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clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020160006301-63304-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia el recurso extraordinario"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-03-10"
radicado: "11001032600020160006301"
numero: "63304"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia el recurso extraordinario

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-03-10
- **Radicado:** 11001032600020160006301
- **Número interno:** 63304
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
- **Actor:** COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A.
- **Demandado:** DIVISION MAYOR DEL FUTBOL COLOMBIANO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020160006301-63304-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020160006301/A88A283FC7661921237D3C659F466CDA31A52CAD10F78FAE91EF33FFFA90567A/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201600063011100103

## Problema jurídico

¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia el recurso extraordinario de anulación formulado por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A y otro en contra del laudo arbitral proferido el 8 de noviembre de 2018?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

INFUNDADO

## Puntos clave

- ¿Los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley?
- ¿El recurso extraordinario de anulación procede frente a errores in procedendo y por las causales taxativas que consagra la ley?
- ¿La interpretación prejudicial procede en sede de anulación cuando, atendiéndose a las causales de anulación invocadas para la decisión del recurso…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104 y 149 núm. 7
- Ley 1563 de 2012, art. 46 inc. 3

## Extracto

El artículo 149.7 del CPACA prevé que el Consejo de Estado, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas Especiales, conocerá en única instancia de los recursos de anulación interpuestos en contra de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, siempre y cuando se cumplan los presupuestos de las normas que rigen la materia. A su vez, el tercer inciso del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 dispone que le corresponde a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conocer, en única instancia, de los recursos de anulación de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas.

## Síntesis temática

La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, según el numeral 7 del artículo 149 del CPACA y el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, cuando intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. Esta competencia procede siempre que se cumplan los presupuestos de las normas que rigen la materia. Los árbitros, en el marco del principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, lo que determina el alcance del control que puede ejercer la jurisdicción sobre sus laudos. En el caso concreto, el laudo fue proferido en un proceso en el que intervino una entidad pública con ocasión de un contrato, y el recurso de anulación fue declarado infundado. Como consecuencia práctica, la parte que pretenda anular un laudo en un conflicto contractual con una entidad pública debe acudir a la Sección Tercera en única instancia, y no a otra autoridad judicial.

## Descriptores temáticos

RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, COMPETENCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA, CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EPM, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES, PROCESO ARBITRAL, CONCEPTO DE ARBITRAJE, CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE, ASPECTOS JURÍDICOS DEL ARBITRAJE, EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL, REQUISITOS PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, COMPETENCIA DEL ÁRBITRO, FACULTADES DEL ÁRBITRO, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR PARTICULARES, PARTICULAR QUE EJERCE FUNCIÓN JUDICIAL TRANSITORIA, MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO, PRINCIPIO DISPOSITIVO, INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, PROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, COMUNIDAD ANDINA, NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA, ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO, INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA, PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA, DERECHO COMUNITARIO, CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, FALLO DE ÚNICA INSTANCIA, SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD, ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD, EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD, FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD, PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD, REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD, APLICACIÓN DE LA NORMA, DERECHO COMUNITARIO ANDINO, RECURSO DE ANULACIÓN, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INAPLICACIÓN DE LA NORMA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, NORMATIVA DE MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, CONTRATO ESTATAL, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, REGULACIÓN NORMATIVA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, IMPROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, JURISDICCIÓN, FUNCIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FUNCIÓN JURISDICCIONAL, ÁRBITRO, DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, CALIDAD DE LAS PARTES DEL PROCESO, DOMICILIO, PACTO ARBITRAL, PRINCIPIO DE HABILITACIÓN, LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, FALTA DE COMPETENCIA, TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO, LAUDO ARBITRAL, FALLO EN EQUIDAD, FALLO EN DERECHO, CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN DERECHO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, FALLO EN CONCIENCIA, ARBITRAJE EN CONCIENCIA, IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA, INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA, DERECHO INTERNO, DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL, INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, FALLO ULTRA PETITA, FALLO CITRA PETITA, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, PRESUPUESTO PROCESAL, COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, GESTIÓN DEL PROCESO, INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, REMISIÓN DE LA COPIA DEL FALLO

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## Texto del documento

RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / EPM / EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Problema jurídico:
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia el recurso extraordinario de anulación formulado por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A y otro en contra del laudo arbitral proferido el 8 de noviembre de 2018?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 149.7 del CPACA prevé que el Consejo de Estado, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas Especiales, conocerá en única instancia de los recursos de anulación interpuestos en contra de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, siempre y cuando se cumplan los presupuestos de las normas que rigen la materia. A su vez, el tercer inciso del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 dispone que le corresponde a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conocer, en única instancia, de los recursos de anulación de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. En el presente asunto se está en presencia de un laudo arbitral proferido en el marco de un proceso en el que intervino (...) [una empresa de telecomunicaciones privada) y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., con ocasión del contrato que se produjo a partir de la “Oferta Comercial para la Licencia de los Derechos para la Transmisión y comercialización del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano” del 7 de octubre de 2006, la cual fue sometida por la DIMAYOR a consideración de las convocantes y aceptada tácitamente por las mismas. A su turno, en punto a la naturaleza jurídica de las partes del segundo juicio arbitral objeto de análisis y particularmente en lo que corresponde a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se advierte que está constituida como una sociedad anónima de carácter comercial y de economía mixta, con capital mayoritariamente público. De acuerdo con lo anterior, la Sala destaca que UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. es una entidad pública, en los términos del parágrafo del artículo 104 del CPACA, razón suficiente para concluir que la Sección Tercera de esta Corporación es competente en única instancia para conocer del recurso extraordinario de anulación formulado por la parte convocante en contra del laudo arbitral dictado el 8 de noviembre de 2018.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46 INCISO 3
PROCESO ARBITRAL / CONCEPTO DE ARBITRAJE / CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE / ASPECTOS JURÍDICOS DEL ARBITRAJE / EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL / REQUISITOS PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR PARTICULARES / PARTICULAR QUE EJERCE FUNCIÓN JUDICIAL TRANSITORIA / MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Problema jurídico:
¿Los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de 1991, los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en concordancia con el artículo 8° de la Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 3° de la Ley 2430 de 2024). (…) [del] artículo 1° de la Ley 1563 de 2012 (…) Se desprende de lo anterior que la jurisdicción o facultad de impartir justicia por parte de los árbitros emana de la Constitución Política de 1991 y la ley, las cuales establecen que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a los árbitros para resolver las controversias sometidas a su conocimiento. En otras palabras, como consecuencia del reconocimiento constitucional de la voluntad y decisión de las partes de sustraerse de la justicia estatal y someter la resolución de sus disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función jurisdiccional y, en ese sentido, administran justicia de manera transitoria exclusivamente para efectos de solucionar la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado las partes, quienes les confieren competencia para el conocimiento y decisión de determinados asuntos. Bajo el anterior contexto, la justicia arbitral se caracteriza por: (i) ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual las partes confieren a los particulares la función de administrar justicia; (ii) regirse por el principio de voluntariedad o libre habilitación, en tanto que la competencia de los árbitros para impartir justicia surge en virtud de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes, en el sentido de sustraer la resolución de su controversia del sistema ordinario de administración de justicia; (iii) ser de carácter temporal, porque su existencia es transitoria, limitada en el tiempo y sujeta a la resolución del conflicto específico sometido a consideración de los árbitros y (iv) ser excepcional, dado que se encuentra sujeta a claras limitaciones materiales, de suerte que solo se pueden someter a arbitraje asuntos de libre disposición y aquellos que la ley autorice.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la función jurisdiccional de los árbitros y la naturaleza del pacto arbitral, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 7 de marzo de 2012, exp. 18.013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre el principio de voluntariedad o libre habilitación para acudir a la justicia arbitral, consultar la sentencia de la Corte Constitucional, C-330 del 9 de mayo de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 2430 DE 2024 - ARTÍCULO 3, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 8
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / PRINCIPIO DISPOSITIVO
Problema jurídico:
¿El recurso extraordinario de anulación procede frente a errores in procedendo y por las causales taxativas que consagra la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sección Tercera del Consejo de Estado, al referirse a la naturaleza y a las notas distintivas del recurso extraordinario de anulación, ha establecido de forma pacífica y uniforme lo siguiente: (i) El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario y, por lo tanto, no puede ser utilizado como una segunda instancia a través de la cual se pretenda reabrir el debate sobre el fondo del litigio. (ii) La finalidad del recurso extraordinario de anulación consiste en la protección del derecho fundamental al debido proceso en cabeza de las partes, razón por la cual debe orientarse a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo y no por errores in iudicando. En ese orden de ideas, el juez de la anulación se encarga de analizar vicios de carácter procesal, no sustancial. Dicho en otros términos, la decisión del recurso extraordinario de anulación no entraña el estudio de los razonamientos efectuados por los árbitros en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o de derecho en materia de valoración probatoria, tal y como está previsto en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012(…) (iii) Las facultades del juez del recurso extraordinario de anulación están limitadas por el llamado “principio dispositivo”, según el cual el recurrente, al formular y sustentar su recurso, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra, delimita el objeto que persigue con su interposición. Como consecuencia de lo anterior, al juez de la anulación no le está permitido suponer lo manifestado por el recurrente para tratar de establecer la causal que invoca y, mucho menos, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar de plano la impugnación cuando las causales que se aduzcan no correspondan a las señaladas en la ley. (…) (iv) De la carga de sustentación del recurso extraordinario de anulación se desprende que el recurrente debe indicar las razones con apoyo en las cuales acusa al laudo arbitral de incurrir en la causal o las causales que invoca, las cuales deben configurar el supuesto que se aduce, de tal modo que el cargo alegado será el que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre a la naturaleza y el carácter restrictivo del recurso extraordinario de anulación, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 18 de enero de 2019, exp. 62.476, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; el 23 de abril de 2018, exp. 59.731, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; el 19 de julio de 2017, exp. 59.067; C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; el 31 de agosto de 2015, exp. 53.585, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz; el 28 de junio de 2019, exp. 63494, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y, el 31 de octubre de 2016, exp. 57.422, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la competencia del juez de la anulación para analizar vicios de carácter procesal y no sustancial, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 9 de abril de 2018, exp. 59.270, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Sobre la carga de argumentación en el recurso, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 18 de diciembre de 2020, exp. 62573, C.P. Nicolás Yepes Corrales; y, el 31 de octubre de 2016, exp. 57.422, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / PROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / COMUNIDAD ANDINA / NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO / INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA / DERECHO COMUNITARIO / CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / FALLO DE ÚNICA INSTANCIA / SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / APLICACIÓN DE LA NORMA / DERECHO COMUNITARIO ANDINO
Problema jurídico:
¿La interpretación prejudicial procede en sede de anulación cuando, atendiéndose a las causales de anulación invocadas para la decisión del recurso, debe aplicarse alguna de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tratado de Creación del TJCA consagra la intervención del Tribunal Andino en la solución de una controversia nacional que deba ser analizada y decidida a la luz de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, mediante la figura de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias “con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. Se trata, pues, de un mecanismo de colaboración entre el juez nacional y el comunitario que procura garantizar soluciones uniformes en las controversias en las que deban aplicarse disposiciones de derecho comunitario. (…) En cuanto a la naturaleza de la interpretación prejudicial, en reiteradas oportunidades el TJCA ha precisado que su naturaleza es la de ser un incidente procesal de carácter no contencioso, señalando, además, que no se trata de una prueba, ni puede asimilarse a un informe de expertos o a una opinión jurídica de índole doctrinal (…) De conformidad con lo dispuesto (…) [en los artículos 33 del Tratado de creación del TJCA, 122 y 123 del Estatuto del TJCA], el juez de un país miembro de la Comunidad Andina que conozca de un proceso

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

omo las excepciones propuestas, sin entrar a evaluar los motivos de la decisión. De este modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra o citra petita. (…) en lo que atañe al cuarto cargo de anulación alegado por el extremo convocante, advierte la Sala que el mismo tampoco está llamado a prosperar, dado que el Panel Arbitral, como quedo visto en esta providencia, estaba facultado para declarar la caducidad de la “acción” (hoy medio de control), inclusive al momento de dictar el laudo. En el presente caso, tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023 (...), no era menester que el Tribunal de Arbitramento entrara a examinar el fondo de la controversia y mucho menos que incorporara en su decisión la sentencia 371-IP2017 del 8 de febrero de 2018, pues encontró configurada caducidad de la “acción” como presupuesto procesal al interior de la controversia arbitral y así lo declaró. En este orden, la Sala concluye que el laudo impugnado no recayó sobre “aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros”, así como tampoco dejó de decidir “sobre cuestiones sujetas al arbitramento”, de suerte que este cargo deba ser desestimado. En conclusión, como no prosperaron las causales invocadas por la parte convocante, es consecuencia obligada declarar infundado el recurso de anulación y condenar en costas a las recurrentes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acepción externa del principio de congruencia respecto de la causal prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 18 de diciembre de 2020, exp. 62.573, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 18 de diciembre de 2020, exp. 64.129, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 18 de diciembre de 2020, exp. 64270, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 19 de noviembre de 2020, exp. 65.854, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 5 de marzo de 2021, exp. 65.440, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 31 de octubre de 2016, exp. 59.949, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; y, el 27 de noviembre de 2017, exp. 59.913, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre las providencias ultra petita e infra petita, consultar, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 5 de marzo de 2020, exp. 64.627A, C.P. María Adriana Marín. Sobre el principio de congruencia de las sentencias como uno de los orientadores de las decisiones judiciales, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 1 de marzo de 2006, exp.15.898, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Sobre la relatividad del examen del principio de congruencia, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2002, exp. 20.634, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COSTAS PROCESALES / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / EPM / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / GESTIÓN DEL PROCESO / INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente imponer agencias en derecho a la parte recurrente, por haberse declarado infundado el recurso extraordinario de anulación que formuló?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comoquiera que se declarará infundado el recurso de anulación interpuesto por (…) UNE EPM [y otro], ha de señalarse que tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 (…) Para ello, dado que no aparecen acreditadas expensas o gastos que se hubieren efectuado con ocasión del recurso extraordinario de anulación interpuesto, solo habrá lugar al pago de las agencias en derecho, las cuales se entienden causadas en razón de la naturaleza y calidad del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte favorecida, que para el caso concreto se fijan en quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia a favor de la (…) [convocada], suma que (…) [las convocantes] deberán pagar por partes iguales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, vigente para el momento en que se efectuó la convocatoria para el segundo tramite arbitral, el cual determina que tratándose del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales la tarifa de agencias en derecho será de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. A su vez, ha de señalarse que el segundo inciso del artículo 42 ibidem consagra que en la sentencia deben liquidarse “las condenas y costas a que hubiere lugar”. Por consiguiente, como el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2025 es de $1’423.500, las agencias en derecho en este caso se liquidarán en la suma de veintiún millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($21’352.500) a favor de la (…) [convocada].
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / REMISIÓN DE LA COPIA DEL FALLO / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / REGULACIÓN NORMATIVA / ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO / DERECHO COMUNITARIO ANDINO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente enviar la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado que en este juicio de anulación se solicitó la interpretación prejudicial obligatoria ante dicho estamento judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como en este juicio de anulación se solicitó la interpretación prejudicial obligatoria ante el TJCA, la cual fue plasmada en la sentencia 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023, esta Corporación, en cumplimiento del deber previsto en el último inciso del artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina, enviará esta providencia judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para lo de su competencia.
FUENTE FORMAL:
DECISIÓN 500 DE 2001 - ARTÍCULO 128

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-03-10. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 11001032600020160006301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020160006301-63304-sentencia).
