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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha

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Fecha
2022-08-16
Radicado
11001032600020190009600
Número interno
64164
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Demandado
JORGE ALFREDO CARRERA POLANIA, LUDWING ARLEY ANAYA MENDEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha

Regla de decisión

La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe presentar la demanda de repetición en un término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena, o a más tardar desde el vencimiento del plazo que la entidad tenía para pagar, lo que ocurra primero. Esta regla se fundamenta en el artículo 164, numeral 2, literal l) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se reitera que el cómputo del término de caducidad se realiza desde la fecha del pago efectivo, no desde el vencimiento del plazo para pagar. La Sala también establece que la normatividad aplicable al medio de control de repetición es la disposición sustancial de la Ley 678 de 2001, siempre que los hechos imputados ocurran después de su entrada en vigor. Además, para que se configure la presunción de culpa grave, es necesario que el error sea inexcusable y que esto se establezca de manera expresa o se deduzca claramente de la decisión judicial. En cuanto a la condena en costas, esta es procedente cuando la entidad demandante es la parte vencida en el proceso, pero solo se causan costas a favor del demandado que actuó en el proceso, no del que no contestó la demanda.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 164

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA , la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar. En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior , por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago. Como el último pago fue realizado el 29 de mayo de 2018, la demanda presentada el 7 de septiembre de 20187 se radicó oportunamente.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia
Titulación de la relatoría 8.551 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA , la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar. En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior , por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago. Como el último pago fue realizado el 29 de mayo de 2018, la demanda presentada el 7 de septiembre de 20187 se radicó oportunamente. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina la normatividad aplicable al medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001 porque los hechos imputados a los demandados ocurrieron después de su entrada en vigencia. El oficio en el que se informó la supresión del cargo de la señora Edith Tatiana Arciniegas Rondón fue proferido el 9 de enero de 2014. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE Problema jurídico: ¿Está configurada la presunción de culpa grave en el proceso de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Negará las pretensiones de la demanda porque con las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho no están demostrados los supuestos de hecho de las presunciones invocadas, y la entidad demandante no acreditó que los demandados hubiesen obrado con culpa grave. (...) La entidad demandante invocó la presunción de culpa grave establecida en el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001 contra el demandado Ludwing Arley Anaya Méndez, y las presunciones contenidas en los numerales 1 y 2 de esa norma contra el demandado Jorge Alfredo Carrera Polanía. (...) - Con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho está establecido que el director general omitió ejercer su competencia de retirar a los funcionarios de la entidad y que el coordinador de Talento Humano obró sin competencia al proferir el oficio del 9 de enero de 2014. Sin embargo, la sentencia no determina expresamente el carácter inexcusable de esta decisión, y este no puede inferirse de sus consideraciones para concluir que la simple presentación de dicho fallo estructuraba la presunción. (...) La comprobación de que uno de los demandados omitió el ejercicio de una competencia y que el otro obró sin tenerla es insuficiente para estructurar las presunciones en su contra, porque ese hecho no implica que el error sea "inexcusable". Al contrario, la Sala advierte que algunas circunstancias incidieron en que los demandados entendieran que, luego de que el Consejo Directivo suprimió dos cargos de técnico administrativo 3124-12, bastaba que el coordinador de Gestión del Talento Humano informara sobre la supresión a las personas que dejarían de ocuparlos (...) Al no estar acreditado el supuesto de hecho de las presunciones invocadas, a la entidad demandante le correspondía probar que los demandados obraron con culpa grave. A partir de las pruebas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho está demostrado que: (i) el demandado Anaya Méndez había delegado algunas funciones relacionadas con la administración del talento humano al secretario general de la entidad, de las que excluyó expresamente la remoción del personal18; y (ii) en el Acuerdo No. 1263 de 2013 se indicó que el director general ubicaría al personal en la nueva planta. Estas circunstancias, aunque reiteran que la competencia de incorporar al personal en la nueva planta y de remover a los funcionarios correspondía al director general, no permiten calificar la conducta de los demandados como gravemente culposa porque no prueban que, a sabiendas de que producirían el daño, su obrar fue de tal modo negligente que permita deducir la intención de producirlo. El desconocimiento de las normas aplicables podría sugerir una culpa de los demandados, pero no permite estructurar por sí solo un juicio de culpabilidad en los términos del artículo 90 de la C.P. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 760 DE 2005 - ARTÍCULO 29, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1 CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / ACTO ADMINISTRATIVO POR ERROR INEXCUSABLE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de la presunción de la culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho y por carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable? Respuesta al problema jurídico: Si Las presunciones de culpa grave por "violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho" y por "carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable" requieren para su configuración que el carácter "inexcusable" se establezca de manera expresa o se deduzca claramente de la decisión judicial que se presenta para estructurar la presunción. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que "salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil". La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo 365 del CGP porque la entidad demandante fue la parte vencida en el proceso. Sin embargo, las costas solo están causadas a favor del demandado Ludwing Arley Anaya Méndez debido a que fue el único de los dos accionados que actuó en el proceso; el demandado Jorge Alfredo Carrera Polanía no contestó la demanda ni realizó otras actuaciones. De conformidad con el numeral 1 del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas deberá realizarse por Secretaría. Para la fijación de las agencias en derecho se tienen en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2º del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, "la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites". En cuanto a su valor, el numeral 1 del artículo 5º dispone que, en procesos declarativos de única instancia, las agencias en derecho pueden ser fijadas "entre el 5 y el 15% de lo pedido". Como el demandado Anaya Méndez no contestó la demanda y su única actuación en el proceso fue presentar alegatos de conclusión, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en el cinco por ciento (5%) de la mitad de las pretensiones, teniendo en cuenta que si estas hubieran prosperado, cada demandado no habría debido asumir su valor total sino una cuota parte. El valor actualizado de la mitad de las pretensiones asciende a ochenta y nueve millones setecientos cuarenta y nueve mil diez pesos con cuatro centavos ($89.749.010,04)20 . En consecuencia, se fijan las agencias en derecho en cuatro millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos con cincuenta centavos ($4.487.450,50). FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 27.025 caracteres
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00096-00 (64164) Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022) Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011 Radicación: 11001-03-26-000-2019-00096-00 (64164) Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB Demandados: Ludwing Arley Anaya Méndez y Jorge Alfredo Carrera Polanía Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque con la sentencia condenatoria no están demostrados los supuestos de hecho de las presunciones invocadas, y la entidad demandante no probó la culpa grave de los demandados. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) contra Ludwing Arley Anaya Méndez y Jorge Alfredo Carrera Polanía. La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1, debido a que uno de los demandados fungió como representante legal de una entidad del orden nacional para la época de los hechos. El 12 de abril de 2021 el magistrado ponente dispuso adecuar el trámite para proferir sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A del CPACA, y por medio de auto del 8 de noviembre de 2021 se corrió traslado para alegar de conclusión . La entidad demandante y el demandado Ludwing Arley Anaya Méndez presentaron alegatos. El demandado Jorge Alfredo Carrera Polanía guardó silencio. El Ministerio Público rindió concepto. 1 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo 86 de esa ley. Radicado: 11001-03-26-000-2019-00096-00 (64164) Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 2 I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 7 de septiembre de 2018 por la CDMB. Se dirigió contra Ludwing Arley Anaya Méndez y Jorge Alfredo Carrera Polanía para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad entre el 4 y el 29 de mayo de 2018 como consecuencia de la condena impuesta en la sentencia del 12 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander el 26 de febrero de 2018. 2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas por la parte actora, se extrae que: 2.1.- Mediante los Acuerdos No. 1262 y 1263 del 20 de diciembre de 2013 el Consejo Directivo de la CDMB modificó la estructura orgánica de la entidad y adoptó una nueva planta de personal . En la nueva planta se suprimieron dos cargos de técnico administrativo, código 3124, grado 12. 2.2.- Para ese mome nto, el demandado Ludwing Arley Anaya Méndez era el director general de la CDMB y el demandado Jorge Alfredo Carrera Polanía era el coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano. 2.3.- En oficio del 9 de enero de 2014 el demandado Carrera Polanía informó a la señora Edith Tatiana Arciniegas Rondón que su cargo de técnico administrativo 3124-12 había sido suprimido. 2.4.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Arciniegas Rondón demandó los acuerdos del Consejo Directivo y el oficio que le comunicó la supresión del cargo. 2.5.- El 12 de octubre de 2016 el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga declaró la nulidad del oficio porque fue profe rido sin que se hubieran publicado los acuerdos que lo fundamentaban. 2.6.- El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia condenatoria el 26 de febrero de 2018 , aunque desestimó el argumento de la publicación tardía de los acuerdos. El tribunal señaló que el oficio del 9 de enero de 2014 fue proferido sin competencia porque l a función de remover al personal le correspondía al director general y no al coordinador de l Grupo de Gestión del Talento Humano : el oficio no era un simple acto de co municación, sino que Radicado: 11001-03-26-000-2019-00096-00 (64164) Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 3 materializó el retiro del servicio de la exfuncionaria. El tribunal ordenó el reintegro y el pago de los emolumentos dejados de percibir. 2.7.- Por medio de la Resolución No. 343 del 24 de abril de 2008 la entidad demandante dispuso el pago de la condena por un valor total de ciento cuarenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos ($148.454.877), que fue pagada entre el 4 y el 29 de mayo de 2018. 3.- La entidad demandante sostuvo que los demandados obraron con culpa grave porque: (i) el director general omitió cumplir su función de remover al personal de la Corporación y (ii) el coordinador de Gestión del Talento Humano obró sin competencia al proferir el oficio del 9 de enero de 2014. Según la CDMB, los dos demandados incurrieron en la presunción de culpa grave establecida en el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho>>; y alegó que respecto del demandado Carrera Polanía se configuró adicionalmente la presunción del numeral 2 de esa norma, esto es, la <<carencia o abuso de competencia para proferir [la] decisión anulada, determinada por error inexcusable>>. B.- Posición de la parte demandada 4.- Los demandados no contestaron la demanda, a pesar de que se notificaron personalmente del auto admisorio2. 5.- El demandado Ludwing Arley Anaya Méndez presentó alegatos de conclusión3, en los que pidió negar las pretensiones por las siguientes razones: (i) la selección de los funcionarios a los que se les suprimió el cargo se hizo en el mismo estudio técnico que fundamentó la reestructuración; (ii) los cargos fueron suprimidos por el A cuerdo No. 1263 de 2013, no por el oficio que lo comunicó; (iii) en el estudio técnico se indicó que el director general << o quien haga las veces de jefe de personal >> tendría en cuenta los puntajes de las historias laborales para determinar los funcionarios que serían incorporados a la nueva planta; y (iv) no se probó el pago de la condena porque no se allegó el certificado del tesorero exigido por los artículos 142 y 161 del CPACA. II. CONSIDERACIONES C.- Asuntos procesales, régimen legal y decisiones a adoptar 2 Notificaciones obrantes a fl. 1315-1316 c. 3 y constancia secretarial sobre la no contestación de la demanda obrante a fl. 1319 c. 3. 3 El demandado obró a nombre propio. Allegó la tarjeta profesional No. 145.523 del C. S. de la J., que aparece vigente en el Registro Nacional de Abogados. Radicado: 11001-03-26-000-2019-00096-00 (64164) Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 4 6.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se explica a continuación: 6.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA4, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar. 6.2.- En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior 5, por lo que para determinar el término de caducidad deb e tenerse en cuenta la fecha del pago. Como el último pago fue realizado el 29 de mayo de 2018 6, la demanda presentada el 7 de septiembre de 20187 se radicó oportunamente. 7.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001 porque los hechos imputados a los demandados ocurrieron después de su entrada en vigencia. El oficio en el que se informó la supresión del cargo de la señora Edith Tatiana Arciniegas Rondón fue proferido el 9 de enero de 2014. 8.- En esta providencia, la Sala: 8.1.- Tendrá por demostrada la calidad de agentes estatales de los demandados porque la entidad aportó las certificaciones laborales según las cuales Ludwing Arley Anaya Méndez era el director general y Jorge Alfredo Carrera Polanía el coordinador de Gestión del Talento Humano de la CDMB8. 8.2.- Tendrá por probada la condena contra la entidad porque tanto la sentencia del 12 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, como la sentencia del 26 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, fueron aportadas a este proceso junto con sus respectivas constancias de notificación9. 8.3.- Tendrá por acreditado el pago de la condena porque en el plenario obran la resolución que lo dispuso y los comprobantes de egreso 10. El argumento del 4 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esa ley. 5 La sentencia fue notificada por estado del 27 de febrero

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201900096001100103