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Consejo de Estado
Providencia
Se confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 85001233300020180012701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que decidió liquidar el convenio de colaboración entre Ecopetrol y el Municipio de Mani, con la orden de reintegrar los remanentes no ejecutados al Sistema General de Regalías porque, en criterio del recurrente, no sobró ningún recurso económico? No
Los recursos de regalías no ejecutados en un convenio de colaboración deben reintegrarse a la cuenta única del Sistema General de Regalías, según el artículo 95 de la Ley 1530 de 2012, aplicable por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y que los rendimientos financieros que el ente territorial deba devolver al aportante no se descuentan de esa deuda, porque provienen de una fuente distinta. Una razón es que los egresos justificados fueron de 2.948.981.934 pesos frente a un presupuesto de 2.970.230.253 pesos, de modo que quedó un saldo que el municipio no demostró haber invertido. Otra razón es que el desembolso de los rendimientos financieros no provino de los fondos del convenio, sino de la cuenta donde se depositó el aporte, por lo que no puede compensarse con las regalías pendientes. En el caso, el apelante no pudo respaldar su afirmación de que invirtió todo el dinero del convenio, y la Sala confirmó la liquidación del tribunal. Su consecuencia práctica es que el ente territorial debe documentar el destino de cada peso del convenio y no puede compensar rendimientos con regalías no invertidas.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe condenarse en costas procesales de segunda instancia a la parte demandada, recurrente en este caso, cuyo recurso de apelación le fue desfavorable?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No hay lugar a pronunciarse sobre la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020190086001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede modificar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que esta norma procesal es de orden público y obligatorio cumplimiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad al considerar que la demanda presentada por el contratista fue extemporánea, pues venció el plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo el 31 de mayo de 2017, y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019, fuera del término legal. La Sala confirma esta decisión, rechazando la demanda y no pronunciándose sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, lo que implica que el contratista no podrá ejercer las pretensiones planteadas en la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿El término para la liquidación bilateral venció el 31 de mayo de 2017, siendo esta la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de la caducidad?
¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal por haber operado la caducidad del medio de control y la prescripción derivada del contrato de seguro?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
En ninguno de estos documentos se incluyen valores o descuentos por incumplimiento del contrato
Sentencia — Sentencia
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 52001233300020180010902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?
¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?
¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La parte demandante demostró que Corpometa incumplió sus obligaciones contractuales consistentes en la implementación
Sentencia — Sentencia
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 73001233300020180017001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La parte demandante demostró que Corpometa incumplió sus obligaciones contractuales consistentes en la implementación de un agrocentro, implementación de una plataforma tecnologíca para comercio electrónico y la capacitación a pequeños empresarios en herramientas TIC? Sí
El contratista debe reintegrar a la entidad estatal lo desembolsado y no ejecutado, así como el valor de la cláusula penal pactada en el contrato, cuando incumple sus obligaciones de resultado, como la implementación de un agrocentro, una plataforma tecnológica para comercio electrónico y la capacitación de pequeños empresarios en herramientas TIC, ya que la carga de acreditar el cumplimiento de estas obligaciones recae sobre el contratista. La entidad estatal demostró que el contratista no cumplió con estas obligaciones mediante un informe de interventoría que Corpometa no desvirtuó ni contradijo, lo que lleva a la confirmación de la sentencia que condena al contratista a reintegrar el valor no ejecutado del contrato y a pagar la cláusula penal. Además, la aseguradora del contratista debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena, siempre y cuando no se haya configurado la prescripción de la acción de cobro, lo que en este caso no ocurrió ya que la entidad estatal presentó la demanda dentro del término legal de dos años desde que tuvo conocimiento del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Demostrado el incumplimiento del convenio de cooperación, debe la parte demandada, CORPOMETA, pagar lo pactado en la cláusula penal y reintegrar a la parte demandante el valor recibido y no…
¿La aseguradora debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena que debe asumir Corpometa por el incumplimiento del convenio?
¿Procede condenar en costas a las recurrentes debido a que el recurso de apelación no les fue favorable?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 13001233300020130080601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:
¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?
¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…
¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 44001234000020170017001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas. En ese sentido, es oportuno recordar que la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural demanda al departamento de La Guajira, entidad territorial cuya naturaleza pública no admite duda alguna, así como tampoco la de su contraparte.
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento de convenio administrativo…
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de…
¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020170100701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?
¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?
¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato?
Sentencia — Sentencia
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233300020210035901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:
¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?
¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?
¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
REVOCA
Procuraduría General de la Nación
Fallo disciplinario
EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: la presente diligencia tiene su origen con ocasión a una queja anónima remitida el día 25 de noviembre de 2023
Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL
2026-03-25
PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 7: SEGUNDA PARA LA CONTRATACION ESTATAL
Rad. D 2024-3381882
El funcionario competente debe declarar la terminación de la actuación disciplinaria y ordenar el archivo definitivo de las diligencias en cualquier etapa del proceso cuando aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019. En materia de contratación estatal, cuando se constata mediante prueba documental en el aplicativo del SECOP II que el proceso de selección y la ejecución del contrato de obra se desarrollaron ajustados a la minuta contractual, a los estudios técnicos y a los requerimientos de la interventoría, sin evidenciarse irregularidades ni sobrecostos injustificados, procede el archivo de la investigación al determinarse la inexistencia de falta disciplinaria.síntesis automática
También resuelve:
Terminación del proceso disciplinario: Es pertinente dar aplicación a lo previsto en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019 el cual exhibe las causales que permiten la terminación del proceso disciplinario en instancias como la actual:
Ejecucion del contrato estatal: Se infiere que el contrato fue ejecutado tal cual estaba previsto en la minuta del contrato
Secop ii: Prueba documental de que el proceso de selección contractual si fue cargado correctamente al aplicativo del SECOP II, el cual fue publicado
Consejo de Estado
Providencia
La entidad pública demandada respetó el debido proceso
Sentencia — Sentencia
2024-04-08
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020140022401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato?
¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad?
¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los puntos de inconformidad manifestados en el recurso de apelación que deben estar debidamente sustentados y dirigidos a controvertir lo decidido en primera instancia.
Sentencia — Sentencia
2022-10-10
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000233600020190035401
LEY 1437 EJECUTIVO
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los puntos de inconformidad manifestados en el recurso de apelación que deben estar debidamente sustentados y dirigidos a controvertir lo decidido en primera instancia? Sí
El juez de segunda instancia está limitado a resolver sobre los puntos de inconformidad debidamente sustentados y dirigidos a controvertir la decisión de primera instancia, no bastando con la simple interposición del recurso de apelación ni con afirmaciones genéricas de desacuerdo. La parte recurrente debe señalar específicamente los yerros o desaciertos del juez a quo y confrontar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la decisión impugnada. En caso de ausencia de sustentación suficiente y adecuada, el juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo y debe confirmar la sentencia apelada, lo que implica que la parte que interponga el recurso debe cumplir rigurosamente con los requisitos de sustentación para evitar la improcedencia del mismo.síntesis automática
También resuelve:
¿Se evidenció una falta de sustentación del recurso de apelación por parte del ejecutado al omitir impugnar la sentencia en relación con la decisión del juez de primera instancia de negar los efectos…
¿El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante con la ejecución, es improcedente para controvertir el monto de las agencias en derecho…
¿La discusión relativa a la regulación o pérdida de intereses fue resuelta en primera instancia junto con las excepciones formuladas, a pesar de no ser una excepción…
Consejo de Estado
Providencia
Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación
Sentencia — Sentencia
2025-10-17
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 52001233300020180000801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas no acreditadas dentro del plazo de ejecución contractual? Sí
El contratista no puede exigir válidamente el cumplimiento de desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estas obligaciones están sujetas a condiciones suspensivas no cumplidas dentro del plazo de ejecución contractual, según establece la Sala. La entidad estatal puede negarse a realizar estos desembolsos si las condiciones suspensivas no se han acreditado, ya que la exigibilidad de dichas obligaciones depende de la ocurrencia de dichos eventos futuros. La Sala reitera que la realización de los desembolsos debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el convenio, y que la falta de cumplimiento de estas condiciones dentro del plazo contractual impide que la obligación se haga exigible. Esto implica que la entidad estatal no incumple el convenio al no efectuar los desembolsos cuando las condiciones no se han cumplido, y que la Sala revoca la decisión de declarar probada la excepción de contrato no cumplido en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió el convenio de asociación al no efectuar el segundo y tercer desembolsos pactados…
¿Vulnera el principio de congruencia y el debido proceso que el juez declare probada una excepción no propuesta expresamente por la parte demandada, si está debidamente acreditada en el expediente?
¿Puede declararse la responsabilidad contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por el supuesto incumplimiento de su obligación de liquidar bilateralmente un convenio…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020090015501
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?
¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?
¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía
Sentencia — Sentencia
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 85001233300020150006402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en segunda instancia en contratos estatales por razón de su cuantía, conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y su legitimación en la causa se acredita tanto para la entidad pública como para el contratista. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos del recurso de apelación, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, y no puede reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación salvo que sea indispensable, garantizando la non reformatio in pejus. Además, el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social es improcedente cuando no se pactó precio y el vínculo negocial es no conmutativo, ya que la Ley 388 de 1997 permite la celebración de contratos de fiducia sin las limitaciones del régimen de contratación estatal, pero no establece una regulación especial para proyectos de vivienda de interés social. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la actuación del juez en apelaciones, mientras que matiza la posibilidad de reconocer AIU en convenios de asociación para vivienda de interés social.síntesis automática
También resuelve:
¿El contratista y la entidad pública contratante como partes del negocio jurídico que sirve como fuente de la controversia, se encuentran legitimados para acudir al proceso?
¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los argumentos del recurso de apelación?
¿Es improcedente el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Concepto
Contratación estatal: Concepto sin reserva
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2023-06-13
Sala Consulta y Servicio Civil
ANA MARIA CHARRY GAITAN
Rad. 11001030600020210013800
CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
Considerando la naturaleza del contrato, las partes y las obligaciones pactadas, ¿Cómo solucionar las diferencias entre las partes sobre el cumplimiento de obligaciones o compromisos que dependen de la conducta de un tercero, como lo son las entidades territoriales beneficiarias de los proyectos, tales como la adquisición de predios o gestiones a su cargo ante otras autoridades? Sí
La entidad pública territorial o nacional celebra contratos interadministrativos, tales como los contratos de gerencia integral de proyectos, para ejecutar por su cuenta y riesgo programas o proyectos a través de entidades especializadas encargadas de la gestión técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental. Este tipo de contratos se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo cuando la entidad ejecutora no esté sometida a dicha normativa, y al tratarse de contratos interadministrativos celebrados en igualdad de condiciones no pueden pactarse cláusulas excepcionales o exorbitantes conforme al parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Asimismo, los recursos provenientes de regalías y contraprestaciones administrados por el Sistema General de Regalías deben destinarse exclusivamente a inversión social y proyectos prioritarios bajo estrictos requisitos de eficiencia y transparencia.síntesis automática
También resuelve:
¿De acuerdo con los antecedentes y demás circunstancias fácticas relacionadas en el escrito inicial y con las preguntas que se hacen en este complemento, es posible, bajo las condiciones descritas…
¿Le corresponden a ENTerritorio los rendimientos financieros generados por los recursos contractuales no ejecutados?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: el demandante no formuló una pretensión en la demanda relacionada con el reintegro de recursos al Sistema General de Regalías
Salvamento voto — Salvamento de voto
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 85001233300020180012701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La liquidación del convenio efectuada en la sentencia se encuentra acorde con lo solicitado en la demanda, cuando se observa que el demandante, no formuló una pretensión relacionada con el reintegro de recursos al Sistema General de Regalías? No
Contrario a lo decidido por la mayoría de la Sala, considero que la liquidación del convenio efectuada no corresponde a lo solicitado en la demanda. El demandante, en este caso Ecopetrol, no formuló una pretensión en la demanda relacionada con el reintegro de recursos al Sistema General de Regalías, únicamente solicitó el reintegro de los recursos a su favor, por lo que la sentencia de primera instancia debía ser revocada. Además de lo anterior, en el expediente no se probó a cuál de las partes pertenecían los recursos no ejecutados, por lo que no se podía concluir de forma general que correspondían al Sistema General de Regalías.
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020180099801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El reparo presentado por la aseguradora demandada respecto del estado real de cumplimiento del convenio fue resuelto adecuadamente? No
No comparto la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que declaró el incumplimiento del convenio por parte de la Asociación de Autoridades Indígenas… , pues considero que el reparo presentado por [la aseguradora demandada] respecto del estado real de cumplimiento no fue resuelto adecuadamente. No es cierto que la aseguradora afirmara o confesara que el convenio se cumplió únicamente en un 75% ni que no se cuestionara en la apelación el porcentaje real de cumplimiento del convenio. La apelante solicitó que en segunda instancia se revisara “la ejecución real del convenio” a partir del análisis de “todos los elementos probatorios del expediente” y afirmó que estaba probado que las actividades del convenio se habían cumplido mínimo en un 75%.
También resuelve:
¿No es cierto que el reintegro de los recursos no ejecutados por la asociación no constituya un perjuicio derivado del incumplimiento?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 50001233100020070005701
ACCION CONTRACTUAL
¿El fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor? Sí
Me inclino a considerar que, dado que es un asunto de responsabilidad en sede del contrato, lo procedente es que la indemnización cobije a plenitud los perjuicios probados, de manera que no bastará, para que sea integral, que cubra el valor de las obras, sino que deberá reconocer en favor del contratista la utilidad que debió obtener con su ejecución, en la medida que supondría una posible adición al acuerdo de voluntades. Como se aprecia… , lo cierto es que el fallo no profundizó ni analizó estos aspectos, pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor. En esos términos dejo sentado mi voto disidente.
También resuelve:
¿Corresponde al juez establecer unos criterios orientadores que permitan definir los eventos en los que esas obras adicionales serán pagadas al contratista?
¿Puede suceder que el contratista ejecute una serie de obras no previstas que beneficien a la entidad pública?
¿Se debía analizar la forma de pago y los requisitos para el reconocimiento de las mayores cantidades de obra que fueron ejecutadas?