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Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición
Sentencia — Sentencia
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020070066101
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición? No
El contratista no puede acreditar el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición, ya que no existen elementos probatorios que demuestren que la funcionaria actuó con intención de desviar el poder para fines distintos a los del buen servicio. El tribunal revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las funcionarias demandadas, pero confirma que no se acreditó el dolo ni la desviación de poder, al no haberse presentado pruebas que indiquen que la conducta de las servidoras públicas fue desplegada con propósitos distintos a los del buen servicio. Este precedente reitera la necesidad de presentar pruebas idóneas y trasladadas al proceso para demostrar la conducta dolosa del agente estatal, y confirma que documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
Pero, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato por el incumplimiento contractual.
Sentencia — Sentencia
2022-05-31
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 68001233100020010173001
ACCION CONTRACTUAL
¿Cómo se determina la normatividad aplicable para resolver la controversia contractual? Sí
El contratista debe determinar la normatividad aplicable para resolver controversias contractuales en base al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, principalmente la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, y no por comportamientos antijurídicos de las partes, sino por desequilibrios financieros causados por el ius variandi del ente contratante, hechos del príncipe o hechos imprevisibles e irresistibles. La entidad estatal está sometida a esta normatividad y la administración puede valorar documentos presentados en copia simple si estos no fueron tachados ni su validez fue cuestionada durante el proceso, garantizando así el principio de buena fe y el derecho sustancial. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato se determina por la cuantía de las pretensiones, y el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación se contabiliza desde la firma del acta de liquidación bilateral. Este precedente reitera la jurisprudencia sobre la aplicación de la normatividad contractual y la valoración de documentos en copia simple, y establece claramente los criterios para la competencia y el cómputo del término de caducidad en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuáles son los presupuestos para que se puedan valorar los documentos allegados al proceso en copia simple?
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia en segunda instancia del Consejo de Estado para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato?
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato requiere liquidación?
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado para conocer, de un proceso de repetición
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 54001233100020020093501
ACCION DE REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de un proceso de repetición cuando la apelación se interpone contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en primera instancia, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos casos, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y las modificaciones introducidas por las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. La entidad pública que resulta condenada en un proceso de reparación directa puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público responsable del daño, siempre que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se inicie desde el pago de la conciliación judicial o la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva sobre el agente que dio lugar al daño, y la acción de repetición se rige por el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, siempre y cuando la Ley 678 de 2001 esté vigente al momento del ejercicio de la acción.síntesis automática
También resuelve:
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición inició con el pago de la conciliación judicial celebrada dentro del proceso de reparación directa?
¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente…
¿Es aplicable el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del C.C.A. para la acción de repetición cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada…
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