REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 54001-23-31-000-2012-00227-01 (64.526)
Actor: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL
Demandados: HUMBERTO PRADA ROJAS Y OTROS
Medio de control: REPETICIÓN CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD
Síntesis del caso: se ejerce la presente acción en contra de unos militares que habrían estado
implicados en la ejecución extrajudicial de un civil por la que fue declarada administrativamente
responsable la entidad ahora demandante y condenada a pagar la respectiva indemnización de
perjuicios a la madre de la víctima, por cuya suma se repite.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de la
acción de repetición, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, INHIBIRSE de
pronunciarse de fondo en relación con las pretensiones de la
demanda, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NEGAR la condena a costas.
CUARTO: Una vez en firme la presente providencia, archívese el
expediente, previas las anotaciones secretariales de rigor” (fl. 327
cdno. ppal. – mayúsculas sostenidas del original).
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Expediente 54001-23-31-000-2012-00227-01 (64.526)
Actor: La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición - apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 25 de mayo de 2012 (fl. 14 cdno. 1) la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional promovió demanda de repetición en
contra de los señores Diego Felipe Pabón, Fabio Hernando Carvajal, Hugo
Hernando Orduz, C ésar Augusto de Jesús Páez Castillo y Humberto Prada
Rojas con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:
“Que los Señores DIEGO FELIPE PAB ÓN, FABIO HERNANDO
CARVAJAL, HUGO HERNANDO ORDUZ, C ÉSAR AUGUSTO DE
JESUS PAEZ DE CASTILLO, HUMBERTO PRADA ROJAS, son
responsable por dolo en su actuar en hechos registrados el día 6 de
Agosto de 1994, en el sitio Caño Lajas Corregimiento Filo Gringo del
Municipio de el Tarra, que dieron lugar a la condena contra LA
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NAC IONAL,
dentro del proceso radicado bajo el No. 1996 -10280 de la Sala de
Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander, Norte de
Santander y Cesar.
Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los
Señores DIEGO FELIPE PAB ÓN, FABIO HERNANDO CARVAJAL,
HUGO HERNANDO ORDUZ, CESAR AUGUSTO DE JES ÚS PÁEZ
DE CASTILLO, HUMBERTO PRADA ROJAS, al pago de
DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 71/100 M /CTE
($201.934.603.71), valor pagado según resolución No. 2654 de fecha
5 de mayo de 2010, cancelada en su totalidad el día 26 de mayo de
2010 y certificación expedida por el Tesorero principal de la Entidad
accionante, o del monto que le correspondiere, según lo estime la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pago que deberá
efectuar a favor de la NACION - MIISTERIO DE DEFENSA EJERCITO
NACIONAL.
Que la sentencia que ponga fin al presente proceso, sea de aquellas
que reúnan los requisitos exigidos por los artículos 68 del C.C.A., y
488 del C.P. C.; que el conste (sic) una obligación clara, expresa y
actualmente exigible a fin de que preste mérito ejecutivo.
Que el monto de la condena se profiera contra los Señores DIEGO
FELIPE PAB ÓN, FABIO HERNANDO CARVAJAL, HUGO
HERNANDO ORDUZ, C ÉSAR AUGUSTO D E JES ÚS P ÁEZ DE
CASTILLO, HUMBERTO PRADA ROJAS, sea actualizado hasta el
monto de pago efectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
178 del C.C.A.
Que se condena en costas al demandado” (fl. 10 cdno. 1 – mayúsculas
sostenidas del original).
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Expediente 54001-23-31-000-2012-00227-01 (64.526)
Actor: La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición - apelación de sentencia
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) La señora Gilma Orejarena de Luque interpuso demanda en ejercicio de la
acción de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional por la muerte de su hijo Carlos Hernán González Orejarena en
hechos acaecidos el 6 de agosto de 1994.
2) Mediant e sentencia proferida el 30 de noviembre de 2004 la Sala de
Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de
Santander y Cesar, a quien le correspondió conocer el proceso, encontró
probado que la víctima falleció a manos de los militares ahora demandados
después de haberlo retenido ilegalmente en Caño Lajas, corregimiento Filo del
Gringo, municipio El Tarra (Norte de Santander) y reportado su fallecimiento
como producto de un combate guerrillero, lo cual no era cierto; en consecuencia,
declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad ahora demandante por la
muerte del señor Carlos Hernán González Orejarena y la condenó al pago de los
perjuicios padecidos por su madre.
3) En virtud de dicha condena la entidad expidió la Resolución No. 2654 del 13
de mayo de 2010 en la que ordenó cancelar la suma de $201’934.603, 71 en
favor de la afectada, suma por la que ahora se repite.
1.3 Cargos
La entidad accionante considera que la conducta dolosa de los agentes militares
se encuentra probada toda vez que fueron procesados disciplinaria y penalmente
por el delito de homicidio agravado.
2. Posición de los demandados
1) El señor Fabio Hernando Carvajal Ochoa (fls. 131 y 137 cdno. 1) se opuso a
las pretensiones de la demanda por cuanto en el proceso penal adelantado en
su contra por el delito de homicidio agravado fue absuelto, situación que
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Expediente 54001-23-31-000-2012-00227-01 (64.526)
Actor: La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición - apelación de sentencia
desvirtúa el dolo en su conducta, además, propuso la excepción de caducidad
de la acción puesto que la ejecutoria de la sentencia condenatoria ocurrió el 15
de febrero de 2005 pero el pago total de la condena no se efectuó sino hasta el
26 de mayo de 2010, de manera que excedió los 18 meses previstos por la ley
para ello ; c omo la demanda fue presentada el 28 de mayo de 2012 se hizo
después del vencimiento de los dos años estipulados legalmente para el efecto.
2) El señor César Augusto Páez Castillo (representado por curador ad litem) se
opuso a las pretensiones de la demanda y también propuso la excepción de
caducidad de la acción por considerar que la demanda se presentó el 28 de
mayo de 2012 y el pago de la condena se efectuó el 26 de mayo de 2010, esto
es, más de dos años después del pago total (fl. 168 cdno. 1).
3) El señor Humberto Parda Rojas (representado por curador ad litem) solicitó la
denegatoria de las pretensiones por cuanto “no existe cualificación judicial
individual” de una conducta dolosa o gravemente culposa de su parte en los
hechos materia de reproche , a seguró que se le violó su derecho del debido
proceso contemplado el artículo 29 de la Constitución Política porque se debe
presumir su inocencia mientras no sea declarado judicialmente culpable (fl. 224
cdno. 1).
4) Los demás demandados guardaron silencio.
3. Alegatos de conclusión de primera instancia
1) La entidad demandante (fl. 315 cdno. 1) alegó que en el proceso se probaron
todos los presupuestos para que proceda la acción de repetición, esto es, la
calidad de servidores públicos de los demandados, el pago efectivo de la
condena proferida en contra de la entidad mediante sentencia judi cial y la
conducta dolosa de los agentes.
2) Los demandados y el Ministerio Público guardaron silencio.
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Expediente 54001-23-31-000-2012-00227-01 (64.526)
Actor: La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición - apelación de sentencia
4. La sentencia apelada
El tribunal de primera instancia (fl. 321 cdno. ppal.) declaró probada le excepción
de caducidad de la acción y, en consecuencia, se inhibió para pronunciarse
sobre el fondo del asunto por encontrar que los dos años con los cuales contaba
la entidad accionante para radicar la demanda vencieron el 17 de agosto de 2008
pero fue presentada el 25 de mayo de 2012.
Explicó q ue en este caso el pago de la condena se hizo por fuera de los 18
meses después de haberse ejecutoriado la sentencia condenatoria (el 26 de
mayo de 2010) previstos en el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo con la condición establecida por la Corte Constitucional en
sentencia C-832 de 2001, motivo por lo cual el término de la caducidad debe
contarse a partir del día siguiente de haberse finalizado ese periodo, esto es, el
16 de agosto de 2006.
5. El recurso de apelación
La entidad demandante (fl. 331 cdno. ppal.) reprochó la decisión del a quo toda
vez que, a su juicio, el término de caducidad debe contarse desde el pago total
de la condena según lo establece el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, y como
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