Radicado: 25000-23-36-000-2016-00167-01 (61670)
Demandante: Beneficencia de Cundinamarca
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-36-000-2016-00167-01 (61670)
Demandante: Beneficencia de Cundinamarca
Demandada: Francy del Pilar Guarín Espinosa
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se modifica la decisión de negar las pretensiones
y se declara la falta de legitimación por pasiva porque no se acreditó
la calidad de agente estatal de la demandada.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 21 de marzo de 2018 por el Trib unal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , en la que se
negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los
artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 5 de julio de 2018 y se
corrió traslado para alegar el 23 de agosto de 2018 . La entidad demandante
alegó de conclusión en segunda instanci a y la demandada guardó silencio. El
Ministerio Público rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 25 de enero de 2016
por la Beneficencia de Cundinamarca. Se dirigió contra Francy del Pilar Guarín
1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los
artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia de esta ley.
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Espinosa para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el 29 de agosto y
el 20 de octubre de 201 4 como consecuencia de la condena impuesta en la
sentencia del 30 de junio de 2009 , proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo de Descongestión de Bogotá, y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 24 de septiembre de 2013.
2.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
2.1.- La demandada Francy del Pilar Guarín Espinosa era la gerente general de
la Beneficencia de Cundinamarca. Mediante la Resolución No. 197 del 7 de julio
de 2004 declaró la insubsistencia del nombramiento provisional de la señora
Graciela Forigua Neira como jefe del Departamento de Recursos Humanos.
2.2.- La señora Forigua Neira demandó el acto de insubsistencia en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.3.- El 30 de junio de 2009 el Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión
de Bogotá declaró la nulidad de la Resolución No. 197 de 2004 porque la señora
Forigua Neira era una persona en situación de discapacidad, por lo que el acto
de insubsistencia debía ser motivado y requería autorización previa de la oficina
del trabajo. El juzgado ordenó el reintegro de la exfuncionaria y el pago de los
emolumentos dejados de percibir.
2.4.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia
condenatoria el 24 de septiembre de 2013.
2.5.- Por medio de las Resoluciones No. 367 del 31 de julio de 2014 y 454 del 8
de septiembre de 2014 la entidad demandante dispuso el pago de la condena.
2.6.- La condena, por un valor total de ochocientos cuarenta y cinco millones
cuatrocientos doce mil cuarenta y un pesos ($845.412.041), fue pagada el 29 de
agosto de 2014 y el 20 de octubre de 2014.
3.- La entidad demandante invocó la presunción de culpa grave contenida en el
numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<violación manifiesta
e inexcusable de las normas de derecho >>. De acuerdo con la entidad, al no
motivar el acto de insubsistencia ni solicitar autorización de la oficina del trabajo,
la demandada desconoció el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, los tratados
internacionales ratificados por Colombia y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la protección de las personas en situación de discapacidad.
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B.- Posición de la parte demandada
4.- La demandada fue representada por curador ad litem 2, quien manifestó
atenerse a lo que resultara probado.
C.- Sentencia recurrida
5.- En la sentencia del 21 de marzo de 2018 3 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las
siguientes consideraciones:
5.1.- La entidad demandante no aportó la hoja de vida de la demandada , sus
actos de nombramiento y posesión , ni la Resolución No. 197 de 2004 mediante
la cual habría declarado la insubsistencia del nombramiento de Graciela
Forigua Neira. Sin embargo, su calidad de agente estatal se probó porque la
sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho señaló que ella suscribió el acto de insubsistenc ia.
5.2.- La condena y su respectivo pago se demostraron con los documentos
aportados al expediente por la entidad demandante.
5.3.- No se probó la culpa grave de la demandada. Aunque la entidad
demandante invocó la presunción de culpa grave por violació n manifiesta e
inexcusable de las normas de derecho , también debía demostrar la
negligencia de la demandada. Para ello, la demandante debía probar que la
funcionaria desvinculada estaba en situación de discapacidad y que era
necesario motivar el acto de insubsistencia por referirse a una persona con
estabilidad laboral reforzada . Sin embargo, solo aportó las sentencias de
nulidad y restablecimiento del derecho que no demuestran estos hechos .
D.- Recurso de apelación
6.- La entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera
instancia y en su lugar se condene a la demandada. Su inconformidad se centra
en los siguientes puntos:
2 La entidad actora solicitó la notificación de la demandada por emplazamiento luego de que la citación para
notificación personal fuera devuelta por dirección errada, y manifestó desconocer otra dirección. En
consecuencia, se ordenó notificarl a mediante edicto emplazatorio (fl. 36-47 c. 1). El curador ad litem fue
notificado personalmente del auto admisorio de la demanda el 20 de junio de 2017 y contestó la demanda
el 27 de julio de 2017 (fl. 58-60 c. 1).
3 La sentencia fue proferida oralmente en la audiencia inicial debido a que no había pruebas por practicar,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 179 del CPACA (CD con grabación de la audiencia inicial, record
2:00:08-2:20:18, fl. 90 c. 3).
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6.1.- La Resolución No. 197 de 2004 no era determinante para acreditar la
calidad d e agente estatal de la demandada. En todo caso, la entidad sí allegó
oportunamente este acto, pero en la audiencia inicial el magistrado sustanciador
señaló que no obraba en el expediente y se negó a decretarla de oficio.
6.2.- En la demanda se invocó la presunción de culpa grave por violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho porque se violó la
estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de discapacidad. De
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al no motivar se el
acto de insubsistencia se presum e que el motivo del retiro fue la discapacidad
de la funcionaria.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales
7.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
7.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA4, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
contaba la entidad para pagar.
7.2.- En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior 5,
por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la
fecha del pago. Como el último pago de la condena fue realizado el 20 de octubre
de 2014 6, el término de caducidad vencía el 21 de octubre de 2016 . En
consecuencia, la demanda presentada el 25 de enero de 2016 7 se radicó
oportunamente.
F.- Régimen legal y decisión
8.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678
de 2001 porque los hechos imputados a la demandada ocurrieron después de su
4 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley.
5 La sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 14 de abril de 2014 (fl. 102 c. 2). La entidad pagó pasados
seis (6) meses desde la ejecutoria, es decir, antes de que venciera la oportunidad que tenía para ello.
6 Fl. 160 c. 2.
7 Fl. 4 c. 1.
Radicado: 25000-23-36-000-2016-00167-01 (61670)
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entrada en vigencia. El nombramiento de la señora Graciela Forigua Neira se
declaró insubsistente el 7 de julio de 2004.
9.- La Sala modificará la decisión de ne
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