Titulación de la relatoría 17.014 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACUERDO DE VOLUNTADES / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / MUNICIPIO / DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA / PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD / PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO / AGUA POTABLE
Problema jurídico:
¿Puede considerarse que el acuerdo celebrado entre entidades públicas, orientado a aunar esfuerzos para financiar y ejecutar el “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005–2015”, constituye un convenio interadministrativo en los términos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, aun cuando dicho acuerdo involucre aportes económico y carezca de conmutatividad o remuneración entre las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala advierte, de entrada, que el acuerdo de voluntades en cuestión ostenta la naturaleza de un convenio interadministrativo, el cual encuentra fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, porque aquel fue suscrito por una pluralidad de entidades públicas con el fin de aunar esfuerzos con el objetivo común de asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan. De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio objeto de estudio, esta Sala de Subsección señala que, si bien estas tuvieron un contenido patrimonial, dado el compromiso de realizar aportes económicos por parte de los municipios y del departamento de Magdalena, lo cierto es que, hay que decirlo, no existió una relación de conmutatividad o de remuneración de alguna de las partes hacia otra. En este punto conviene advertir que en los convenios interadministrativos se excluye la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo suscriben, sin que ello signifique que los compromisos que se asuman con ocasión de ese tipo de acuerdos no puedan tener un componente de carácter patrimonial. Y es que la asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no solamente puede ser administrativa y/o técnica, también puede ser económica. En este caso, teniendo en cuenta los hechos probados, se destaca que la intención de las partes estuvo encaminada a conjugar esfuerzos para desarrollar el objeto pactado, destinado a satisfacer el propósito común de asegurar el financiamiento y la ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, diseñado en beneficio del departamento del Magdalena y de los municipios de su jurisdicción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la finalidad de los convenios interadministrativos, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 14 de junio de 2019, exp. 25000-23-37-000-2010-02552-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; el 21 de mayo de 2021, exp. 57822, José Roberto Sáchica Méndez; y, el 20 de noviembre de 2019, exp. 61429, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACUERDO DE VOLUNTADES / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Los convenios interadministrativos deben someterse de manera automática al régimen de la Ley 80 de 1993, sin atender a las cláusulas pactadas por las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]abe señalar que los convenios interadministrativos son “nominados puesto que están mencionados en la ley”, pero al mismo tiempo “atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen”. Lo anterior ha generado inquietudes sobre el régimen jurídico aplicable a este tipo de acuerdos de voluntades; sin embargo, con el transcurso del tiempo la jurisprudencia se ha ido decantando en que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) no aplican de forma automática a los convenios interadministrativos y que, en cambio, estos se rigen por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, dado que son acuerdos de tipo asociativo y de colaboración que siguen una lógica distinta a la prevista en la Ley 80 de 1993 para los contratos estatales. En consecuencia, este será el marco bajo el cual la Sala emprender el análisis del caso, esto es, a partir de las propias cláusulas del convenio, mediante las cuales las partes, con fundamento en su autonomía negocial, regularon los diferentes aspectos de su relación jurídica.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el carácter nominado y atípico de los convenios interadministrativos, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 23 de junio de 2010, exp. 17860, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre el régimen aplicable a los convenios interadministrativos, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 13 de agosto de 2024, exp. 70405, C.P. Fernando Alexei Pardo; el 28 de octubre de 2024, exp. 63983, C.P. Nicolás Yepes Corrales; y, el 3 de febrero de 2025, exp. 66572, C.P. Adriana Polidura Castillo.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CLÁUSULAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO / PAGO TOTAL / CRÉDITO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO / CONTRATO BILATERAL / DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FECHA DE INICIACIÓN DEL CÓMPUTO DEL PLAZO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales, debido a que el convenio interadministrativo no fue liquidado dentro del plazo de cuatro meses pactado tras su finalización, la cual ocurrió por el cumplimiento de una de las condiciones establecidas en el clausulado, lo que dio lugar al inicio del término de caducidad previsto en el numeral 2 del literal j del artículo 164 del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación, para garantizar el principio de la seguridad jurídica y evitar que las situaciones permanezcan judicialmente indefinidas en el tiempo, el legislador estableció el fenómeno de la caducidad, consagrando al efecto unos plazos razonables, perentorios e irrenunciables para que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de ejercer su derecho de acción y formular sus pretensiones. (…) Se trata, entonces, de una sanción prevista por el ordenamiento jurídico en interés general, con el fin de otorgar certidumbre y materializar el ejercicio razonable y proporcional del derecho de acceso a la administración de justicia; además, por ser de orden público, el juez debe declararla de oficio siempre que constate su ocurrencia. De cara al caso concreto y para efectos de resolver la cuestión debatida, la Sala empieza por destacar que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 requería de liquidación, a pesar de no estar sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —Ley 80 de 1993—, porque las partes, en ejercicio de su autonomía negocial, así lo pactaron en la cláusula décima séptima del otro sí, en la que, en efecto, acordaron que aquel sería liquidado de mutuo acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación. Es así que, en este caso, para el conteo de la caducidad resulta aplicable el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA (…) Bajo este contexto, hay que señalar que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 no fue liquidado, de modo que, siguiendo las prescripciones de la norma citada y en línea con la jurisprudencia de esta Corporación, los 2 años dispuestos para presentar la demanda deben computarse a partir del vencimiento del plazo acordado para hacerlo bilateralmente, término este último que, según lo estipulado en la cláusula décima séptima del otrosí, era de 4 meses siguientes a la terminación. Precisado lo anterior, resulta fundamental determinar el momento a partir del cual el convenio finalizó, que es el punto controversial para dirimir en este asunto, atendiendo a los cuestionamientos concretos del recurso de apelación. De acuerdo con lo pactado en la cláusula décima del otrosí, que modificó la cláusula quinta del convenio, este acuerdo de voluntades tenía una duración igual (i) al pago de la totalidad del crédito externo adquirido por parte de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. con la Corporación Andina de Fomento (CAF), o (ii) hasta que las partes cumplieran en su totalidad con los compromisos establecidos en el convenio. En criterio de la Sala, atendiendo al texto de la cláusula en mención, no ofrece duda que la terminación de ese acuerdo convencional quedó supeditada al cumplimiento de una cualquiera de las dos condiciones establecidas, de manera que aquella que ocurriera primero producía la finalización del convenio, dando con ello inicio al lapso estipulado para su liquidación de mutuo acuerdo. Lo anterior, porque tales condiciones se encuentran separadas por el vocablo “o”, el cual, según el diccionario de la Real Academia Española, “es una conjunción disyuntiva que denota diferencia o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas”, frente a lo cual ha de recordarse que cuando las estipulaciones sean claras no puede desconocerse lo acordado, a menos que se establezca que la intención de los contratantes es distinta de la literalidad de la clausulado pactado, en cuyo caso aquella ha de prevalecer (artículo 1618 CC). (…) A la vista de las consideraciones que anteceden y en la misma línea de los pronunciamientos de la Sección Tercera —criterio acogido recientemente por esta Sala de Subsección en un par de providencias—, ha de advertirse que se encuentra acreditado que la condición que primero se cumplió fue el pago total del crédito externo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., lo cual aconteció el 7 de junio de 2016, entendiéndose, entonces, que en esa fecha culminó el citado convenio. De ahí que los 4 meses pactados para la liquidación de común acuerdo corrieron hasta el 8 de octubre de 2016. En tal sentido, de conformidad con el numeral v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término de 2 años para interponer la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales finalizó el 9 de octubre de 2018. Resulta del caso advertir, tal como en oportunidades anteriores lo ha hecho la jurisprudencia de la Sección Tercera, que no es posible computar los 2 meses a los que se refiere el artículo 164 precitado —que debe contarse a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente—, porque ese lapso tiene relación con la oportunidad con la que cuentan las entidades para liquidar unilateralmente los contratos, facultad que no podía ejercerse en el marco del convenio objeto de estudio, toda vez que, como se expresó, dicho acuerdo de voluntades se rige por sus propias reglas y esa posibilidad no se pactó. Así las cosas, como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de marzo de 2019 y la demanda el 21 de agosto de 2020, la Sala concluye que operó el fenómeno de la caducidad en este asunto. (…) no está de más destacar que, según lo previsto en el artículo 13 del CGP, “[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”. De este modo, contrario a lo alegado por la recurrente, no puede afirmarse que en este caso se aplicaron las reglas de la caducidad de manera caprichosa o arbitraria, desconociéndose el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal —artículo 228 de la Constitución Política—, dado que, precisamente, la ocurrencia del fenómeno procesal obedeció a la inacción de la parte demandante, en tanto interpuso la demanda más de un año después —21 de agosto de 2020— de haber vencido el respectivo plazo —9 de octubre de 2018—. Por todo lo expuesto, la Sala confirmar· la sentencia de primera instancia, que declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la garantía del principio de seguridad jurídica, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 9 de mayo de 2012, exp. 21906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; el 5 de julio de 2018, exp. 43916, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y, el 23 de agosto de 2024, exp. 67969, Nicolás Yepes Corrales. Sobre el concepto de caducidad, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 13 de junio de 2013, exp. 25712, C.P. Enrique Gil Botero. Sobre el cómputo de caducidad de un convenio que no ha sido liquidado, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 20 de mayo de 2024, exp. 70086, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; el 11 de septiembre de 2024, exp. 71034, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; y, el 16 de junio de 2025, exp. 70527, C.P. Adriana Polidura Castillo. Sobre la procedencia del cómputo de los 2 meses establecidos en el artículo 164 del CPACA, consultar el auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferido el 30 de septiembre de 2020, exp. 65.358, Guillermo Sánchez Luque. En igual sentido, ver la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 22 de octubre de 2021, exp. 65978, Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por resolverse de manera desfavorable el recurso de apelación que impetró y abstenerse de imponer agencias en derecho, ante la falta de actuación de las partes en esta instancia procesal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contencioso administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente su causación; y su liquidación se realizará de manera concentrada, por la Secretaria del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también la actuación desplegada por la parte vencedora. Bajo este entendido, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, dado que se resolvió su recuso de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas. De conformidad con el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, la Sala no fijará agencias en derecho, ya que ninguna de las partes intervino en segunda instancia, de ahí que no se causaron.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366