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Consejo de Estado
Concepto
Contratación estatal: Concepto sin reserva
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2022-07-05
Sala Consulta y Servicio Civil
ALVARO NAMEN VARGAS
Rad. 11001030600020170005800
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el evento en que un miembro de la Junta Directiva de una empresa participante en un proceso de selección y/o celebración de contrato, previamente a dicho negocio jurídico, se encuentre incurso en una o varias de las causales de incompatibilidad señaladas en el numeral 2º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 ¿Se genera automáticamente la inhabilidad de que trata el literal b, numeral 1º del artículo 8º ibídem? Sí
La entidad pública encargada de la contratación estatal observa rigurosamente y acata siempre todos los principios constitucionales fundamentales que rigen de manera general y permanente la función administrativa consagrados expresamente en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, tales como igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, aplicando simultáneamente las mismas inhabilidades e incompatibilidades del régimen general de la contratación estatal según el mandato expreso de la Ley 1150 de 2007, con el propósito fundamental de que su actividad contractual permanezca al servicio de los intereses generales y garantice el cumplimiento oportuno de dichos postulados sin perjuicio del régimen normativo de derecho privado o especial que resulte aplicable al negocio jurídico respectivo.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente
Sentencia — Sentencia
2023-03-03
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020120076502
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, conforme lo establece la ley? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, siempre que la demanda se interponga dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral o unilateral del contrato. En este caso, la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, que declaró la caducidad del contrato, quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011, por lo que el plazo para la liquidación bilateral expiró el 2 de abril de 2012 y el plazo para la liquidación unilateral venció el 2 de junio de 2012. A partir del 3 de junio de 2012, comenzó a correr el término de dos años para presentar la demanda, que venció el 3 de junio de 2014. Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, resulta oportuna, además de que la parte presentó solicitud de conciliación extrajudicial antes de interponer la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la oportunidad del medio de control de controversias contractuales y garantiza el debido proceso en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia…
¿Estaba llamado a prosperar el cargo de violación del debido proceso que, como sustento de la pretensión principal de nulidad del acto…
¿Es posible que la Sala realice la liquidación judicial del contrato, toda vez que no obra en el expediente la información suficiente y necesaria para llevar a cabo el respectivo corte de cuentas del…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: los principios de la contratación pública fueron directamente violentados
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-12-16
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020100060702
ACCION CONTRACTUAL
¿Los principios de la contratación pública fueron directamente violentados, dado que la intención que movió el compromiso de los recursos públicos no fue la de favorecer el interés general? Sí
Considero necesario aclarar el voto respecto de la sentencia dictada, en cuanto atañe a las restituciones mutuas y al pago de lo no debido. La entidad estatal fue víctima [de] conductas punibles, manifestadas en un comportamiento [dirigido] a defraudar los principios de la contratación estatal y los recursos públicos comprometidos en el negocio, lo cual debería conllevar a la orden de reintegro de los dineros entregados al contratista. Para la interpretación de la realidad contractual [era pertinente remitirse] a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual “las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa”.
También resuelve:
¿El contratista, valiéndose de una ilicitud, obtuvo provecho económico por razón de la recepción de recursos públicos que no fueron invertidos o ejecutados en la prestación correspondiente?
SIN DECISION