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clave: "consejo_estado:providencia:19001233300020130016701-68336-sentencia"
titulo: "Medio de control de repetición: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-11-04"
radicado: "19001233300020130016701"
numero: "68336"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Medio de control de repetición: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-11-04
- **Radicado:** 19001233300020130016701
- **Número interno:** 68336
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **Demandado:** GUILLERMO LEÓN SARRIA GALLEGO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:19001233300020130016701-68336-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/19001233300020130016701/6BC3FD40694C479E9E24EA765A5B2DD54FA6AB6294065A1CF8DCB92B32A81592/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=190012333000201300167011100103

## Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de procesos en el marco del medio de control de repetición?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición dependiendo la normatividad procesal aplicable?
- ¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada en el medio de control de repetición?
- ¿Cómo se determina la normatividad aplicable al medio de control de repetición para el estudio de la conducta del agente demandado?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 149, 152 y 155
- Ley 1564 de 2012, art. 615
- Ley 678 de 2001, art. 7

## Extracto

La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición, (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. De tal manera que, en este caso, el análisis de la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo.

## Síntesis temática

La Ley 1437 de 2011 establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. En el caso de un proceso de repetición con vocación de doble instancia, la competencia del Consejo de Estado se determina por la cuantía del proceso, siendo competente para conocer el recurso de apelación si la cuantía excede de 500 SMLMV. En el caso bajo estudio, la pretensión del medio de control de repetición superó esta cuantía, lo que implica que la Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTO PROCESAL, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA FUNCIONAL, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TRÁNSITO LEGISLATIVO, APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO, PRUEBA TRASLADADA, VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, DOLO, CONCEPTO DE DOLO, PRUEBA DEL DOLO, CULPA GRAVE, CONCEPTO DE CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, BUENA FE, CONCEPTO DE BUENA FE, RESPONSABILIDAD SUBJETIVA, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO, ACTIVIDAD PELIGROSA, DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA, EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA, EMBRIAGUEZ, CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ, ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL, RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO, CONDENA, TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, PAGO DE LA CONDENA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

## Guías prácticas relacionadas

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## Decisiones relacionadas

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- [Consejo de Estado — La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020190009600-64164-sentencia.md)
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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de procesos en el marco del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición, (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. De tal manera que, en este caso, el análisis de la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo. El artículo 150 ibidem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, “de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”. Por su parte, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de 500 SMLMV y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”. En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión del medio de control de repetición superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa1 , razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia, dentro de un proceso de repetición con vocación de doble instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición dependiendo la normatividad procesal aplicable?
Respuesta al problema jurídico: Si
De entrada, la Sala observa que la condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de reparación directa tramitado en vigencia del Decreto 01 de 1984, de ahí que la Policía Nacional debía cumplirla en los términos del artículo 177 de ese cuerpo normativo (fl. 92 del c.3). En ese sentido, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo de segunda instancia, lo cual ocurrió el 24 de mayo de 2010, tal como consta a folio 93 del cuaderno 3, de manera que el plazo para pagar la condena impuesta corrió entre el 25 de mayo de 2010 y el 25 de noviembre de 2011. Ahora bien, cabe decir que la demanda se presentó en vigencia del Ley 1437 de 2011, por tal razón, en principio, las normas procesales que deben aplicarse al caso concreto son las previstas en ese cuerpo normativo, tal como lo dispuso el legislador en el régimen de transición que adoptó en el inciso primero del artículo 308 ibidem2 , así como las disposiciones de la Ley 1564 de 20123 , en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de dichos estatutos4 ; empero, en lo que concierne a la oportunidad debe tenerse en cuenta que los términos que hubieren empezado a correr en vigencia de una ley anterior continuarán corriendo de conformidad con ella, en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 18875 . De este modo, si bien la demanda se presentó el 20 de marzo de 2013, esto es, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que el término de caducidad empezó a correr con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo (2 de julio de 2012), por tanto, la oportunidad para tal efecto es la establecida en el Decreto 01 de 1984. El numeral 9 del artículo 136 ibidem disponía que la pretensión de repetición caducaba “al vencimiento de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, norma que la Corte Constitucional, a través de sentencia C-832 de 2001, declaró exequible condicionalmente, bajo el entendido de que “(…) [e]l término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo6 ”. A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 dispuso que la repetición caducaba “al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha de pago total efectuado por la entidad pública (…)”, como esta norma reiteró el contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-394 de 20027 , precisó que lo señalado en la providencia C-832 de 2001, le resultaba aplicable a la anterior disposición normativa, por cuanto se trataba del mismo contenido material. Así pues, lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. En el caso analizado, la entidad demandante pagó la condena dentro del término dispuesto en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, pues tenía hasta el 25 de noviembre de 2011 y efectuó el mismo el 29 de marzo de 2011 (fls. 312 – 315 del c.2). En este estado de cosas, el término de caducidad de la pretensión de repetición corrió desde el 30 de marzo de 2011 y venció el 30 de marzo de 2013, por lo que, al haberse presentado la demanda el 20 de marzo de 2013, se encuentra que fue oportuna.
PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 174 de la Ley 1564 de 2012, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas”. En el presente asunto, la parte accionante solicitó que se allegara a este proceso el expediente de reparación directa seguido en su contra, el cual contiene, a su vez, copia del proceso disciplinario y penal adelantado contra el demandado, así como el tramitado por la justicia ordinaria contra el conductor del camión con el que colisionó el vehículo oficial, prueba que el Tribunal de instancia decretó y, posteriormente, corrió traslado de esta (fl. 281 y 370 del c.1). Así las cosas, la Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales que obran en dichas actuaciones, dado que su traslado fue solicitado por la parte actora, la partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / BUENA FE / CONCEPTO DE BUENA FE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la normatividad aplicable al medio de control de repetición para el estudio de la conducta del agente demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Subsección evidencia que los supuestos fácticos debatidos en este proceso ocurrieron el 2 de marzo de 1997, esto es, antes de la expedición de la Ley 678 de 2001, razón por la cual la Sala ha sostenido que esa norma no es aplicable para calificar la conducta de los demandados13, sino el artículo 63 del Código Civil (...) Esta Corporación ha señalado que los conceptos de culpa grave y dolo previstos en el Código Civil deben armonizarse con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros postulados constitucionales como el de la buena fe (artículo 83), al cual deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. (...) Así las cosas, en aquellos eventos regidos por la normativa anterior a la Ley 678 de 2001, la calificación de si una conducta es “dolosa o gravemente culposa” le impone a la parte actora demostrar, con suficiencia, tal circunstancia y, solo en ese caso, habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al demandado.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es clara, entonces, la determinación de que, en materia de responsabilidad subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega un papel decisivo. De ahí que, como lo ha dicho esta Sección, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Sentencia del 9 de septiembre de 2016, expediente 49764, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO / ACTIVIDAD PELIGROSA / DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / EMBRIAGUEZ / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ / ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Está probada la culpa grave del agente que ocasionó el accidente de tránsito por el cual fue condenado el Estado por conducir en estado de embriaguez, con exceso de velocidad y con poco descanso previo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en la demanda se imputó un actuar gravemente culposo al demandado, aspecto frente al cual se defendió a lo largo del proceso y debatió en la alzada, por ende, lo que corresponde es verificar sí se demostró con suficiencia esa conducta. (...) Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en la demanda se imputó un actuar gravemente culposo al demandado, aspecto frente al cual se defendió a lo largo del proceso y debatió en la alzada, por ende, lo que corresponde es verificar sí se demostró con suficiencia esa conducta. La Subsección parte por señalar que la actividad de conducir vehículos automotores ha sido considerada tanto por la jurisprudencia constitucional como por la especializada en la materia, una actividad peligrosa que “aunque lícita coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesión” 16, por tal motivo, su ejercicio requiere, entre otros, la observancia del deber objetivo de cuidado. Como antes se vio, el examen médico de embriaguez que le fue practicado al señor Sarria Gallego después de la ocurrencia del siniestro demuestra que presentaba grado I de embriaguez, aliento alcohólico leve, laterodesviación a la derecha y aumento de polígono de sustentación, lo cual permite colegir que aquel manejaba el vehículo oficial en estado de embriaguez. (...) Ciertamente, en el inf

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

manejaba con exceso de velocidad, aspectos que sin duda le restaron capacidad para maniobrar los obstáculos en el camino, como el camión estacionado en la carretera con el que colisionó. Nótese que las anteriores circunstancias, esto es, el estado de embriaguez, el exceso de velocidad con el que viajaba y el cansancio del conductor fueron determinantes para la condena privativa de la libertad como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas19, pues se probó que el accidente ocurrió porque “las condiciones físicas y psicológicas estaban disminuidas, (…) por el cansancio físico (…) por la ingesta de bebida alcohólica (…), lo que le impidió frenar a tiempo o realizar la respectiva maniobra de esquivar el camión para evitar el impacto entre los rodantes, porque existía la suficiente distancia y espacio para detener la marcha o pasar sin inconvenientes, a lo que se añade la velocidad”. De este modo, las condiciones mencionadas, acreditados en el presente asunto, resultaron ser los factores determinantes para la ocurrencia del suceso, pues los mismos hicieron que perdiera las capacidades de reacción y maniobra al momento de encontrarse con el camión estacionado sobre la vía y, como consecuencia, constituyen una flagrante violación a las normas de seguridad vial y a sus obligaciones como servidor público; empero, se reitera, en criterio de la Sala, no le es imputable manejar en estado de agotamiento. Finalmente, en lo referente al fundamento de responsabilidad que se aplicó para definir la controversia de reparación directa, hay que decir que no genera algún tipo de duda, dado que, según la transcripción que se realizó del fallo respectivo, es evidente que se condenó a la Policía Nacional por riesgo excepcional; sin embargo, contrario a lo dicho por el recurrente, ello no tiene relevancia en el sub lite, puesto que, al igual que en los demás títulos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, la conducta de los agentes estatales no es objeto de análisis y, en todo caso, la sentencia no acredita, per se, el requisito subjetivo para la prosperidad del medio de control de repetición. Precisamente, por tal razón, en este juicio de repetición, la Sala no hizo alusión a las consideraciones a las que arribó la Sección Tercera de esta Corporación para edificar la responsabilidad por el accidente de tránsito mencionado, sino que, como se vio, realizó una valoración conjunta de los elementos de juicio obrantes al plenario, a fin de constatar la culpa grave del exagente. Por lo descrito, en criterio de la Sala, la actuación del demandado puede calificarse como gravemente culposa, en la medida en que, a la luz de lo previsto en el artículo 63 del Código Civil y conforme a las pruebas, echó de menos todo tipo de previsiones relacionadas con el buen manejo del automotor oficial el 2 de marzo de 1997, conducta con la cual generó la obligación para el Estado de responder patrimonialmente por ese hecho, por ende, confirmará la sentencia de primera instancia.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDENA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE LA CONDENA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la condena en el medio de control de repetición cuando se constata que la conducta desplegada por el demandado es gravemente culposa?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala aclara que este aspecto fue objeto de apelación, por manera que, en este punto, reitera la tesis de la Subsección, según la cual cuando se constata que la conducta desplegada por el demandado es gravemente culposa, como aquí ocurre, se estima procedente que el reembolso se efectúe por el 60% de la condena20, pero, dado que uno de los factores determinantes del accidente de tránsito que dio origen a la condena por la que se repite no es atribuible al demandado, se reducirá en un 10% más. (...) como se explicó, el monto previamente establecido deberá ser reembolsado solo en un 50%, puesto que se probó que la conducta desplegada por el demandado fue gravemente culposa y no dolosa, lo cual corresponde a la suma de $585’160.422. Para tal efecto, se concederá el plazo de 6 meses contados desde la ejecutoria de esta providencia, para que el señor Guillermo León Sarria Gallego proceda al pago del rubro referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 678 de 2001 y, en atención al criterio pacífico adoptado por esta Subsección.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas y fijación de agencias en derecho en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2011 señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso y el artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”, pero vale aclarar que estás últimas serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma. En el caso concreto, se observa que la presente decisión modificará el fallo apelado, dado que redujo la condena reconocida por el a quo. Por consiguiente, en atención a lo previsto en numeral 2 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, se determina que hay lugar a condenar en costas, en esta instancia, a la parte vencida en el proceso y a quien se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación, esto es, a la parte demandada. Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, las mismas deberán ser liquidadas por el juez de primera instancia, teniendo en cuenta las agencias en derecho que se fijan en el equivalente al 1% de las pretensiones reconocidas ($5’851.604), monto que deberá ser pagado a favor de la Policía Nacional, al tenor de lo dispuesto del Acuerdo 1887 de 2003, toda vez que, si bien no presentó alegatos de conclusión, lo cierto es que sí debió atender el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial, que hace parte de su planta de personal .
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-11-04. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 19001233300020130016701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:19001233300020130016701-68336-sentencia).
