REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 13001233100020030233701 (41.040)
Demandante: CONSORCIO DE SERVICIOS Y MERCADEO DE
LICORES SA (CONSORCIO SM SA)
Demandada: INDUSTRIA LICORERA DE BOLÍVAR
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL
CONTRATO ESTATAL
Síntesis del caso: la Industria Licorera de Bolívar (Indulibol ) declaró la caducidad de
un contrato de operación de maquinaria para la fabricación, distribución y
comercialización de licor “tres esquinas”; la contratista pretende la nulidad de ese acto
y que se le indemnicen los perjuicios que le causó.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 4 de noviembre de 2010 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 15 de diciembre de 2003 (fl. 37 cdno. 1) la sociedad Consorcio de Servicios
y Mercadeo de Licores SA (Consorcio SM SA) promovió demanda en contra
de la Industria de Licores de Bolívar, el petitum fue el siguiente:
“PRIMERA: Que es nula la Resolución No. 2002-12-17-01 del 17 de
diciembre de 2002, por medio de la cual el gerente de la Industria
Licorera de Bolívar resolvió declarar la caducidad del contrato de
ejecución operativa de maquinaria y equipos de la Industria Licorera
de Bolívar para la fabri cación de licores y la comercialización y
distribución del licor Tres Esquinas, celebrado el 25 de octubre de
1995 entre la Industria Licorera de Bolívar y el CONSORCIO SM., y
modificado por medio del acta de modificación del 23 de octubre de
2000.
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Demandante: sociedad Consorcio SM SA
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SEGUNDA. Que es nula la Resolución No. 2003-01-10-01 de fecha
10 de enero de 2003, mediante la cual el gerente de la Industria
Licorera de Bolívar confirmó en todas sus partes la decisión de
caducidad negando el recurso de reposición presentado por el
CONSORCIO SM S.A.
TERCERA. Que se condene a la INDUSTRIA LICORERA DE
BOLÍVAR al pago de todos los perjuicios causados a mi
representada con ocasión de la expedición y ejecutoria de las
resoluciones demandadas, incluyendo daño emergente y lucro
cesante, los cuales ascienden aproximadamente, a la suma de
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS
($32.544.052.603), así como la corrección monetaria y cualesquiera
otros índices de ajuste monetario de tales sumas.
CUARTA. Que se condene a la INDUSTRIA LICORERA DE
BOLÍVAR al pago de las costas, agencias en derecho y demás
gastos del proceso.” (fl. 1 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas
originales).
Como fundamento de hecho de las pretensiones la parte demandante narró,
en síntesis, lo siguiente:
1) El 25 de octubre de 1995 la sociedad Consorcio SM suscribió un contrato
con la Industria Licorera de Bolívar en virtud del cual se obligó a realizar la
ejecución operativa de maquinaria y equipos para la fabricación de licores y la
distribución y comercialización de l ron “Tres Esquinas” por un término de 20
años; en mayo de 1999 la sociedad Consorcio SM cedió el contrato a la
sociedad Consorcio de Servici os y Mercadeo de Licores SA – Consorcio SM
SA y dicha operación fue aprobada por la parte contratante.
2) Durante la ejecución del contrato surgieron circunstancias que alteraron la
ecuación financiera producto de las cuales las partes firmaron el modificatorio
de 23 de octubre de 2000 con el cual se restableció el equilibrio contractual; la
modificación consistió en ajustar los volúmenes de producción y venta de licor
a cargo de la contratista, el margen de utilidad, la utilización de maquinaria y
el compromiso del contratista de garantizar los recursos económicos para el
pago de las mesadas pensionales de los trabajadores.
3) Desde el momento en el que el señor Rafael Borré Camargo asumió la
gerencia de la Industria Licorera de Bolívar las relaciones con la sociedad
contratista se deterioraron debido a “su actitud intransigente y su desordenado
y malintencionado interés de terminar con el contrato” (fl. 5 cdno. 1).
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Demandante: sociedad Consorcio SM SA
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4) La parte demandada se negó a revisar el contrato para solventar las
necesidades financ ieras y adoptó una actitud tendiente a imposibilitar la
continuidad de la ejecución del contrato 1; en reunión de 26 de noviembre de
2002 sorprendió a la sociedad contratista con una comunicación en la que
advirtió los presuntos incumplimientos graves del contratista y manifestó que
era inminente la declaratoria de caducidad del contrato.
5) El 17 de diciembre de 2002 el gerente de la Industria Licorera de Bolívar
declaró la caducidad del contrato y dispuso su liquidación mediante la
Resolución no. 2002-12-17-01, decisión que confirmó mediante la Resolución
no. 2003-01-10-01 de 10 de enero de 2003 con la cual resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la sociedad contratista.
6) El 13 de febrero de 2003 las partes liquidaron bilateralmente el contrato
mediante un acuerdo con el que zanjaron algunas de las diferencias surgidas
en la ejecución; el 2 de mayo de 2003 el gerente de la demandada expidió la
Resolución no. 2003-05-02-01 por medio de la cual liquidó unilateralmente el
contrato en lo relativo a aquellos puntos que no fueron materia del acuerdo;
esta decisión fue confirmada por la contratan te por Resolución no. 2003 -05-
28-01 de 28 de mayo de 2003.
7) Los subsiguientes contratos que suscribió la Industria Licorera de Bolívar
para ejecutar el mismo objeto contractual del contrato caducado tuvieron
condiciones mucho más favorables para los con tratistas, lo cual a juicio del
1 La referida afirmación la sustentó en lo siguiente: (i) la contratante emitió una cuenta de
cobro en la que se desconoció el modificatorio de 23 de octubre de 2000; (ii) se formularon
acciones populares en contra de Consorcio SM SA “prácticamente coadyuvadas por la parte
contratante” (fl. 6 cdno. 1); (iii) se dejó sin efectos la autorización con que contaba la
contratante para producir licores de otras marcas; (iv) se presentaron inconsistencias en la
relación de personas jubiladas cuyas pensiones debían ser atendidas con los recursos
provenientes del impuesto departamental al consumo de licores y de las participaciones por
utilidades de maquinaria y equipos; (v) el decreto de múltiples embargos contra la contratante
que “comprometían su participación en el contrato” (fl. 6 cdno. 1); (vi) la exigencia de colocar
estampillas al licor destinado al consumo local que hizo más onerosa la ejecución y demoró
la comercialización por falta de estampillas; (vii) la intervención de los organismos de control
en la ejecución del contrato; (viii) la ausencia de medidas de protección frente a licores de otra
procedencia, (ix) la acumulación de inventarios que no podían comercializarse debido a la
necesidad de acopiar recursos para la nómina de jubilados, (x) “la estigmatización total del
contrato y del contratista, a partir de s upuestos que no correspondían a la realidad y que se
apartaban del ordenamiento legal” (fl. 7 cdno 1) y, (xi) la obstaculización del acceso del
contratista a las instalaciones donde debía llevar a cabo el objeto contractual.
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Demandante: sociedad Consorcio SM SA
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demandante revela la mala fe y oscuras motivaciones que tuvo el gerente de
la contratante para dictar los actos administrativos demandados.
2. Cargos
La parte demandante formuló los siguientes cargos contra las resoluciones
demandadas:
1) Falsa motivación – desviación de poder:
No se presentaron incumplimientos graves que pudieran conducir a la
paralización de las actividades del contrato, por el contrario, se estaba
ejecutando con los índices más altos de producción; la caducidad se decretó
por razones distintas y ajenas al buen servicio.
La entidad contratante fundó la decisión de caducidad en cuatro hechos
supuestamente atribuibles al contratis ta: (i) se negó a realizar la evaluación
anual del contrato correspondiente al año 2001, (ii) adeudaba dineros a la
contratante por concepto de margen de utilidad y alquiler de maquinaria y
equipos, (iii) adeudaba mesadas pensionales y, (iv) no permitió ej ercer el
control de calidad, volumen de producción, mantenimiento y reposición de
equipos; p ara el contratista, esos fundamentos fácticos son contrarios a la
realidad toda vez que: (i) al finalizar el año 2001 insistió en la necesidad de
concertar la refer ida evaluación y presentó un proyecto de acta que no fue
suscrito por la contratante; (ii) siempre pagó oportunamente a la entidad
contratante, (iii) no asumió cargas pensionales que le correspondían a la
Industria Licorera de Bolívar y, (iv) nunca impidió que se ejerciera la vigilancia
y control prevista en el contrato.
2) Violación de la ley:
Con los actos demandados se desconocieron los artículos 2, 6, 25, 83 y 124
de la Constitución porque caducidad del contrato fue producto de
extralimitación en el ejercicio de sus funciones y parcialidad de los funcionarios
competentes lo cual afectó el derecho al trabajo de la sociedad ; también s e
violaron los artículos 4, 18, 23, 26, 28, 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 porque la
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