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Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: no procede condenar en abstracto por concepto de lucro cesante derivado de la privación del derecho

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Fecha
2026-07-15
Radicado
25000233600020210050603
Número interno
70206
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
Actor
TRANSELCA S. A. E. S. P.
Demandado
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: no procede condenar en abstracto por concepto de lucro cesante derivado de la privación del derecho

Lo que dijo la Sala

Presume la utilidad frustrada a partir de la sola existencia de un derecho a obtener una remuneración reglada, sin atender al caso concreto, esto es, a las condiciones financieras, económicas, administrativas y operativas del demandante. Ninguna disposición exime al ejecutor de una ampliación del Sistema de Transmisión Nacional de probar la utilidad neta que esa ejecución le habría reportado; el régimen tarifario predetermina la fuente y la metodología de la remuneración, no la existencia de una ganancia. En este punto cobra especial relevancia el hecho de que Transelca SA ESP pretendió, como era su deber, probar la utilidad dejada de percibir a través de un dictamen pericial. Si lo probado es el daño pero no el lucro cesante, la ausencia de prueba se predica del perjuicio y no en su cuantía, evento en el cual no procede la condena en abstracto, sino negar la reparación del perjuicio por la falta de su acreditación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Procede condenar en abstracto por concepto de lucro cesante derivado de la privación del derecho a ejecutar una ampliación del Sistema de Transmisión Nacional, con fundamento en que el régimen legal y regulatorio garantiza al ejecutor una remuneración predeterminada, cuando la prueba pericial aportada para acreditar la utilidad dejada de percibir fue desestimada y, por tanto, no se demostró que dicha remuneración habría generado efectivamente una utilidad neta para el demandante?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / TITULARIDAD DEL DERECHO LITIGIOSO / DERECHO DE CRÉDITO / DAÑO PATRIMONIAL / PERJUICIO PATRIMONIAL / DERECHO DE PREFERENCIA / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PREFERENCIA / UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / PRESUNCIÓN DE LUCRO CESANTE / NORMA LEGAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INTERÉS MORATORIO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL / ACTIVIDAD DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA / RÉGIMEN TARIFARIO / FALTA DE PRUEBA / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / EXISTENCIA DEL DAÑO / DIFERENCIA ENTRE DAÑO Y PERJUICIO / CAUSACIÓN DE PERJUICIOS / CAUSACIÓN DEL DAÑO / CONDENA EN ABSTRACTO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONDENA IN GENERE / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Procede condenar en abstracto por concepto de lucro cesante derivado de la privación del derecho a ejecutar una ampliación del Sistema de Transmisión Nacional, con fundamento en que el régimen legal y regulatorio garantiza al ejecutor una remuneración predeterminada, cuando la prueba pericial aportada para acreditar la utilidad dejada de percibir fue desestimada y, por tanto, no se demostró que dicha remuneración habría generado efectivamente una utilidad neta para el demandante? Respuesta al problema jurídico: No Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, salvo parcialmente mi voto frente a la sentencia del 15 de julio de 2026, por cuanto no comparto la decisión mayoritaria conforme a la cual, en el caso concreto, se encuentra probada la existencia del lucro cesante y, en consecuencia, procede la condena en abstracto. (…) La Sala incurre en una imprecisión al asimilar la titularidad de un derecho a una remuneración reglada, con la obtención efectiva de una utilidad. Bajo esa premisa, la sentencia da por sentado que la lesión de ese derecho de crédito acreditada en el proceso y determinante de la nulidad de los actos demandados- comporta, sin más análisis, un incremento patrimonial frustrado. Sin embargo, se trata de dos juicios distintos: uno sobre la existencia del derecho vulnerado, y otro autónomo, sobre la certeza de la utilidad que se afirma que se ha dejado de percibir. La sentencia omite este último juicio. Presume la utilidad frustrada a partir de la sola existencia de un derecho a obtener una remuneración reglada, sin atender al caso concreto, esto es, a las condiciones financieras, económicas, administrativas y operativas del demandante. En definitiva, presume la existencia del perjuicio sin habilitación legal para ello. La regla según la cual el perjuicio no se presume admite excepciones. Pero son excepciones puntuales: exigen una norma legal expresa y no se extienden por analogía. Así ocurre con la cláusula penal. (…) Lo mismo sucede con los intereses moratorios. (…) Nótese, sin embargo, qué es lo que exime de prueba en ambos casos. No es la sola existencia de una relación jurídica que reconoce un derecho patrimonial. Es una norma expresa, y únicamente respecto de la consecuencia que esa misma norma fija de antemano: la pena convenida, o el interés moratorio. Ninguna disposición exime al ejecutor de una ampliación del Sistema de Transmisión Nacional de probar la utilidad neta que esa ejecución le habría reportado; el régimen tarifario predetermina la fuente y la metodología de la remuneración, no la existencia de una ganancia. En este punto cobra especial relevancia el hecho de que Transelca SA ESP pretendió, como era su deber, probar la utilidad dejada de percibir a través de un dictamen pericial. Sin embargo, la Sala concluyó que ese dictamen no ofrecía los elementos de convicción suficientes (…). El hecho mismo de que la sentencia haya sometido ese dictamen a un escrutinio detallado, hasta concluir que no ofrecía elementos de convicción suficientes, revela que la Sala, en la práctica, exigía la acreditación de la utilidad reclamada. Al desestimar la única prueba disponible para ese fin, ha debido declarar la falta de prueba del perjuicio y no acudir, como lo hizo, a una presunción sin fundamento normativo que le sirvió de sustento para condenar en abstracto. La confusión advertida no es nueva: la doctrina y la jurisprudencia la ha identificado y resuelto distinguiendo entre el daño y el perjuicio. (…). La jurisprudencia de la Sección Tercera ha adoptado esa separación con función metodológica. Así, se advierte que no debe confundirse la falta de prueba del daño con la falta de prueba del perjuicio, porque el daño se soporta en la lesión de un derecho o interés jurídicamente protegido, en tanto que la prueba del perjuicio corresponde a la valoración de sus consecuencias. (…) El punto decisivo en algunos supuestos de relaciones legales derivados de autorizaciones o licencias, como sería el caso de la sentencia del 15 de julio de 2026, es que la remuneración pactada no equivale a la utilidad. La sentencia de 27 de mayo de 2015 fija la siguiente regla: una cosa es la causación del daño y otra la determinación del quantum del perjuicio, de modo que, aun ante un incumplimiento acreditado, el perjuicio reconocible no corresponde automáticamente a la utilidad esperada. El incumplimiento opera como hecho generador; el daño es la lesión del derecho de crédito; y el perjuicio es la consecuencia económica que debe probarse -es sus dos variantes de daño emergente y lucro cesante-. La condena no puede fundarse en lo que abstractamente habría producido el contrato. Ahora bien, la condena en abstracto no pertenece al plano de la existencia del daño ni del perjuicio, sino al de la cuantificación de este último. Su presupuesto es que la sentencia tenga por acreditada la consecuencia indemnizable -el perjuicio- y que solo falten elementos para fijar el monto. El artículo 193 del CPACA confirma lo indicado al señalar que la condena in genere procede cuando la cuantía “no hubiere sido establecida en el proceso”, lo que supone un perjuicio plenamente acreditado, cuya cuantificación se sujetará a unas bases de liquidación que señalará el juez y que deben ser cumplidas por el interesado en el incidente procesal correspondiente. (…) De ahí se sigue la regla que restringe la condena en abstracto a los casos en que está probada la causación del perjuicio y solo faltan elementos para deducir su quantum; en consecuencia, esta figura no puede emplearse para suplir la falta de prueba del daño, del perjuicio o del nexo causal. El incidente de liquidación no constituye, por lo tanto, una nueva oportunidad probatoria para demostrar la existencia del perjuicio cuya reparación se pretende en el juicio. Por lo indicado es dable sostener que no puede acudirse a la figura de la condena in genere prevista en el artículo 193 del CPACA para reconocer en abstracto un lucro cesante que nunca se acreditó. Si lo probado es el daño pero no el lucro cesante, la ausencia de prueba se predica del perjuicio y no en su cuantía, evento en el cual no procede la condena en abstracto, sino negar la reparación del perjuicio por la falta de su acreditación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de probar tanto el daño como la afectación objetiva o subjetiva que este produjo, para poder obtener la indemnización de perjuicios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de febrero de 2021, exp. 50947, C.P. Sáchica Méndez; sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 57114, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia del 27 de mayo de 2015, exp. 38600, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 5 de febrero de 2021, exp. 50947, C.P. Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 193

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100506031100103