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AGUA POTABLE

17 documentos encontrados
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Colombia Compra Eficiente Concepto

Documentos tipo: la entidad debe diligenciar o completar algunos apartes de los documentos que conforman los documentos tipos de interventoría

C-1642 de 2025 2025-12-18
¿Cuál es el alcance de las equivalencias en materia de formación académica y experiencia en los documentos tipo vigentes de interventoría de infraestructura de agua potable y saneamiento básico?
El contratista debe cumplir con los requisitos de experiencia y formación académica estipulados en los documentos tipo de interventoría de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, según la matriz 4 y el anexo 1, sin que la entidad contratante pueda exigir títulos de posgrado específicos, siempre y cuando se demuestre la posesión de un título en el área relevante. La entidad puede valorar la experiencia adicional certificada como criterio técnico complementario, pero no puede considerarla equivalente a la formación académica adicional formal requerida en los documentos tipo. Esta interpretación reitera la obligatoriedad de aplicar los documentos tipo y limita la flexibilidad de las entidades en la valoración de perfiles profesionales, afectando la competitividad en los procesos de contratación.síntesis automática
También resuelve: Documentos tipo: fundamento normativo, obligatoriedad Documentos tipo de interventoría de infraestructura de agua potable y saneamiento básico: numeral 3.8.2, matriz 4, lineamientos de requisitos del personal, experiencia y formación académica del personal clave evaluable
Colombia Compra Eficiente Concepto

Agua potable y saneamiento básico: C-325 de 2021

C-325 de 2021 2021-07-08
¿Podrían indicarme el alcance de cada actividad?
La entidad estatal –en la etapa de planeación– debe identificar el tipo de obra de infraestructura y las actividades definidas en la «Matriz 1 – Experiencia» de acuerdo con el alcance del objeto a contratar. De esta manera, si la entidad determina que el contrato a ejecutar contempla alguno de los tipos de obra de infraestructura de la «Matriz 1 – Experiencia», deberá aplicar estos documentos tipo. Así, si la necesidad a satisfacer por la entidad requiere un proyecto que implica actividades para la creación de una nueva infraestructura, esto es, una nueva obra de construcción de un acueducto y/o alcantarillado (urbanos y/o rurales), con sus obras complementarias, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1.1. de la Matriz 1 – Experiencia, lo cual, además, incide en la experiencia general y específica que deberán acreditar los participantes en el proceso de selección.
También resuelve: Documentos tipo: agua potable y saneamiento básico, tipología contractual, matriz 1 experiencia –aplicación, matriz 1 experiencia
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Cosa juzgada

2019_11001-03-26-000-2017-00074-00_59419 2019-03-29 Sección Tercera
Eventos,Procedencia,Requisitos,Facultades,Actos administrativos,Expedición,Prestación,Régimen,Improcedencia,Inexistencia,Análisis – Mes: marzo – Año: 2019…
También resuelve: Suspensión provisional: eventos, procedencia, requisitos, improcedencia Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico: facultades, acto administrativo, expedición Servicios públicos: prestación, régimen
Consejo de Estado Providencia

Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 47001233300020190076601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los litigios originados en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales, conforme al artículo 104 del CPACA, por tratarse de partes de naturaleza pública. La regla se apoya en que el convenio, cuyo incumplimiento se alega, fue celebrado por un departamento, un distrito y varios municipios, cuyas actuaciones son de naturaleza pública. Además, la apelación de la sentencia del tribunal corresponde al Consejo de Estado conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, por la vocación de doble instancia del proceso. En el caso, el municipio demandado integra el grupo de entidades territoriales que suscribieron el convenio, y el Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los convenios de apoyo financiero entre entidades territoriales que den lugar a incumplimiento quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, y su conocimiento se distribuye por la instancia que corresponda.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para conocer una demanda presentada por una sociedad vinculada a un convenio interadministrativo mediante otrosí? ¿Conserva la naturaleza de convenio interadministrativo un acuerdo suscrito entre entidades públicas con contenido patrimonial, siempre que no exista conmutatividad ni remuneración entre las partes? ¿Se rigen los convenios interadministrativos por las estipulaciones acordadas entre las partes, en virtud de su autonomía de la voluntad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada de oficio la caducidad del medio de control

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 47001233300020200058101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la liquidación de un convenio interadministrativo, incluso cuando inicialmente no fue parte de este, siempre y cuando sea vinculado mediante un otrosí al contrato que incorpora sus compromisos, como en el caso de Aguas del Magdalena, que fue incluida como encargada de la dirección y ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005 – 2015”. La entidad estatal no puede desconocer esta legitimación, ya que la vinculación mediante otrosí confiere a la empresa de servicios públicos la capacidad para reclamar el incumplimiento del convenio. La Sala confirma que el término de caducidad para reclamar las obligaciones derivadas del incumplimiento del convenio interadministrativo se inicia a partir de la terminación del acuerdo, lo que en este caso ocurrió el 7 de junio de 2016, y no se interrumpe mientras persista el incumplimiento, lo que implica que la demanda presentada el 24 de agosto de 2020 fue extemporánea. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad en convenios interadministrativos sujetos a liquidación, estableciendo que el plazo para la liquidación bilateral del convenio comienza desde la fecha de terminación del acuerdo, independientemente del incumplimiento subsiguiente.síntesis automática
También resuelve: ¿La empresa de servicios públicos está legitimada en la causa por activa al ser vinculada al convenio interadministrativo objeto de controversia, mediante el otrosí al contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Hay lugar a anular parcialmente los actos administrativos demandados

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020030281501 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación indebida? Sí
La garantía de anticipo cubre el uso o la apropiación indebida del anticipo, pero no la no amortización de este, de modo que la entidad no puede hacer efectivo el amparo de anticipo por ese último concepto. La regla se apoya en el alcance del amparo que el reglamento vigente para la época de los hechos exigía en las garantías únicas de cumplimiento, según el Decreto 679 de 1994. Por ello, la devolución de la parte no amortizada del anticipo, ordenada en la liquidación unilateral, no permite cobrar el amparo a la aseguradora si no se acreditó un uso indebido. En el asunto, la entidad ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo al declarar la caducidad, sin acreditar uso o apropiación indebida, por lo que la Sala anuló parcialmente los actos demandados en esa parte. En la práctica, el amparo de anticipo exige probar el uso indebido y no basta con el saldo no amortizado del anticipo.síntesis automática
También resuelve: ¿En el pliego de condiciones se previó la inclusión de cláusulas excepcionales, por ser obligatorias en contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de… ¿EPM estaba facultado para declarar la caducidad del contrato, debido a que en el pliego de condiciones se reguló la inclusión de cláusulas excepcionales en los que se otorgaba esa potestad a la… ¿La declaratoria de caducidad del contrato administrativo estuvo motivada en el incumplimiento por parte del contratista que dio lugar a la suspensión de la ejecución de las obras?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El contratista incumplió sus obligaciones

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020060012701 ACCION CONTRACTUAL
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo? ¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra? ¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-09-20 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 54001233300020190028401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve: ¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante? ¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida? ¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
Consejo de Estado Providencia

Y es que la asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no solamente puede ser administrativa y/o técnica también puede ser económica.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 47001233300020200057801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse que el acuerdo celebrado entre entidades públicas, orientado a aunar esfuerzos para financiar y ejecutar el “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005–2015”, constituye un convenio interadministrativo en los términos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, aun cuando dicho acuerdo involucre aportes económico y carezca de conmutatividad o remuneración entre las partes? Sí
El contratista puede considerar que un acuerdo celebrado entre entidades públicas para aunar esfuerzos en financiamiento y ejecución de un plan de agua potable y alcantarillado constituye un convenio interadministrativo, incluso si carece de conmutatividad o remuneración, siempre y cuando tenga como finalidad conjugar esfuerzos para cumplir un objetivo común y las partes hayan acordado aportes económicos. La Sala sostiene que los convenios interadministrativos, aunque nominados, son atípicos y no se rigen automáticamente por el régimen de la Ley 80 de 1993, sino por las cláusulas pactadas por las partes en ejercicio de su autonomía de voluntad, lo que implica que deben analizarse específicamente las condiciones acordadas en cada convenio para determinar su régimen legal.síntesis automática
También resuelve: ¿Los convenios interadministrativos deben someterse de manera automática al régimen de la Ley 80 de 1993, sin atender a las cláusulas pactadas por las partes en ejercicio de su autonomía de la… ¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales, debido a que el convenio interadministrativo no fue liquidado dentro del plazo de cuatro meses pactado tras su… ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por resolverse de manera desfavorable el recurso de apelación que impetró y abstenerse de imponer agencias en derecho…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020140085102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve: ¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante? ¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos? ¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 13001233300020130080601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales? ¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un… ¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140034401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión? ¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada? ¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-03-24 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020000341401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve: ¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización? ¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio? ¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020220013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80… ¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993? ¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo is competente para conocer demandas contra resoluciones de sociedades de economía mixta de servicios públicos.

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020180092301 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de una demanda contra una resolución proferida por una sociedad por acciones de carácter mixto encargada de la prestación de servicios públicos domiciliarios? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las demandas dirigidas contra los actos administrativos expedidos por sociedades anónimas de carácter mixto encargadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios, conforme al artículo 104 del CPACA. En la decisión adoptada, la Sala constató la competencia de esta jurisdicción y del Consejo de Estado en segunda instancia para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, al verificarse la naturaleza pública de la entidad demandada y la vocación de doble instancia del proceso contencioso contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control procedente para solicitar la nulidad de un acto administrativo post contractual, es el de controversias contractuales? ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la pretensión es la nulidad del acto administrativo, empieza a contar desde que se surte su notificación… ¿La designación como gestor de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) implica el sometimiento de sus actuaciones contractuales al régimen…
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Consejo de Estado Providencia

La posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas.

Sentencia — Sentencia 2024-08-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020230011300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación puede ser utilizado como una segunda instancia, con su interposición se puede reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso originalmente propuesto y decidido? No
La posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas. Así, el recurso se estudia y decide con sujeción a los puntuales argumentos de las partes, sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función del juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias procedimentales -en la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos específicos eventos restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente, suplirlas en los casos expresamente autorizados por la ley.
También resuelve: ¿Procede declarar fundado el recurso extraordinario de anulación por la causal fallo en conciencia, cuando el laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho… ¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación por la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, haberse fallado en conciencia o equidad… ¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación por la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, haberse fallado en conciencia o equidad…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la competencia del juez de anulación se encuentra restringida a las causales invocadas en el recurso extraordinario

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-08-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020230011300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia del juez de anulación se encuentra restringida a las causales invocadas en el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral, razón por la cual la Sala no podía abordar la discusión relacionada con la carencia de competencia de los árbitros para adoptar el laudo, porque esta causal no fue alegada por el recurrente? Sí
No estoy de acuerdo con la decisión adoptada por Sala que declaró fundado el recurso extraordinario de anulación con fundamento en que los árbitros carecían de competencia para adoptar el laudo. Las consideraciones que se exponen en la sentencia para sustentar esta decisión se refieren al contenido de la decisión; por esta razón, solo podrían haber sido estudiadas si en el recurso se hubiese alegado la causal séptima del artículo 41 de la ley 1563 de 2012. Lo que se cuestiona en la sentencia de la que me aparto es el desconocimiento por parte del tribunal de normas regulatorias que se estiman imperativas. La Sala no podía abordar esta discusión porque el recurso de anulación es extraordinario y solo le permite al Consejo de Estado pronunciarse sobre las causales invocadas por el recurrente.
También resuelve: ¿El laudo incurrió en la causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y la Sala tenía competencia para pronunciarse…