Radicado: 11001-03-26-000-2019-00096-00 (64164)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00096-00 (64164)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga – CDMB
Demandados: Ludwing Arley Anaya Méndez y Jorge Alfredo Carrera Polanía
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque con la
sentencia condenatoria no están demostrados los supuestos de
hecho de las presunciones invocadas, y la entidad demandante no
probó la culpa grave de los demandados.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)
contra Ludwing Arley Anaya Méndez y Jorge Alfredo Carrera Polanía.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral
13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1, debido a que uno de los
demandados fungió como representante legal de una entidad del orden nacional
para la época de los hechos.
El 12 de abril de 2021 el magistrado ponente dispuso adecuar el trámite para
proferir sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A del CPACA,
y por medio de auto del 8 de noviembre de 2021 se corrió traslado para alegar
de conclusión . La entidad demandante y el demandado Ludwing Arley Anaya
Méndez presentaron alegatos. El demandado Jorge Alfredo Carrera Polanía
guardó silencio. El Ministerio Público rindió concepto.
1 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 24 de
la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo 86 de esa ley.
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I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 7 de septiembre de
2018 por la CDMB. Se dirigió contra Ludwing Arley Anaya Méndez y Jorge Alfredo
Carrera Polanía para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad entre el 4 y
el 29 de mayo de 2018 como consecuencia de la condena impuesta en la
sentencia del 12 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Bucaramanga, y confirmada por el Tribunal Administrativo
de Santander el 26 de febrero de 2018.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- Mediante los Acuerdos No. 1262 y 1263 del 20 de diciembre de 2013 el
Consejo Directivo de la CDMB modificó la estructura orgánica de la entidad y
adoptó una nueva planta de personal . En la nueva planta se suprimieron dos
cargos de técnico administrativo, código 3124, grado 12.
2.2.- Para ese mome nto, el demandado Ludwing Arley Anaya Méndez era el
director general de la CDMB y el demandado Jorge Alfredo Carrera Polanía era
el coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano.
2.3.- En oficio del 9 de enero de 2014 el demandado Carrera Polanía informó a
la señora Edith Tatiana Arciniegas Rondón que su cargo de técnico administrativo
3124-12 había sido suprimido.
2.4.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Arciniegas Rondón demandó los acuerdos del Consejo Directivo y el oficio que
le comunicó la supresión del cargo.
2.5.- El 12 de octubre de 2016 el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Bucaramanga declaró la nulidad del oficio porque fue profe rido sin que se
hubieran publicado los acuerdos que lo fundamentaban.
2.6.- El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia condenatoria
el 26 de febrero de 2018 , aunque desestimó el argumento de la publicación
tardía de los acuerdos. El tribunal señaló que el oficio del 9 de enero de 2014 fue
proferido sin competencia porque l a función de remover al personal le
correspondía al director general y no al coordinador de l Grupo de Gestión del
Talento Humano : el oficio no era un simple acto de co municación, sino que
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materializó el retiro del servicio de la exfuncionaria. El tribunal ordenó el reintegro
y el pago de los emolumentos dejados de percibir.
2.7.- Por medio de la Resolución No. 343 del 24 de abril de 2008 la entidad
demandante dispuso el pago de la condena por un valor total de ciento cuarenta
y ocho millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete
pesos ($148.454.877), que fue pagada entre el 4 y el 29 de mayo de 2018.
3.- La entidad demandante sostuvo que los demandados obraron con culpa grave
porque: (i) el director general omitió cumplir su función de remover al personal de
la Corporación y (ii) el coordinador de Gestión del Talento Humano obró sin
competencia al proferir el oficio del 9 de enero de 2014. Según la CDMB, los dos
demandados incurrieron en la presunción de culpa grave establecida en el
numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<violación manifiesta
e inexcusable de las normas de derecho>>; y alegó que respecto del demandado
Carrera Polanía se configuró adicionalmente la presunción del numeral 2 de esa
norma, esto es, la <<carencia o abuso de competencia para proferir [la] decisión
anulada, determinada por error inexcusable>>.
B.- Posición de la parte demandada
4.- Los demandados no contestaron la demanda, a pesar de que se notificaron
personalmente del auto admisorio2.
5.- El demandado Ludwing Arley Anaya Méndez presentó alegatos de
conclusión3, en los que pidió negar las pretensiones por las siguientes razones:
(i) la selección de los funcionarios a los que se les suprimió el cargo se hizo en
el mismo estudio técnico que fundamentó la reestructuración; (ii) los cargos
fueron suprimidos por el A cuerdo No. 1263 de 2013, no por el oficio que lo
comunicó; (iii) en el estudio técnico se indicó que el director general << o quien
haga las veces de jefe de personal >> tendría en cuenta los puntajes de las
historias laborales para determinar los funcionarios que serían incorporados a la
nueva planta; y (iv) no se probó el pago de la condena porque no se allegó el
certificado del tesorero exigido por los artículos 142 y 161 del CPACA.
II. CONSIDERACIONES
C.- Asuntos procesales, régimen legal y decisiones a adoptar
2 Notificaciones obrantes a fl. 1315-1316 c. 3 y constancia secretarial sobre la no contestación de la demanda
obrante a fl. 1319 c. 3.
3 El demandado obró a nombre propio. Allegó la tarjeta profesional No. 145.523 del C. S. de la J., que
aparece vigente en el Registro Nacional de Abogados.
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6.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
6.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA4, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
contaba la entidad para pagar.
6.2.- En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior 5,
por lo que para determinar el término de caducidad deb e tenerse en cuenta la
fecha del pago. Como el último pago fue realizado el 29 de mayo de 2018 6, la
demanda presentada el 7 de septiembre de 20187 se radicó oportunamente.
7.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678
de 2001 porque los hechos imputados a los demandados ocurrieron después de
su entrada en vigencia. El oficio en el que se informó la supresión del cargo de la
señora Edith Tatiana Arciniegas Rondón fue proferido el 9 de enero de 2014.
8.- En esta providencia, la Sala:
8.1.- Tendrá por demostrada la calidad de agentes estatales de los demandados
porque la entidad aportó las certificaciones laborales según las cuales Ludwing
Arley Anaya Méndez era el director general y Jorge Alfredo Carrera Polanía el
coordinador de Gestión del Talento Humano de la CDMB8.
8.2.- Tendrá por probada la condena contra la entidad porque tanto la sentencia
del 12 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral
de Bucaramanga, como la sentencia del 26 de febrero de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, fueron aportadas a este proceso junto con
sus respectivas constancias de notificación9.
8.3.- Tendrá por acreditado el pago de la condena porque en el plenario obran la
resolución que lo dispuso y los comprobantes de egreso 10. El argumento del
4 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley.
5 La sentencia fue notificada por estado del 27 de febrero
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