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Consejo de Estado
Providencia
Es obligación del Estado repetir contra sus agentes ante las condenas sufridas por la conducta dolosa o gravemente culposa
Sentencia — Sentencia
2023-10-06
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 11001032600020150009100
LEY 1437 REPETICION
¿Es obligación del Estado repetir contra sus agentes ante las condenas sufridas por la conducta dolosa o gravemente culposa de estos? Sí
En la acción de repetición, la condena contra el Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena son los presupuestos de procedencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución Política prevé que el Estado debe repetir contra su agente cuando la condena resulta de su conducta dolosa o gravemente culposa. Segunda, el desarrollo legal de la figura se encuentra en el Decreto-ley 01 de 1984 y en la Ley 678 de 2001. Tercera, la jurisprudencia ha sido unánime en fijar estos presupuestos para la prosperidad de la acción. En el caso, quedó acreditada la existencia de la condena, consistente en el reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales tras la nulidad de un acto de retiro. La providencia reitera esta jurisprudencia. En la práctica, la entidad debe probar los tres presupuestos, condena, pago y conducta del agente, antes de que prospere la pretensión de repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditaron los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, esto es, la condena contra el Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular y el pago efectivo a la…
¿Se acreditó la presunción de dolo en la conducta del agente demandado?
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en juicio?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020140034401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:
¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?
¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?
¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
Consejo de Estado
Providencia
La remisión al derecho privado en la educación no excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2025-09-24
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020180148501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La remisión al derecho privado prevista en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para las fases de ejecución y liquidación unilateral de los contratos estatales celebrados por entidades territoriales con confesiones religiosas para la prestación del servicio de educación? No
El intérprete judicial aplica las normas de contratación pública y las disposiciones especiales sobre prestación de servicios educativos para determinar el régimen aplicable a las entidades estatales. En este salvamento de voto se sostiene que la interpretación literal del artículo 200 de la Ley 115 de 1994 no excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para las fases de ejecución y liquidación de los contratos celebrados con confesiones religiosas, contrastando con el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 y aclarando que providencias previas no respaldan la exclusión del estatuto contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿La sentencia del 1.º de junio de 2022 (Exp. 42.762) respalda la tesis de que la ejecución y liquidación de contratos estatales celebrados con iglesias o confesiones religiosas no están sometidas al…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: las reglas jurisprudenciales tienen fuerza vinculante para los jueces
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020210012300
RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Las reglas jurisprudenciales tienen fuerza vinculante para los jueces, incluyendo los árbitros? Sí
Conforme con las disposiciones legales del CPACA, el Consejo de Estado tiene competencia de adoptar providencias de unificación, las cuales tienen por objeto interpretar las disposiciones legales lo que implica también establecer la regla que permita resolver el caso concreto cuando existan lagunas normativas.… Y la aplicación de estas reglas jurisprudenciales no solo puede exigirse mediante el recurso de apelación sino mediante el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el cual procede “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
También resuelve:
¿Los árbitros están obligados a aplicar las disposiciones legales y a respetar la fuerza vinculante de las reglas jurisprudenciales?
¿El tribunal de arbitramento podía apartarse de la regla jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado respecto de la caducidad de las pretensiones en la reforma de la demanda?