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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es obligación del Estado repetir contra sus agentes ante las condenas sufridas por la conducta dolosa o gravemente culposa

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Fecha
2023-10-06
Radicado
11001032600020150009100
Número interno
54366
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Demandado
PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es obligación del Estado repetir contra sus agentes ante las condenas sufridas por la conducta dolosa o gravemente culposa

Lo que dijo la Sala

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En la acción de repetición, la condena contra el Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena son los presupuestos de procedencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución Política prevé que el Estado debe repetir contra su agente cuando la condena resulta de su conducta dolosa o gravemente culposa. Segunda, el desarrollo legal de la figura se encuentra en el Decreto-ley 01 de 1984 y en la Ley 678 de 2001. Tercera, la jurisprudencia ha sido unánime en fijar estos presupuestos para la prosperidad de la acción. En el caso, quedó acreditada la existencia de la condena, consistente en el reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales tras la nulidad de un acto de retiro. La providencia reitera esta jurisprudencia. En la práctica, la entidad debe probar los tres presupuestos, condena, pago y conducta del agente, antes de que prospere la pretensión de repetición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es obligación del Estado repetir contra sus agentes ante las condenas sufridas por la conducta dolosa o gravemente culposa de estos?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984
  • Ley 678 de 2001
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Se acreditaron los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, esto es, la condena contra el Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular y el pago efectivo a la…
  • ¿Se acreditó la presunción de dolo en la conducta del agente demandado?
  • ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en juicio?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBLIGATORIEDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TITULARIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDENA JUDICIAL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE CONDENA JUDICIAL CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO AUSENCIA DEL DOLO PRESUNCIÓN DE DOLO MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL EFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA NUEVA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 13.675 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OBLIGATORIEDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TITULARIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Es obligación del Estado repetir contra sus agentes ante las condenas sufridas por la conducta dolosa o gravemente culposa de estos? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984, LEY 678 DE 2001 ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se acreditaron los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, esto es, la condena contra el Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular y el pago efectivo a la víctima del daño? Respuesta al problema jurídico: Si [N]o hay duda de la existencia de una condena judicial impuesta en contra de la parte actora consistente en pagar una suma de dinero, pues, obra en el expediente la copia de la sentencia del 2 de junio de 2011 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que declaró la nulidad de la Resolución número 570 del 15 de agosto de 2007 expedida por el entonces director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, en consecuencia, ordenó a título de restablecimiento del derecho el reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el señor (…). Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes documentos: La Resolución (...), por medio de la cual la Secretaría General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reconoció y ordenó el pago en favor del señor (...), por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir (...). El certificado emitido por la Coordinadora Grupo Nacional de Gestión de Tesorería del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (...) en la que señaló que al señor (...) se le realizaron dos pagos por concepto de la sentencia judicial (...). [L]a Sala considera que estos, en su conjunto, constituyen elementos suficientes para demostrar el pago total de la condena, postura que es acorde con lo señalado por esta Subsección que en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para demostrar el mencionado presupuesto. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a los requisitos de la prueba del pago en el medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de mayo de 2020, rad. 45522, C. P. Martín Bermúdez Muñoz. NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / AUSENCIA DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / EFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA / NUEVA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL / INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD Problema jurídico: ¿Se acreditó la presunción de dolo en la conducta del agente demandado? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 5 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que es posible presumir el dolo del agente o exagente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas “iuris tantum”, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente. (…) En el proceso de la referencia, respecto del sujeto pasivo de la acción (…) en la demanda se aludió a la presunción de dolo consagrada en los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 (original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022) y como argumento se precisó que el demandado obró con desviación de poder, porque, según la sentencia que anuló el acto administrativo demandado, no se motivó el acto administrativo por medio del cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor (...). No obstante, se advierte que, por una parte, no se acreditó el supuesto de hecho para que opere la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 5 de la ley 678 de 2001 y, por otro lado, el demandado desvirtuó la presunción prevista en el numeral 2 ibidem. (…) En el caso (…) existe claridad acerca de la condición de agente estatal del demandado (...) quien, para la época de los hechos (año 2007), se desempeñaba como director general del Instituto Nacional de Medicina Legal. A partir de las pruebas (…), no hay duda de que el demandado expidió el acto administrativo anulado por esta jurisdicción y que dio lugar a la condena impuesta a la entidad actora y por cuyo pago repite en el presente asunto (...). Para establecer si el señor (...) incurrió en una conducta dolosa es importante resaltar lo siguiente: La Ley 909 de 2004 entró a regir desde el 23 de septiembre de ese año, la cual en el artículo 3 dispone que se trata de una norma aplicable a quienes prestan sus servicios en empleos de carrera “de las entidades del nivel territorial: departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados”, igualmente, en el artículo 41 estableció las causales de retiro para los funcionarios públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, y previó en el parágrafo 2 lo siguiente: “es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado”. Esa disposición fue complementada con posterioridad con el Decreto número 1227 del 21 de abril 2005 que en el artículo 10 dispuso: “Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”. (...) Debe advertirse entonces que como los hechos aquí debatidos tuvieron lugar en el año 2007, esto es, después de la expedición de esas normas, más allá de lo previsto en ellas lo cierto es que a nivel jurisprudencial existían posturas disimiles respecto de si era deber de los nominadores motivar o no expresamente los actos de desvinculación de una persona en provisionalidad que se desempeñaba un empleo de carrera, así se plasmó en los pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional emitidos para la época de los hechos. (…) [E]l fallo que anuló el acto de desvinculación fue emitido el 2 de junio de 2011, cuando tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado ya habían ajustado su jurisprudencia y habían emitido las referidas sentencias de unificación en el año 2010, conforme a las cuales sus posturas coincidieron sobre los criterios a tener en cuenta acerca del deber de motivación de los actos administrativos de desvinculación de los funcionarios que en provisionalidad desempeñan cargos de carrera, pronunciamientos que si bien debían ser observados para el momento en que se expidió dicha sentencia no eran tan claros para el momento en que se emitió la Resolución número 570 de 15 de agosto de 2007, aspecto que resulta de relevancia para analizar la conducta del aquí demandado. En efecto, si bien el señor (...) [demandado] no aludió en el acto administrativo anulado razones precisas y detalladas para desvincular al funcionario, no lo es menos que ese comportamiento no tiene el carácter de dolo por cuanto para la época, año 2007, existían diversas posturas jurisprudenciales de las altas cortes sobre la obligación o no de motivar los actos de declaratoria de insubsistencia de actos de nombramiento de funcionarios en provisionalidad. (…) [E]n este caso concreto se tuvo en cuenta la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado sobre la materia y vigente para la época de los hechos, además, se observa que con antelación a que el aquí demandado profiriera la decisión anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue asesorado por el secretario general, el jefe de personal y el jefe de jurídica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo cual significa que en la expedición del acto anulado participaron varias personas que tenían los conocimientos jurídicos específicos sobre el tema (…), por tanto, no se encuentra demostrada la presunción de dolo alegada. Por otro lado, es preciso advertir que no se configuró el supuesto de hecho de la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 5 de la ley 678 de 2001 “obrar con desviación de poder”, pues, a través de la sentencia proferida en segunda instancia el 2 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, se declaró la nulidad de la Resolución número 570 del 15 de agosto de 2007 expedida por el entonces director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por falta de motivación y no por desviación de poder. (...) Deben desestimarse las pretensiones de la demanda, pues, pese a que se acreditaron los elementos objetivos del medio de control de repetición, lo cierto es que, por una parte, no se acreditó el supuesto de hecho para que operara la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 5 de la ley 678 de 2001 y, por otro lado, el demandado desvirtuó la presunción prevista en el numeral 2 ibidem. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la motivación del acto administrativo de insubsistencia de funcionarios en provisionalidad, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 13 de marzo de 2003, rad. 76001-2332-000-1998-01834-01, C. P. Tarsicio Cáceres Toro; providencia de 30 de junio de 2005, rad. 3211-2004, C. P. Ana Margarita Olaya Forero; providencia de 12 de marzo de 2009, rad. 5374-2005, C. P. Rafael Vergara Quintero; providencia de 23 de septiembre de 2010, rad. 0883-2008, C. P. Gerardo Arenas Monsalve; Corte Constitucional, sentencia T-800 del 14 de diciembre de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-610 del 24 de julio de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra; T-087 de 17 de febrero de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla; y sentencia de unificación SU-917 del 16 de noviembre de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. Respecto a la presunción de dolo de la Ley 678 de 2001, cita: Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002. FUENTE FORMAL: LEY 2195 DE 2002, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 2, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 3, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 41 PARÁGRAFO 2 APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en juicio? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante. En los términos del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura se fija en seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia, por concepto de agencias en derecho. Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría, según dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201500091001100103