Titulación de la relatoría 11.588 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEMANDA / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE JUICIO DE LEGALIDAD / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es posible declarar el incumplimiento del contrato cuando no se ha cuestionado su liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala […] revocará la sentencia de primer grado y negará las pretensiones de la demanda, dada su improcedencia al no haberse cuestionado la liquidación unilateral contenida en un acto administrativo cuya legalidad se presume, circunstancia que impide el estudio de las pretensiones autónomas elevadas por las partes consistentes en declarar el incumplimiento del contrato y definir la consecuente indemnización de perjuicios, pues estos aspectos fueron definidos en dicho acto y sus efectos se mantienen incólumes al no haberse cuestionado su validez. […] Entonces, si las partes en su demanda y demanda de reconvención se oponían al resultado declarado en el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, les correspondía cuestionar su presunción de legalidad y su silencio solo puede interpretarse como la ausencia de voluntad o de motivos para controvertirlo. Conforme a lo anterior, ante la existencia de un acto administrativo que definió la liquidación del contrato, cuya legalidad no fue cuestionada, resulta improcedente el estudio del incumplimiento del contrato y la consecuente indemnización de perjuicios como pretensiones autónomas elevadas por las partes […] Las situaciones expuestas impiden acceder a las pretensiones de la demanda principal y de la demanda de reconvención. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primer grado y negará las pretensiones.
INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL / NATURALEZA DEL INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL / RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / ENTIDAD FINANCIERA / ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / EXPLOTACIÓN DE SAL / NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / NORMA ESPECIAL
Problema jurídico:
¿Las actividades del Instituto de Fomento Industrial, con fundamento en el contrato “Concesión de Salinas” celebrado con la nación, se ejercían como administrador delegado por el Gobierno Nacional para la explotación y administración de un recurso natural del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Instituto de Fomento Industrial (IFI) creado por el Decreto 1157 de 1940, para el momento de la celebración del contrato que suscita la controversia (año 2001), tenía el carácter de sociedad de economía mixta del orden nacional con régimen asimilado al de las empresas industriales y comerciales del Estado, por virtud de la participación accionaria mayoritaria estatal. Igualmente, se consideraba como una entidad financiera de carácter especial en los términos del Estatuto Orgánico para el Sistema Financiero (EOSF), y por ende, con fundamento en el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos realizados en el giro ordinario de las actividades propias su objeto social se encontraban exceptuados del régimen establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) y se regían por las normas de derecho privado. No obstante, este instituto actuaba en una calidad y con un propósito distinto bajo la denominación de IFI Concesión Salinas. […] Para asegurar el cumplimiento de las funciones de administración, exploración, explotación y comercialización de la sal y de sus derivados encargadas por la Nación al IFI bajo el contrato “Concesión de Salinas”, ajenas a la actividad financiera propia de éste, en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 1205 de 1969 conforme al cual ello se haría por el último […], se creó al interior del instituto una dependencia denominada Instituto de Fomento Industrial – Concesión Salinas (IFI Concesión Salinas), con contabilidad, administración y tesorería independientes del IFI y sujeta a las normas de auditoría y vigilancia de éste. De esta forma, aunque el IFI Concesión Salinas no era una persona jurídica diferente del instituto, sí tenía una actividad separada en el marco del negocio jurídico celebrado con la Nación. La Sala de Consulta y del Servicio de esta Corporación, en conceptos 934 del 7 de febrero de 1997 y 1190 del 5 de mayo de 1999 que la Sala comparte, se pronunció sobre la naturaleza del contrato “Concesión de Salinas” aclarando que su tipología obedecía a la de un contrato de administración delegada, y no a un contrato de concesión, toda vez que el derecho otorgado a IFI Concesión Salinas comprendió no solamente las actividades dirigidas a la extracción técnica de sustancias minerales para su aprovechamiento, sino que se extendió al ejercicio de facultades administrativas, emanadas de la voluntad de la entidad contratante, en relación con la elaboración, refinación y el comercio de los productos derivados de las salinas, sustrayendo al IFI Concesión Salinas del marco de autonomía que le permitiera actuar por su cuenta y riesgo, y lo ubicaron en condición de representante de la entidad contratante. […] Si bien la Ley 80 de 1993 en su artículo 76 excluyó de su amparo normativo a los contratos relacionados con la explotación de recursos naturales renovables y no renovables y a los concernientes a su comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de esas actividades, indicando que debían regirse por la legislación especial aplicable, la normatividad vigente en materia de exploración, explotación, procesamiento y comercialización de la sal se hallaba recogida para la época de la celebración del contrato que se estudia en el Código de Minas, adoptado a través de la expedición del Decreto 2655 de 1988, compilación que, a su turno, determinó que sus disposiciones no serían aplicables a los negocios jurídicos que tuvieran como fuente el contrato “Concesión de Salinas”, con independencia de que su objeto guardara relación con la explotación, procesamiento y comercialización de las salinas nacionales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1157 DE 1940, DECRETO 1205 DE 1969 - ARTÍCULO 6, DECRETO 2655 DE 1988, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 76
JUICIO DE LEGALIDAD / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / RELACIÓN CONTRACTUAL / DEBERES DEL JUEZ / FUNCIONES DEL JUEZ / INEXISTENCIA DE SOLICITUD DE NULIDAD / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuando la administración realiza la liquidación unilateral del contrato se está ante una decisión que goza de presunción de legalidad y que vincula a ambas partes de la relación contractual, de manera que, para discutir sus determinaciones, y a ruego de parte, es imperativo acudir al juez ante quien se pretende derribar tal presunción?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa respecto de la necesidad de solicitar en juicio la nulidad del acto administrativo que liquide unilateralmente el contrato, cuando éste ha sido expedido y notificado con anterioridad a la demanda -o a la oportunidad procesal para reformarla- y se pretenda el reconocimiento de un derecho o prestación que de ser aceptada sería contraria a lo definido en ese balance definitivo. […] [C]uando la administración realiza la liquidación unilateral del contrato se está ante una decisión que goza de presunción de legalidad y que vincula a ambas partes de la relación contractual, de manera que, para discutir sus determinaciones, y a ruego de parte, es imperativo acudir al juez ante quien se pretende derribar tal presunción. Sólo así es posible incursionar en el análisis de aquellos pedimentos que impliquen desconocer la decisión administrativa de finiquito negocial, por lo cual, quien pretenda derivar consecuencias distintas a su contenido, debe pretender su nulidad, fundamentar el vicio del que adolece, y acreditar que es merecedor de su retiro del ordenamiento jurídico. Sin tales proposiciones no puede el juez desconocer la legalidad del acto administrativo […]. Se constata, además, que tanto el acto de liquidación unilateral, como las actuaciones efectuadas para su notificación, la interposición del recurso por la demandante y la compañía aseguradora y su resolución, obran en el expediente, por lo que el juez está habilitado y tiene el deber de analizarlas y utilizarlas como fundamento de su decisión. […] [E]n el caso se observa que al momento de presentarse la demanda (21 de enero de 2009), la entidad demandada ya había proferido y notificado el acto administrativo de liquidación del contrato; inclusive, la parte actora había solicitado su revocatoria directa días antes, por lo que es evidente que conocía de la existencia y contenido del acto y estaba en condiciones de formular la pretensión de nulidad de manera que al no hacerlo se avino a sus efectos, entre ellos, el de dar cierre definitivo a la relación negocial. Lo mismo se predica de la entidad contratante, quien conocía el acto que ella misma profirió y se encuentra sujeta a lo definido en él respecto del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y los saldos a su favor, sin que pueda pretender el reconocimiento de conceptos que ya fueron allí definidos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la necesidad de solicitar en juicio la nulidad del acto administrativo que liquida unilateralmente el contrato, cuando éste ha sido expedido y notificado con anterioridad a la demanda, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de octubre de 2012, rad. 25290, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 2 de mayo de 2013, rad. 23949, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 13 de abril de 2016, rad. 33792, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 30 de agosto de 2017, rad. 52510, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 14 de marzo de 2018, rad. 55671, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 21 de junio de 2018, rad. 56488, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 16 de agosto de 2018, rad. 57649, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 31 de enero de 2019, rad. 37910, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 25 de octubre de 2019, rad. 60851, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 30 de mayo de 2019, rad. 38965, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 20 de noviembre de 2020, rad. 47201, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 9 de julio de 2021, rad. 58602, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 1 de junio de 2020, rad. 48668, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Sala de consulta y Servicio Civil, concepto de 4 de abril de 2017, rad. 11001-03-06-0002016-00210-00(2316), C. P. Álvaro Namén Vargas.