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Consejo de Estado
Providencia
La caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y debe ser declarada de oficio por el juez.
Sentencia — Sentencia
2025-06-18
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020190001701
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Puede un juez declarar de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada, sin que medie solicitud de parte? Sí
El juez declara de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada en el proceso, por tratarse de un mecanismo irrenunciable de seguridad jurídica. La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe considerarse de manera separada el término de caducidad para las pretensiones de nulidad de un contrato estatal y de los actos administrativos que lo declaran terminado anticipadamente?
¿Opera la caducidad respecto de la acción de nulidad absoluta de una cláusula contractual cuando el supuesto vicio era conocido desde el perfeccionamiento del contrato y la demanda se presentó por…
¿La demanda presentada fue radicada dentro del término de caducidad respecto de los actos administrativos impugnados?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: la prueba sobreviniente relacionada con el auto de archivo de la investigación penal no era necesaria para resolver los cargos
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-12-03
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020210032501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La prueba sobreviniente relacionada con el auto de archivo de la investigación penal no era necesaria para resolver los cargos de apelación, dado que la legalidad de la terminación unilateral del contrato debía analizarse exclusivamente a partir de los elementos de convicción disponibles para Ecopetrol al momento de adoptar la decisión del 28 de febrero de 2020? Sí
Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito expresar las razones por las cuales aclaro el voto. La Organización Logística de Transporte Sanabria S.A. (Otransa) formuló demanda contra Ecopetrol S.A. con el fin de: (i) que se declare el rompimiento del equilibrio económico y contractual del contrato 3017856; (ii) obtener la nulidad del acto del 28 de febrero de 2020 que termina de forma unilateral, anticipada el contrato, por supuesto fraude, falsedad e inducción al error. De manera subsidiaria, solicita que (iii) se liquide por vía judicial el contrato 3017856; y (iv) se condene al pago de los perjuicios causados derivados del incumplimiento.
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: los principios de la contratación pública fueron directamente violentados
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-12-16
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020100060702
ACCION CONTRACTUAL
¿Los principios de la contratación pública fueron directamente violentados, dado que la intención que movió el compromiso de los recursos públicos no fue la de favorecer el interés general? Sí
Considero necesario aclarar el voto respecto de la sentencia dictada, en cuanto atañe a las restituciones mutuas y al pago de lo no debido. La entidad estatal fue víctima [de] conductas punibles, manifestadas en un comportamiento [dirigido] a defraudar los principios de la contratación estatal y los recursos públicos comprometidos en el negocio, lo cual debería conllevar a la orden de reintegro de los dineros entregados al contratista. Para la interpretación de la realidad contractual [era pertinente remitirse] a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual “las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa”.
También resuelve:
¿El contratista, valiéndose de una ilicitud, obtuvo provecho económico por razón de la recepción de recursos públicos que no fueron invertidos o ejecutados en la prestación correspondiente?
SIN DECISION