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Consejo de Estado
Providencia
Imprescriptibilidad del bien público: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2026-02-27
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 25000233600020190058903
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los litigios relacionados con actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado están sujetos al término de prescripción? No
Los litigios sobre actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado no están sujetos al término de prescripción. La regla se sostiene en dos razones: la línea de pensamiento que la subsección reitera, según la cual los litigios sobre actos o contratos surgidos de un bien imprescriptible o inajenable del Estado no prescriben, como ocurre con los contratos de concesión minera; y la naturaleza de los bienes de dominio público, que no pueden adquirirse por prescripción ni enajenarse, lo que impide que su régimen de controversias se someta a esa figura. Por ello, el tribunal debe aplicar esa regla al resolver la excepción de prescripción propuesta en litigios de esa naturaleza, y no declarar extinguido el derecho por el transcurso del tiempo. Esa solución se mantiene cuando el acto o el contrato se vincula directamente con el bien de dominio público, y la providencia de primera instancia se modifica en los aspectos que aplicaban la prescripción al caso.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda interpuesta en relación con un contrato liquidable fue presentada dentro del término de caducidad?
¿Se configura la desviación de poder o la vulneración del principio de planeación como causales de nulidad del acto administrativo por causa u objeto ilícito?
¿El deber de planeación en la contratación estatal impone exclusivamente a la administración la carga de información sin exigir obligaciones correlativas a los particulares?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: los principios de la contratación pública fueron directamente violentados
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-12-16
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020100060702
ACCION CONTRACTUAL
¿Los principios de la contratación pública fueron directamente violentados, dado que la intención que movió el compromiso de los recursos públicos no fue la de favorecer el interés general? Sí
Considero necesario aclarar el voto respecto de la sentencia dictada, en cuanto atañe a las restituciones mutuas y al pago de lo no debido. La entidad estatal fue víctima [de] conductas punibles, manifestadas en un comportamiento [dirigido] a defraudar los principios de la contratación estatal y los recursos públicos comprometidos en el negocio, lo cual debería conllevar a la orden de reintegro de los dineros entregados al contratista. Para la interpretación de la realidad contractual [era pertinente remitirse] a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual “las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa”.
También resuelve:
¿El contratista, valiéndose de una ilicitud, obtuvo provecho económico por razón de la recepción de recursos públicos que no fueron invertidos o ejecutados en la prestación correspondiente?
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 50001233100020070005701
ACCION CONTRACTUAL
¿El fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor? Sí
Me inclino a considerar que, dado que es un asunto de responsabilidad en sede del contrato, lo procedente es que la indemnización cobije a plenitud los perjuicios probados, de manera que no bastará, para que sea integral, que cubra el valor de las obras, sino que deberá reconocer en favor del contratista la utilidad que debió obtener con su ejecución, en la medida que supondría una posible adición al acuerdo de voluntades. Como se aprecia… , lo cierto es que el fallo no profundizó ni analizó estos aspectos, pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor. En esos términos dejo sentado mi voto disidente.
También resuelve:
¿Corresponde al juez establecer unos criterios orientadores que permitan definir los eventos en los que esas obras adicionales serán pagadas al contratista?
¿Puede suceder que el contratista ejecute una serie de obras no previstas que beneficien a la entidad pública?
¿Se debía analizar la forma de pago y los requisitos para el reconocimiento de las mayores cantidades de obra que fueron ejecutadas?