Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: los principios de la contratación pública fueron directamente violentados
Lo que dijo la Sala
Considero necesario aclarar el voto respecto de la sentencia dictada, en cuanto atañe a las restituciones mutuas y al pago de lo no debido. La entidad estatal fue víctima [de] conductas punibles, manifestadas en un comportamiento [dirigido] a defraudar los principios de la contratación estatal y los recursos públicos comprometidos en el negocio, lo cual debería conllevar a la orden de reintegro de los dineros entregados al contratista. Para la interpretación de la realidad contractual [era pertinente remitirse] a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual “las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa”.
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Problema jurídico
¿Los principios de la contratación pública fueron directamente violentados, dado que la intención que movió el compromiso de los recursos públicos no fue la de favorecer el interés general?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿El contratista, valiéndose de una ilicitud, obtuvo provecho económico por razón de la recepción de recursos públicos que no fueron invertidos o ejecutados en la prestación correspondiente?
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Titulación de la relatoría 5.627 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / PAGO DE LO NO DEBIDO / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / REQUISITOS DE LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA PUNIBLE / DAÑO CAUSADO POR CONDUCTA PUNIBLE / CLASES DE DEFRAUDACIÓN / FALTA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / REINTEGRO DE LO APROPIADO / PAGO AL CONTRATISTA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES / FALTA AL DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Los principios de la contratación pública fueron directamente violentados, dado que la intención que movió el compromiso de los recursos públicos no fue la de favorecer el interés general?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onsidero necesario aclarar el voto respecto de la sentencia dictada, en cuanto atañe a las restituciones mutuas y al pago de lo no debido. [L]a entidad estatal fue víctima [de] conductas punibles, manifestadas en un comportamiento [dirigido] a defraudar los principios de la contratación estatal y los recursos públicos comprometidos en el negocio, lo cual debería conllevar a la orden de reintegro de los dineros entregados al contratista. [P]ara la interpretación de la realidad contractual [era pertinente remitirse] a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual “[l]as actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa”. [E]l principio de responsabilidad exige a los servidores públicos involucrados en la contratación “buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad”, e impone a los oferentes y contratistas el deber de responder “por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa”. [L]as restituciones mutuas resultaba de imposible aplicación dada la ausencia de demostración de los elementos normativa y jurisprudencialmente decantados para el efecto. [L]os principios de la contratación pública fueron directamente violentados, [la] intención que movió el compromiso de los recursos públicos no fue la de favorecer el interés general sino [una] espuria y, por virtud de ello, lo que hubiere desembolsado la Administración en razón del negocio jurídico constituye un pago de lo no debido.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23
EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / GRADO DE BENEFICIO DE LA OBRA PÚBLICA / PERJUICIOS POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / PAGO AL CONTRATISTA / FALTAS DEL CONTRATISTA / DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / INTERÉS EN LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / FALTA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDENA EN ABSTRACTO / REEMBOLSO DEL CAPITAL / REEMBOLSO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA / ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES / ELEMENTOS DE LA CONDUCTA PUNIBLE / PRINCIPIO NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS / ALCANCE DE LA ACLARACIÓN DE VOTO
Problema jurídico:
¿El contratista, valiéndose de una ilicitud, obtuvo provecho económico por razón de la recepción de recursos públicos que no fueron invertidos o ejecutados en la prestación correspondiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i no se encontraba demostrado que la entidad estatal se benefició con la ejecución del contrato, mayor razón habría, [para] disponer la devolución de lo pagado al contratista que, valiéndose de una ilicitud, obtuvo provecho económico por razón de la recepción de recursos públicos que no fueron invertidos o ejecutados en la prestación correspondiente. [U]n ejercicio de armonización y mayor coherencia de la decisión adoptada podría haber conducido a emitir una orden en abstracto, [para] que se reintegraran los valores [que] hubiesen sido pagados al contratista, máxime si se considera que el negocio jurídico fue anulado oficiosamente por la Sala, con arreglo a pruebas recaudadas también de manera oficiosa en esta instancia. [C]onsidero que se dejó escapar una oportunidad valiosa para transmitir un mensaje sobre el enriquecimiento espurio de un contratista a costa de los recursos de los administrados, mediado por un comportamiento delictivo, que no puede ser tolerado; porque ello contravendría [el] mandato según el cual nadie puede beneficiarse de su propio dolo (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). [U]na orden en abstracto no solo era posible sino -a mi juicio- necesaria y ella no excluía lo que en otros contextos pueda debatirse sobre el particular. En los anteriores términos dejo consignadas las razones para aclarar el voto frente a lo razonado por la Sala en la sentencia dictada.