Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →

CONCESIÓN PORTUARIA

8 documentos encontrados
Ordenar:
Atención: tienes 1 filtro marcado Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado Providencia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020090094301 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa… ¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación… ¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Debe concluirse que no es procedente el reajuste del equilibrio de la ecuación prestacional pretendido por la sociedad accionante

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 88001233300020180001101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve: ¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto? ¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar… ¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020240056301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial? Sí
El contratista puede solicitar medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva y evitar el riesgo de inejecución del fallo. Estas medidas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, siempre que tengan relación directa con las pretensiones formuladas en la demanda. La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es un instrumento cautelar temporal y accesorio que busca evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo efectos mientras se decide sobre su constitucionalidad o legalidad, siempre que se advierta una clara vulneración a las normas superiores. Esta jurisprudencia reitera y confirma la importancia de estas medidas cautelares en la protección de los derechos sustanciales y en la efectividad del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión y deberán tener relación directa con las pretensiones que hayan sido formuladas en la demanda? ¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos, constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria… ¿Las causales de pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones posteriores al nacimiento del acto administrativo que impiden su ejecutoriedad y, su ocurrencia no afecta la validez de este?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2025-12-18 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020240056302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)? Sí
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…
DECRETA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acto administrativo

2018_08001-23-31-000-2001-02667-03_37001 2018-08-16 Sección Tercera
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,PACTO ARBITRAL,DERECHO DE DEFENSA,ACTO ADMINISTRATIVO,CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA,MODIFICACIÓN DEL CONTRATO,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Competencia,Caducidad del contrato,Improcedencia,Marco jurídico,Superintendencia General de Puertos,Adscripción,Competencia para modificar el contrato,Contrato de concesión,Actividad contractual,Garantía,Asuntos administrativos y – Mes: agosto – Año: 2018…
Consejo de Estado Concepto

Contratación estatal: Concepto sin reserva

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-06-17 Sala Consulta y Servicio Civil ANA MARIA CHARRY GAITAN Rad. 11001030600020210008400 CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Un aeropuerto de uso público y a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial es objeto pasivo del impuesto predial y contribución por valorización? No
Conforme a lo explicado en este concepto, los aeropuertos públicos que son propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o son administrados directamente por ella, en ejercicio de sus funciones legales, no pueden ser gravados, en principio, con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo algunas áreas, en cualquiera de los siguientes dos casos: i) Las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre estos bienes, que estén en manos de particulares, pueden ser gravadas con el impuesto predial unificado, por parte de los distritos, tal como lo establecen el artículo 6, numeral 3°, de la Ley 768 de 2012 y el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013.
También resuelve: ¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa… ¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa… ¿La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos por parte de particulares, dentro de los aeropuertos a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial…