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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: a ello se dio cumplimiento a través del respectivo contrato 6001-2016

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Fecha
2025-03-07
Radicado
25000233600020180101501
Número interno
70217
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
FIDUCIARIA LA PREVISORA
Demandado
GERMÁN EDUARDO GORDO BELTRÁN, CARLOS ARNULFO RAMIREZ MOJICA, LUIS ENRIQUE HENAO MURILLO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: a ello se dio cumplimiento a través del respectivo contrato 6001-2016

Lo que dijo la Sala

En la sentencia objeto de recaudo, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que el proceso se dirigió contra el DAS, pero, luego se suprimió tal entidad y se dispuso que su sucesora procesal sería la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por consiguiente, se condenó a tal entidad al pago de los perjuicios causados. El medio de control de repetición fue promovido por el patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A., para lo cual aludió que actuaba en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015, que estableció que los procesos en los que tuviera interés el extinto DAS serían asumidos por un patrimonio autónomo constituido para tal fin.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El patrimonio autónomo constituido para asumir los procesos en los que tenía interés el extinto departamento administrativo de seguridad, cuando estos no guardan relación con funciones trasladadas a otras entidades, tiene legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de repetición. Esta conclusión se apoya en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, que dispuso que tales procesos fueran asumidos por ese patrimonio autónomo, y en la supresión de la entidad por el Decreto-ley 4057 de 2011, que definió las entidades que la sucedieron en sus asuntos. Como la condena se impuso en un proceso dirigido contra la entidad extinta, y luego se dispuso que su sucesora procesal fuera la entidad que asumió la defensa jurídica del Estado, la legitimación corresponde al patrimonio autónomo que asumió los procesos. En el caso concreto, el patrimonio autónomo promovió la repetición con fundamento en la Ley 1753 de 2015, y la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la repetición por condenas contra una entidad extinta debe promoverse por quien la ley designó como sucesor de sus procesos, y no por la entidad que ya no existe.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A., dado que el artículo 238 de Ley 1753 de 2015, estableció que los procesos en los que tuviera interés el extinto DAS serían asumidos por un patrimonio autónomo, cuando éstos no guardaran relación con funciones trasladadas a otras entidades?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 4057 de 2011
  • Ley 1753 de 2015, art. 238
  • Ley 1564 de 2012, art. 53

También resuelve

  • ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo extra petita, al no limitar su estudió a las pretensiones formuladas en de la demanda, que aludían, únicamente…
  • ¿El juez puede analizar un cargo diferente al endilgado en la demanda, cuando el mismo se adiciona o incluye en las etapas de alegatos de conclusión y de apelación de sentencia?
  • ¿Resulta procedente valorar la prueba testimonial y documental que obra en los expedientes disciplinario y de reparación directa, debido a que su traslado fue solicitado por ambas partes quienes…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA INTERÉS LEGÍTIMO REPETICIÓN PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUPREVISORA DAS FONDO ROTATORIO DEL DAS SUPRESIÓN DEL DAS LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL PROCESO JUDICIAL PARTES DEL PROCESO UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN POLICÍA NACIONAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CAPACIDAD PARA SER PARTE INEXISTENCIA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA PRETENSIONES DE LA DEMANDA INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CAUSA GENERADORA DEL DAÑO CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA AGENTE DEL DAS INDIVIDUALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO CONFLICTO ARMADO INTERNO PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA SENTENCIA INCONGRUENTE FALLO EXTRA PETITA CONFIGURACIÓN DE FALLO EXTRA PETITA VÍCTIMA FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN APELACIÓN DE LA SENTENCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PRESUNCIÓN LEGAL LEY 678 DE 2001 PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA PARTE DEMANDADA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA MORALIDAD PÚBLICA PATRIMONIO PÚBLICO RECURSO DE APELACIÓN EX EMPLEADO DEL DAS FUNCIONES DEL DAS IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER MIEMBROS DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY FARC CONFLICTO ARMADO LABOR INVESTIGATIVA LEVANTAMIENTO DE CADÁVER REPRESALIAS GRUPO AL MARGEN DE LA LEY DEBER LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO INCUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL FALTA DE PRUEBA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES INTERÉS PÚBLICO IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Liquidación del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 29.365 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / INTERÉS LEGÍTIMO / REPETICIÓN / PATRIMONIO AUTÓNOMO / FIDUPREVISORA / DAS / FONDO ROTATORIO DEL DAS / SUPRESIÓN DEL DAS / LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL / PROCESO JUDICIAL / PARTES DEL PROCESO / UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN / POLICÍA NACIONAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO / CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / CAPACIDAD PARA SER PARTE / INEXISTENCIA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Problema jurídico: ¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A., dado que el artículo 238 de Ley 1753 de 2015, estableció que los procesos en los que tuviera interés el extinto DAS serían asumidos por un patrimonio autónomo, cuando éstos no guardaran relación con funciones trasladadas a otras entidades? Respuesta al problema jurídico: Si En la sentencia objeto de recaudo, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que el proceso se dirigió contra el DAS, pero, luego se suprimió tal entidad y se dispuso que su sucesora procesal sería la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por consiguiente, se condenó a tal entidad al pago de los perjuicios causados. El medio de control de repetición fue promovido por el patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A., para lo cual aludió que actuaba en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015, que estableció que los procesos en los que tuviera interés el extinto DAS serían asumidos por un patrimonio autónomo constituido para tal fin. Pues bien, la Sala aclara que, a través del Decreto-ley 4057 de 2011 se suprimió el DAS y, entre otros asuntos, se definieron las entidades que tendrían a su cargo los procesos judiciales en los que tal entidad era parte al momento de su liquidación definitiva, que, según sus funciones, serían Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Los asuntos que no se encontraran dentro de las competencias de dichas entidades los asumiría la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Posteriormente, en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015 se dispuso la creación de un patrimonio autónomo que estaría administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A. con quien el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribiría un contrato de fiducia mercantil, a fin de atender los procesos judiciales en los cuales fuera parte o destinatario el extinto DAS o su Fondo Rotatorio, siempre que no guardaran relación con funciones trasladadas a otras entidades o que por cualquier razón carecieran de autoridad administrativa responsable para su atención. A ello se dio cumplimiento a través del respectivo contrato 6001-2016. En cuanto a la posibilidad de que los patrimonios autónomos puedan promover procesos judiciales, el artículo 53 de la Ley 1564 de 2012 establece de manera expresa que tienen capacidad para ser parte, al margen de que su vocera sea una sociedad fiduciaria.(...) El patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, a través de su vocera, liquidó y asumió el pago de la condena en los términos indicados por el Consejo de Estado, es decir, afectó su masa de activos. En concordancia con lo antes descrito, la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora, otorgó poder para incoar la presente demandada (...) En las condiciones analizadas y con apegó a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, el patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A., se encuentra legitimado para, a través de su vocera, promover el proceso de la referencia y repetir por el pago del 50% de la condena impuesta, aspecto que, de hecho, ha admitido esta Corporación en casos de contornos fácticos y jurídicos semejantes al sub lite. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de que los patrimonios autónomos puedan promover procesos judiciales, consultar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, proferida el 26 de agosto de 2014, exp. SC 5438-2014, M.P. Margarita Cabello Blanco. Sobre la legitimación en la causa por activa del patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A., en los procesos judiciales adelantados en contra el DAS, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 29 de noviembre de 2018, exp. 51.957, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; el 4 de junio de 2021, exp. 61.320, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y, el 8 de agosto de 2023, exp. 55.412, C.P. Guillermo Sánchez Luque FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 4057 DE 2011, LEY 1753 DE 2015 - ARTÍCULO 238, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 53, LEY 1753 DE 2015, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / AGENTE DEL DAS / INDIVIDUALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO INTERNO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA INCONGRUENTE / FALLO EXTRA PETITA / CONFIGURACIÓN DE FALLO EXTRA PETITA / VÍCTIMA Problema jurídico: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo extra petita, al no limitar su estudió a las pretensiones formuladas en de la demanda, que aludían, únicamente, a la conducta gravemente culposa de los ex-agentes del DAS, frente a la no identificación de las víctimas del homicidio? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala estima necesario analizar la causa petendi invocada en la demanda y después poner de presente lo decidido por el juez de primera instancia (...). En la demanda se señaló que le asistía responsabilidad a los demandados, a título de culpa grave, en tanto vulneraron manifiesta e inexcusablemente las normas sobre la planeación, supervisión y participación que se sigue en el desarrollo de actividades encaminadas a garantizar la seguridad pública, pues no recolectaron la información necesaria para descartar si las personas fallecidas en el operativo militar pertenecían a las FARC, lo que, en criterio de la actora, incidió en los daños por los que fue condenado el extinto DAS en un proceso de reparación directa. En ese escrito, de manera general, se citó un aparte de la sentencia objeto de recaudo, en el sentido de mencionar que allí se evidenció que la escena de los hechos fue alterada, evento que impidió ejercer las labores de levantamiento de los cadáveres en el lugar. En la subsanación de la demanda, en relación con la conducta imputada, la actora ratificó la culpa grave frente a cada uno de los demandados, bajo los mismos argumentos plasmados con antelación, pero no reprochó nada acerca de la manipulación del lugar de los hechos. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones invocadas al considerar que no reposaban elementos de juicio que respaldaran la imputación de culpa grave contra los demandados, a saber, el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. Sobre el particular, dijo que el informe de inteligencia, por medio del cual se identificaron a las víctimas directas del daño como integrantes de las FARC, no fue elaborado por ellos y tampoco se probó que hubieran adelantado las labores para ese fin, a lo que se sumaba que los detectives no estuvieron presentes en el enfrentamiento armado, sino luego de ocurridos los homicidios; sin embargo, no adelantaron las gestiones de levantamiento de los cadáveres, ya que el personal militar los retiró por motivos de seguridad en la zona. Igualmente, y sin hacer mención a alguna de las presunciones legales, dedujo que los accionados no actuaron con dolo, dado que no dispararon ni engañaron a las víctimas o quisieron el resultado lesivo. (…) Hechas estas precisiones, la Subsección considera oportuno señalar que (i) el a quo desconoció el principio de congruencia cuando dictó el fallo impugnado (…) aunque en la primera oportunidad [la parte demandante] mencionó que en el fallo que finiquitó la controversia de reparación directa se determinó que la escena de los hechos fue alterada, lo cierto es que ese actuar no lo atribuyó directamente a los enjuiciados, tanto así que no alegó alguna presunción ni desarrollo esa afirmación y, en todo caso, en la subsanación del libelo inicial suprimió ese argumento. El panorama descrito, sin duda, conlleva a decantar que solo se debía examinar la conducta gravemente culposa de ellos, pero por ignorar el deber de inteligencia sobre la identificación de los (…) [occisos]; no obstante, el juez de primera instancia, además de evaluar dicha situación, fue más allá, puesto que también analizó lo atinente a la participación en la supuesta modificación del lugar de los hechos y el accionar de las armas de dotación oficial, la intervención en la emboscada y el traslado de los civiles, hipótesis sobre las que no había lugar a examen, habida cuenta de que esos no fueron los fundamentos de la pretensión de la actora. Es decir, el a quo no estaba habilitado para evaluar la conducta de los accionados por un actuar doloso y menos por los hechos descritos, en la medida en que, se reitera, la demanda no se basó en ello -aspecto que, por cierto, esta Subsección tampoco puede analizar, en virtud del principio de congruencia-, estructurado a partir de los artículos 187 del CPACA y 281 del CGP, según los cuales la sentencia debe estar en consonancia con los hechos, las pretensiones aducidos en la demanda y las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas como lo exige la ley. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la consonancia de la sentencia con los hechos, las pretensiones aducidos en la demanda y con las excepciones que hubieren sido alegadas, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 24 de septiembre de 2021, exp. 66.429, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿El juez puede analizar un cargo diferente al endilgado en la demanda, cuando el mismo se adiciona o incluye en las etapas de alegatos de conclusión y de apelación de sentencia? Respuesta al problema jurídico: No En la impugnación, la parte actora, al igual que lo indicó en los alegatos de conclusión de primera instancia, entre otras cosas, aseguró que los demandados actuaron con dolo, en particular, porque dispararon contra las personas fallecidas, en compañía de los miembros del Ejército, pero la Sala no puede estudiar ese cargo, en vista de que implicaría modificar la causa petendi de la demanda, puesto que nunca se pidió una declaratoria de responsabilidad por este concepto. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que esta jurisdicción, en las actuaciones que conoce, carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se narra en la demanda, de ahí que la sentencia debe estar irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la Administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda o su modificación y a los medios de convicción regular y oportunamente agregados al plenario. Por tanto, cualquier variación del marco fáctico implicaría un desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que sorprendería a la parte demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y jamás tendría opción de ejercer en ese caso el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a discutir los elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y consecuencial condena en su contra, por lo que el juez debe resolver sobre las pretensiones de la demanda, sus fundamentos fácticos y jurídicos con sustento en los elementos de juicio del proceso. En línea con lo anterior, la Sala no tiene competencia para estudiar una conducta diferente a la endilgada a los demandados por culpa grave, porque ni la etapa de alegatos de conclusión ni la alzada tienen por objeto que se adicionen o incluyan cargos no esgrimidos en la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del juez para resolver sobre las pretensiones de la demanda, sus fundamentos fácticos y jurídicos, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 19 de junio de 2020, exp. 49.572, C.P. María Adriana Marín; el 13 de agosto de 2021, exp. 65.589, C.P. María Adriana Marín; el 1 de febrero de 2018, exp. 49.741, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; el 12 de diciembre de 2019, exp. 53.901, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; el 4 de noviembre de 2022, exp. 68.262, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y, el 20 de febrero de 2020, exp. 54.407, C.P. María Adriana Marín. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / LEY 678 DE 2001 / REPETICIÓN / PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Resulta procedente valorar la prueba testimonial y documental que obra en los expedientes disciplinario y de reparación directa, debido a que su traslado fue solicitado por ambas partes quienes, además de conocer su contenido, no formularon ningún tipo de reparo? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente asunto, las partes solicitaron que se allegaran a este proceso los expedientes disciplinario y de reparación directa que se promovieron por las muertes de (...) [tres ciudadanos], prueba que el a quo decretó y, una vez recaudó, corrió traslado. Así las cosas, la Sala valorará las pruebas documentales que obran en dichas actuaciones, ya que su traslado fue solicitado por ambas partes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que formularan algún reparo, lo que no sucedió. Asimismo, tendrá en cuenta las declaraciones de las personas involucradas en el operativo y que se recibieron en sede disciplinaria, en razón de que fueron practicadas con la audiencia de las partes de esta controversia, por manera que cumplen con los requisitos exigidos para tal fin NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de los testimonios trasladados de otro proceso, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 21 de mayo de 2021, exp. 52.413, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y, el 9 de abril de 2021, exp. 51.583, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 66, LEY 84 DE 1874 - ARTÍCULO 27 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / PRESUNCIÓN LEGAL / PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PARTE DEMANDADA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / MORALIDAD PÚBLICA / PATRIMONIO PÚBLICO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA Problema jurídico: ¿En los asuntos en los que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños originados por alguna de las hipótesis consignadas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, el agente o ex funcionario estatal puede desvirtuar la presunción legal en su contra con la presentación de pruebas de descargo? Respuesta al problema jurídico: Si Las presunciones tienen como finalidad tener como cierto o probable un hecho que se infiere a través de un juicio lógico que realiza el legislador o el juez acudiendo a las máximas generales de la experiencia y la sana crítica, de ahí que se considere que tiene por virtud invertir las condiciones generales de la carga de la prueba en favor de quien la invoca. Aquellas, pueden considerarse como de tipo legal (iuris tantum), cuando admiten prueba en contrario, o de derecho (iuris et de iure), cuando se considera definitivamente como cierto el hecho presumido y, por el contrario, no es posible desacreditarlo. (…) Ahora bien, conviene señalar que cuando el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en alguna de las hipótesis consignadas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, el legislador previó una serie de presunciones legales como mecanismos procesales enderezados a tornar efectiva la acción de repetición prevista en la Constitución y así hacer eficaz la responsabilidad civil de los servidores públicos por las condenas que su acción u omisión generen. La Sala encuentra que las presunciones estipuladas en el artículo 6 la Ley 678 de 2001 tienen naturaleza de legales y, por tanto, la entidad demandante tiene la carga de probar únicamente los supuestos de hecho a los que aluden dichas normas, puesto que “la parte que niegue el hecho presumido está sujeta a la carga de probar el hecho contrario”. (…) En los antecedentes legislativos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil (voluntas legislatoris), se mencionó que el establecimiento de estas presunciones legales tenía por objeto tornar eficaz la acción de repetición e invertir la carga de la prueba, ya que el demandado debe desacreditar el hecho que le da origen a aquella. (…) Asimismo, la Corte Constitucional lo precisó al estudiar la constitucionalidad, entre otros, del artículo 6 la Ley 678 de 2001, pues indicó que, para hacer efectivo el precepto del artículo 90 de la Constitución Política, con el fin de proteger la moralidad y el patrimonio público, se buscó relevar al Estado de la carga de la prueba cuando ejercía la acción de repetición y alegaba en su favor una presunción, como por ejemplo, de culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarla mediante prueba en contrario, ya que aquella no constituye un juicio anticipado que desconozca la presunción de inocencia. Es claro que en estos casos no se compromete el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que el agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil. Así, por tratarse de una presunción legal, esto es, que admite prueba en contrario, la parte demandada tiene abierta la posibilidad para oponerse y acreditar, en esta sede judicial, o bien la inexistencia del hecho que le da base a la presunción o de las circunstancias en las que se configuró aquel, ya que la presunción “no impide que la parte adversaria lleve al proceso otras pruebas con la finalidad de desvirtuar aquella y demostrar que en realidad esos hechos no han ocurrido. Si se consigue este objetivo o, por lo menos, que el juez estime inciertos aquellos hechos, no podrá aplicar la presunción”. Ahora, su previsión legal no constituye una imputación automática de culpabilidad en cabeza del agente contra el cual se dirige la acción de repetición, ya que, si este puede aducir medios de convicción en contrario, ello supone que, para efectos de la acción de repetición, el juez -en estos casos- está en el deber de realizar una nueva evaluación de la conducta del agente. Por esta razón, el simple hecho de que el legislador suponga en estos eventos la responsabilidad civil del agente o ex funcionario estatal, no impide que esta presunción pueda ser destruida con la presentación de pruebas de descargo. La Sala ha sostenido que la previsión del citado artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no entraña que las causales ahí enunciadas sean las únicas respecto de las cuales puede calificarse una conducta como gravemente culposa, puesto que el juez de la acción de repetición podrá deducir otros supuestos de hecho que puedan calificarse como tales al apreciar el caso puesto a su consideración, pero en relación con estos últimos no podrá aludirse a la aplicación de una presunción y, por tanto, la entidad estatal estará obligada a probar no solamente el supuesto de hecho de aquella, sino también la conducta de la actuación del funcionario público. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza legal de las presunciones contempladas en el artículo 6 la Ley 678 de 2001, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 6 de julio de 2017, exp. 45.203, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y el 4 de diciembre de 2020, exp. 65.086, C.P. María Adriana Marín. Sobre la inversión de la carga de la prueba en los procesos de repetición, como garantía del derecho de defensa del demandado, consultar la sentencia de la Corte Constitucional C-374 del 14 de mayo de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Sobre supuestos de hechos diferentes a los establecidos en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, que pueden calificarse como conducta gravemente culposa, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 29 de mayo de 2014, exp. 40.755, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; el 22 de noviembre de 2021, exp. 66.590, C.P. María Adriana Marín; el 20 de noviembre de 2023, exp. 69.858, C.P. María Adriana Marín; y, el 2 de julio de 2021, exp. 51.498, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 66 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / PRESUNCIÓN LEGAL / REPETICIÓN / DAS / EX EMPLEADO DEL DAS / FUNCIONES DEL DAS / IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER / MIEMBROS DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / FARC / INDIVIDUALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO INTERNO / LABOR INVESTIGATIVA / LEVANTAMIENTO DE CADÁVER / REPRESALIAS / GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / DEBER LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DEL DAS / INCUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Se probó que los ex agentes del DAS actuaron con culpa grave, al incumplir con la supuesta obligación de identificar a las víctimas de homicidio y, con ello, establecer, sus posibles vínculos con las FARC? Respuesta al problema jurídico: No Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala advierte que no se acreditó el hecho base de la presunción alegada contra los demandados. (…) Como se vio, el grupo de inteligencia del DAS elaboró y envió al director de la Seccional Caquetá de esa entidad un informe en el que se afirmó que los (…) [occisos] eran milicianos de las FARC y delinquían en la zona rural del municipio de Montañita, Caquetá. Sin embargo, no existe constancia de que ese documento emanó o fue proyectado por los accionados, todo lo opuesto, en la parte inferior de este aparece que devino de los detectives con código 5441 y 0501, los cuales no corresponden a los asignados a los (…) [aquí demandados], puesto los de aquellos eran 208-07, 208-06 y 208-08. También hay que resaltar que en ese escrito se puso de presente que los datos insertos se obtuvieron de una declaración que entregó un desmovilizado “fuente humana” al DAS, pero la Subsección no tiene certeza de que los demandados participaron en la entrevista, tuvieron contacto con esa persona o, en su defecto, validaron la información proporcionada. A esa situación se agrega que tampoco se aportaron pruebas con las cuales se acredite que los ex agentes del DAS tenían entre sus funciones específicas o misión de trabajo adelantar la investigación relacionada con identificar o investigar a las víctimas directas para establecer sus posibles vínculos con las FARC. Ahora bien, no se puede pasar por alto que, de acuerdo con el plan de trabajo que les entregó el director Seccional del DAS Caquetá y la orden de operaciones del Ejército Nacional, se debían desplazar a las veredas de la zona para capturar o neutralizar a los particulares arriba señalados; no obstante, los militares definieron adelantar una emboscada. Del contexto fáctico probado, se tiene que, en el desarrollo del operativo, los aquí enjuiciados nunca tuvieron contacto directo con los campesinos asesinados, es decir, no los identificaron o individualizaron, pues tanto del informe de patrullaje del pelotón como de los testimonios rendidos por el personal militar presente, los familiares y los habitantes de la región, fueron los militares quienes los condujeron hasta un sitio desolado. Ni siquiera, luego de que se reportó la muerte de los campesinos, el personal del DAS pudo ejercer alguna labor investigativa, debido a que el encargado de la operación advirtió represalias por parte de grupos al margen de la ley y los retiró del lugar con la justificación de salvaguardar sus vidas. Lo anterior, por cuanto la orden de operaciones y el informe de patrullaje solo dan cuenta de que, en la tercera fase de la operación, los agentes del DAS eran quienes debían realizar los levantamientos de los cadáveres, pero el capitán con el que ellos permanecían en la parte alta de la montaña afirmó categóricamente que ese procedimiento no se pudo llevar a cabo. Por su parte, los soldados que participaron en la operación declararon que, “terminado el combate se llamó al personal del DAS para tomar las huellas”, sin que en ningún momento convalidaran que, en efecto, ello se materializó. Ahora bien, el sargento anotó que los detectives “hicieron las diligencias respectivas de verificación de los cadáveres”, afirmación que no encuentra soporte en otro medio de prueba y, en todo caso, estaría relacionada únicamente con la constatación de la muerte de los civiles. Finalmente, las motivaciones del fallo de reparación directa no resultan suficientes para comprometer la responsabilidad de los demandados, máxime cuando no se enunciaron las actuaciones de aquellos, menos las relativas a la forma en la que se identificaron las víctimas como supuestos subversivos, sino que la condena se impuso tras colegir que “los agentes del Ejército Nacional actuaron en connivencia y complicidad con agentes del DAS”, por el hecho de que estuvieron vinculados en el operativo, pero, como se vio, no hay prueba de que estos funcionarios incumplieron los deberes legales. De este modo, se confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, comoquiera que no es posible aplicar la presunción alegada. FUENTE FORMAL: DECRETO 596 DE 1993 - ARTÍCULO 10 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / INTERÉS PÚBLICO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante que resultó vencida en el proceso, dado que el asunto debatido es de interés público? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Ahora bien, en línea con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio del Estado, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia de condena en costas en los procesos en los que se ventilan asuntos de interés público, consultar la sentencia de la Corte Constitucional, C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido, ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 12 de agosto de 2019, exp. 63.519, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y el 3 de octubre de 2019, exp. 49.865, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201801015011100103