anterior, es claro que la promesa de contrato suscrita entre DROSAN y el propietario de los establecimientos de comercio en cuestión carecía de un requisito de validez -numeral 3 del artículo 1611 del C.C.-, en tanto no se fijó el momento en el cual debía darse cumplimiento a la obligación de hacer -suscribir el contrato de compraventa- que ella representaba para las partes y, por lo tanto, a la obligación de pago consignada a cargo del promitente comprador una vez perfeccionada la compraventa. (...) o, como en el presente caso, inexistente. (...) Ahora bien, tal y como se estableció en los términos de referencia, no era obligación que el proponente fuera propietario de los establecimientos de comercio que ofreciera en su propuesta, pero sí debía contar con ellos al momento de su presentación, en tanto así se exigió expresamente en el numeral 2.2.3.3, al establecer que debía presentar en su oferta la relación de los establecimientos o sucursales “con que cuenta para la red de distribución”, es decir que debía tenerlos a su disposición para el momento de presentación de la oferta o al menos asegurar su tenencia en caso de adjudicación, lo cual debía acreditar “por cualquier medio documental”, indicando, según la disposición, “a qué título tiene la disponibilidad sobre los establecimientos de la red de distribución (…) (propiedad, arrendamiento, leasing, comodato, etc.)”. Obsérvese cómo, al enunciar los títulos a los cuales podría tener el proponente la disponibilidad de los establecimientos de comercio, se refirió a aquellos que implicaban propiamente la tenencia de los mismos para el momento de presentación de la oferta. (...) No obstante, el proponente DROSAN LTDA. ofreció y la entidad aceptó como prueba del cumplimiento de este requisito, una promesa de compraventa de establecimientos de comercio viciada de nulidad, por carecer de un elemento exigido por la ley para la validez de ese tipo de negocio jurídico cuya ausencia lo privaba de toda obligatoriedad y que, además, no daba cuenta de la disposición por parte del proponente, ni al momento de presentar la oferta ni una vez adjudicado el contrato, de la infraestructura de distribución ofrecida (...) Como ya se advirtió anteriormente, en la promesa de compraventa aportada por DROSAN LTDA. nada se dijo sobre su sometimiento a la condición de que el contrato objeto del procedimiento de selección adelantado por ECOPETROL le fuera adjudicado a dicha firma y tampoco se incluyó un plazo u otra condición de la que dependiera el perfeccionamiento del contrato prometido, por lo que, a juicio de la Sala, no podía darse por acreditado este requisito en cuanto a los dos establecimientos de comercio que fueron objeto de la referida promesa. (...) De acuerdo con los puntajes enunciados y teniendo en cuenta la inadmisibilidad de los dos establecimientos de comercio “droguerías Rosetal 1 y 2”, por este concepto dicho proponente habría podido obtener, máximo, una calificación de 10 puntos de 90 posibles, pues sólo contaría con un establecimiento: el punto de entrega en el centro, y no los 60 que le fueron atribuidos (...), es decir que obtuvo 50 puntos más de los que ameritaba. (...) En las condiciones expuestas, si se tiene en cuenta que, en la evaluación total de las ofertas DROSAN LTDA. obtuvo 900 puntos del total de 1000 posibles, mientras que la oferta de la parte actora fue calificada con 779.3 puntos y el tercer proponente -Copideal- obtuvo 776.3 puntos (f. 50, sobre anexo), es claro que, aún restando esos 50 puntos de más que obtuvo la primera, seguiría ocupando el primer lugar en el orden de elegibilidad -con 850 puntos-, que permitió que el Comité Asesor de Contratación y Compras, recomendara la contratación a su favor, según consta en el Acta No. 12 del 26 de noviembre de 2002 (f. 50, sobre anexo), la cual fue acogida y dio lugar a la adjudicación que se produjo mediante oficio del 27 de noviembre de 2002, en el que el gerente de Servicios de Salud de la entidad demandada le notificó al representante legal de DROSAN LTDA., que había sido favorecido en la selección y lo citó para la correspondiente suscripción del contrato (...). En las condiciones expuestas, los argumentos de la apelante en torno al incumplimiento del requisito de infraestructura operativa por parte del beneficiario de la adjudicación, resultan insuficientes para derruir los razonamientos del tribunal de primera instancia y, por ende, para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado que, por lo tanto, permanece incólume.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contrato de promesa, ver: Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de septiembre de 2000, expediente 5397, M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de abril de 2016, expediente 34648, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en Subsección B, sentencia del 10 de mayo de 2017, expediente 37725, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1611
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿En el proceso de contratación del caso concreto, la experiencia requerida era únicamente la que se tuviera en el suministro de medicamentos directamente a las personas naturales, beneficiarios de Ecopetrol, y no de ventas al por mayor?
Respuesta al problema jurídico: No
Se observa (...), que el objeto del contrato fue el suministro, a favor de ECOPETROL, Regional de Salud Oriental, de los medicamentos que los profesionales de la salud enunciados formularan a los beneficiarios de dicha entidad en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. (...) las obligaciones a cargo del contratista iban mucho más allá de la sola dispensación de los medicamentos en los puntos de entrega, y la entidad requería el cumplimiento de otras múltiples tareas relacionadas con ese suministro. Y contrario a lo afirmado por el apelante, ECOPETROL dejó en claro que el contratista debía garantizar la prestación de ese servicio en salud en el área de medicamentos “bajo una concepción integral”, ejecutando el objeto contractual como parte de la cadena de dispensación de medicamentos “(…) y no únicamente como despachador de medicamentos según fórmula médica presentada por el usuario”. Luego no es cierto, como lo indicó el demandante y reiteró en su recurso de apelación, que la entidad hubiera adelantado la selección de contratistas únicamente sobre la consideración de la atención directa al usuario final, que lo serían, según la apelante, los beneficiarios de ECOPETROL (trabajadores, jubilados y familiares inscritos de unos y otros) a quienes sus médicos y odontólogos adscritos les prescribieran los medicamentos a suministrar, lo que se corrobora también con lo dispuesto en los términos de referencia sobre la capacidad técnica y experiencia del proponente que allí se exigió (...) Como se puede advertir, la calificación se fundó en el suministro de medicamentos a entidades del sector salud, en general, por lo que, si bien era necesario que el proponente contara con capacidad para despachar las fórmulas presentadas por los pacientes beneficiarios de Ecopetrol, puesto que ese era uno de los elementos de juicio a tener en cuenta en la evaluación de las ofertas, ello no conllevaba descartar aquellas que hubieran acreditado el suministro de medicamentos en el tiempo y cuantías exigidas por los términos de referencia. (...) El apelante cuestionó la lectura que el a-quo efectuó del requisito de experiencia, pues consideró que en los términos de referencia se había exigido una experiencia específica en la atención a usuarios finales y no una relacionada, de venta de medicamentos al por mayor. La Sala no comparte dicho cuestionamiento, por cuanto tal y como ya se expuso, el análisis conjunto de las disposiciones de los términos de referencia no conduce a concluir que, efectivamente, la experiencia que se exigió acreditar a los proponentes fuera exclusivamente en el despacho de medicamentos directamente a los usuarios o beneficiarios. De otro lado, la certificación de la que se dio cuenta dentro del proceso de selección, expedida por Droguerías Rosetal, era indicativa de la experiencia de la firma DROSAN en el suministro de medicamentos a una entidad del sector de la salud, en la cuantía y términos exigidos por los términos de referencia. En consecuencia, mal haría la entidad, que fue la destinataria final de dichos suministros, tal y como allí se lee, en descartar una oferta que se ajustó a los requerimientos de experiencia dispuestos por ella misma. Es claro entonces, que los argumentos expuestos por el apelante sobre este punto específico resultan insuficientes para desvirtuar los razonamientos adelantados por el a-quo en torno al mismo y, por lo tanto, para modificar la decisión tomada en primera instancia. (...) De conformidad con lo expuesto se concluye que, en el sub-lite, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto de adjudicación objeto de la demanda, toda vez que no se acreditó que el proponente DROSAN LTDA., favorecido con la decisión, había incumplido los requisitos de experiencia e infraestructura operativa por lo que debió ser descartado o al menos calificado con un menor puntaje y que por ello, la selección debió recaer sobre la oferta de la demandante por haber sido la más favorable; por lo tanto, tampoco se acreditó la nulidad absoluta del contrato cuestionado y, en consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada.